VACA VIVA
EL PLAN DE MACRI
El secreto más guardado de la audiencia pública: subsidiar Vaca Muerta
un par de años
El gobierno nacional avanza en la definición del cuadro tarifario que
llevará a las audiencias. A la vez que promete gradualidad a los
usuarios residenciales, en reuniones confidenciales ratificó a las
petroleras un aumento del valor del gas en boca de pozo del 300% en
pesos, no le puso aún el número a las distribuidoras y a los usuarios
que pagan la tarifa plena (el 27% del padrón), le fijan un tope en
relación a la factura previa a la del conflicto, o sea, la de
marzo-abril. En la ecuación no está calculado qué sucederá con el humor
social si a fin de año, cuando empiezan los calores, vuelven los cortes
de luz, como parece inexorable, y hay que afrontarlos encima pagando más
caro el servicio.
La alternativa será utilizar gasoil importado en las
usinas termoeléctricas a cuenta del déficit fiscal. Dentro de la
administración macrista la preocupación se segmentó entre incentivar las
inversiones para que las petroleras saquen el gas y el costo fiscal
resultante del tope tarifario al consumo, que hoy, después del fallo de
la Corte, representa $30.000 millones, según respondió la Jefatura de
Gabinete al diputado del FR, Sergio Massa.
El propio Mauricio Macri
confía que, a partir del cuadro tarifario que salga después de superar
la formalidad de las audiencias, ese subsidio irá decreciendo, porque en
2017 se empezará con los ajustes periódicos a los consumidores no
comprendidos en la clasificación social, por un lado, y además porque el
precio internacional subirá en un par de años hasta equiparase con el
fijado para el gas extraído en Vaca Muerta.
El argumento es que US$ 4 es un costo de oportunidad, al encontrarse por
debajo del GLP importado (US$ 6,65) o del gasoil a utilizarse para la
generación térmica porque no hay gas suficiente (US$ 11,20).
El tope del 300% sobre la base del que se replanteará el cuadro
tarifario será para el gas en boca de pozo, que constituye del 60% al
70% del monto que se factura al 26% de los consumidores. Todavía está en
discusión el incremento para la distribución, que representa un 21% de
lo exhibido en las facturas que emiten Metrogas, Gas BAN, Camuzzi,
Ecogas.
Para esta franja de usuarios regirá el año que viene un sistema de
ajustes periódicos sobre el total, mientras que para el 74% restante, en
el que está comprendida la llamada tarifa social, esos aumentos se
harán sobre el 30% (o sea, excluyendo el costo del gas) de lo que paga
la tarifa no subsidiada.
Precisamente, en el precio en boca de pozo que perciben las petroleras
se seguirá con el criterio de “costo de oportunidad” ya establecido en
la resolución de abril último. El presidente Mauricio Macri se encuentra
convencido de que, como en un par de años subirá el precio
internacional, será buen negocio para el Estado subsidiar la extracción
en Vaca Muerta hasta que la curva de las tarifas se cruce con la del
valor internacional y ya no sea necesario seguir cubriendo la diferencia
con el Tesoro.
Ambas conclusiones están siendo negociadas por el gobierno en el ámbito
político antes de someterlas a debate en las audiencias públicas, que
hay que recordar, no son vinculantes.
En la Bolsa ya hay convicción en torno de esta salida, al punto que las
cotizaciones de las acciones de las firmas productoras de gas
recuperaron la mayor parte de lo que perdieron en el día del fallo de la
Corte Suprema que retrotrajo el aumento de tarifas hogareñas.
La lectura que hicieron los observadores de la plaza bursátil es que si
el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no concretó su intento de
renunciar fue porque le aseguraron que no obstante las audiencias, y los
cuestionamientos que recibiría el nivel dispuesto para el precio del
gas en boca de pozo, la política que acordó al respecto con las
petroleras se mantendría y, en todo caso, serán los subsidios la
variable de ajuste hasta que haya una convergencia con las tarifas
domiciliarias.
En el mercado lo tomaron de ese modo, a juzgar por la reacción de los
papeles en las últimas jornadas, si bien el punto de partida de todo
este confuso proceso es el congelamiento de las tarifas que rigió
durante 12 años. De ahí en más todo cuenta para ponerle el signo más.
La semana pasada, tanto en Nueva York como en Buenos Aires, de las 9
acciones de energéticas reguladas que se operaron, las que habían
terminado con 8 bajas y una suba el jueves 18 pasado, quedaron sólo 4
con el signo menos.
Un repaso de las principales hecho en El Cronista Comercial recuerda que
hace una semana Pampa había perdido 4,42% en una sola jornada en Wall
Street, pero que recuperó terreno hasta quedar apenas 1,05% por debajo
del día previo al fallo de la Corte. Otra que cotiza en Nueva York, la
distribuidora Edenor, cayó en esa instancia 1,7%, pero en una semana
quedó 3,3% por encima de su valor previo. El valor de pizarra de
Transportadora de Gas del Sur ni siquiera se movió.
En todo caso, el revés judicial para el gobierno fue un cheque a plazo
para las empresas distribuidoras, porque lo que dejaron de percibir por
la marcha atrás de la facturación lo recuperarán con creces en cuanto se
ponga en marcha el ciclo de cobranza con la refacturación.
En ese sentido, el CEO de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, urgió una pronta
solución a la tarifa de electricidad para revertir los números
negativos que arrastran las compañías. Aseguró que las compañías
distribuidoras cerraron los primeros seis meses con resultados negativos
y que el segundo semestre, con la tarifas que se retrotrayeron, el
resultado es aún más negativo.
Pampa Holding, que también lleva electricidad a los usuarios, sino que
está en la producción de hidrocarburos y en las usinas generadoras, no
sintió en su situación patrimonial las contramarchas, al igual que
sucedió con Central Puerto o Central Costanera.
Boca de pozo
El doble aumento aplicado a los combustibles en la primera parte del año
obedeció a cubrir la diferencia del costo del barril de crudo liviano,
que en Argentina se remunera a más de US$ 60 cuando en el mercado
internacional no llega a US$50.
Y en ese sentido, la recomposición de los precios del gas en boca de
pozo, a punto de ser analizada en audiencias públicas, partió de la
resolución del 28/03, según la cual el promedio trepaba de US$ 2,37 el
millón de BTU a US$4.
Pero como los precios de inyección al sistema son distintos según el
destino final del producto, en el caso del gas domiciliario la nueva
tabla de valores fijada por resolución a partir de que el insumo pasó de
US$ 0,27 a 2,67 el MBTU dio como resultado aritmético una suba del 248%
en la tarifa.
Uno de los puntos que los que están políticamente en contra del tarifazo
llevarán a las audiencias es que comparativamente con lo que cuesta el
gas mayorista en Estados Unidos luego del auge de la explotación no
convencional, que es poco más de US$ 2, y con el que Argentina importa
de Bolivia (US$ 3,56).
El argumento oficial es que los US$ 4 constituyen un costo de
oportunidad, al encontrarse por debajo del GLP importado (US$ 6,65) o
del gasoil que debe utilizarse para la generación térmica porque no hay
gas suficiente ni en el país ni capacidad en las plantas regasificadoras
para importar más (US$ 11,20).
El otro paralelo que establecen en el gobierno es que con los últimos
incrementos, hoy en tela de juicio, el fluido aún resulta un 82% más
barato que en otros países de la región, argumento que es discutible por
las distintas paridades cambiarias y su repercusión en los precios
internos en cada uno.
Pero visto desde la perspectiva de las productoras de gas, en general,
los mayores precios en el ingreso al sistema implicarán una mejora
importante en moneda dura, la que cabe conciliar con la incidencia entre
la devaluación y los costos internos al traducirla a la operatoria
local.
En lo particular, había compañías como YPF, Total y PAE que iban a
recibir menos que otras una vez aplicado en abril el aumentazo sin
anestesia, en suspenso por haberse judicializado, al haberse acogido al
Plan Gas lanzado por el kirchnerismo, de US$ 7,5 la unidad calórica
mayorista que les pagaba CAMMESA por el fluido incremental a su
producción, e inclusive ya están amortizando inversiones decididas y
ejecutadas sobre la base de un precio menor.
Y las otras, que seguían con sus antiguas explotaciones y los viejos
precios, aguardaban los nuevos valores para hacer las inversiones. Por
ejemplo, una transportadora, que iba a incrementar 200% en pesos, atado a
un plan de inversiones y a la obligación de no repartir dividendos,
quedó en suspenso sobre cómo seguir hasta que el gobierno resuelva qué
hará después de cumplir con la obligación legal de las audiencias.
Traduciendo todo esto a las facturas, el insumo dolarizado representa
alrededor del 70% del precio final y a esa evolución quedarán atados los
próximos cálculos para el 26% de las facturas.
La tarifa social quedará excluida de esos vaivenes, ya que a los
beneficiarios se los exime de afrontar el precio del gas propiamente
dicho y sólo se les carga el costo del transporte y distribución, o sea,
quedan vinculados al 30% restante.
La salvedad sería que con un mercado libre el precio mayorista se
alinearía con el valor más alto, en parte porque no hay contratos a
largo plazo.
Costo fiscal
Ante una pregunta del bloque del Frente Renovador de Sergio Massa
respecto de la solución que prevé el Gobierno por la crisis energética,
la Jefatura de Gabinete respondió que "en principio es importante
aclarar que, ante el fallo de la Corte, el Gobierno estimó el costo
fiscal en más de $30.000 millones al tener que cubrir la diferencia
entre el costo real de la energía y lo que los consumidores pagan por
ella".
Así consta en el informe de gestión que jefatura de Gabinete remitió a
los diputados nacionales, previo a la exposición el miércoles pasado de
Marcos Peña en el recinto.
El Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios
Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano estimó que el costo
fiscal del fallo de la Corte es de US$ 1.323 millones (unos $ 20.000
millones).
Precisa que el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal
cual fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta de US$
716 millones.
En adición, el sobrecosto que debería afrontar CAMMESA (Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por el pago de gas a
usinas a precios de abril sería de US$ 607 millones, según datos
aportados por Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la
Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad
de Belgrano.
