Romper las normas de convivencia no es superior a respetarlas, Monseñor Novell
Hoy el Obispo de Solsona (Lérida), Xavier Novell, se ha sumado sin ningún rodeo al proyecto rupturista del nacionalismo catalán -a título personal, ha matizado-, y lo ha hecho afirmando que “el derecho de las naciones es superior al bien moral de la unidad del Estado”. Según él, “antes que la unidad de España es más importante el derecho de los pueblos a decidir”, y “los que deben decidir son los ciudadanos de Cataluña y eso es algo que la Iglesia debe respetar”.
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Los catalanes apoyaron libremente y por abrumadora mayoría esas normas
No puedo estar más en desacuerdo con este Obispo, y
digo Obispo porque esa condición no se quita o se pone como una
chaqueta. Mi discrepancia con él no se debe a que yo disienta de la
doctrina de la Iglesia en esta cuestión, sino porque me cuesta encajar
las declaraciones de Xavier Novell en esa doctrina. Más concretamente en
la obediencia a las leyes establecidas y el servicio al bien común que señala el Catecismo de la Iglesia Católica, exigencia moral que excluye a las leyes injustas, por supuesto. No puedo evitar recordar que el
actual marco de convivencia que tenemos en España fue votado en
referéndum por los propios españoles, catalanes incluidos, por una
mayoría abrumadora. Esas normas de convivencia en las cuales se
asienta nuestro Estado de Derecho incluye lo que señala el Artículo 1.2
de la Constitución:
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”
Es decir, que los propios catalanes apoyaron por abrumadora
mayoría una Constitución que deposita la soberanía nacional en los
españoles como pueblo, no en los catalanes, o en los
barceloneses o en los vecinos del barrio de Gracia. En el ejercicio de
esa soberanía, todos los españoles, catalanes incluidos, apoyaron dicha
Constitución, cuyo Artículo 2 es muy claro:
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
Ni responsabilidad, ni servicio al bien común
La propia Constitución contempla los mecanismos necesarios para su modificación
en caso de que una mayoría cualificada de los españoles considerase
necesario un cambio. Esto, insisto, lo apoyaron los catalanes por
abrumadora mayoría. Para más señas, un 91% de los catalanes votó a favor de estas normas de convivencia, un porcentaje superior al que obtuvieron los dos estatutos que ha tenido Cataluña en las últimas décadas
(un 88,15% el de 1979 y un 73,9% el de 2006). De hecho, los datos del
referéndum que dio lugar a esas normas de convivencia revelan algo aún
más significativo: el apoyo a la Constitución contó con más porcentaje de voto en Cataluña que en el resto de España, donde la media fue de un 88,54% a favor. Dicho esto, no puedo evitar acudir de nuevo al Catecismo (2239):
“La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política.”
¿Cómo pretende el Obispo de Solsona que los catalanes cumplan
su responsabilidad saltándose unas normas de convivencia que ellos
mismos votaron? ¿Qué concepto del bien común tiene Monseñor
Novell, que anima a los catalanes a desligarse de las decisiones que
tomaron libremente, y a desobedecer las normas que ellos mismos
aceptaron cumplir, en perjuicio de la convivencia entre españoles y de
la unidad de nuestra nación? Y digo nación porque cuando Monseñor Novell habla de “unidad del Estado” se está refiriendo, en realidad, a la unidad de la nación española, que es mucho más que el Estado con sus instituciones.
El Obispo nos niega a los españoles el derecho a decidir
Lo más llamativo de las lamentables declaraciones de Monseñor Novell es que el
Obispo de Solsona, al atribuir en exclusiva el derecho a decidir del
pueblo catalán, se lo niega al pueblo español del que los catalanes
forman parte. Y lo hace, insisto, despreciando las normas de
convivencia que los propios catalanes se dieron libremente. Esas normas
contemplan que un cambio en el marco constitucional, como el que
pretenden los nacionalistas catalanes en su afán de desgajar una parte
del territorio español, debe ser decidido por los españoles, pues
Cataluña forma parte de España. Y que nadie me venga con que sólo los
catalanes deben decidir sobre Cataluña, porque además de que las normas
que los catalanes apoyaron señalan que eso no es así, ¿qué
dirían los nacionalistas si los barceloneses, o los araneses o los
leridanos negasen al resto de los catalanes el derecho a votar la
independencia en su nombre? De momento Monseñor Novell ya ha
tomado partido: para él, en contra de lo que dicta la legalidad, los que
deben decidir son los catalanes, no los españoles, ni los araneses ni
los barceloneses. ¿Y por qué? ¿Quién dicta ahora lo que es una nación, las leyes o los partidos nacionalistas?
¿Se acordará Novell de los católicos que sufren la opresión nacionalista?
Desde luego, es triste que un ministro de la Iglesia tome partido a
favor de un proyecto rupturista que pone en peligro la unidad de España,
la convivencia entre españoles y también la convivencia entre
catalanes, pues son millones los catalanes que no son nacionalistas ni quieren la independencia. Y entre ellos hay muchos católicos.
Esos católicos catalanes que no apoyan la deriva secesionista de Artur
Mas merecen, como ciudadanos, que el Estado vele por la legalidad
vigente, que salvaguarde el marco constitucional del que emanan sus
derechos y del que emana también el marco autonómico que pretenden
rebasar, de forma ilegal, los nacionalistas. Pero esos católicos
catalanes se merecen también a Obispos que no retuerzan la doctrina de
la Iglesia para ponerla al servicio de una ideología liberticida y
excluyente. Y dicho sea de paso, más que de derechos
colectivos, que es el señuelo habitual de los totalitarios para liquidar
los derechos fundamentales de las personas, Monseñor Novell haría bien
en preocuparse por todos los catalanes hispanohablantes que ven
pisoteado su derecho a escolarizar a sus hijos en su lengua materna, o a
rotular sus negocios en la lengua oficial que elijan sin que les caiga
una multa por hacerlo en español. ¿Acaso los derechos lingüísticos de los catalanes también están por debajo de los planes rupturistas de Artur Mas?
