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- Categoría: INVESTIGACIONES
- Publicado: 15 Agosto 2016
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Como todos los años en los primeros días
de agosto miles de personas se agolpan en las puertas de la iglesia del
barrio de Liniers para venerar al santo del trabajo, San Cayetano. Pero
lo que muchos otros veneran son los contactos que les permiten acceder a
cargos públicos en dónde perciben elevados sueldos y en muchísimos
casos sin presentarse a trabajar. Existen además aquellos que idolatran a
altos funcionarios que acceden a los pedidos de favores que muchas
veces resultan ridículos y por demás inadecuados. Más allá de la llamada
“depuración” que hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno y las
promesas de una función pública idónea, se puede ver que hay una
continuidad de la “cadena de favores” que no se limita a ninguna bandera
política en particular y pareciera ser que algunos puestos y beneficios
están reservados sólo para los amigos de aquellos que estén en el
gobierno. Los acomodados de ayer, hoy y de siempre.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner y
de Cristina Fernández eran frecuentes los pedidos a sus hombres de
confianza. Estos favores se extendían inclusive a altos funcionarios y
llamativamente a jefes de la oficina de inteligencia, hoy la AFI,
Agencia Federal de Inteligencia e iban desde la tramitación de DNI para
nuevos residentes en la Argentina, créditos para la compra de camiones
“para hacerlos trabajar” en Río Gallegos, hasta insistentes pedidos “de
ingresos” en organismos públicos como la DGI y las Aduanas por tomar
sólo unos ejemplos: “para los muchachos del partido que tenemos allá” alegaban.
Algunos de esos requerimientos se extendían además a: “me podrás dar una mano para que salgan unos decretos que hace meses están aún pendientes en el Ejecutivo Provincial” e incluían la subvención de proyectos privados.
Algo habitual eran las solicitudes a un
ex y alto funcionario de la Oficina de Inteligencia para colocar gente
en las distintas embajadas y secretarías y en dónde “los ciudadanos
santacruceños” tenían prioridad. La embajada ubicada en Caracas era muy
requerida, aunque nadie lo entendiera ya que la embajadora asignada no
se comportaba de forma diplomática con sus empleados sino todo lo
contrario.
Hubo un caso de una mujer muy
insistente, todavía en función, que le reiteraba, al por entonces Jefe
de la Side, el ruego para obtener un cargo en alguna embajada, de su
preferencia la de Estados Unidos. Un joven estudiante de abogacía, por
ejemplo, era postulado por su padre, amigo del kirchnerismo, a un puesto
en “algún organismo de Justicia”, el que fuera. Recordemos que existen
casos de estudiantes nombrados con letra C como por ejemplo, Francisco
Zannini en la Procuración del Tesoro de la Nación, algo que no
corresponde ya que no terminó su carrera de grado al momento de su
designación.
Otro de los pedidos frecuentes era la
asignación de viviendas por parte del IDUV, Instituto de Desarrollo
Urbano y Vivienda, que no siempre se atendría a las normas para designar
a los adjudicatarios. De hecho uno de los “solicitantes” reclamó una
para su hijo ya que sabía de antemano que al menos en esa etapa serían
sesenta las que se repartirían.
La Cámpora ha sido una de las grandes
agencias de colocaciones y favorecedoras de “amigos” ya que ha
distribuido a los suyos por todas las oficinas y organismos públicos del
país. Actualmente se están reacomodando luego del cambio de gobierno.
No es cierto que se haya despedido a todo el frente camporista ni mucho
menos.
Unos de los organismos públicos que
depende del Ministerio de Defensa y que fue noticia el año pasado por lo
masivo de los despidos fue Fabricaciones Militares. Allí a comienzo de
año se separó a 140 empleados que más tarde se manifestarían en
protestas mediatizadas. Por esos días, el ministro de Defensa, Julio
Martínez declaraba que: “Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorias”.
Esa dependencia venía de ser manejada por Santiago Rodríguez, un hombre
muy vinculado con la Cámpora, señalada como una agencia de colocaciones
desde siempre.
¿Cambiamos?
Fabricaciones Militares es por estos tiempos la vedette de
nombramientos de amigos en cargos públicos. Este organismo es dirigido
actualmente por el interventor Hector Lostri, un arquitecto de urbanismo
de la Ciudad de Buenos Aires, quién nombró a su hermano como jefe de
gabinete de la empresa y a su primo, Jorge Latorre, como asesor de
comercialización. Lostri fue desde el comienzo de su gestión señalado
como un beneficiario del trabajo público al mismo tiempo que
desarrollaba sus propios negocios inmobiliarios, algo considerado
incompatible con sus deberes de funcionario.
Por otro lado la directora de administración, Mariana Policastro,
nombró en la nueva gestión como su segundo a su primo Néstor Turina, y a
su otro primo Francisco Bandeira como gerente de recursos humanos. Toda
una genealogía puesta en la dependencia militar.
La ex vendedora de salón de la reconocida cadena internacional
Falabella, Elizabeth Lasci, fue nombrada coordinadora comercial de
Fabricaciones Militares por el ex sub interventor, Cristian Fernández,
que renunció hace poco por las presiones de los hermanos Lostri debido a
una denuncia de la propia Lasci por abuso de autoridad. Algunos creen
que esto fue utilizado como un excusa por parte de los Lostri para
desprenderse de Fernández.
Otro de los señalados como favorecido es Fabián Lago, representante
de la marca Umbro en Argentina, compañero de partidos de fútbol de
Mauricio Macri. Lago fue nombrado gerente comercial, se cree que es free
- lance porque nunca asiste a trabajar.
Finalmente quedó debajo del gerente, Silvana Franceschi, amiga de
Hector Lostri, quién se desempeñaba como empleada bancaria. Empleados
históricos señalan que esto se produjo por la falta de idoneidad que
demostró Lago para el cargo.
Marcelo Lancelotti, nombrado director de producción, llevó a
Fabricaciones Militares a sus amigos más cercanos como Marina Silliti y
Juan Sagamaga, gente poco idónea para el puesto ya que no cuenta con
experiencia y han pasado por encima de los viejos empleados de
Fabricaciones Militares que ya había desplazado la Cámpora.
Es preciso señalar que todos cobran sueldo que van desde los $30.000
hasta a los $50.000, siempre y cuando no ocurra como en muchos otros
organismos tales como la Procuración del Tesoro de la Nación dónde
cobran el doble de lo que figura en los recibos, algo justificado como
“incentivo”.
Más allá de todos y cada uno de los nombramientos pasados y presentes
no se vislumbra en el horizonte más cercano una intención clara de
reconocimiento e incorporación de empleados idóneos sino que se perpetúa
la vieja costumbre del “puesto para los amigos”.
Susana Jantus