Leído para usted: «El pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
Capítulo 6
La ocupación de
colinas judiciales
El siguiente paso en
la avanzada de colonización de la Justicia tuvo como objetivo la apropiación
del órgano de gobierno del Poder Judicial de la Nación encargado del
presupuesto, de las designaciones, así como de las destituciones de los
magistrados. Paralelamente, se desataría una ofensiva sobre los miembros del
tribunal penal federal más importante del país, en el cual se define la suerte
de las causas más trascendentes, la Cámara Nacional (hoy Federal) de Casación
Penal. La conquista del Consejo de la Magistratura El Consejo de la
Magistratura, organismo creado por mandato de la Constitución de 1994, estaba
originariamente integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y
cuatro jueces del Poder Judicial, ocho legisladores, cuatro representantes de
abogados de la matrícula federal -elegidos por el voto directo de los
profesionales de la matrícula-, un
representante del Poder Ejecutivo y un abogado profesor titular regular de
cátedras universitarias de facultades nacionales de Derecho elegido por sus
pares. Cualquiera fuere el juicio que se tuviera sobre la conveniencia del Consejo de la
Magistratura, es indudable que esta institución fue concebida como un
organismo técnico, en donde estaban representados los jueces, los abogados y
las universidades. El protagonismo lo tenían los profesionales del Derecho,
aunque con una importante presencia de los políticos a través de los
legisladores designados por los bloques de las dos cámaras del Congreso
nacional. Pero las modificaciones posteriores instrumentadas por las leyes
26080, de 2006, y 26855, de 2013, convirtieron al Consejo en otro organismo
partidista. Varios de los artículos de la Ley 26855 serían declarados
inconstitucionales en los fallos “Rizzo” y “Fargosi”. El caso es que hoy el
Consejo tiene trece miembros, de los cuales siete son políticos (tres
diputados, tres senadores y un representante del Ejecutivo), a los que se
agregan el casi político representante de los académicos (porque las universidades
nacionales tienen indudable política partidista) e incluso el abogado del
Interior, ya que hacer campaña en todo
el país requiere inevitablemente el apoyo de un partido nacional. Resultado de
todo ello es que quedan hoy como profesionales solo los tres jueces -esto
suponiendo que ninguno de ellos sea “militante”- y el abogado de la Capital,
suponiendo a su vez que el gobierno nacional no tercie en esa votación. Las
reformas instrumentadas durante los gobiernos kirchneristas han conseguido,
pues, politizar de manera determinante el Consejo de la Magistratura. Su
finalidad es manifiesta: controlar a los jueces independientes y proteger a
quienes responden a su proyecto. La
ofensiva sobre la Cámara Federal de Casación Penal. El plan requería también el
disciplinamiento del más alto tribunal penal de la República, encargado también
del juzgamiento de los delitos de corrupción: la Cámara Nacional (hoy Federal)
de Casación Penal, integrada por 13 jueces. El Gobierno emprendió su ofensiva
sobre este Tribunal, cuyos integrantes fueron compelidos públicamente a
renunciar, jubilarse o sufrir las consecuencias de la destitución derivada de
los juicios políticos y denuncias penales en su contra. El indisimulado ataque
había comenzado en 2007 y se extendería
en los siguientes años80. En 2007, querellantes en procesos seguidos por los
denominados delitos de lesa humanidad presentaron un pedido de juicio político
contra los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de
Durañona y Vedia, y Eduardo Riggi, imputándolos por supuestas “demoras” en esos procesos.
Presidía la Comisión de Acusación y Disciplina la diputada Diana Conti, quien
públicamente dijo al respecto: “Si renunciaran, nos ahorrarían trabajo”, y
agregó que la partida de los cuatro jueces acusados sería suficiente para darle
otra impronta a la Cámara: "En una Cámara, con renovar una parte así, todo
se renueva. Se renuevan las discusiones, los votos. No queda el anquilosamiento
de votos estereotipados”81. 80
https://www.titulos.com.ar/general/La%20Naci%C3%B3n/el-pacto-espurio-entre-cri
stina-y-alberto/938787181https://www.lanacion.com.ar/politica/crece-la-tension-entre-la-camara-de-casacion-y-el-kirchnerismo-nid893522/
48 Ese mismo año, durante un discurso en Córdoba
por el 31º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Néstor
Kirchner embestía contra la Cámara de Casación. Motivos no le faltaban, porque ante ese Tribunal tramitaban recursos
vinculados a dos causas que lo preocupaban. En una de esas causas, Kirchner se
jugaba la convalidación del criterio fijado por la Corte en los fallos
“Arancibia Clavel” y “Simón” que permitirían la reapertura de los juicios a los
militares. La otra era la de la empresa
Skanska, en la que se investigaba un sistema de compra de facturas apócrifas
por parte de la imputada, que pretendía blanquear la salida de dinero para el
pago de sobornos al Gobierno de Kirchner82. La sospecha sobre esa operatoria
sería más tarde confirmada por las pruebas documentales y las confesiones de
arrepentidos en las causas “Cuadernos”, “Obra Pública” y “Corredores”,
iniciadas por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, investigadas por el
fallecido juez Bonadío y que continúan en trámite actualmente en el fuero Penal
Federal de la Capital. La embestida a la Cámara de Casación fue denunciada por,
entre otros, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación
de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, la Sociedad de Abogados
Penalistas y la Asociación de
Funcionarios y Magistrados, lo que
provocó que incluso la Corte Suprema no pudiera evitar
pronunciarse con preocupación por la brutal desmesura. Kirchner le respondería
públicamente83. Lo cierto es que el cansancio, el hartazgo moral, la debilidad,
el miedo o todo eso mezclado obraron a favor del Gobierno, provocando desde
2007 una seguidilla de renuncias de magistrados de ese tribunal. En abril de
ese año renunció la jueza Amelia Berraz
de Vidal, integrante de la Sala IV junto con Gustavo Hornos y Ana María
Capolupo, acusada por las organizaciones de derechos humanos de demorar las
causas por delitos de lesa humanidad84. Un 82
https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-31569/83 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/82491-26537-2007-03-29.html84El
periódico Infobae publicaría el 21 de junio de ese año que “El Poder Ejecutivo
avaló la dimisión de Amelia Berraz de Vidal, una de las magistradas acusadas de
demorar un trámite contra los militares de la última dictadura en causas contra
represores. Berraz de Vidal ya había anunciado su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios, con fecha 1 de junio próximo, informó la secretaria de
justicia, Marcela Losardo, en el Consejo de la Magistratura. Berraz de Vidal
integra la Sala IV del tribunal de alzada junto a Gustavo Hornos y Ana María
Capolupo. Hornos y Capolupo,el también camarista de casación Penal Eduardo
Riggi y el presidente -actualmente con licencia médica- del tribunal Alfredo Bisordi, fueron
denunciados por supuestas "demoras" en los trámites que involucran a
exjefes militares por delitos contra los derechos humanos durante la última
dictadura.
49 año después, en
abril de 2008, hacía lo mismo la jueza
Capolupo, aduciendo razones de salud y acogiéndose al beneficio de la jubilación. Antes había
presentado su renuncia el juez Bisordi, enfermo, luego de haber sido ferozmente
atacado en los medios por los funcionarios kirchneristas y llevado a juicio
político, ante el Consejo de la Magistratura, por las organizaciones de DDHH,
bajo los mismos cargos. Las vacantes se cubrieron con las subrogancias de los
jueces Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo, Guillermo Yacobucci y Luis
García. Pero estos dos últimos no quedaron fuera de la embestida. El titular de
la Secretaría de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, presentó contra ellos un pedido de
juicio político por haber otorgado la excarcelación de imputados en causas de
lesa humanidad que venían sufriendo prisión preventiva por más de 5 años85. Las
excarcelaciones fueron suspendidas y Yacobucci y García se excusaron de
intervenir en causas que involucraban a funcionarios kirchneristas86. Otro juez
de la Cámara, Guillermo Tragant, renunció en agosto de 2009 tras ser denunciado
por su actuación en causas de DDHH por las organizaciones87. En 2011 sería el
turno de renunciar de Gustavo Mitchell.
Pesaban sobre él pedidos de juicio político realizados por esas organizaciones
ante el Consejo de la Magistratura e imputaciones de delitos de lesa humanidad
por su desempeño como juez de menores durante la época del gobierno militar88.
También ese año renunciaría Juan Edgardo Fégoli89. El 23 de agosto de 2011
también se aceptaría la renuncia
presentada por el Dr. Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, sobre el cual pesaban
pedidos de juicio político por parte de las organizaciones de DDHH90.
Para subrogar en la vacante que se produjo, la Cámara Nacional de
Casación Pen al, mediante acordada del
31 de agosto de 2011, designó al Dr. Luis María Cabral, integrante del Tribunal
Oral en lo Criminal N.° 9. Firmaron
esa acordada los jueces Gustavo Mitchell, Ángela E. Ledesma, Gustavo Hornos,
Raúl
85https://www.lacapital.com.ar/politica/solicitan-juicio-poliacutetico-jueces-que -demoran-las -causas-la-dictadura-n323563.html86
https://www.parlamentario.com/2009/01/25/denuncian-que -varios-jueces-se-niegan-a-juzgar-a-un-diputado/87
http://archivo.lavoz.com.ar/09/08/04/secciones/politica/nota.asp?nota_id=53949088
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180787-2011-11-08.html89
https://www.diariojornada.com.ar/29455/politica/otro_juez-de-casacion90
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175445-2011-08-27.html
Madueño, Liliana
Catucci, Eduardo Riggi, Juan Fégoli, luego denunciados por el diputado
kirchnerista Carlos Kunkel y finalmente sobreseídos en noviembre de 201391. En
2011, ya habían hecho su ingreso a la Cámara de Casación Alejandro Slokar
-nombrado secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y
deDerechos Humanos de la Nación en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y miembro fundador de Justicia Legítima-,
Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Ana María Figueroa, exquerellante por la
Secretaría de DDHH enlos juicios de lesa humanidad, y también miembro de
Justicia Legítima.El fiscal Jorge Auat -miembro de Justicia Legítima designado
procurador de Delitos contra la Humanidad-
y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, presentaron pedidos ante la
Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura para que se dejara sin efecto la
designación de Cabral.El Consejo de la
Magistratura removió a Luis María Cabral de la Cámara de Casación Penal, cuando
estaba por votar en la causa en que se analizaba la constitucionalidad del
memorándum con Irán92. En 2013, por otro lado, había renunciado Raúl Madueño,
uno de los denunciados por la designación del juez Cabral. Su hermano Guillermo
estaba imputado de delitos de lesa humanidad en una causa seguida en Bahía
Blanca por su actuación como juez en los años ’7093. Para ese mismo año
, 2013, pues, tras la purga
kirchnerista, de los trece integrantes de la Cámara, quedaban solo cuatro: Pedro David, quien renunciaría en
2017; Eduardo Rafael Riggi, Liliana Catucci y Gustavo
Hornos.91https://www.lanacion.com.ar/politica/servini-sobreseyo-a- siete
-jueces-d enunciados-por
-el-kirchnerismo-nid163874792https://www.lanacion.com.ar/politica/fuerte-movida-del
-gobierno-para-controlar-la-camara-de-casacion-penal-nid180514093
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1
-225332-2013-07-26.html
