“El
Gobierno mandó al país al default sin respaldo jurídico”
El
desacato del fallo de Griesa podría tener consecuencias legales para los
funcionarios que intervinieron. A los problemas económicos y políticos que muy
probablemente genere el default, el Gobierno nacional podría sumarle serios
problemas legales si se determina que las acciones que tomó en la pelea
judicial con los fondos buitre y el juez Thomas Griesa fueron llevadas a cabo
sin el respaldo jurídico que establece la legislación. Aseguran que "no hay ninguna chance" de que
La Haya acepte un caso contra los buitres. Macitelli –Presidente del Partido
Socialista (UNEN)- asegura que existe en realidad un “fraude en la deuda” y que antes de pagar, debe revisarse toda la
misma: la reestructurada, la no reestructurada y las del Club de París, Repsol,
etc.
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Si Cristina Fernández Kirchner
elegía ir al default –algo que finalmente hizo- y no pedía autorización al
Congreso, eso podría costarle un juicio penal por incumpliendo los deberes de
funcionario públicos, lo mismo que al ministro de Economía Axel Kicillof y al
director nacional de la Oficina de Crédito Público. Está claro que el
kirchnerismo no le dio ninguna intervención al Poder Legislativo y recién
después del default la Presidenta dijo ayer que todas las decisiones las
someterá a consideración de diputados y senadores. El argumento del oficialismo
es que no hay default porque giró el pago del último vencimiento de la deuda,
algo que los funcionarios estaban obligados a hacer a riesgo de ser denunciados
penalmente. Pero hay otro problema aún más grave y es la sospecha de que
Kicillof y Cristina actuaron incumpliendo los procedimientos legales necesarios
para respaldar la decisión de incumplir el fallo de Griesa y enviar al país al
default. Al menos, hasta ahora el Gobierno no ha hecho pública esa información,
y es probable que aparezca fuera de término. Para tomar una decisión de
semejante complejidad como es incumplir un fallo internacional -desacato-, se
necesitan dictámenes jurídicos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de
la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía que respalden las
acciones. No se trata de un mero trámite administrativo sino un exhaustivo
análisis de las consecuencias legales y jurídicas que podrían derivar de
cumplir la sentencia. En este caso, la Procuración debió haber explicado en
términos jurídicos y legales el argumento que Kicillof utilizó para justificar
el incumplimiento: la activación de la cláusula RUFO. Se trata de un argumento
muy discutido, que generó opiniones encontradas y el Gobierno debió estar
respaldado por un dictamen jurídico. Todos estos actos debieron tener respaldo
legal, de lo contrario podrían haber sido tomados arbitrariamente.
Un abogado especializado en derecho administrativo explica que la
Casa Rosada debería haber tenido incluso una amenaza concreta de los bonistas
reestructurados de que pedirían la activación de la cláusula si se les pagaba a
los buitres. El abogado, que sigue de cerca el tema, confirmó que el Gobierno
no respaldó por escrito sus actos y tampoco este medio pudo acceder a la
información a través de las oficinas encargadas. La Procuración del Tesoro no
sólo debió dar su opinión legal sobre el incumplimiento de la sentencia sino
también debió haber justificado el giro de los fondos que fueron bloqueados por
Griesa. La oficina debería haber argumentado por qué se enviaba sólo el dinero
para los holdins cuando había una orden judicial de pagar también a los
holdouts. En todo caso, explicó el abogado, debió haber justificado el envío de
esos fondos cuando había una amenaza pública de embargarlos por parte de Griesa.
Si el dinero fuera embargado, al funcionario que autorizó su envío le cabrían
consecuencias legales. Lo mismo para el que decidió desacatar el fallo de
Griesa, si es que lo hizo sin respaldo legal. Hay otro hecho que podría
complicar al Gobierno. En 2012, a través de una declaración jurada el director
de la Oficina Nacional de Crédito Público, Francisco Guillermo Eggers, se comprometió ante Griesa a cumplir las órdenes de los
tribunales de Nueva York. Ahora, ese
funcionario podría quedar sujeto a una acusación por falso testimonio.
Otro
abogado que conoce el proceso indicó que ese hecho revela que el Gobierno obró
en contra del compromiso del organismo más importante en esta materia. Kicillof
hubiera necesitado un informe técnico de oportunidad, merito y conveniencia
-según establece la Ley de Procedimiento Administrativo- para modificar ese
compromiso de Eggers. O una ley del Congreso para ir al default. Este abogado
estimó que los funcionarios que tomaron estas decisiones sin respaldo
administrativo ni legal podrían ser acusados por delitos como incumplimiento de
los deberes de funcionario público, mala praxis y violación de la ley de
administración financiera, además de malversación de fondos por el giro de
fondos aún sabiendo que podían ser embargados. El ex
fiscal Moreno Ocampo minimizó la amenaza del Gobierno argentino de llevar a
EEUU a la Corte Internacional. La amenaza el Gobierno argentino de
llevar hasta el Tribunal de La Haya la disputa con los fondos buitre y la
justicia estadounidense, no tiene "ninguna
chance" de prosperar, explicó hoy el abogado internacionalista Luis
Moreno Ocampo. "No veo ninguna
chance" de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya tome el
caso, aseguró Moreno Ocampo en una entrevista con radio Vorterix. "Para que la Argentina pueda tener un
caso ahí, Estados Unidos debería aceptar la jurisdicción y eso no creo que vaya
a ocurrir", agregó el ex fiscal de la Corte Penal Internacional.
"Me da la impresión que la argentina no tiene chances ahí. El
lugar sería la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero tampoco puede
intervenir sin acuerdo de Estados Unidos y en casos como este, en el que ya hay
un juez interviniendo", detalló. La declaración de Moreno Ocampo,
reconocido internacionalmente como un especialista en la materia, se dio casi
al mismo tiempo que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistiera con su
amenaza de la semana pasada de llevar el caso ante la CIJ, como parte de la
estrategia del Gobierno para extender la pelea con los buitres. "Quedan algunas instancias que deben
analizarse, como la intervención de la Corte Internacional de La Haya, y el
debate en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas", recalcó
Capitanich, que la semana pasada culpó a Estados Unidos por permitir el
accionar del juez Thomas Griesa, que derivó en el default de Argentina. Desde
el Gobierno se difundió hoy en algunos medios con que se estaba analizando la
alternativa con un grupo de especialistas en la materia. El argumento esgrimido
desde la Casa Rosada es que se está violando la soberanía y Griesa excedió su
jurisdicción. El secretario de la Presidencia también se sumó a la idea. "Argentina va a recurrir a todas las
acciones legales y políticas en el marco de los organismos internacionales, ya
sea el Tribunal de La Haya, el G20, las Naciones Unidas. Vamos a ir a todos los
escenarios internacionales para denunciar y demostrar esta absoluta barbaridad
de los fondos buitre que han expoliado ya a varios pueblos y ahora se
encontraron con un gobierno que no se deja avasallar", afirmó.
Incluso el argumento fue sostenido por la jueza María Laura
Garrigós de Rébori, titular de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. “Ir a La Haya sería útil para llamar la atención
al poder mundial sobre lo que pasa”, afirmó en radio Nacional. Si Argentina
insiste con llevar el caso a La Haya se expondrá a un enfrentamiento directo
con el Gobierno de los Estados Unidos, ya que la CIJ resuelve casos entre
países. Esta claro que este no es el caso, ya que la disputa argentina es con
un juez y un grupo de acreedores, y no hay antecedentes de una disputa de este
tipo que se resuelva en esa Corte. Además, Washington no acepta la jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia desde hace 30 años cuando fue condenado
por haber entrenado y financiado a los "contras"
nicaragüenses. Estados Unidos no siquiera presentó defensa ante la acusación
del Gobierno de Nicaragua porque consideraba que no era un tribunal competente. Desde el inicio del debate
intergubernamental sobre las consecuencias del incumplimiento de pagos, la
izquierda argentina (que lo llama "defol")
tuvo en claro que se marcharía, en ese caso, a una situación de gran
conflictividad social, que ya era evidente por el derrumbe de la economía
pre-default, pero que ahora sería acelerado. El diagnóstico no ha cambiado, y
ya hay una estrategia trazada al respecto. Deberá recordarse que según la
consultora Celia Kleiman, Jorge Altamira tiene 4,1% de intención de voto, una
enormidad para el Frente de Izquierda. El plan de reclamos que prepara la
izquierda consiste en: prohibir las suspensiones y despidos, eliminación del
impuesto al salario, reapertura de las paritarias, ajuste salarial mensual de
acuerdo a la inflación y aumento de emergencia a los jubilados. También
nacionalización de la banca y del comercio exterior.
Durante
julio, el nivel de conflictividad social medido en cortes de vías públicas tuvo
una tercera baja consecutiva intermensual, con 535 bloqueos (-6%). Pero los valores
registrados representan el mes de julio con más piquetes desde 2009 a la fecha
(+7% respecto a julio de 2013, anterior récord para ese mes). En cuanto a los
distritos más conflictivos, Buenos Aires (89) lideró la tabla por 4to. mes
consecutivo, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (60), que repitió el 2do.
lugar. Más atrás, se ubicaron: Santa Fe (49), Neuquén (45), Jujuy (40), Río
Negro (28) y Salta (26). Las provincias menos conflictivas fueron San Juan (2),
San Luis (3) y Santiago del Estero (3). En cuanto a los actores que
protagonizaron los bloqueos, los trabajadores estatales volvieron al 1er.
lugar, con 122 bloqueos. Un dato relevante fue el significativo ascenso de los
piquetes de grupos de desocupados y cesanteados, quienes escalaron al segundo
puesto, con su máximo valor para 2014 (115). Pero el dato más importante
fue el ascenso récord de las fuerzas político-partidarias de izquierda, con un
notable crecimiento y récord de piquetes para 2014 (67). ¡Hacia
lo que viene, no es un dato menor! Desde el inicio del debate del default, la
izquierda nernácula evaluó que se consolidaba un escenario propicio para su
actividad, que ya venía en ascenso. El líder del Partido Obrero y precandidato
presidencial, Jorge Altamira,
editorializó horas antes de la declaración de incumplimiento de pagos externos:
"(...) Luego de medio siglo de asfixia
provocada por la deuda externa, es claro que la única salida positiva para las
masas y para un desarrollo de las fuerzas productivas correspondiente es el
repudio de la deuda usuraria. Este repudio pondría fin a la confiscación del
ahorro nacional (ganancias, intereses, rentas financieras y territoriales), que
sale del país y retorna, en forma parcial y selectiva, bajo la forma de deuda
pública y privada, y a la servidumbre nacional al capital financiero. En
oposición a este régimen, es necesaria la nacionalización de la banca y del
comercio exterior -bajo control de los trabajadores- y la apertura de las
cuentas del gran capital. Sobre esta base se construirá un sistema de
planificación nacional, orientado políticamente por un gobierno de
trabajadores." La izquierda tiene un plan para los días del
default, basados en una conflictividad social creciente, que le permitiría,
además, ganarle espacio al sindicalismo peronista convencional, en especial el
que responde al metalúrgico Antonio Caló y al docente estatal Hugo Yasky; y en
mucha menor medida a quienes por hoy son sus “aliados transitorios” –Moyano, Barrionuevo y Micheli-. La
izquierda es uno de los motivos por los que Hugo Moyano y Pablo Micheli
necesitan retomar el conflicto que, entonces, Cristina Fernández de Kirchner
recibirá desde lados diferentes.En
la izquierda lo ven así, con un plan de reclamos muy definido ya: "El kirchnerismo ha buscado
intensamente llegar a un acuerdo con Griesa y los buitres, o en su defecto
producir un defol transitorio hasta diciembre. El defol K no es otra cosa que
la treta para pagar a los buitres, del mismo modo que lo ha hecho con Repsol,
el Club de París y los buitres que litigan en el tribunal arbitral del Banco
Mundial. La “gestió”’ de los bancos locales para comprar la deuda con los
buitres -para facilitar un pago posterior- muestra que la burguesía local es
una de las principales tenedoras de deuda externa de Argentina y una
beneficiaria de primera línea del pronto pago.”
¡Extorsión,
es la palabra: muy cerca de la definición de Mascitelli del PS, que acusa al
establishment y al Gobierno y sectores dec los medios de comunicación masiva de
“Fraude Económico de la Deuda”! “En esta línea antinacional, el
gobierno ha puesto prioridad en derrotar al movimiento obrero que lucha y en
rechazar reivindicaciones como la vinculada con el impuesto al salario.
Capitanich, por ejemplo, les advirtió a Yasky y Caló que una modificación del
impuesto al salario está condicionada al arreglo con los buitres. La cosa puede
durar hasta enero próximo. Hay que cuidar el “equilibrio fiscal”, dice el
oficialismo, mientras negocia el pago de deudas e intereses usurarios con la
carroña internacional. El argumento se usa hasta para proteger a Boudou,
denunciado también por corrupción en el canje de deuda de 2010.
Los capitalistas, por su lado,
alegan el defol para producir mayores despidos y suspensiones. De hecho es lo
que ya está ocurriendo a un ritmo creciente. Las 350.000 cuentas sueldo que se
cerraron en los últimos meses son sólo una parte. El “Programa” a presentar es: El gobierno
ha hecho saber que tomará medidas para enfrentar las consecuencias de un defol,
pero es claro que carece de un plan alternativo, porque su objetivo no es otro
que terminar arreglando con los fondos buitres. Para combatir este
derrumbe planteamos prohibir las suspensiones y despidos, la eliminación del
impuesto al salario, la reapertura de las paritarias, el ajuste salarial
mensual de acuerdo a la inflación y un aumento de emergencia a los jubilados.
Por el no pago de la deuda externa en su totalidad, la nacionalización de la
banca y del comercio exterior."
El ascenso récord de las fuerzas político-partidarias de
izquierda, con un notable crecimiento y récord de piquetes para 2014
Néstor Kirchner y Roberto
Lavagna fueron coautores de la reestructuración de la deuda externa pública.
Desde un comienzo, fue una oferta unilateral con problemas que ambos
subestimaron, y no atendieron las advertencias que se les hicieron. Al final,
ocurrió lo que siempre se supo que sucedería aunque Lavagna se manifiesta
sorprendido. En cuanto a Kirchner, murió en 2010. Lavagna considera necesario
reivindicar su tarea y así converge con Cristina Fernández de Kirchner. Pero, a
la vez, se supone que Lavagna es cercano a Sergio Massa, que así tiene un
problema: entre Lavagna, que dice que no hay default; y Aldo Pignanelli, que
vendía que no habría default (y luego, que habría un acuerdo entre privados),
el precandidato presidencial precisa darle a la opinión pública una explicación
de qué opina él de todo este tema y si el Frente Renovador tiene un discurso
único. Mientras tanto, Lavagna cristikirchnerizado escribió en el diario “El País”, de Madrid, continuando
conceptos que había escrito en “Clarín”,
antes del default y que ya fueron comentados en anteriores artículos, que él “no está seguro de que sea un default”. “Difícil situación se ha creado entre
Argentina y el 1% de sus acreedores. Intereses políticos fuertes del lado
argentino y no menos fuertes intereses monetarios de fondos especulativos,
abogados, bancos, cajas de valores, etcétera, ayudan a crear una fuerte
confusión. Ninguno de los tres actores de esta saga está exento de responsabilidades:
1º.) El Gobierno argentino porque por omisión o por acción no cumplió con tres
de los cuatro pasos planificados a partir del exitoso canje de 2005 que
concluyó con la aceptación del canje por más de tres de cuatro acreedores, con
una quita sustancial que —a los valores de aquel momento— alcanzó el
excepcional nivel del 75%. 2º.) El juez y la Cámara de Apelaciones del circuito
de Nueva York porque el primero decidió, y la Cámara avaló, una interpretación
excesiva y novedosa en el mal sentido, que alteró el principio de pari passu y
que llevó a privilegiar al 1% litigante sobre el 93% de los acreedores que
finalmente ingresaron voluntariamente al canje. Ese privilegio en favor de los
fondos buitre llegó al extremo de tomar como rehenes al 93% impidiéndoles
cobrar el pago hecho por Argentina si primero no se cumple con la sentencia de
pagar el 100% a la ínfima minoría litigante. Se hizo además con desprecio de
que si el país hubiera hecho ese pago a toda la deuda original, por la vigencia
de la cláusula RUFO (toda mejora debe extenderse durante 10 años, con
vencimiento el 31-12-2014) toda la reestructuración de la deuda externa, la más
grande hasta el colapso griego, se hubiera derrumbado.“
“3º.)El 1% acreedor, los que en los
mercados financieros se conocen como fondos buitre, son lo que son: inútil
pedirles un comportamiento diferente. Son un segmento ocioso y peligroso del
capitalismo. Quienes creemos en las bondades del capitalismo, de la economía de
mercado como complemento del sistema político de la democracia, no podemos
encontrar en el accionar de estos grupos ni un solo elemento de utilidad
económica y, menos aún, social. Al revés, destruyen valores del capitalismo.
Son, en lo esencial, anticapitalistas. Cabe entonces esperar que los dos
primeros actores sean los que aporten buena voluntad, respeto e imaginación. El
Gobierno argentino podrá incluso explorar esa búsqueda con sectores privados de
la economía y/o con el apoyo de países que entiendan los riesgos sistémicos que
se han creado. Mientras los abogados reiteran que este es un caso específico,
lo cual es obvio en lo estrictamente legal, no pueden negar que este exceso del
juez es un precedente que se usará con otras reestructuraciones soberanas,
dificultándolas. Tanto es así que mientras los fondos buitre piensan ya en
otras presas (comprando cierto tipo de bonos de Perú, por ejemplo) los países
en proceso de emisión de deuda buscan ya caminos legales para evitar una
repetición de la situación actual. El juez podrá advertir que con su fallo ha
creado un desequilibrio en favor del 1% de los fondos especulativos, en contra
de la amplia mayoría de los acreedores que viene cobrando sin problemas desde
hace 10 años y del interés de los ciudadanos argentinos. Su indicación de que
las partes debían “negociar” siempre estuvo, en realidad, vacía de contenido
porque el fallo puso todo el poder del lado de los fondos buitre. No hay
negociación posible entre un Estado soberano y un grupo privado en posesión de
un fallo terminante en su favor.”
“Es
claro que hay una falla del sistema global. No existe un sistema aplicable a la
reestructuración de las deudas soberanas. Se discutió una propuesta (SDRM) en
el seno del Fondo Monetario Internacional durante 2004 y 2005, pero la
propuesta no prosperó. La oposición fue casi unánime de Gobiernos y del propio
sistema financiero privado. Tenía errores, pero merece ser retomada, modificada
y adoptada. Si ello no ocurre predominan los dobles estándares como lo prueban
las enormes diferencias de tratamiento entre el canje argentino y lo que se
permitió en el 2008 y años siguientes a Grecia. Infinitamente más favorable y
donde toda la biblioteca jurídica se inclinó a favor de dar un cierre
definitivo a la deuda griega. Este tipo de excesos se da además en ciertos
órganos de solución de controversias como, por ejemplo, el tribunal del Banco
Mundial (CIADI / ICSID) donde sus propias autoridades han reconocido, entre
otros defectos, la falta de un órgano de apelaciones, la relación entre los
jueces ad hoc y pocos estudios jurídicos especializados. La globalización
requiere cuerpos institucionales coherentes, como Europa acaba de aprender a
raíz de la crisis posterior a 2008, donde quedó en evidencia el riesgo de
estructuras incompletas que dejan muchas decisiones en manos de los más
fuertes. Aceptar reglas internacionales no es ceder soberanía (?); lo que sí
constituye una cesión es aceptar reglas incompletas, con peligrosos vacíos. “Mientras tanto,
¿hay o no hay default en el caso Griessa vs. Argentina vs. Buitres?”
Un acreedor podría decir SÍ porque no ha podido cobrar. Un ciudadano argentino
puede decir NO porque parte de sus impuestos han sido usados para enviar el
pago completo a tiempo; que el juez, de facto, tiene en un limbo que no se
diferencia por su efecto práctico de un embargo. ¡Ese es el terreno desconocido
en que estamos, por falta de antecedentes aplicables!”
Roberto
Lavagna absolutamente cristikirchnerizado, hablando en Madrid sobre el “No Default argentino”-
¡Algunos argentinos –economistas, establishment, banqueros,
bonistas ilegítimos- están distribuyendo un mensaje equivocado y perverso,
mensaje que amplian los medios de comunicación porque viven de aquellos, y ese
mensaje se contradice con el fallo judicial del Juez Ballesteros del año 2000
sobre “La Causa: A. Olmos s/deuda
externa”, que devuelve a las cámaras legislativas, por ser
constitucionalmente quienes deben definirse: “la investigación exhaustiva de la deuda legítima y la deuda ilegítima”,
solo a esto debemos fidelidad, porque lo manda la justicia y la Constitución
Nacional.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 2014.
Arq. José
M. García Rozado
MPJIRucci
– LIGA FEDERAL –
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