pacto Kirchner-Verbitsky»
Hace años que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
viene trabajando contra viento y marea para desenmascarar a este
gobierno hipócrita que hoy intenta reinar en el suelo argentino.
La
justicia que, como todo habitante de mi país lo sabe, no existe más que
para algunos, parcializada, ideologizada y tergiversada (basta hablar,
nomás, con cualquier abogado para que nos lo confirme).
Pero como es importante ser testigos de la verdad conculcada, una vez más, esta Asociación
nos ha dado ejemplo publicando un pequeño libro que se lee de una
sentada y que, encima, ha sido puesto a disposición de todo el mundo,
gratuitamente, aquí: https://elpacto.com.ar/
Lo hemos leído de una sentada.
¿De qué trata? De la historia del pacto Kirchner-Verbitsky,
dos pillos de manual que, con diversos fines políticos más que
ideológicos, han perpetrado la colonización de la justicia argentina a
través del ariete de los juicios de «lesa humanidad»: la excusa para quebrar el régimen de legalidad de la Argentina y, por ende, hacer, como en la Revolución Francesa, que los jueces dependieran de los politiqueros de turno.
Recomendamos
vivamente el texto, sencillo, ameno y breve, a todas las personas de
buena voluntad y, especialmente, a los más jóvenes que desean saber qué
es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina para,
Que no te la cuenten…
P. Javier Olivera Ravasi, SE
Capítulo 7
El copamiento del
Ministerio Público.
Gils Carbó y las
espadas del CELS El
Ministerio Público
Fiscal -o Procuración General de la Nación, como también se lo conoce- constituye un organismo clave para el
servicio de Justicia. Sus atribuciones y competencias son de gran importancia,
ya que es el titular de la acción penal, decide ante cualquier denuncia si hay
mérito o no para instruir una causa, es el custodio de la legalidad de todo
proceso, puede realizar investigaciones preliminares y formular acciones contra
las personas que decida, y si en alguna causa dictamina en el mismo sentido que
la defensa , ello en general basta para
que los jueces acepten el criterio común. Estas facultades se verán
próximamente ampliadas a consecuencia de la reforma de sus funciones, ya aprobada por el Congreso para ser aplicada
en todo el país. La designación de Alejandra Gils Carbó como procuradora
general de la Nación fue impulsada personalmente por Cristina Kirchner. Verbitsky, por su lado, hizo nombrar en este
organismo clave a varios de los principales abogados del CELS, consolidando la
toma del Ministerio Público Fiscal por parte de la militancia de esa organización
y de Justicia Legítima. Se trataba y se trata de ejecutar una
política de persecución penal contra quienes sean considerados opositores al
Gobierno, y al mismo tiempo de proteger a los integrantes o amigos del poder
kirchnerista involucrados en causas penales, impulsando la acción en aquellos
casos o renunciando a ella en estos últimos.“Lo nuestro es crear políticas” “L
o nuestro es crear políticas”, dijo el director ejecutivo del CELS , el santacruceño
Gastón Chillier. Una afirmación que
luce pretenciosa, aunque en
realidad es modesta, ya que de hecho el organismo no solo crea políticas, sino
que también impone a sus ejecutores. En efecto, el CELS, que desde hace más de
20 años preside Verbitsky, ubicó en la Procuración General a sus dos
principales espadas, a fin de imponer sus designios políticos en este ámbito de
servicio de la justicia de la Nación: Víctor Abramovich y Carolina Varsky. Y también ubicó allí a PabloParenti, José
Alberto Nebbia, Miguel Ángel Palazzani, Pablo Camuña, así como a otros que, increíblemente,
pasarían de su especialidad y desempeño como acusadores particulares en juicios
de lesa humanidad, nada menos que a magistrados fiscales de muy alto rango y,
por ende, representantes del Estado por la acusación en dichos juicios. Judit H
König fue nombrada directora de la oficina de Investigación Económica y
Análisis Financiero de la Procuración General de la Nación, “área clave en la
agenda-legado de Verbitsky”94 como señaláramos antes al analizar el plan de persecución
a empresarios. Ya se ha dicho con
meridiana claridad: en el ideario de estos militantes no debe haber
imparcialidad en la justicia.Mil quinientos nuevos empleados y un nuevo
sindicato Además de la creación ilegal de cargos y nombramientos en calidad de
magistrados fiscales, Gils Carbó le sumaría
al Ministerio Público más de 1.500 empleados en todas sus estructuras. No
interesaba si eran idóneos para la función o no lo eran, ni era necesario que
cumplieran con una carrera administrativa quepermitiera el ascenso a estos
lugares clave, solo interesaba su militancia. Esta masiva incorporación de personal, además,
tenía también un propósito en el plan de copamientos del Ministerio Público
Fiscal. Se trataba de la creación de un
nuevo sindicato de cuño kirchnerista,
que nucleara a los empleados judiciales tanto del fuero federal como de
la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es que la histórica Unión de
Empleados de la Justicia, conducida por Julio Piumato, no terminaba de sumarse
a l nuevo proyecto. Así, por Resolución N.° 282/2015 del Ministerio de Trabajo
nació el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), un nuevo espacio
gremial conformado por los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, del
Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del
Ministerio Público94 Levinas, op. cit., pág. 257.
Fiscal para la
Investigación del Atentado a la sede de la AMIA100, de vital importancia para
el kirchnerismo luego de las denuncias del fiscal Nisman ante el pretendido
acuerdo con la República Islámica de Irán.
Gils Carbó designó también a la
Dra. Cecilia A. Kelly como fiscal adhoc101 para intervenir, nuevamente,
en forma conjunta o alternada, junto al
fiscal Martín Niklison, en la Fiscalía de Instrucción N.° 9, lo cual violaba la
LeyOrgánica del Ministerio Público y las normas relativas a las subrogancias de
magistrados fiscales. Simultáneamente, creó el Programa del Ministerio Público
Fiscal sobre Políticas de Género con cuatro cargos de fiscal102, en los que
colocó a funcionarios militantes de Justicia Legítima: Romina Pzellinsky, María
Luisa Piqué, María Paloma Ochoa y Juan Pablo Terminiello, para que actuasen en
forma conjunta o alternada, en causas sobre violencia de género. Ignoraba así
las funciones que en esa materia venía desempeñando la Fiscalía General de
Política Criminal, cuya titular, la Dra. Mary Beloff, había obtenido su
designación mediante concurso público
de antecedentes y oposición. Pocos días después designó como fiscal
general subrogante, ante la Cámara Federal de Mendoza, al Dr. Dante
Vega103, que era secretario de Fiscalía,
en detrimento de los fiscales de la jurisdicción. Se beneficiaba de esta
manera a quien coincidía en su
militancia en Justicia Legítima con la procuradora general. El impulso de
nombramientos no se detendría. Patricia Nélida Santoni (abogada de la
matrícula, incluida en la lista de cofiscales, también militante de Justicia
Legítima) fue ubicada como fiscal general subrogante ante los Tribunales Orales
Federales de Mendoza, nuevamente, despreciando a los fiscales de primera
instancia de la jurisdicción, en obvia violación a los reglamentos vigentes. Y,
en su apetito de creación de nuevos cargos para ubicar miembros del CELS y de
Justicia Legítima, creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (PROCELAC), como madre de varias
estructuras de persecución penal dependientes de ella: lavado de activos y
financiamiento del terrorismo; fraudes económicos, bancarios y en el mercado de
capitales; delitos tributarios y 100
Resolución PGN 285/15.101 Resolución MP 726/12. 102 Resolución PGN N° 681/12.
103 Resolución MP 906/12.
55 aduaneros; delitos contra la administración pública, y
concursos y quiebras. En todas, como de costumbre, ubicó a sus militantes104.
Al titular de la PROCELAC le dio la
potestad de “intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que
versen sobre hechos de la competencia de las áreas operativas de la
Procuraduría, en todas las instancias...”.
Esto implicaba pasar nuevamente por encima de la Ley Orgánica del Ministerio Público que le fijaba en su art. 33 un límite a sus atribuciones que
como vemos nunca respetó. Los fiscales coordinadores. La tarea de Gils Carbó
siguió adelante. Dispuso que, a cargo de las distintas áreas operativas de
PROCELAC, se designaran coordinadores, a los que, entre otras funciones,
facultó para intervenir como fiscales ad hoc en casos que versaran sobre la
especialidad de sus áreas operativas, en todas las instancias105. Finalmente,
habilitó un cargo de fiscal general y designó
para desempeñarlo a un secretario como Fiscal General de la
PROCELAC106. Así, puso a cargo de la
Procuraduría, creada ilegalmente, al Dr. Carlos Gonella, desplazando al Dr.
Raúl Plee, uno de los fiscales de mayor trayectoria y eficiencia en el combate
contra el narcotráfico y el lavado de activos, de larga y meritoria trayectoria
en el Poder Judicial. Gonella se encargó,
a los pocos meses de designado, de desviar la investigación del lavado
de dinero de la corrupción kirchnerista más importante de los últimos años,
como se mostrará más adelante. Gils
Carbó designó como coordinadores de las distintas áreas operativas de la
PROCELAC a varios funcionarios, ninguno de ellos magistrado fiscal. Así, en el
área de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo designó
al prosecretario Omar Gabriel Orsi, quien con Gonella se encuentra procesado
por el delito de prevaricato. 104 Resoluciones PGN 914/12 y 915/12.105
Resolución PGN 914/12.106 Resolución PGN 915/12.
56 En áreas tan
sensibles como la de Delitos Tributarios y Contrabando, o la de Delitos contra
la Administración Pública, designó como
fiscales los secretariosJuan Pedro Zoni y Milton Khaski, también integrantes de Justicia Legítima. Un
caso especial y digno de mención es el de la designación del Pedro Biscay, quien
no revistaba en el Ministerio Público Fiscal, como coordinador del área de
Fraude Económico y Bancario. En este caso, la procuradora decidió autorizar la
contratación bajo la modalidad de relación de dependencia en un cargo
equiparado al de subsecretario letrado de la Procuración General, creado a su
vez en esa misma resolución, designando
al Dr. Biscay como fiscal ad hoc. Es decir, incorporó al Ministerio Público Fiscal
a un abogado de la matrícula mediante un sistema especial de contratación para
investirlo de la condición de fiscal, a
fin de impulsar acciones penales y actuar en todas las instancias. Como
demostración concreta de la creación de cargos de fiscales mediante
resoluciones firmadas por Gils Carbó sin ley que lo autorice, vale remitirse
también a las designaciones como fiscales federales de los abogados Miguel Ángel Palazzani (DNI
20.417.109) y José Alberto Nebbia (DNI 28.782.127)107 para intervenir en
carácter de fiscales ad hoc, en forma conjunta o alternada, en la totalidad de
las actuaciones por crímenes de lesa humanidad en trámite en la jurisdicción de
la Cámara Federal de Bahía Blanca, sin distinción de instancias. Estos abogados
no habían participado de concurso alguno para alcanzar esas magistraturas, ni
tampoco formaban parte de la dotación del Ministerio Público Fiscal, sino que
ejercían su profesión de manera privada; el primero de ellos, en la provincia de La Pampa, y el segundo en
la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Ambos eran miembros del
CELS y de Justicia Legítima, y
acompañaban a Carolina Varsky como querellantes en los juicios de lesa
humanidad108. Ahora volverían a ellos, pero como fiscales. Otro método
utilizado como excusa para ese fin, esto es,
la designación de más y más fiscales de la agrupación Justicia Legítima,
fue la creación de nuevas estructuras. Así ocurrió con la instauración de la
Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)109, en la que colocó como fiscal a cargo al secretario de la
Fiscalía ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, Abel Darío Córdoba110, a 107 Resolución MP 407/13,108 O’Donnell y
Melamed, op. cit., pág. 250.109 Resolución PGN 455/13. 110 Resolución PER
456/13.
quien le dio
facultades para “intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos
que versen sobre hechos de la
competencia de la Procuraduría, en todas las instancias...”. A esta altura de
lo narrado, no es necesario ya volver a
remarcar la ilegalidad de tal decisión. La procuradora designó también a
Pablo Miguel Pelazzo como fiscal
federal subrogante ante la Justicia Federal de Jujuy111. Pelazzo, como tantos
otros, venía del CELS. Como puede verse, Gils Carbó creó, verdaderamente, un
Ministerio Público Fiscal Paralelo, en el que el ejercicio de la acción penaL
(y su defección) quedó en manos de funcionarios o abogados contratados para
cumplir funciones en la Procuración General que, en todos los casos, integraban
las filas de la agrupación Justicia Legítima y/o el CELS. Rebelde con causa:
una voz contra las ilegalidades Las
resistencias opuestas individualmente por varios afectados por todo este
manejo, las declaraciones y acciones emprendidas tanto por la Asociación de
Magistrados como por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fis cal, lograron frenar
parcialmente el proceso invasivo planificado por el CELS y Justicia
Legítima. Sin embargo, una voz cara a
ellos y a las organizaciones que los secundan se alzaría contra sus planes. La
fiscal Mirna Goransky actuó en el segundo juicio dirigido contra efectivos de
la Marina destinados en la ESMA. Se
estaba preparando ya un tercero con 65 imputados, por lo que,
para abreviarlo, el Tribunal ordenó dar por reproducidos los testimonios
del anterior proceso. Obviamente, esto impedía que l as defensas pudieran repreguntar a los testigos.
Pero Goransky se opuso con firmeza: “Esta propuesta no es un juicio
constitucional -dijo -, no se están respetando las garantías. Por lo tanto,
este juicio es nulo”, sentenció. Además, agregó , “uno no puede tol erar que en un juicio haya
personas con prisión preventiva que están en esa situación por los desaguisados
del expediente que nadie se ha preocupado en reparar”. Para ella, las organizaciones derecho humanistas habían
decidido ser cómplices de esas ilegalidades112. 111 Resolución MP N° 1848/14.112
O’Donnell y Melamed, op. cit.,
págs. 251/252.
Las organizaciones
acudieron de inmediato a ver a Gils Carbó. Goransky renunció a continuar como
Fiscal en dicho juicio y volvió a la Fiscalía de Saavedra. El juicio se
reanudaría sin ella. Pero Mirna Goransky no era una fiscal más para Verbitsky .
Es la cónyuge de Martín Abregú, exdirector ejecutivo del CELS y luego director
regional de la Fundación Ford, principal donante de la organización. Poco tiempo después, Goransky se dirigió a
Gils Carbó para reprocharle el nombramiento de fiscales ad hoc o subrogantes: “Estos nombramientos son
ilegales, y es grave porque dejan el antecedente de que se está actuando
discrecionalmente, nombrando a cualquiera en cualquier lado (...) . Fueron
puestos ahí a dedo, sin ningún antecedente, sin atravesar procesos de
selección, y están ahí para bancar reformas que son movidas de ellos”113. 113
O’Donnell y Melamed, op. cit., pág s. 252 /255.
