LA PROPUESTA DE MACRI A LOS HOLDOUTS
10/2/2016
Pese a la declarada política de transparencia del gobierno
Macri, en la cuestión de la crisis de los holdouts – los tenedores de
bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 –
todavía son muy pocos los datos concretos que se conocen en torno a la
propuesta argentina que se acaba de presentar al mediador de los juicios
en Nueva York, Daniel Pollack, con fecha 5.2.
Por el momento sólo se cuenta con tres informaciones aproximativas de referencia:
- Que el monto de la deuda en juego sería de unos 9.000 MD, sobre los que se ofrece pagar al contado 6.500, es decir, una cifra con 25-28 % de descuento promedio. Que esta propuesta viene acompañada de un pre-acuerdo con los bonistas italianos – anunciado días antes (el 2.2) – para pagarles otros 1.350 MD al contado. Que para poder realizar estos pagos – autorización del juez Griesa mediante – el gobierno depende de colocar nuevos bonos en el mercado de capitales, para pagar estas deudas a los holdouts con nueva deuda con terceros.
Fuera de esto, en realidad, es muy poca la información adicional concreta disponible.
Estos escasos datos conocidos, empero, abren más dudas que aclaraciones, como los que siguen:
- no se sabe sobre qué base total de reclamos se está verdaderamente hablando, dado que las cifras del costo de salida de la crisis de los holdouts se estimaba extraoficialmente entre 20-30.000 MD (Millones de Dólares).
- gobierno Macri y mediador Pollack hablan de una base de 9.000 MD cuando, de partida, la cifra sería algo mayor: de 10.000 MD según el ministro Prat Gay, que habló específicamente de 9.882 MD sin que – como decimos – se tenga en claro si se trata de las cifras totales en juego.
- no se sabe qué grandes conceptos están involucrados en las negociaciones – caso de deudas por capital, por intereses y por punitorios – siendo que la última información oficial del Ministerio de Economía (MECON), con datos al 30.9.2015, reconocía una Deuda total no presentada al Canje por 11.600 MD, de los que 6.200 por capital y 5.400 por intereses.
- no se conocen los montos desagregados por tipo y condición de los acreedores reclamantes, que tienen distinta naturaleza y alcance, según se expone a continuación.
- los fondos buitre con sentencia en firme acumularían ya unos 1.800 MD: 1.330 MD del fallo Griesa – sumando capital e intereses acumulados – más punitorios, honorarios y gastos.
- los me too – yo también, o resto de los holdouts que se vienen agregando por conexidad al caso testigo de Elliot-Singer y otros – que se dice sumarían entre 6 y 6.500 MD.
- los llamados bonistas italianos, representados por el lobbista y ex funcionario de la banca italiana Nicola Stock, que habló de que el gobierno Macri se comprometió a pagar al contado 1.350 MD, de los que 900 por capital.
- no se sabe si los números de la propuesta incluyen también a los bonistas europeos en general – particularmente inversores minoristas alemanes, que están pleiteando en su país de origen – y cuál es el monto de los mismos.
- tampoco se sabe si estos números incluyen los juicios de tenedores japoneses en Tokio, que serían por un monto menos relevante y corresponden en su mayoría a agricultores estafados en su ignorancia por los bancos que – igual que en el caso de los más de 400.000 jubilados italianos – les vendieron bonos argentinos cuando el país iba hacia un inexorable default en 2001.
- igualmente, no se tiene idea de los costos judiciales que deberá afrontar la Argentina y cómo los pagará por concepto de honorarios a las partes (abogados propios – del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton – asesores, abogados de los demandantes, mediador Pollack y otros).
La lista de informaciones y datos faltantes no para acá y no hay
seguridad de que se suministren por parte de las autoridades, que están
abiertamente empeñadas y urgidas en retomar lo antes posible la política
de deuda externa en gran escala para la Argentina.
El pronto arreglo de la cuestión de los holdouts es un objetivo básico de la política de endeudamiento
Macri, que cifra formalmente sus esperanzas de terminar con este
problema de arrastre para volver al mercado internacional de capitales,
es decir, para volver a endeudarse en el exterior.
Es el mismo objetivo que buscaba en su momento la administración
Kirchner bajo la gestión post Megacanje Lavagna-Nielsen y luego según la
Hoja de Ruta Boudou, pero que quedó frustrado por esta crisis de los
holdouts, que no fue heredada sino generada por el gobierno K.
Ahora la nueva administración Macri encara el problema presentando
una propuesta cuasi-formal a los acreedores – sería algo así como una
pre-oferta o documento de trabajo elevado al mediador – con un doble
propósito primario: plantear una oferta de pago a los acreedores y
requerir al juez Griesa el levantamiento de la medida cautelar (stay)
que bloquea el pago a los tenedores que entraron en el Megacanje (que se
supone acumularían hoy unos 2.000 MD).
El gobierno ofrece dos opciones a los holdouts:
- Una Oferta Base – para todos los acreedores – de pago contado por el equivalente al capital original adeudado más un 50 % sobre ese capital en concepto de intereses (igual a lo ya acordado con los bonistas italianos).
- Una Oferta Pari Passu, para los acreedores que están litigando contra la Argentina (con/sin sentencia a su favor) por el monto del reclamo menos el 30 %, o sea, el monto de la sentencia o el valor devengado de los juicios aún en curso con una quita del 30 %.
Dos de los seis grandes fondos de inversión especulativos demandantes
contra la Argentina – Montreux Equity Partners y Dart Management –
habrían aceptado la oferta; pero los cuatro restantes – Elliot
Management (fondo de Paul Singer y dueño de NML Capital), Aurelius
Capital (de Mark Brodsky y también representante de los fondos Olifant y
Blue Angel), Bracebridge Capital (presidido por Nancy Zimerman, ex
Goldman Sachs) y Davidson-Kempner Capital Management – no la aceptaron,
por lo que queda abierta la mediación de Pollack, que ha elogiado
abiertamente al presidente Macri y a sus funcionarios.
Cabe agregar a todo esto – como dato de la oferta – un compromiso importante.
La propuesta argentina está condicionada no sólo al acuerdo con todos
los acreedores y a la buena disposición del juez Griesa –
particularmente en relación al levantamiento del stay – sino muy
especialmente a la aprobación del Congreso de la Argentina, que debiera
derogar para ello dos leyes: la Ley Cerrojo 26.017, que prohíbe reabrir
el canje 2005 (que fuera suspendida ya en 2009 y 2013) y la Ley 26.984,
llamada de Pago Soberano Local, dictada en Setiembre de 2014, que creaba
además una Comisión Investigadora de la Deuda Externa Argentina –
presidida por el diputado Eric Calcagno – que no produjo ningún
resultado parlamentario.
De aprobarse lo solicitado por el gobierno Macri, sería la primera
vez que el Congreso se expida expresamente y en forma directa sobre el
tema de la Deuda Pública; y con ello daría lugar fáctica y legalmente a
que se terminase con las causas en curso existentes por la ilegitimidad
de la deuda (Olmos I – que tiene sentencia del juez Ballestero, que
fuera elevada al Congreso y nunca tratada allí – Olmos II, Megacanje
2001 y Olmos-Gaona Marcos s/ gestión de presidentes, ministros de
economía y titulares del BCRA en relación a la deuda), si bien todas
estas denuncias se encuentran hoy prácticamente paralizadas en la
Justicia.
Este tipo de decisiones parlamentarias equivaldría así a dar por
finalizada toda cuestión sobre las mayúsculas irregularidades de
arrastre del endeudamiento público argentino – desde el Proceso Militar
hasta la fecha – a convalidar todo lo actuado al respecto y, por ende, a
dejar sin efecto las causas judiciales citadas.
No es un detalle menor que la nueva administración Macri
contemple ahora – como requisito de los nuevos acuerdos de pago que
propone a los holdouts (pagos a realizarse con fondos tomados vía más
deuda pública) – comprometer formalmente al Congreso con el
acompañamiento de sus decisiones de endeudamiento.
El arreglo de la cuestión de los holdouts – un problema creado e
irresponsablemente agravado por la administración Kirchner – sirve así
funcionalmente de motivo o excusa para que el nuevo gobierno Macri firme
la rendición financiera que CFK evadió signar y trate con ello, a la vez, de liquidar para siempre
los cuestionamientos sobre la corrupción institucional del Sistema de
Deuda Perpetua que rige en la Argentina, esto es, sobre el mecanismo de
refinanciación total y permanente de los vencimientos de capital y toma
de deuda adicional sin capacidad de repago demostrada.
Es parte de la política institucional de endeudamiento ya enunciada por la administración Macri en el sentido de gobernar con deuda, replanteando el esquema clásico neo-liberal de Crecimiento con Deuda Externa,
ya experimentado en la Argentina bajo la gestión Martínez de Hoz
durante el Proceso y luego durante la década de la convertibilidad
menemista con desastrosos resultados finales en ambos casos, derivados
precisamente de los problemas por sobre-endeudamiento fiscal.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 7.2.2016
