Leído para usted «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 5
El CELS y Justicia Legítima:
Hacia una Justicia
“militante”
El realce de la figura
del “militante” traía reminiscencias de la participación de la juventud en las
organizaciones armadas que desataron la violencia política en los años ’70 en
la Argentina. En esa
inteligencia fue creada La Cámpora, agrupación política juvenil de base
bautizada con el nombre del ex presidente que liberó en 1973 a los terroristas
juzgados y encarcelados por el Poder
Judicial. Mientras tanto, el Estado fue concediendo subsidios millonarios -y
sigue haciéndolo hasta nuestros días- a
varias de las organizaciones de DDHH querellantes o propagandistas, muchas de
las cuales cometieron fraudes de fuerte repercusión pública. Así ocurrió, por
ejemplo, en los casos denominados Sueños Compartidos, Universidad de las
Madres, mientras que otros mayores como el tema de las indemnizaciones a falsas
víctimas todavía permanecen ocultos. Y, desde la estructura de estas
organizaciones y otras que actúan como sostén ideológico de su proyecto
político, nació la propuesta de la exportación del concepto de “militancia”,
propio del ámbito político, hacia otros espacios del quehacer de la sociedad. Los
medios de comunicación debían ponerse también al servicio del proyecto político
en vigencia, esto es, convertirse también ellos en militantes. En cuanto al
ámbito educativo, la justificación de este mismo criterio en los institutos de
enseñanza fue, entre otras, el plan Teo
filosófico de la imposibilidad de que el ser humano alcance la imparcialidad en
sus juicios, base sobre la cual cabía acusar a todos los periodistas críticos
de responder a intereses de “medios concentrados de poder”, involucrando
también de ese modo a los empresarios que no se alinearan en el nuevo esquema ambos
y que se registrara con el apellido Macagno. Enrique Ponce, esposo de la citada
magistrada se desempeñó desde 2006 a 2009 como abogado querellante de la APDH y
de los Familiares de víctimas, en San Luis. El Dr. Walter Grosso fue Fiscal
ante los tribunales federales de Neuquén, habiendo participado en tal condición
como acusador público en los juicios desarrollados por los denominados delitos
de lesa humanidad en aquella jurisdicción. Además, prestó testimonio el 4 de septiembre
de 2013 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de la Ciudad de Buenos
Aires en la llamada causa ESMA II (unificada) en calidad de sobrino de la
señora Mirta Grosso, desaparecida.
Ese concepto fue el
utilizado también para la estrategia de la compra de medios de difusión y el
otorgamiento de facilidades para ese fin a empresarios “militantes” o amigos de
la nueva propuesta política. La ofensiva
contra la libertad de prensa siguió con el hostigamiento a periodistas y medios
independientes71. El concepto de la “militancia”, según el cual la
objetividad es despreciable o en todo caso imposible, saltó rápidamente al
interior de Poder Judicial. La fundación de la agrupación -luego Asociación
Civil- Justicia Legítima nucleó a los primeros funcionarios judiciales
dispuestos a librar la batalla ideológica “desde dentro” de la estructura de la
administración de Justicia, para que ella -a través de los múltiples organismos
que resultan ser sus actores- se pliegue en forma activa al proyecto de poder
que se había puesto en práctica en la Argentina. El intento no era del todo
generoso, por cierto, pues el término militancia implicaba obtener también la segura impunidad de los
funcionarios del régimen en los delitos de corrupción o desvío de la justicia
según estas nuevas pautas. El terreno ya había sido preparado por el CELS
nombrando y/o ascendiendo a muchos de sus miembros, ahora adeptos al proyecto gubernamental,
dentro de organismos claves para el funcionamiento de la justicia penal
federal, la defensa y la seguridad. El poder acumulado por parte del CELS le
garantizó a Justicia Legítima una gran cantidad de afiliados, sumando no solo
activistas de derechos humanos adheridos al proyecto kirchnerista, sino también
el concurso de magistrados y funcionarios que tenían pendientes graves
acusaciones en el desempeño de sus funciones72, y de ese modo blindaban su pasado y su futuro. También adhirieron muchos
otros que se sumaron a la flamante agrupación para ser favorecidos en
concursos, recomendaciones, ascensos y nombramientos. El cuestionamiento al
principio de Imparcialidad. El ataque “desde dentro” de la estructura, como
diría la ex jueza y fundadora de Justicia Legítima,
María Laura Garrigós de Rébori, se llevó a cabo haciendo
71http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UIhPoKkt7cIJ:especiales.clarin.com/cfk/medios-al-servicio-del
-relato-kirchnerista.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar72 Carlos
Rozanski, Mario Portela, Roberto Falcone entre otros.
Foco, nuevamente, en
la imposibilidad de que una persona pueda ser imparcial en sus juicios. Por
otra parte, la conocida ideología garantista en materia penal sostenida por
Eugenio Zaffaroni fue a su vez evolucionando hacia el abolicionismo y hacia una
exacerbada militancia política, que lo
llevó incluso a defender actos de innegable corrupción por parte del poder que
lo había designado. A su promoción como juez de la Corte Interamericana de DDHH
le siguió la prédica sin ambages, en conferencias y clases, sobre la
imposibilidad para un juez de ser imparcial, prácticamente invitando a
renunciar a la lucha individual para alcanzar dicha meta. El planteo es gravísimo, naturalmente,
porque la imparcialidad en el juzgamiento constituye el primer requisito que se
le exige a un magistrado. Para lograrla, el juez -y en rigor cualquier persona
que quisiera proceder con justicia- debe luchar contra todo prejuicio
ideológico, político, social, religioso e,
incluso, contra cualquier aversión particular que sienta -por más lógica
que esta resulte- respecto del comportamiento que debe juzgar, a efectos de no
alterar una aplicación querida por la ley y adecuada del modo más perfecto
posible al hecho en el que resulta protagonista el justiciable. Es claro que
algunas veces es muy difícil lograrlo plenamente. Pero es precisamente por ello
que el juez debe ser cuidadosamente elegido entre quienes son más capaces para
asumir tal misión existencial. Es que la imparcialidad, la máxima humanamente
posible, es un valor que requiere el ejercicio de virtudes indispensables:
por lo pronto, el conocimiento (que se
adquiere mediante la capacitación en general y la laboriosidad respecto del
caso particular), la valentía, la prudencia y la honestidad. El juez debe ser íntegro, insobornable. Y esas
condiciones en un magistrado vienen
siendo requeridas en nuestra civilización desde hace más de 3.500
años73. Constituyen a su vez la mayor
garantía con que cuenta el ciudadano -sea culpable o víctima, actor o
demandado- para obtener una solución
justa en los casos en los que se vea involucra do. Y son la base del debido
proceso legal, la garantía de las garantías reconocidas en nuestra Constitución Nacional. Atributo
irrenunciable de la 73 Moisés a quienes serán constituidos como jueces: “No
tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no recibas regalos, porque
los regalos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los
justos”. Deuteronomio 16:18-20.
Función judicial,
condición indispensable para asegurar un juicio justo y preservar la confianza
pública. Su ausencia convierte al proceso en una parodia de proceso judicial en
donde la justicia es la primera excluida. El juez es quien tiene que decir lo
que es justo en un conflicto, lo cual requiere necesariamente imparcialidad, es
decir, neutralidad respecto de las
partes y de la materia sobre la que hay que decidir, como lo afirman los más
prestigiosos autores nacionales e internacionales. El desconocimiento de estas
premisas significa el abandono de la pretensión del hombre de alcanzar el ideal
de justicia. Se trata de una garantía elemental, necesaria para la vida de
las personas, la misma que le exigimos
al jurado de cualquier concurso, a un árbitro deportivo o a cualquier autoridad
a la hora de aplicar una norma, resolver una cuestión o dirimir un conflicto,
por pequeño que este
resulte. Justicia Legítima considera que esa garantía debe ceder ante el
proceso político revolucionario transformador. Bajo el anunciado propósito de
contar con una justicia independiente, denuncia que el Poder Judicial se ha
puesto al margen de las transformaciones operadas en la sociedad,
“reproduciendo un discurso hermético, endogámico y corporativo”. Predica el objetivo
de reconciliar a la justicia con la
ciudadanía, debiendo aquella “interpretar las necesidades sociales e inter
venir activamente en las transformaciones sociales”74. Las propuestas públicas
de Justicia Legítima. En el segundo encuentro organizado por Justicia
Legítima, el 4 de abril de 2012, en la Biblioteca Nacional, se debatió sobre
dos temas: “Poder Judicial y asimetrías sociales” y “Poder Judicial e
ideología”. Garrigós de Rébori destacó la importancia de seguir debatiendo
sobre el funcionamiento del Poder Judicial “desde adentro” y brindó detalles
sobre la puesta en marcha de comisiones internas en
la asociación para avanzar en la investigación de temas
centrales, como el diseño del perfil del juez y el acceso a la justicia. En la
mesa disertaron el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas
por los Trabajadores, Luis Caro; el juez civil Gustavo Caramelo, vocal titular de Justicia Legítima
y el periodista Martín Granovsky, quien sostuvo que “las llamadas asimetrías,
en realidad, obedecen al clasismo que rige entre los 74 Justicia Legítima.
“Misión”, página web (http://www.justicialegitima.org/mision.html).
Magistrados, desde el
punto de vista de lo elitista, lo discriminatorio y lo anti reformista". El
segundo panel del encuentro contó con la participación del juez de la Suprema
Corte de Mendoza Omar Palermo, el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del
Plata Mario Portela y el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio
Corti. Omar Palermo comenzó su
exposición mencionando la importancia de los juicios sobre la responsabilidad
de los magistrados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura. “ Todos sus delitos - dijo - se
debieron a la matriz ideológica de algunos jueces de ese entonces que estaban
alejados de las demandas sociales y eran permeables a los poderes fácticos”.
Afirmó la existencia de procesos civiles caros y elitistas, y, por otro lado,
procesos penales duros contra los sectores más vulnerables, mientras existe una absoluta impunidad para
la criminalidad económica. Mario Portela sería el encargado de exponer sobre el
“diseño del perfil del juez”. Realizó
una crítica de los planes de estudio de las facultades de Derecho y afirmó que “el
juez debe estar involucrado en el
proceso, no puede haber neutralidad, no podemos elegir entre tener o no
ideología". Su postura, reiterada
en otras ponencias de Justicia
Legítima, señala que no puede ser Juez quien no asume un “compromiso afectivo”
en el proceso. Por su parte, Horacio
Corti citó a Althusser y a Gramsci, y señaló que "todo aquel que habla lo
hace desde un lugar, y esto también ocurre con los jueces. Ese lugar es
ideológico". Llamó a desarrollar
“una doctrina nacional y popular del derecho" para contraponer
a "los tratados liberales con los
que todavía se forma a los profesionales en la universidad". Expresó que
“desde una visión conservadora del derecho, se afirma lo que denominan sentido
común... y se pasa por obvio lo estratégico.
Se afirma que se es independiente y eso es ideológico y crea un sistema.
De ahí que la ideología que se expresa en contra es minoritaria frente a la
dominante. La ideología nacional y popular es minoritaria, aunque mayoritaria
en lo popular, resulta minoritaria en lo político”. Corti se refirió
también a “la grave situación imperante en derecho
administrativo y financiero, donde dice, nada es nacional y popular. Lo
importante es cómo pensamos para
construir un derecho desde lo nacional y popular, y ello solo será resultado de
la lucha ideológica que emprendamos. Los 43 desafíos, son para el expositor,
como desde 1976 se desnacionalizó la justicia y como el Poder judicial se
transformó en otro poder, y marcó el modelo del Código Procesal Civil y
Comercial, que permitió una prórroga de
Jurisdicción al extranjero (y con ello el tratamiento del endeudamiento
externo)”. Gils Carbó, entonces
Procuradora General, y el periodista Víctor Hugo Mor ales
cerraron la jornada. Gils Carbó afirmó que "una justicia legítima
debería tener jueces y fiscales proactivos ante las vulnerabilidades que sufren
los más débiles (... ). La violencia se
revierte con inclusión social. Necesitamos un nuevo Código Penal con coherencia
interna". Morales condenó las expresiones sensacionalistas que promueven
la violencia: "Cuando alguien está apaleado en el piso, nos están
apaleando a todos". También se refirió al enorme desafío de plantear
cambios estructurales en la Justicia, especialmente cuando “la democracia que
no está con el capitalismo no les sirve a quienes tienen un credo
liberal". Finalmente, elogió los debates alentados por esa agrupación:
“Me alivia saber que mañana tendremos
una justicia legítima”. Muchos funcionarios judiciales que firmaron la
solicitada fundacional de Justicia Legítima, en diciembre de 2012, son
actualmente magistrados. Mario Portela, el disertante acerca del “perfil” que
debe tener un Juez, había integrado, junto con Roberto Atilio Falcone, y el
juez federal Carlos Rozanski, el tribunal que detuvo al Dr. Jaime Smart. Los
dos primer os tenían, al momento de
sumarse a Justicia Legítima, pedidos de juicio político ante el Consejo de la
Magistratura, por la escandalosa declaración de nulidad y
liberación de los autores de la operación de narcotráfico más grande de la
historia de aquella ciudad. El millonario hallazgo logrado luego de una ardua
investigación de las fuerzas de seguridad fue anulado, al igual que la causa,
porque los allanamientos habían sido
realizados “de noche”, lo que despertó la indignación inclusive de funcionarios
del Gobierno75. Rozanski, militante de
las organizaciones de derechos humanos, tenía pedidos de juicio político por
parte de jueces y empleados de su Tribunal y de la propia Unión de Empleados
por diversas inconductas. 75 http://www.lacapitalmdp.com/noticia s/Policiales/2009/05/22/109881.htm,
https://www.rionegro.com.ar/polemica-liberacion-de-seis -presuntos-narcos-LEHRN1242961025193/,
https://periodicotribuna.com.ar/5327-
roberto-falcone-juez -y-parte.html
Portela y Falcone
también intervinieron e n los juicios por delitos de lesa humanidad en su ciudad, Mar del Plata, y se anotaron disponibles para juzgar otros en diversas jurisdicciones.
Ellos mismos, junto a Rozanski, juzgaron por lesa humanidad a un ex militar de
91 años, cardíaco, con Alzheimer, parálisis en las piernas y diez informes
médicos que lo declaraban incapaz para estar en juicio. Con el fin de hacerlo
igual, ordenaron una junta médica para determinar el grado de incapacidad del
encausado. Como el resultado confirmó la incapacidad, estos jueces denunciaron
a los cuatro médicos forenses y ordenaron continuar el proceso. Luego revocaron
la detención domiciliaria del anciano y lo enviaron -contra la opinión de los médicos penitenciarios- a la cárcel de Ezeiza, en la que, solo cinco
días después, sufriría una descompensación que le provocaría poco después su
muerte. Todos los pedidos de juicio
político contra estos magistrados fueron rechazados por el Consejo de la
Magistratura, que destacó
la “valentía” demostrada al
participar en los juicios de lesa humanidad. Carlos Rozanski diría expresamente
en otra causa de lesa humanidad: “ ... cuando la querella explica en
profundidad la esencia del razonamiento por el cual invocan el derecho a
ampliar la imputación, este no es otro que el derecho de las víctimas a un
debido proceso.... no aquel que los viejos dogmas, anteriores al modelo actual
en vigencia, desarrollaban, donde se sacrificaba a la víctima en aras a un
debido proceso que solo y por razones puramente teóricas y retrógradas,
otorgaba garantía s a los acusados.”76Rozanski, se atrevió a sostener que “los
fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta (...).
Es una gran mentira creer que los jueces tenemos una asepsia quirúrgica, que la
sala de audiencias es un quirófano. Hoy, esto ya es insostenible (...). El rol
de los jueces en una sociedad democrática es enorme y su decisión siempre
proviene de la ideología del (magistrado) que está decidiendo (...) No está mal
tener una ideología (... ). Cuando se pretende que no existe ideología en
los jueces al decidir, lo que se está haciendo es intentar mantener una asepsia
falsa"77. Así de simple.76 Causa
“Vañek”, TOF N.° 1 de La Plata.77https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una-gran-mentira-creer-que
-los-jueces-tenemos-asepsia-quirurgica.html?fb_xd_fragment
Primeros objetivos
cumplidos: algunos datos. Los juicios por delitos de lesa humanidad quedaron en
manos de estos acusadores partidarios, junto a organizaciones de DDHH
ideologizadas. Sus resultados constituyen una estadística de discriminación
nunca antes vista en la Justicia Federal argentina78 al 1 de diciembre del 2019, estadísticas
oficiales (pertenecientes a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad)
informaba n que , en todo el país,
se tramitaba n 589
causas, con 3.295 imputados. De ese
total, en 238 causas había recaído sentencia para 1.119 personas (962
condenadas y 157 absueltas), de las que tan solo tenían sentencia firme 61. Restaban
todavía 340 causas, con más de 1.200 imputados, mientras el CELS se encarga de
seguir creando nuevos casos. El grado de avance en 13 años fue
del 29%, por lo que, a ese
ritmo, se sustanciarían juicios hasta el año 2038, con imputados con un
promedio de edad de 74 años y, algunos, hasta con 16 años de prisión
preventiva. Con el perpetuo enjuiciamiento a las FFAA y la dirección de las
imputaciones en manos de las organizaciones DDHH, Verbitsky alcanza su objetivo
y el kirchnerismo también: los Tribunales Orales Penales Federales, encargados
de investigar y juzgar la corrupción estatal, tenían y tienen sus agendas
atestadas, desde el inicio de la gestión Kirchner, hace ya 17 años, en el
juzgamiento de hechos ocurridos en la Argentina hace 45 años. Ello en
parte explica por qué solo el 1%
de las causas de corrupción llegan a juicio oral, y de estas, solamente el 2% recibe condena79. Mientras
tanto, la relación se invierte en las causas de lesa humanidad: el 98% son
condenados y el 1,4%, absueltos.78 Ver Datos de una discriminación inaceptable
en el A
nexo al final de este trabajo.79https://www.lanacion.com.ar/politica/corrupcion-menos-del
-1-de-los-investigados-son
-condenados-en-comodoro-py-nid2395587
