EL “MECANISMO SANTACRUCEÑO”: ¿JUICIO POLÍTICO O JUECES POLÍTICOS?
16:30
– En la primera sesión de noviembre la Cámara de Diputados se apresta a
dar acuerdo a los jueces propuestos por la Gobernadora Alicia Kircher,
destacándose el nombramiento del Dr. Mario Albarrán como Juez de la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia.
Imposible no vincular los intereses políticos coyunturales, para determinar el perfil de los nuevos magistrados de Santa Cruz,
en una Justicia que se ha caracterizado por tener la más baja calidad
institucional durante la gestión kirchnerista. Ejemplos claros, fueron
la inconstitucional remoción del procurador Eduardo Sosa, que puso en
desacato al ex Gobernador Peralta, los nombramientos de fiscales
partidarios y/o parientes de miembros del Poder Ejecutivo (Romina
Mercado), o peor aún, el caso de socios de uno de los principales
investigados por la corrupción de la obra pública (Chan-Baez).
El Tribunal Superior de Justicia, con mayor énfasis luego de la muerte de Clara Salazar, se ha convertido en un órgano que parece ser más un ministerio del Poder Ejecutivo que la cabeza de un poder autónomo.
Sus integrantes, en general, han llegado con escasos antecedentes
judiciales y con un único mérito relevante, su adhesión pública e
irrestricta FPV.
Desde la hija de un ex senador (Ludueña), pasando
por quien se arroga haber traído a la provincia cuando joven al
arquitecto legal del FPV, Carlos Zanini (Mercau), hasta la más reciente y
controvertida designación de René Fernández quien, con juicio político
pendiente y con sumarios por los graves atrasos en su gestión como
camarista civil, le fue encomendada la prestigiosa tarea de forma la
mayoría automática en el Tribunal Superior de Justicia. Dicho Tribunal
es el que sostuviera la inconstitucional reforma de la ley de Lemas
provincial que permitió violentar la voluntad popular en el año 2015,
permitiendo retener el poder kirchnerista en el pago chico; lo que podrá
quedar sin efecto luego del 27/11 cuando la CSJ dicte el fallo en el
marco del juicio de amparo que iniciaran particulares, entre los que se
encontraba el Dr. Javier Stoessel.
Este
esquema de cooptación del Poder Judicial, se complementó con el manejo
de los dos extremos de la carrera judicial, el Consejo de la
Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, cuya alterada composición
impuso el TSJ al designar como irregularmente a la Dra. René Fernández
en reemplazo del único diputado letrado constitucionalmente llamado a integrarlo, José Blasiotto.
Mecanismo de manipulación I (en la selección)
Desde
el año 2012 venimos siguiendo un caso paradigmático de la justicia
provincial; se trata de los concursos para juez en distintas instancias
que ha realizando el reconocido abogado del foro local Carlos Muriete.
El Dr Muriete paradójicamente ha
resultado primero en cada instancia evaluatoria de capacidad,
conocimiento y antecedente, pero ha sido postergado sistemáticamente
cuando lo convocan a la “entrevista personal”, donde los méritos quedan de lado y solo prevalecen los militantes o más afines al kirchnerismo en la provincia. Y Muriete tiene vasta experiencia en ello.
Por acordada Nº 018/2013 el Consejo de la Magistratura llamó a Concurso Nro. 54 para cubrir un cargo de Juez de Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Gallegos. El órden de mérito fue:
1) Dr. Carlos Muriete (201,74)
2) Dr. Carlos Narvarte (190,07)
3) Dr. Jorge Yance (185,62)
4) Dra. Alendra Vila (174,66)
4) Dr. Daniel Albornoz (127,05)
Cumplido
este trámite, los concursantes fueron llamados a las entrevistas y
Muriete, primero en las calificaciones, quedó relegado y fuera del
puesto.
En octubre del 2013 el abogado Muriete concursó para Juez de Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Caleta Olivia y Río Gallegos (Concurso Nº 55) donde quedó el siguiente orden de mérito:
1) Dr. Carlos Muriete (201,74)
2) Dr. Mario Albarrán (192,65) 3)
3) Dr. Jorge Yance (185,62)
4) Dr. Jorge Alonso (170,82) y
5) Dr. Daniel Albornoz (127,05)
Finalmente, tras las entrevistas de rigor, el Dr Carlos Muriete no pudo acceder porque perdió en la elección personal que hicieron los integrantes del CM.
En el llamado a Concurso Nº 80, realizado por el CM para cubrir puesto como Juez de la Cámara en lo Criminal de Primera Circunscripción Judicial con asiento en Río Gallegos, el Dr Muriete volvió a rendir el examen y salió en primer puesto, tal lo demuestra el siguiente cuadro:
- Carlos Muriete (313,38)
- Rosana Suárez (286,05)
- María Alejandra Vila (284,35)
- María Candela García (274,98)
- Carlos Narvarte (267,81)
- Leonardo Cimini Hernández (214,54)
- Lisandro de la Torre (175,54)
- Jorge Astegiano (158,81)
Por
cédula del Consejo de la Magistratura y luego de realizar las
entrevistas personales a los examinados de acuerdo a los puntajes
obtenidos, resolvió que el orden de mérito para ocupar el cargo de Juez
de la Cámara en lo Criminal de Primera Circunscripción Judicial con
asiento en Río Gallegos, quedaba constituído de la siguiente manera: 1º Dra María Elena Vila, 2º Dr Carlos Muriete y 3º Dra Rosana Andrea Suarez.
Mecanismo de manipulación II (en la actuación)
En este triste contexto institucional, vamos a detallar el ascenso del Juez de Instrucción de Caleta Olivia Dr. Mario Albarrán,
donde se evidenciada manipulación de la justicia tras la actuación
sospechosa en uno de los juicios más paradigmáticos de la provincia,
donde se mezclan claramente la política, la justicia y el poder
sindical. A criterio de otros magistrados, Albarrán es apuntado en el
foro local como un eslabón de la aceitada maquinaria judicial K, incubada en la Asociación de Magistrados y Funcionarios que comanda el Fiscal Carlos Rearte de zona norte y que vamos a tratar de desmenuzar aquí.
Al magistrado Dr Mario Albarrán (como ya lo informó OPI) lo señalan de haber investigado de forma parcializada el homicidio del empleado de la construcción Reynaldo Vargas
a manos de la patota sindical de petroleros privados en Caleta Olivia
durante el año 2016, como ampliamente lo ha desarrollado OPI en estos
años. Lo acusan de dividir la causa elevando a juicio a los autores
materiales, quienes luego fueron beneficiados con un cambio de calificación por homicidio en riña en un escandaloso fallo del TSJ.
De manera virtual
continuó la investigación a los instigadores del homicidio de Reynaldo
Vargas, entre ellos, a la cabeza del Sindicato Petroleros Privados
Claudio Vidal. Decimos virtual, porque en dos años de investigación, la
única medida relevante fue la de apartar al fiscal Dr. Martín Sedán a
quien reiteradamente el juez le negó medidas de prueba para demostrar la responsabilidad de dirigente a quien se lo sindica políticamente como socio del Vice gobernador Pablo González.
El apartamiento fue a pedido de la Defensa de Vidal y tuvo como soporte una pretendida falta de parcialidad del Fiscal,
a pesar de las contundente prueba que fueran analizada en el juicio
oral por la Cámara de juicio, donde se demostraba por mensajes de texto de los teléfonos de los autores materiales, que los días previos el grupo sindical que actuaba recibía financiamiento por parte del gremio y tenía directa comunicación con su titular Claudio Vidal, como surge del análisis de la causa que hizo OPI oportunamente.
En marzo del corriente año Ariel Peredo, declaró en la causa que fue el propio Vidal, quien encontrándose en una audiencia en el Ministerio de Trabajo en Bs. As., dio la orden de armarse y defender el gremio a cualquier precio, en aquel triste día 9 de abril de 2015. Esa declaración le valió a Peredo no
solo ser excluido de la industria petrolera, sino que la de ser
agredido con arma de fuego por el nuevo grupo de choque constituido por
los hermanos Prat, quienes hoy gozan de libertad, merced a la rara determinación tomada por el Dr. Contreras, juez que no les imputó la portación de arma de fuego (delito no excarcelable) y hoy están libres, como hiciéramos el seguimiento de la noticia desde que ocurrieron los hechos.
La declaración de Ariel Peredo, junto a la prueba ventilada en el juicio oral por la muerte de Vargas, justificaba sobradamente el llamado a indagatoria de Claudio Vidal, cuestión que no fue realizada por el Dr. Albarrán limitándose a reemplazar al Fiscal que sí lo hacía, por el Dr. Carlos Borges un ex compañero platense de facultad del vice gobernador, quien no requirió una sola medida de prueba y mucho menos la indagatoria de Vidal, como queda demostrado leyendo la causa y las actuaciones durante el juicio oral.
Como
respuesta posterior de Claudio Vidal al fiscal Sedán y al Juez de
Recursos Dr. Miguel Meyer quien ordenó reponer al fiscal luego de la
decisión de apartarlo de Albarrán, claramente constituye un
mensaje a todos los magistrados y funcionarios de la provincia de que se
abstengan de investigar al poder sindical asociado al gobierno
provincial.
A través de nuestras fuentes intentamos
determinar cuáles podrían ser las consecuencias para uno u otro, en esta
peligrosa movida judicial y del análisis posterior queda claro que la
jugada de la defensa de Vidal, al pedir el juicio político al fiscal
Zedan es sumamente riesgosa, por cuanto podría resultar un
boomerang frente a un eventual cambio de gobierno provincial donde las
nuevas autoridades se decidan a investigar la causa Vargas o haya decisión de reverla por las anormalidades que tuvo su desarrollo.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia al fallar en contra de la prueba en el caso Vargas y ordenar el cierre de todas las investigaciones, estaría siendo analizada por abogados del Partido Obrero quienes serían de la idea de llevar el caso a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia
para rever todo actuado y que respondan los máximos responsables de la
muerte del obrero de la UOCRA y sean juzgados los autores materiales e
ideológicos de este asesinato.
Así planteado, este análisis es
para entender cómo se mezclan en Santa Cruz las cuestiones políticas y
judiciales. No pocos, admiten la necesidad de que en la provincia haya
una intervención judicial. Este caso, de llegar a los estrados
internacionales, podría encender la llama de una investigación seria
sobre la justicia provincial, que le podría acarrear serios y graves
problemas al oficialismo ya sea en el poder o fuera de él. (Agencia OPI
Santa Cruz)
