El derrumbe de Aníbal Fernández y la corrupción de Kicillof favorecen a Scioli
por Carlos Tórtora •
En la incipiente puja por asegurarse espacios de poder ante un
cristinismo voraz y dispuesto a encerrarlo en un corralito político,
Daniel Scioli va encontrando algún oxígeno en la particular situación
que se está dando en la interna para gobernador bonaerense del Frente
para la Victoria. Aníbal Fernández, que lleva como compañero de fórmula a
un declarado enemigo del sciolismo, Martín Sabbatella, va perdiendo
terreno día a día ante la dupla compuesta por Julián Domínguez y
Fernando Espinoza. Éstos cuentan con el apoyo de los intendentes clave
de la tercera sección electoral, como Hugo Curto (Tres de Febrero),
Julio Pereira (Florencio Varela) y Juan Patricio Mussi (Berazategui), en
tanto que el jefe de gabinete, pese a su despliegue mediático -o tal
vez gracias al mismo-, no sólo no consigue repuntar en las encuestas
sino que aumentaría su alto índice de rechazo.
Pero lo más significativo
es que la propia presidente lo habría desahuciado. En los últimos días,
el jefe de gabinete le habría reclamado en vano a Axel Kicillof que le
transfiriera algunas partidas que iban a reforzar el armado logístico de
su campaña. El Ministro de Economía tenía órdenes precisas y las
cumplió. Olfateando que le había quitado la escalera, Fernández habría
llamado insistentemente a Eduardo Wado de Pedro y Carlos Zannini
buscando algún gesto de respaldo. Pero aparentemente durante varios días
no le atendieron el teléfono.
En este contexto, podría pensarse que el curtido quilmeño podría
optar por tirar la toalla y renunciar a su candidatura. Pero la realidad
es más compleja. El entorno presidencial ya habría llegado a la
conclusión de que se impondrá Domínguez, y con bastante margen. Pero
distintos factores harían necesario que el jefe de gabinete participe de
las PASO. Para empezar, el 4 o 5% de votantes que puede sumar
Sabbatella no apoyarían nunca a una fórmula que huele a derecha
peronista, con Domínguez muy ligado al Vaticano y Espinoza que expresa a
la vieja guardia de los barones del conurbano. Metiendo el dedo en la
llaga, el presidente de la Cámara de Diputados se ocupa de aclarar que
él nunca estuvo denunciado por corrupción, para que todos recuerden que
su rival tiene una larga carrera de situaciones turbias y que en el ‘94
terminó su gestión como intendente de Quilmes escapando en el baúl de un
auto, porque un juez había ordenado su captura.
Pero lo más grave es el problema de la pelea por los espacios de las
boletas en el cuarto oscuro. UNA, que lideran Sergio Massa y José Manuel
de la Sota, llevará dos boletas, ya que para gobernador, legisladores
nacionales y provinciales, además de intendentes y concejales habrá
lista única pero con dos precandidatos a presidente. CAMBIEMOS tiene,
para empezar, tres sábanas, las que se encolumnan detrás de Mauricio
Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Pero en las listas provinciales hay
secciones donde la triple alianza se fractura en múltiples listas. Así
las cosas, en cada cuarto oscuro habría muchas más boletas de la
oposición que del Frente para la Victoria, que hoy tendría dos listas
provinciales, encabezadas por Fernández y Domínguez, ambas con un solo
candidato a presidente. Si el jefe de gabinete no compitiera, la
desventaja sería aún mayor, ya que sólo habría una boleta sábana
oficialista.
La cuestión de las boletas también tiene otros bemoles que inquietan a
la Casa Rosada. Por ejemplo, el hábito de la mayor parte de los
intendentes de practicar el juego doble o triple. Esto es, para aumentar
sus chances de obtener más concejales, distribuir boletas cortadas con
más de un presidente. Se asegura que Jesús Cariglino, intendente
massista que va por su reelección, también repartiría sus boletas
acompañadas por la de Macri Presidente. En los grandes municipios, los
caciques locales del PJ en muchos casos ya tienen acuerdos para repartir
parte de sus boletas junto con las de Macri Presidente y hasta Massa
Presidente. O sea que los intendentes privilegiarán asegurarse la
mayoría en sus consejos deliberantes antes que el triunfo de Scioli, que
por otra parte nunca ejerció liderazgo algunos sobre ellos.
Estas jugadas de autoconservación de los intendentes podrían sumarles
votos a CAMBIEMOS y UNA, que tienen el grave problema de carecer de una
estructura de fiscalización sólida, con excepción de Massa en la
Primera Sección Electoral. Por otra parte, los barones del conurbano ya
se dieron cuenta de que los líderes de La Cámpora han comprendido que la
permanencia en el poder se consigue primero apropiándose de los
municipios y que, dentro de cuatro años, si subsisten como factor de
decisión, irán por las cabezas de todos ellos. La prueba piloto fue el
desplazamiento en 24 horas del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez,
que buscaba su reelección, para dejarle el lugar al Secretario de
Justicia Julián Domínguez, todo por orden de ella.
El resbalón de Axel
El caso es que el avance de Domínguez y Espinoza -con el apoyo de
Martín Insaurralde- y la caída de Aníbal le abren a Scioli la
posibilidad de construir un frente peronista que se diferencia de La
Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina. Una consecuencia altamente
negativa para la presidente del acto de rebeldía de Florencio Randazzo,
al negarse a aceptar la candidatura a gobernador. Precisamente,
Randazzo, previendo que pronto será eyectado del gobierno, se prepararía
para reconstruir su aparato político territorial, tal vez con cierta
ayuda del sciolismo.
La otra buena noticia para Scioli, un especialista en ganar batallas
que no libra, es que Kicillof, que aspira a seguir controlando la
política económica, tal vez desde la Comisión de Presupuesto de la
Cámara de Diputados, empieza a sufrir un severo desgaste a partir de
quedar imputado por actos de corrupción.
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ministro de Economía, Axel
Kicillof, por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del incremento
en su patrimonio de 600 mil pesos. La decisión obedece a una denuncia
del abogado Santiago Dupuy de Lome. Al impulsar la investigación, el
fiscal pidió una batería de medidas de prueba.
La declaración jurada de Kicillof se hizo pública semanas atrás junto
a la del resto de los funcionarios del gabinete nacional. Allí, el
ministro informó que tiene una casa en la Ciudad y un auto. Pero lo que
más incidió en la suba de su capital fue la valorización de las
propiedades que posee en Uruguay.
Al impulsar la causa, en el requerimiento que presentó ante el juez
Claudio Bonadío, Taiano solicitó una batería de medidas de prueba, el
mismo famoso protocolo de investigación que se aplica a las denuncias de
este tipo. Entre otras medidas, reclamó a la ANSES que informe desde
cuándo Kicillof empezó a percibir sueldo como funcionario nacional o
provincial y cuáles son sus antecedentes previsionales.
Además, solicitó que la Oficina Anticorrupción (OA) aporte copia de
las declaraciones juradas presentadas por el ministro; y que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remita también la
presentación de Ganancias y Bienes Personales a su nombre.
A la vez, pidió que el Registro Nacional de Propiedad Inmueble
informe sobre propiedades que tiene registradas Kicillof, y que la
Dirección Nacional de Registro Nacional de Propiedad Automotor haga lo
propio por los vehículos o motocicletas registradas a su nombre. Lo
propio hizo con los registros de embarcaciones y Aeronaves.
En paralelo, solicitó al Banco Central que emita una circular a las
entidades bancarias y financieras para que informen sobre cuentas o
plazos fijos a su nombre.
Kicillof tiene dos lotes y una casa con terreno en el balneario El
Ensueño, en donde suele vacacionar. Además invirtió medio millón de
pesos en la construcción de un edificio a cargo de la firma G&D
Developers SA, que estará frente a la Facultad de Económicas de la UBA.
Resulte grave o no el curso de la denuncia, lo cierto es que las
sospechas que ahora pesan sobre el ministro lo debilitan políticamente y
le quitan peso en el empresariado para montar el cerco camporista sobre
cada decisión de política económica que tome Scioli si llega a la Casa
Rosada.