Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 4
El comienzo del
ataque a los opositores políticos
El gigantesco aparato represivo estatal y
paraestatal que , como hemos dicho,
fue dirigido en los primeros años
hacia ex militares y miembros de las policías y servicios penitenciarios,
comenzó progresivamente a virar, o más bien a ampliarse, apuntando ahora,
además, al juzgamiento e imputación de civiles, empresarios, periodistas,
sindicalistas y opositores políticos. Las
querellas promovidas por las organizaciones de DDHH anunciarían esta
ampliación mediante el alumbramiento de un nuevo concepto que se generalizaría
en los discursos oficiales y la prensa partidaria: desde Página 12, Verbitsky
ya no hablaría de “dictadura militar” sino de dictadura “cívico-militar” .Sindicalistas
como Hugo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, y su par de la
Construcción, Gerardo Martínez, así como otros gremialistas potenciales
adversarios de los objetivos del Gobierno, comenzaron a ser acusados
públicamente de haber participado en delitos de lesa humanidad en los años ’70,
mientras que otros, como la diputada Elisa Carrió, fueron apuntados como supuestos cómplices por haber ocupado
cargos o funciones menores durante el gobierno militar. La ofensiva contra los Jueces. Su actualidad Uno
de los primeros civiles detenidos sería el Dr. Jaime Smart, quien había ocupado
durante poco más de dos años el cargo de ministro de gobierno de la provincia
de Buenos Aires durante el gobierno militar. Lo distintivo de este caso es
que Smart había sido juez de la Cámara
Federal en lo Penal antes del Proceso militar de 1976, y había juzgado y
condenado a centenares de miembros de la guerrilla armada. Disuelta la Cámara
en forma simultánea a la liberación por parte del Gobierno de Cámpora de más de
500 terroristas43, y tras el 43 La Cámara Federal en lo Penal tenía
jurisdicción en todo el país con el fin de juzgar a los integrantes de las
organizaciones armadas terroristas. Fue disuelta el 27 mayo de 1973, a
instancias de Héctor Cámpora, mientras el 29 recrudecimiento de los ataques y
atentados de las agrupaciones guerrilleras a sus miembros (entre ellos, el
asesinato del Dr. Jorge Vicente Quiroga),
Smart, al igual que otros Jueces
amenazados por las bandas terroristas, marchó al exilio con su familia. El
Tribunal Oral que juzgaría a Smart estaría integrado por Carlos Rozanski, Mario
Portela y Roberto Falcone, tres de los
militantes más activos de la agrupación política Justicia Legítima.
Rozanski, presidente del Tribunal,
participaba sin recato en actos de las organizaciones de DDHH y era contrario
al principio de la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, al
punto de expresar públicamente que “los fallos judiciales responden a la
ideología del magistrado que los dicta". 44El ataque continuaría con el
juzgamiento de muchos funcionarios judiciales, varios de ellos en actividad,
que fueron imputados en notas de Página 12 y sometidos a juicios públicos
de las Madres de Plaza de Mayo. Más de 40 ex jueces y magistrados en actividad
fueron sometidos a los llamados “juicios populares” 45. Algunos fueron acusados
por la aplicación de las normas sancionadas en 1974 y 1975, durante el gobierno
constitucional, vigentes a la época de los hechos (Ley antisubversiva 20840), o
el rechazo de habeas corpus. Varios de ellos comenzarían a ser detenidos después
de 45 años. La primera condena fue
dictada en 2009 contra el ex juez Víctor Hermes Brusa, de la Justicia Federal
de Santa Fe. Pero el primer procesamiento a un grupo de magistrados fue en
marzo de 2011, en jurisdicción de Mendoza, contra los Dres. Otilio Romano,
Rolando E. Carrizo, Guillermo Max, Francisco Miret y Guillermo Petra. Le
siguieron otros en Córdoba, Resistencia, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén.
Treinta y seis ex jueces federales y funcionarios judiciales se encuentran
actualmente detenidos, acusados de ser supuestos partícipes en delitos de lesa
humanidad. Las denuncias por delitos de lesa humanidad como herramienta de
escarmiento o para alcanzar objetivos ajenos a la búsqueda de verdad y justicia
se Congreso Nacional sancionaba la Ley
20509 (25 mayo de 1973) de amnistía general y liberaba a más de 500
guerrilleros detenidos.44 Las referencias son extensas por lo que remitimos a Rozanski
y su parcialidad en el Anexo al final del presente.45 http://www.lavaca.org/notas/justicia-y-dictadura-los-jueces-al-banquillo
utilizaron durante el período kirchnerista en varios casos, entre los que
destaca el de la jueza en lo Contencioso
Administrativo de la Capital, Dra. María José Sarmiento. La Magistrada había denegado el uso de
reservas del BCRA para el pago de la deuda externa y dado lugar a un amparo, en
enero de 2010, en favor del entonces presidente de esa institución, Martín
Redrado, al que el Gobierno había desplazado. Ambas decisiones enfurecieron al
Ejecutivo. Casi de inmediato, un juez
federal de Misiones decretó la captura del padre de la magistrada, en
una causa de lesa humanidad. Luis
Sarmiento, de 85 años de edad, nunca
enterado de que existiera alguna imputación en su contra, había sido
ministro, durante menos de un año, de la intervención de la provincia de
Misiones durante el gobierno militar, 34 años atrás.46i En simultáneo,
Verbitsky atacaba desde Página 12 diciendo que el padre de la magistrada había
sido conocido como “el mago de la picana”, y si bien admitía que “el parentesco
no puede ser causal de recusación”, agregaba que servía sí para “entender el
insólito comportamiento de la jueza”. La
ofensiva contra los empresarios y su estado actual. Simultáneamente, se avanzó
sobre los empresarios, con imputaciones dirigidas contra directivos de Mercedes
Benz y Ford Motors a las que siguieron los procesamientos de gerentes y altos
ejecutivos de otras empresas y organismos, tales como Ledesma, La Veloz del
Norte, Minera Aguilar, Comisión Nacional de Valores, Molinos Río de La Plata,
compañías pertenecientes a Techint, como Dálmine-Siderca o Propulsora
Siderúrgica, Acindar, Loma Negra, Las Marías, Astilleros Astarsa y Mestrina y muchas otras. La
procuradora general Gils Carbó, por su parte, colocaría a Judith König ,
cuya bio en la red social Twitter rezaba “Ampliando el campo de batalla”, en el
cargo de directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis
Financiero de la Procuración General de la Nación, “área clave en la
agenda-legado de Verbitsky”47. Clave ,
sin duda, porque el CELS, ampliando el campo de batalla, inauguraría en 2014 la
era de la persecución a las empresas, la nueva vaca lechera para ordeñar. 46
https://ara.reuters.com/article/idARN191500942010031947 Levinas, op. cit., pág.
257.
En esta misma línea,
la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro, fue anfitriona de un
seminario sobre responsabilidades empresarias en violaciones a los derechos
humanos celebrado en la Universidad de Oxford. Allí disertó Verbitsky acompañado de König , autora,
desde su cargo en la Procuración General de la Nación, de una investigación
sobre Loma Negra. “En la política económica de ese gobierno (el de Videla) debe
buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres humanos con
la miseria planificada”, afirmó Verbitsky junto a König , citando un pasaje de
la Carta Abierta que el desaparecido escritor y jefe de Inteligencia
montonero Rodolfo Walsh le escribió a la primera Junta de Comandantes del Proceso
de Reorganización Nacional, en 1977. Esta misma política -que continúa sin
cesar por iniciativa del CELS48- se ha manifestado recientemente en el caso
Vicentin, aunque, tras anunciar la intervención e intención de expropiar la
empresa , el Gobierno nacional se topó
con el repudio del sector agroindustrial, de la sociedad y el rechazo del
magistrado que lleva adelante el concurso de acreedores, Dr. Fabián Lorenzini. Pero,
decidido a avanzar contra la empresa, el Gobierno procedió de inmediato a la
creación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Poder Legislativo para que
investigara la relación crediticia de
Vicentin y el Banco de la Nación Argentina. Al mismo tiempo, se atacó a la familia propietaria de la empresa
mediante la perversa herramienta utilizada desde el comienzo, la supuesta participación
en delitos de lesa humanidad. Para ello, como en tantos otros casos, acudieron
a la declaración de un ex trabajador de la compañía, Oscar Zarza, quien súbitamente se decidió a contar ante el
fiscal Roberto Salum que él y 14 trabajadores habían sido secuestrados por su
actividad gremial en 1976, con la complicidad de las autoridades de Vicentin. Finalmente,
desde los primeros días de julio de 2020 avanza en el Congreso, con el apoyo de
Cambiemos, un proyecto de la bancada oficialista para dictar una nueva ley
“reparatoria” de las muchas que ya se dictaron. El proyecto pretende declarar
imprescriptibles los despidos ocurridos por la detención o desaparición de
dependientes en los años ’70. Un despido laboral, actualizado por la inflación
argentina durante 45 años y multiplicado por la cantidad de juicios que
eventualmente se iniciarían, llevaría a la quiebra a decenas de empresas 48 Ver
las declaraciones de Santiago Cantón en O’Donnell y Melamed, op. cit., págs.
405/6, argentinas y serviría para pre
constituir prueba y detener a directores, gerentes o propietarios,
con los de Vicentin a la cabeza49. La
persecución al periodismo. Los periodistas y los propietarios de los medios de
comunicación independientes también han sido atacados con el mismo
procedimiento. En 2010, la Secretaría de DDHH de la Nación denunció a los
propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón por el supuesto
desapoderamiento ilegítimo, en 1975, de Papel Prensa, calificando esos
supuestos delitos como de lesa humanidad, a efectos de ir contra su evidente
prescripción50. Ante lo que definió como
una "indebida presión" del Gobierno sobre Papel Prensa, la Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió una solicitada
exhortando "a los poderes públicos a conducir sus acciones de
gobierno por el cauce seguro que ofrece
-a todos los argentinos- el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes"51.
Los periódicos La Nación y Clarín dieron a conocer, a través de un comunicado
en agosto de 2010, las intenciones del Gobierno de apoderarse de Papel Prensa
como medio de control de la información52. Desde otro flanco, ya en el año
2002, Ernestina Herrera de Noble, entonces viuda del fundador del diario
Clarín, había sido imputada por la apropiación ilegal de sus dos hijos
adoptivos y detenida por el juez
Roberto José Marquevich, quien finalmente fue destituido el 8 de junio de 2004
por la notoria arbitrariedad con que actuó en esa causa. Tras los reclamos de
Abuelas de Plaza de Mayo, la Cámara de Casación Penal, ordenó, el 2 de junio de
2011, que Marcela y Felipe, los hijos adoptivos de Herrera de Noble, se
sometieran a la extracción directa, con o sin consentimiento, de muestras de
sangre, saliva, piel, cabello u otras partes para el examen de ADN, lo que fue
realizado de manera compulsiva y violenta.
Luego de que, finalmente, se comprobó que no eran hijos de
desaparecidos, el 30 de 49https://www.perfil.com/noticias/politica/cambiemos-apoya-el-proyecto-para-que -las -indemnizaciones-por -delitos-de-lesa -humanidad-sean-imprescriptibles.phtml50 http
s://chequeado.com/el-explicador/claves-para-entender-el-caso -papel-prensa/51
https://www.lanacion.com.ar/politica/reclamo-de-adepa-por -la-presion-sobre-papel-prensa-nid1270219/52
https://www.lanacion.com.ar/politica/una-historia-inventada-para- quedarse-con
-papel-prensa-nid1297563/, en diciembre de 2015, la jueza Sandra Arroyo
Salgado sobreseyó a la empresaria ante la inexistencia de evidencia que probase
los hechos denunciados por Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de
Mayo. Los periodistas también fueron objeto de juicios populares realizados por
los activistas de las organizaciones de DDHH53. Y la reciente intentona de
funcionarios judiciales identificados con Justicia Legítima de involucrar y
detener a periodistas en una causa judicial en la que se investigan maniobras
de ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (dirigida actualmente
por una de las integrantes de esa agrupación político-judicial) demuestra que
la vocación de sometimiento de la prensa por parte de los integrantes del pacto
no ha variado. La persecución al Clero: las imputaciones contra el cardenal
Bergoglio. El intento más notorio de involucrar a la Iglesia Católica como
institución y atacar a su máxima jerarquía en la Argentina comenzó, como tantas
otras embestidas del kirchnerismo, con una publicación de Verbitsky. Esta vez,
un libro: El silencio. De Paulo VI a Bergoglio: las relaciones secretas de la
Iglesia con la ESMA. En esas páginas, acusaba al entonces arzobispo de Buenos
Aires, Jorge Bergoglio, de complicidad en el secuestro de dos sacerdotes
jesuitas, detenidos en mayo de 1976 y liberados cinco meses después. El caso
fue introducido en la tramitación de la causa “ESMA II”. El objetivo era lograr
que Bergoglio fuera imputado en ella. Mientras tanto, la muerte de Juan Pablo
II, en abril de 2005, dejaba al Cardenal Bergoglio en la consideración de sus
pares para sucederlo. Verbitsky entonces publicó una extensa nota en Página 12
en la que volvió sobre el supuesto papel de Bergoglio en la dictadura54. En
2007, la activista y cofundadora de la
asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini decía: "La basura va
junta: Macri, Bendini y Bergoglio. Son de la misma raza y de la misma ralea.
Son fascismo, son la vuelta de la dictadura. Son la 53
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/12/17/opinion/OPIN-03.html54
O’Donnell y Melamed, op. cit., pág. 334.
dictadura
misma"55. Mientras, la presidente
Cristina Fernández evitaba la celebración del tedeum en la Catedral
Metropolitana, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner en 2005.Las cosas
empeoraron en 2008 , cuando se produjo el enfrentamiento del Gobierno con el campo debido a la Resolución 125, que
disponía un nuevo sistema de
retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol y sus
derivados, y que finalmente, tras casi
cuatro meses de conflictos, quedaría sin efecto con el voto “no positivo” del
vicepresidente Julio Cobos. Bergoglio no solo le había pedido a la presidente “un gesto de
grandeza" para desbloquear el conflicto, sino que se reunió con Cobos
luego de aquella histórica votación. En julio de 2010 sobrevino otro
desacuerdo, producto de la aprobación del matrimonio igualitario, sobre el que
el entonces obispo Bergoglio se pronunció fuertemente en una carta
pastoral56. El 8 de noviembre de ese
mismo año Bergoglio fue citado a declarar en la causa “ESMA II”, por el secuestro de los sacerdotes jesuitas Yorio
y Jalics. En 2011, tras la renuncia de Benedicto XVI, Verbitsky retomaría la
ofensiva: “Mientras en Alemania se vela el papado fallido de Benedicto XVI,
Bergoglio intenta lavar su imagen en espera de un eventual nuevo cónclave”,
escribió57. Al comienzo del Pontificado de Bergoglio, los ataques por parte del
kirchnerismo, en especial de Verbitsky, continuaron. Sin embargo, muy pronto
eso cambiaría radicalmente. Estela de
Carlotto se retractaría de sus antiguas críticas a Bergoglio, que le atribuían complicidad con la represión, diciendo que
había sido engañada58. Varias notas que había publicado Verbitsky mencionando
la supuesta complicidad del ahora Papa en la lucha contra la subversión durante
el gobierno milita r fueron retiradas de los archivos de Página 1259. El diario
La Izquierda del
55https://www.infobae.com/opinion/2018/02/18/que-se-esconde-detras-del -romance-entre-el-papa
franciscoybonafini/56https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130314_tensiones_entre_el_kirchnerismo_y_jorge_mario_bergoglio_bd57
https://lalineadefuego.info/2013/03/14/operacion-conclave-por -horacio
-verbitsky/58
https://www.lapoliticaonline.com/nota/84840-carlotto-culpo-a-verbitsky-por -informarla-mal -sobre-bergoglio/59 http://www.laizquierdadiario.com/Verbitsky-Bergoglio-y-una-particular-autocensura
el 24 de marzo de 2017 relata las idas y venidas de las propias organizaciones
de DDHH y del Gobierno respecto del Papa60. Las organizaciones de DDHH,
que habían pasado de hablar de
“dictadura militar” a “dictadura cívico-militar” cuando involucraron como
objetivos de su ofensiva a funcionarios civiles, sindicalistas, empresarios y
periodistas, realizaron recientemente un nuevo pasaje: ahora denominan la época
como dictadura “cívico-militar
-eclesiástica”. Y esto tiene sus
antecedentes. Es posible que esa nueva
caracterización del gobierno de facto se vincule con las últimas noticias
referidas a la exposición de monseñor Santiago Olivera en el V Curso
Internacional de formación de los capellanes militares católicos en el derecho
internacional humanitario, celebrado en el Instituto Patrístico Agustiniano61;
o tal vez con la visita del obispo castrense a Su Santidad en Roma; o bien
con los rosarios que Francisco envió a
presos por estas causas62, o incluso a la audiencia concedida por el Papa a
Jovina Luna, Arturo Larrabure -familiares de víctimas de ataques de unidades
militares por parte de grupos guerrilleros en 1975- y Aníbal Guevara, referente
de la Asociación Puentes para la Legalidad, que nuclea a hijos y nietos de
imputados en las causas de lesa humanidad y que viene denunciando la ilegalidad
y discriminación con la que son tramitadas y resueltas. El 20 de junio de 2020, el obispo castrense
señaló, refiriéndose a estas causas: “El
cimiento de una República, de un verdadero Estado de Derecho, no debe
ser el odio. Sin verdad, sin justicia, en fin, sin humanidad, no será posible
una paz estable y sólida sobre los principios republicanos que dieron origen a
nuestra querida Nación”63. Las organizaciones de DDHH peticionaron, el 28 de
junio de 2020, la disolución del Vicariato Castrense, señalando que este , así como la “Iglesia Católica Romana en
general”, fu e instigador y cómplice de golpes de Estado, promotor del
genocidio y , además, “critica la
administración de justicia, solidarizándose con 60
http://www.laizquierdadiario.com/Jorge-Bergoglio-la-dictadura-y-los-desaparecidos61
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-obispo-castrense-objeto-la-detencion-de-militares-nid230188962https://www.mdzol.com/mundo/2020/1/11/el-papa-envio-rosarios-militares-detenidos-por -delitos-de-lesa -humanidad-59301.html63 Ver carta de lectores “Justicia y humanidad” en
https://www.lanacion.com.ar/opinion/carta-de-lectore
s/de -lectores-cartas-e-mails-nid2382656 quienes han sido condenados por
sus crímenes, y, con desparpajo, realiza injerencias indebidas referidas a las
políticas de Estado de nuestro país”64. Cabe notar, sin embargo, que la
disolución del Vicariato estaba programada en el pacto Verbitsky-Kirchner, como puede verse en
las páginas 138 y 222 del Anexo del Decreto 1086/2005 que hemos citado. La
protección a los amigos. En relación con las
persecuciones, no está de más decir que existen varios ejemplos de cómo
muchos jueces del fuero Penal Federal han cedido su independencia e
imparcialidad respondiendo en estos juicios a los intereses de las
organizaciones y la Secretaría de DDHH, no solo para perseguir opositores sino
para beneficiar a “amigos”. Relatarlos
excedería los límites de esta publicación. Pero no puede dejar de mencionarse
que quien no recibió ninguna imputación por parte de las organizaciones de
DDHH, ni fue citado jamás a indagatoria o sometido a juicio popular alguno, fue
el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, auspiciado por el CELS
para su designación como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
destacado colaborador en la redacción del Plan Nacional contra la
Discriminación, pese a que recibió
varias imputaciones, entre otras, por haber rechazado numerosos habeas corpus
durante sus funciones como juez federal durante el Proceso de Reorganización
Nacional, por cuyos estatutos prestó juramento65. Como otra muestra, val e también recordar la
causa seguida por la apropiación del nieto de la titular de Abuelas de Plaza de
Mayo, causa que no solo se encuentra paralizada, sino que los padres adoptivos
o apropiadores, a diferencia de todos los otros casos, no han sido privados de
su libertad66. 64http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/29731-organismos-de-derechos-humanos-piden-la-disoluci%C3%B3n-del
-obispado-castrense65 Sobre las imputaciones a Zaffaroni pueden verse:
https://www.clarin.com/opinion/extrana-historia-juez -Zaffaroni_0_ry7gw2IiDQg.html, https://www.perfil.com/noticias/politica/quien-es-el-hombre-de-zaffaroni-que
-gesto-los-alquileres-de-los-prostibulos-20110729-0034.phtml y
http://public.diariojudicial.com/documentos/000/048/640/000048640.pdf66https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/la-causa-por -la-apropiacion -de-ignacio-montoya-carlotto-esta -frenada-y-se-beneficia-a-sus- padres-de-crianza.phtml
Otro caso notorio es
el de quien fue el jefe del Estado
Mayor General del Ejército a partir del 3 de mayo de 2013 y hasta 2015, durante
el gobierno de Cristina Fernández, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús
Milani. Su nombramiento en 2013 no estuvo exento de críticas por parte de
diversos sectores. Sin embargo, rápidamente Milani dejó clara su posición67.
Además, Milani fue acusado en dos causas por haber participado en hechos
calificados de lesa humanidad. En ambas, el exjefe del Ejército kirchnerista
fue absuelto68. Opuesta ha sido la
suerte de otros oficiales del Ejército en idéntica situación. Carlos Alberto Ochoa,
que al momento de los hechos era un subteniente de 22 años edad, fue
condenado, el 14 junio 2017, por un
hecho exactamente igual al que le
significó la absolución a Milani69. El
Tribunal Oral Federal N.° 2 de Mendoza,
que condenó a Ochoa, estaba
conformado por Marcelo Grosso, Gretel Diamante y Fátima Ruiz López, tres
reconocidos militantes kirchneristas,
miembros de la agrupación Justicia Legítima y con antecedentes que nunca
les hubieran permitido actuar en esa clase de juicios.7067https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/inquietantes-sospechas-sobre-el-nuevo-jef e- del
-ejercito-argentino-general-milani/20130716120804094780.html68
https://mundopoder.com/absuelven-a-
cesar-milani-de-la-causa-ledo/69 En efecto, se le imputó haber
encubierto la desaparición y homicidio del soldado Félix Ordenes Velázquez por
haber firmado un acta del expediente disciplinario que se le había encargado
hacer por la supuesta deserción del soldado, quien no había regresado a la
unidad militar luego de una salida. Lo cierto es que el día de la desaparición
de Ordenes, el entonces teniente Ochoa ni siquiera se encontraba en la unidad
militar pues había viajado a otra ciudad ya que se encontraba de licencia. 70 La Dra. Fátima Ruiz López tuvo y mantiene
actualmente vínculos estrechos con las personas que integraron la organización
Montoneros y son actualmente funcionarios kirchneristas. Del libro “Montoneros.
¿Soldados de Menen, soldados de Duhalde?” de Viviana Gorbato, surge la íntima
relación de la Dra. Fátima Ruiz López con Ernesto Villanueva, padre de sus
hijos, quien estuviera detenido como integrante de la organización Montoneros,
así como con Carlos Kunkel, padrino del primer hijo de ambos, también vinculado
a la referida organización. Villanueva cuenta en el citado libro que “A su segunda mujer, Fátima López, la conoció
en prisión. No era presa política sino fiscal, y fue quien se encargó de leerle
la sentencia en prisión...cuanta las alternativas de un romance nacido entre
rejas y que recién se concretó cuando él salió
de la cárcel...”. En el referido libro se menciona a la Dra. Ruiz López
como Fiscal cuando en rigor era secretaria de un Juzgado Federal. Carlos
Kunkel, de reconocida militancia en la agrupación Montoneros, es padrino de un
hijo de la Dra. Fátima Ruiz López, dato que surge también de la referida obra:
“Kunkel tuvo una militancia muy particular. Era por una parte la cara pública
de la Juventud Peronista y alto oficial montonero...Kunkel cae preso en
Corrientes en 1975 y permanece fiel a la conducción hasta el ’83”. La Dra. Gretel Diamante es esposa de
Enrique Ponce, kirchnerista, reelecto
intendente de la ciudad de San Luis en los comicios de 2015. Ponce es hermano
de Ana María Ponce, compañera de militancia de Néstor Kirchner, montonera,
desaparecida, abatida junto a su pareja con quien tenía un hijo que fuera
entregado a la madre.
