Cómo medir el peso del Estado
en el bolsillo del contribuyente
Antes los monarcas mataban a la gente con impuestos para
financiar sus guerras de conquistas territoriales. Ahora matan a
la gente con impuestos para ganar sus batallas electorales
En general se suele tomar la carga tributaria sobre el PBI para
determinar la presión fiscal que soportan los contribuyentes de
un país. Es una forma de ver las cosas. Mi impresión es que se puede
ver de otra manera la presión tributaria que consiste en calcular
el gasto público consolidado (nación + provincias + municipios)
sobre el PBI. ¿Por qué? Porque nada es gratis en economía y lo
relevante es cuánto se gasta, luego el Estado optará por diferentes
formas de financiamiento.
El gasto público consolidado en Argentina ha llegado a niveles
récord en la era kirchnerista, representando casi el 50% de PBI,
aún con las dudas que caben sobre el verdadero PBI. Si el PBI está
sobredimensionado en su cálculo, por definición el gasto sobre el
PBI estaría superando ampliamente el 50%, ya que si el PBI fuera menor
el porcentaje aumentaría.
Ahora, ¿por qué tomar el gasto público consolidado? Porque del
bolsillo del contribuyente sale el dinero para financiar los tres
niveles de gobierno. No interesa si unos se denominan impuestos y
otras tasas, lo concreto es que el Estado le quita de su bolsillo al
contribuyente el dinero para sostener los tres niveles de
gobierno.
Lo normal es que ese dinero salga de los impuestos que paga el
contribuyente si no hay déficit fiscal. En el caso argentino hay
déficit fiscal lo cual implica que aún con la feroz carga
tributaria que tenemos los recursos tributarios no alcanzan.
Como el gobierno tiene cerrado el acceso al mercado de capitales
del exterior, en consecuencia el gasto hay que financiarlo con
otros recursos además de los impuestos y tasas. Uno de ellos es el
impuesto inflacionario, impuesto no legislado que afecta al
conjunto de la población, pero particularmente a aquellos
sectores de ingresos bajos cuya riqueza son solamente los pesos que
reciben como sueldos. Los sectores de menores ingresos, en
general, no tienen capacidad para buscar refugio contra la
inflación, así que pagan plenamente el impuesto inflacionario.
El otro mecanismo es el de consumir el stock de capital, los
ahorros de la gente en las AFJP y la infraestructura del país
(puertos, sistema energético, caminos, etc.). En este caso la gente
no paga directamente el costo del gasto público sino que lo paga en
forma de menor calidad de servicio. Es decir, aún con tarifas de
transporte público baratas, son caras por la calidad de los mismos.
El ejemplo más dramático es el de los trenes, pero ojo que el Estado
de las rutas es tan dramático como el de los trenes por las muertes
que se producen a raíz de tener rutas que no están preparadas para
soportar el caudal y el tamaño de los camiones que circulan
transportando cosechas y mercaderías que deberían ser
transportadas por tren.
Como puede verse, sea con impuestos, impuesto inflacionario y
deterioro de la infraestructura de la economía, el gasto público
se paga planamente. Bajo diferentes formas, es el contribuyente
el que soporta el peso del gasto público. Por eso, mi visión es que
calcular la carga tributaria que soporta el contribuyente
sumando los impuestos y las tasas no es del todo correcta. Esa es una
parte del ingreso que le entrega el contribuyente al Estado, pero
también paga con jubilaciones futuras miserables (le quitan el
ahorro para cuando llegue el momento de su retiro), viajando en
condiciones infrahumanas e inseguras o transitando rutas que
son trampas mortales.
Pero queda otro punto a considerar que es la calidad del gasto
público. Si la carga tributaria llega a niveles tan altos y encima
el Estado no presta servicios básicos, entonces la presión
impositiva tiende a infinito. Se pagan impuestos altísimos, pero
al mismo tiempo la gente tiene que contratar medicina privada,
seguridad privada, colegios privados y otros gastos que deberían
salir del costo impositivo. La gran inconsistencia actual es tener
una carga tributaria elevadísima con una calidad de gasto
público paupérrimo.
Finalmente, que el Estado pueda aplicarle a una carga tributaria
alta sin irse del otro lado de la curva de Laffer no significa que
sea recomendable hacerlo. Puesto de otra manera, supongamos que
hasta un 50% de presión impositiva el Estado no pierde recaudación,
pero si aplica una presión del 60% empieza a recaudar menos porque
la gente no tiene estímulos para producir y trabajar o bien opta
por evadir.
Que el 50% de presión tributaria sea el punto de inflexión a
partir del cual la gente deja de pagar impuestos, de trabajar o
empieza a asumir el riesgo de evadir, no quiere decir que la misma
tenga que necesariamente llegar hasta ese nivel.
Lo fundamental es que el Estado cumpla la función para la que
fue creado: defender el derecho a la vida, la libertad y la
propiedad de personas. El costo de esa función es la carga
tributaria que debe aplicarse. Todo lo que exceda esas funciones
no son propias del Estado y da para el debate cuál es el límite.
El problema es que cuando se traspasa ese límite porque no se lo
respeta, se llegan a situaciones de presiones impositivas tan
altas como las que tenemos en el país. En ese punto los gobiernos
empiezan a castigar tanto al contribuyente que, pierden el apoyo
de la gente.
Es la historia de las rebeliones fiscales. Antes los monarcas
mataban a la gente con impuestos para financiar sus guerras de
conquistas territoriales. Ahora matan a la gente con impuestos
para ganar sus batallas electorales, pero tanta carga impositiva
les puede hacer perder las elecciones, de la misma forma que el rey
Juan sin Tierra se fue de pista con su carga impositiva y tuvo que
claudicar firmando la famosa Carta Magna.
Hoy el gobierno, sin saberlo, está como el rey Juan sin Tierra,
enfrentando una rebelión fiscal por la enorme carga tributaria.
Claro que esa rebelión no es tan cruenta, pero el malhumor por la
inflación y los impuestos se traducen, entre otras cosas, en
las urnas.
Fuente: Economía Para Todos
Autor: Roberto Cachanosky
