La justicia cordobesa no persigue a funcionarios ni empresarios coimeros y estafa a los demandantes
En
Córdoba la Docta con los supuestos fiscales anticorrupción y sus
instancias superiores, es vox populi que existe impunidad garantizada
para los funcionarios públicos y los empresarios de la construcción
coimeros. Pero además con su sistema de cálculos judiciales la justicia
cordobesa comete una grave estafa en contra de los demandantes
judiciales, al operar con un gravísimo e inaceptable error, que no
cometería ningún estudiante de matemáticas. El cual debe haber causado
notables perjuicios a cientos de miles o millones de demandantes.
Por Javier Llorens – 24/10/2018
En Córdoba la Docta son todos doctores,
aunque sean solo abogados. Los que además van adquiriendo modales de
señorones empaquetados, a medida que ascienden en la escala judicial.
Hasta llegar a ser integrantes del Tribunal Superior, donde
decididamente adquieren un aspecto sirupítico, lo más alejado posible
del ciudadano común.
El que está actualmente presidido por la
Dra Aida Tarditi, siendo sus vocales la Dra. María de las Mercedes
Blanc Gerzicich, la Dra. María Marta Cáceres de Bollati, el Dr. Domingo
Juan Sesin, el Dr. Carlos Francisco Garcia Allocco, el Dr. Luis Enrique
Rubio, y el Dr. Sebastián Cruz López Peña.
Tras los sobresaltos que soportó el
gobierno radical del fallecido ex gobernador Eduardo César Angeloz, con
las causas judiciales de las concesiones de EPEC, los vaciamientos del
Banco Social y Banco de Córdoba, y del enriquecimiento ilícito del mismo
Angeloz, el establishment político denominado “partido cordobés”, se
empeñó en lograr el pleno control del poder judicial. Y actualmente a
ojos vistas se puede decir que lo ha conseguido plenamente.
Primero el gobernador Ramón Mestre
traspasó la investigación de los delitos penales de los jueces a los
fiscales. Quienes dependen de un Fiscal General designado por el mismo
Gobernador. Transformando así en la práctica el antiguo sistema
inquisitivo, en un sistema des-acusatorio, según quien fuera el acusado.
Luego el cordobesismo del fallecido ex
gobernador José Manuel de la Sota, remató la faena, tomando una serie de
medidas conexas. Una fue la limpieza de jueces díscolos al poder
político, con una jubilación anticipada de ellos. Otra la creación de un
seudo Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes son designados por
la Legislatura.
O sea por el Poder Ejecutivo, ya que a
la par violando el sistema proporcional, en la Legislatura unicameral la
primera minoría tiene garantizada la mayoría, mediante un astuta mezcla
de diputados uninominales y plurinominales.
Y por último creó primero una y después
otra Fiscalía Anticorrupción, adonde van a parar las causas que
involucren a los funcionarios públicos. Donde las espera un magistrado
especialmente designado y capacitado, para que en tal caso no suceda
nada. Garantizándole así la impunidad total y absoluta al poder político
de turno.
Como contrapartida en las playas del
Poder Judicial se lucen los automóviles de alta gama más exclusivos,
como refleja de los altísimos ingresos que tienen los magistrados
judiciales, por los que no pagan impuesto a las ganancias.
Por lo que se puede decir que son los
títeres de lujo del poder de turno, encerrados en una jaula dorada. De
la que no pueden salir, porque en la dura calle no van a encontrar de
manera alguna los altos ingresos que detentan, que los encuadra en los
más altos niveles de la categoría ABC1.
Y en consecuencia para poder
preservarlos, solo les queda el camino de la obsecuencia. Razón por la
que se puede asegurar que las altas retribuciones a los jueces y
magistrados judiciales, en lugar de asegurar su independencia, los
postra en la dependencia.
Y si ese estímulo no fuera suficiente,
está el disuasivo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Judiciales, integrado por cuatro legisladores y un representante del
Tribunal Superior de Justicia, cuyas decisiones inapelables no son
garantía para nadie.
La estafa con la planilla de cálculo judiciales de la justicia cordobesa
En ese marco doctoral, de gente
aparentemente muy calificada y puntillosa, experta en el “arte de mover
los expedientes” según la definió Vilfredo Pareto, llama enormemente la
atención el gravísimo error que se advierte en la planilla de cálculos
judiciales, con las que los camaristas, jueces, y abogados determinan el
monto definitivo a pagar por las sentencias. Haciendo las
actualizaciones de sus montos que exige el marco inflacionario en el que
se desenvuelve el país, mediante aplicar para ello el promedio de la
tasa pasiva bancaria, informada por BCRA.
En la siguiente imagen, se puede ver el
resultado que arroja una actualización de deuda con tasa pasiva del
BCRA, empleando la planilla de cálculos judiciales cordobesa, para una
actualización de deuda entre el 1 de enero del año 2000, y el 20 de
octubre del año 2018, la que arroja una actualización del 654 %.
O sea que a un Capital de $ 1.000, hay
que sumarle una actualización de $ 6.548. Aumentando de esa manera su
importe solo 7,54 veces. Mientras que otros indicadores como el del
dólar, registran un aumento de al menos 36 veces, ya que pasó ínterin de
$ 1 a $ 36.
Dicha planilla permite acceder a la
fórmula empleada para ese notablemente mezquino resultado, la cual se
puede apreciar en la siguiente imagen. En donde a los índices de la tasa
pasiva (Tasa Hasta y TasaDesde) inexplicablemente se les ha sumado un
valor 100, que distorsiona absolutamente todo el cálculo.
Adición que no figura en ningún manual
de matemática financiera, por el hecho de que se trata de algo
aberrante, que distorsiona absolutamente el resultado. Dado que si esos
valores 100 no intervinieran en el cálculo, la actualización arrojaría
un porcentaje del 1.264,30 %, o sea casi el doble del que surge de la
planilla de cálculo oficial (1.465,9420 / 107,4496 – 1 = 12,643).
Y así el aumento del Capital pasa a ser
de 13,64 veces, y no 7,54 veces como informa la planilla de cálculos
judiciales de la Docta justicia de Córdoba, aumentando su resultado en
este caso mas de un 80 %.
Dado que lógicamente, remitiéndonos a
una aritmética elemental de primer grado, si se aumenta el dividendo y
el divisor con una suma igual para ambos, el resultado o cociente da una
suma menor.
Ya que no es lo mismo dos dividido uno,
que es igual a dos ( 2 / 1 = 2) que tres dividido dos, que es igual a
uno y medio (3 / 2 = 1,5). Siendo no obstante esta la naturaleza del
absurdo error cometido por la pomposa planilla de cálculos judiciales
cordobesa.
Pero es a su vez esta misma planilla de
cálculos judiciales, la que informa de que se trata de un gravísimo e
inexcusable error. Dado que si para el cálculo entre las mismas fechas
se emplea el CER, y se consulta su fórmula, esa aberración de sumarle
arbitrariamente una cifra al dividendo y divisor no existe, siendo la
naturaleza del cálculo exactamente la misma. Arrojando en este caso un
porcentaje de actualización de 1.092,5 % del Capital, o sea de 11,92
veces del Capital original, un resultado casi un 60 % superior al
obtenido con la tasa pasiva.
La gran pregunta es a cuanta innumerable
cantidad de gente habrá estafado la justicia cordobesa, con su
aberrante cálculo de actualización mediante la tasa pasiva del BCRA. A
juzgar por el número de causas resueltas en el 2017, que llegan a las
200 mil, a lo largo de veinte años se puede estimar que seguramente son
cientos de miles, e incluso millones de personas físicas o jurídicas las
damnificadas por ella.
Esta estafa del poder judicial cordobés,
revela la total ausencia de una auditoria de sistemas informáticos, que
es un recaudo mínimo que debe existir por los procedimientos de caja
negra que ellos presuponen, con imposible acceso por parte del común de
los mortales.
Quedando el duro interrogante si hubo
una mano pícara que estableció esa reducción sigilosa de las
actualizaciones con la tasa pasiva del BCRA. En beneficio de algún gran
deudor que así podría haberse visto agraciado con una disminución hasta
la mitad de su deuda.
Pero a su vez esa estafa del poder
judicial cordobés, es una metáfora o imagen de la gran estafa que es la
justicia cordobesa, cuando se trata de investigar y juzgar los delitos
de corrupción del poder cordobés, incluidos los perpetrados en la misma
justicia.
Y para disimular castiga duramente a los delincuentes comunes, siguiendo el dicho canero, “cuando el comisario se ensaña con el pez chico, es porque está dejando escapar al pez grande”. Aunque el comisario parece no saber nada de aritmética.-
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