GRAVEDAD NACIONAL
Fin de semana largo de presión sobre Lorenzatti, Rosatti, Maqueda y
Highton
¿Qué es lo que está mal, que obliga a la intervención de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de
Justicia? ¿El cuadro tarifario elegido por el presidente Mauricio Macri y
sus amigos no funcionarios, la mayoría de ellos, o el funcionamiento de
la República, vulnerada por las presiones que afirman, por ejemplo, que
el Derecho sólo debe aplicarse a las cuestiones privadas pero cuando
una de las partes es el Ejecutivo hay que olvidarse del Derecho? Aquí
algunas precisiones:
O son 4 en el patíbulo o son 4 que tienen una gran posibilidad, de ellos
depende: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco y
Ricardo Lorenzetti, la Corte.
La impresión de Urgente24 consiste en que la presión que intentaban
ejercer los Kirchner sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación es
muy diferente a la presión que intentan ahora los del PRO (llamar
"Cambiemos" a esta Administración es bastante errado, considerando que
el trazado del rumbo y el ejercicio del poder es exclusivo del PRO, los
otros acompañan, y con discrepancias crecientes).
Los Kirchner apelaban a la brutalidad, condición propia de Néstor
Kirchner y que heredó su por entonces mujer, que luego fue su viuda,
Cristina. Fueron días de amenazas vía los medios de comunicación,
rumores de 'carpetazos' o ejercicio de esa doctrina tan poco sutil, y
mucho ajetreo tribunalicio de Antonio Stiuso, Fernando Pocino, Francisco
Larcher, Javier Fernández y Darío Richarte, quienes en algún momento
fueron lo mismo... hasta que irrumpió en escena César Milani y se
fragmentó aquel abanico.
En cambio los PRO apelan a la presión vía el entorno sociocultural de
los ministros de la Corte Suprema, porque transitan estamentos cercanos,
zonas de influencia similares, amigos comunes, integran círculos de
relaciones concatenadas.
Será muy interesante apreciar cuál mecanismo de presión es más
eficiente.
Por lo demás, el PRO opina lo mismo que el kirchnerismo: la Corte
Suprema está para acompañar al Ejecutivo, y nada de eso que dice que la
República es una institución de 3 poderes concurrentes y equidistantes.
Entonces, no se trata sólo de tarifas. También de cómo funciona la
República: si debe actuar en función de una coyuntura, resignando su
esencia; o si debe funcionar estableciendo pautas hacia el futuro, más
allá de la coyuntura.
Esta cuestión lleva a una más profunda: si el origen de los problemas de
los argentinos es la pérdida de valores republicanos, o sólo consiste
en una cuestión de precios relativos.
Ni el PRO ni los Kirchner han simpatizado hasta ahora con lo
trascendente. Ambos son militantes del "plata en mano y culo en tierra".
También los gobernadores, quien intentan parecer damnificados cuando
son la mayoría de ellos son corresponsables de todo lo que ha ocurrido
en la Argentina reciente. Una expresión más del país atrofiado y de la
ausencia de materia gris en sus dirigentes.
Gracias a millones de argentinos, los Kirchner se fueron y nunca
volverán. Ni siquiera si fracasara el PRO. Quien diga lo contrario es
porque miente a sabiendas.
Pero millones de argentinos eligieron al PRO para administrar entre 2015
y 2019, y corregir aquello que está mal.
Ahí aparece la Corte Suprema con su próximo, inminente e importante
diagnóstico: ¿qué es lo que está mal? ¿El cuadro tarifario o el
funcionamiento de la República, vulnerada por las presiones que afirman,
por ejemplo, que el Derecho sólo debe aplicarse a las cuestiones
privadas pero cuando una de las partes es el Ejecutivo hay que olvidarse
del Derecho?
Eso es lo que tienen que resolver los 4 ministros de la Corte Suprema
(una lástima que no se haya incorporado aún Carlos Rosenkrantz. Pero lo
verdaderamente lastimoso es el rumor del motivo por el cual decidió no
incorporarse aún: circuló por ahí que quiere resolver antes cuestiones
vinculadas a su desempeño como abogado en causas pendientes de
honorarios voluminosos. ¿Será cierto?).
¿Por qué no esperarlo hasta el lunes 22/08 y así despejar las
especulaciones que tan mal le hacen al colectivo de magistrados?
Si esto no sucediera, en cuanto a los 4 ministros que pondrán el pecho,
se dice mucho durante el fin de semana. Aquí algunos framentos:
Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:
"Aranguren no estuvo ni cerca de renunciar”. La frase pertenece a uno de
los integrantes de la mesa chica del gobierno nacional, que todas las
tardes se reúne por una hora en la Casa Rosada. En esos encuentros, los
funcionarios y también los referentes de Cambiemos en el Congreso vienen
explorando distintos caminos para salir de la encerrona en el conflicto
de las tarifas.
Pero más allá de que lo intentaron, desde que comenzaron a emitirse los
fallos judiciales que frenaron el tarifazo, nunca lograron recuperar el
control de la agenda en favor del presidente Mauricio Macri. Y ahora se
enfrentan a una semana decisiva, no sólo para el devenir de esa polémica
medida, sino también para el futuro del ministro que se encargó de
implementarla, aunque cada vez circula con mayor intensidad el dato de
que él propuso, en realidad, aumentos graduales.
Después del feriado de mañana, Aranguren deberá asistir el martes a un
plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para explicar cuál fue
el plan de “sinceramiento” tarifario, que a todas luces no salió como
el funcionario lo pensó. Luego de su exposición inicial, será sometido a
una catarata de preguntas por parte de los legisladores, sobre todo los
de los bloques opositores.
Para evitar que el ministro quede contra las cuerdas, en Cambiemos ya
pensaron jugar una carta política en el debate: apuntar los cañones
contra el diputado kirchnerista Julio de Vido, el ministro de
Planificación, cuya área de gestión abarcaba el sistema energético
nacional. De Vido preside la comisión de Energía pero todo este año la
tuvo en un “freezer” para mantener un bajo perfil (...)".
(N. de la R.: esto lo explica Maia Jastreblansky en el diario La Nación:
"(...) Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a
Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar
la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa). El ex ministro recorrió las
instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por
videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la
"estratégica" nueva línea de producción de combustibles. El gobierno
había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña
inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró
insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia
por posible fraude. La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denu ncia
penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino
Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro
informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por
posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera
"discrecional" a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de
Petrolera Argentina SA. (...)").
El ministro de Energía fue el CEO de la filial argentina de Shell y los
diputados de la oposición cuestionarán la importación de combustible a
esa petrolera, a la que también apuntarán por haber aportado a las
campañas presidenciales de Macri y Elisa Carrió. Desde el PRO y la
Coalición Cívica lo defienden afirmando que fue uno de los pocos
empresarios que saltó el cerco kirchnerista.
Aranguren viene de descartar la convocatoria a audiencias informativas
sobre el aumento de las tarifas, como había pensado el gobierno como un
gesto a la Corte Suprema de Justicia, antes de que emita su resolución
probablemente el próximo jueves. Para un día antes se espera el dictamen
de la procuradora Gils Carbó, que no estaría en sintonía con la línea
gubernamental.
Según trascendió en los tribunales, los propios jueces supremos
apelarían al criterio de la racionalidad en el fallo sobre las tarifas.
Esto es, a exigirle al gobierno que el ajuste debe realizarse en forma
escalonada, gradual, conforme a las posibilidades económicas de los
usuarios. En la Casa Rosada siguen pensando que el problema no fue la
implementación sino la mala comunicación.
Ese error de diagnóstico explica que cinco meses después, el tarifazo
esté lejos de ser un asunto resuelto por la administración macrista. En
la fallida sesión del último miércoles, hubo sin embargo entre los
diputados –oficialistas y opositores- una coincidencia manifiesta: la
solución al conflicto debe ser política. Algunos, incluso, reflotaron la
propuesta para convocar a una mesa de diálogo. (...)".
Fernando Krakowiak en el diario Página/12:
"El presidente Mauricio Macri ordenó a funcionarios y operadores
políticos presionar a los cuatro miembros de la Corte Suprema de
Justicia para forzarlos a avalar el tarifazo de manera retroactiva.
Algunos supremos le dejaron en claro al Ejecutivo informalmente hace
varios días que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de
aplicar un ajuste sin antes haber convocado a audiencias públicas.
(...) Desde el Gobierno se afirma que la presión consiste en sumar
apoyos políticos para mostrarle a la Corte Suprema el creciente respaldo
que tiene el tarifazo. El pedido a los gobernadores para que
reivindiquen la necesidad de ajustar los precios de luz y gas y la
convocatoria a los ex secretarios de energía para negociar un Acuerdo
Federal Energético forma parte de esa curiosa estrategia que suma
argumentos económicos y políticos como si la resolución del tema
estuviera en el Congreso en lugar de en Tribunales. Sin embargo, esa es
sólo la cara visible de la jugada. La presión a los jueces supremos
también incluye una serie de insinuaciones sobre cómo se les podría
complicar su futuro si deciden ir en contra de la voluntad presidencial.
A Elena Highton de Nolasco le transmitieron que si su deseo es continuar
en el máximo tribunal lo mejor que podría hacer es avalar el tarifazo.
El viernes incluso esa amenaza oficial salió publicada en el diario
Clarín, aunque planteada de manera inversa para cuidar las formas:
“Highton de Nolasco no transmitió demasiado (sobre cuál será su voto),
pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber
que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que
alimentó las especulaciones de que podría votar a favor”, dice el
artículo, como si votar en contra pudiera poner en riesgo esa
continuidad.
Lo que la magistrada decida votar sobre el tema tarifas no debería
condicionar su futuro, pero en los hechos el gobierno deja traslucir que
eso puede ocurrir. Para convencerla de esa causalidad, en la Casa
Rosada se encargan de recordar que hace apenas tres meses Highton fue
denunciada penalmente por haber nombrado en una secretaría judicial de
la Corte a su hija Elena Cristina Nolasco Highton. La denuncia fue
presentada el 9 de mayo por el abogado Patricio Kingston y recayó en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, justamente
a cargo del juez Claudio Bonadio. “Elenita”, como se la conoce en
Tribunales, donde durante diez años se desempeñó como secretaria letrada
de la vocalía de Lorenzetti, asumió en diciembre al frente de la
flamante “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte
Suprema”.
La Corte evaluó en su momento que al no tener dependencia funcional
directa de la madre, no estaba comprendida en la prohibición de
nombramiento de parientes. Y cerca de la jueza ahora lo recuerdan con
fastidio por las acusaciones. Sin tomarlo en cuenta, en la denuncia se
asegura que mientras estuvo bajo las órdenes de Lorenzetti no había
incompatibilidad, pero ahora, “por ser secretaria judicial de la Corte,
depende funcionalmente en forma directa del pleno del tribunal”, el que
incluye a su propia madre. (...)".
Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:
"Aunque todavía no se note, gran parte de la presidencia de Mauricio
Macri se jugará en los próximos diez días. Esa partida se decide por
ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá
resolver sobre quién fija las tarifas de luz y gas, cómo se pagarán y
desde cuándo regirán. Una decisión negativa para el Gobierno podría
arruinar su plan antiinflacionario, justo cuando la inflación dio los
primeros síntomas de una tendencia a la baja.
Ocho meses después de haber asumido, Macri está en el momento
potencialmente más frágil de su gestión. El peronismo olfateó esa
debilidad y le propinó la primera sesión autoconvocada por los
diputados, una maniobra que unió desde el huraño kirchnerismo hasta el
oportuno massismo, pasando por el peronismo disidente y la izquierda
diversa.
Salvo los que abonan la electricidad mediante débito automático, el
resto de los argentinos (la gran mayoría) está viviendo un paraíso
artificial en el que no se paga ni la luz ni el gas. (...)
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la resolución de la
Cámara de La Plata, que impugnó sobre todo la falta de audiencias
públicas en el caso del gas. Pero la decisión del máximo tribunal podría
establecer también una jurisprudencia sobre las tarifas de
electricidad. La Corte dará a conocer su decisión sobre la cuestión de
fondo a fines de la semana que comienza o, a más tardar, a principios de
la siguiente. No hay dudas en la Corte sobre algunos aspectos básicos
en discusión.
Primero: la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos es
del Poder Ejecutivo.
Segundo: la función de los jueces no consiste en determinar el precio de
los servicios públicos.
Tercero: tampoco el Congreso está facultado para resolver sobre tarifas;
su participación es esencial en el caso de los impuestos, pero no en el
de las tarifas.
Cuarto: los aumentos deben ser razonables, aunque no existe un parámetro
para definir la razonabilidad, en esta instancia al menos.
Hay, sin embargo, un aspecto crucial del asunto sobre el que todavía no
hay consenso entre los cuatro miembros de la Corte. ¿Las audiencias
públicas deben hacerse también sobre el precio del gas en boca de pozo y
sobre las de la electricidad en su generación? (...)
La Corte recibe insistentes llamadas hasta de gobernadores peronistas
para que resuelva según la gravedad institucional. Algún funcionario
también intentó vanamente una mediación. "Esta es la Corte Suprema, no
una dependencia del Poder Ejecutivo", recibió como respuesta.
Sea como sea, lo cierto es que el máximo tribunal busca un atajo, y no
sabe si lo encontrará, que signifique dos cosas al mismo tiempo. Puede
simplificarse así: que el Gobierno cumpla con la obligación legal de
convocar a las audiencias, pero que ese requisito no termine provocando,
con la eventual anulación de los aumentos tarifarios, una monumental
crisis económica y política. El Presidente vacila, expectante, ante ese
final de partida.".
Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:
"Esto es a todo a nada”. Mauricio Macri repitió esa consigna, casi de
guerra, ante cada funcionario que se le acercó para sugerirle una salida
política a fin de superar el conflicto por las tarifas. El Gobierno
hace más de un mes y medio que convive con ese martirio que lo condena a
un desgaste popular.
El Presidente es en estas semanas un hombre diferente al que muchos
conocieron en los primeros meses de ejercicio del poder. Ante el
problema del tarifazo elude las conciliaciones. En el resto sigue más o
menos igual. A un funcionario que lo escuchó hablar sobre la “madre de
todas las batallas” se le erizó la piel y congeló la sangre. Quizás
porque esa combinación de palabras remitió a otro ex presidente, a otro
pleito traumático y a una derivación que terminó marcando toda una
época. Néstor Kirchner bautizó de ese modo la pelea con el campo
detonada en 2008 por la resolución 125. Esa batalla la perdió finalmente
en el Congreso pero le sirvió para inaugurar un ciclo de hostilidades
permanentes que se acentuaron con su muerte repentina. Con Cristina
Fernández en la soledad del mando.
(...) Macri está convencido de que la política tarifaria es un atributo
del Poder Ejecutivo. Es el reconocimiento que espera del máximo
Tribunal. Allí las aguas todavía se dividen. Sin esa herramienta
considera inviable la posibilidad de recuperar los servicios y
concederle racionalidad al costo objetivo que ellos tienen. Sin esa
herramienta se hipotecaría la meta de empezar a equilibrar el déficit
fiscal. Las cifras blandidas desde el oficialismo asustan. Juan José
Aranguren habló de un bache inmediato de $ 22 mil millones si no puede
ejecutarse la refacturación con el tope del 400% que fijó el Gobierno,
después de la mala praxis que disparó ese incremento por las nubes.
Marcos Peña, el jefe de Gabinete, proyecta una valoración global más
aterradora. Habla de $ 80 mil millones que significarían un golpe letal
para el Gobierno y su idea de reanimar la economía por medio de la obra
pública.
(...) El Gobierno se encargó de enviar señales a los jueces de la Corte.
Como para asegurarles que su fallo no caería en un vacío. Nueve
gobernadores respaldaron la reformulación tarifaria. Cinco son
peronistas. También se sumó el socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz,
valorado por Macri como el más opositor. El ministro de Energía aceptó
reunirse con siete ex secretarios de su rubro que criticaron duramente
la política energética del kirchnerismo. Pero que cuestionaron, además,
la impericia macrista. Mensaje también destinado a distender el clima
interno. El radicalismo objetó el comportamiento del Ejecutivo. Sin los
ruidos que caracterizaron las críticas de Elisa Carrió.
La llamada “madre de todas las batallas” tuvo ciertos efectos
colaterales para Macri. El oficialismo padeció en la Cámara de
Diputados. Allí, por primera vez en siete meses, las oposiciones
diversas se juntaron para conseguir quórum y amenazar con un proyecto de
rechazo al aumento de las tarifas. Como no había existido dictamen
previo el macrismo exigió la votación con los dos tercios. Una suma
inalcanzable para aquellos. (...)".
