24 de marzo: el “golpe de la mala memoria”. Por Guillermo MacLoughlin Bréard
Muchos políticos permitieron el golpe militar de 1976
Distinta hubiera sido la
historia de nuestro país de haber triunfado las gestiones que se
llevaron a cabo para mantener la legalidad. Me refiero al pedido de
juicio político a la entonces presidente María Estela Martínez de Perón,
propiciado por la bancada de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), al
amparo del artículo 45 de la Constitución Nacional.
La misma se planteó en medio
de un contexto político y económico por el que atravesaba el país,
exacerbado por las divisiones internas del justicialismo y del
sindicalismo y el accionar de las fuerzas ilegales. Ya, para entonces,
medio millar de personas habían sido asesinadas por el terrorismo
peronista de la Triple A y el ERP y Montoneros ya habían perpetrado más
de 7.000 atentados, con infinidad de muertos inocentes, lo que a las
claras demuestra, en forma indubitable, que la violencia tuvo su origen
mucho antes del 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional.
Este contexto obró de
sustento para quienes, en una actitud responsable, quisieron mantener la
legalidad, forzando la separación o renuncia de la titular del
Ejecutivo y su reemplazo por el entonces presidente provisional del
Senado, Dr. Italo A. Luder, quien ya había ocupado interinamente la
primera magistratura.
Con un muy bien fundado
proyecto de resolución redactado por el diputado correntino Ricardo
Balestra (Pacto Autonomista Liberal) y por su colega mendocino Francisco
J. Moyano (Partido Demócrata), éste último, quien presidía el bloque
que reunía a los partidos provinciales, presentó el mismo suscripto por
todos los integrantes de esa bancada, solicitando el juicio político por
la causal de mal desempeño en sus funciones, fundado en un accionar
inconstitucional e ilegal –como las numerosas intervenciones federales
por decreto, la supresión del hábeas corpus o los reiterados atentados
contra la prensa- así como en una gestión inmoral –el caso del cheque
presidencial destinado a la Cruzada de Solidaridad Justicialista o la
designación de López Rega en el servicio exterior-. A ello se sumaban
numerosos otros cargos por omisión que, en total, llegaron a 31
imputaciones. Erróneamente, en diversos ámbitos, se la señala a la
diputada María Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño), como la
única autora del proyecto cuando, en realidad, ella, junto con los
diputados Balestra y Agustín Estigarría (Movimiento Federalista
Pampeano) fueron los encargados de difundir la iniciativa que
pretendemos rescatar hoy de un olvido parcial.
Mientras tanto, se sucedían
en el país distintos pronunciamientos. Por un lado, los
“ultraverticalistas” proclamaban la reelección de la viuda del general
Perón, mientras sectores sindicalistas se quejaban del “entorno” que
rodeaba a Isabelita, en clara alusión a José López Rega. El bloque
justicialista se había fracturado entre verticalistas y “grupo de
trabajo”, y uno de los referentes de este último, el diputado Luis
Sobrino Aranda, exigía la renuncia de la Presidente de la Nación.
Distintas expresiones políticas y empresariales también apelaban a la
responsabilidad de la dirigencia política, a fin de evitar un quiebre
institucional que se avecinaba inexorablemente ante la falta de
respuestas concretas. El Partido Demócrata Progresista emitía un
documento donde expresaba que “la incapacidad de la Sra. de Perón para
gobernar ha quedado definitivamente demostrada” y que su permanencia en
el cargo “sólo servirá para agudizar vertiginosamente la honda crisis
que atraviesa la Nación. Si ella no facilita con su renuncia una
solución, puede llevarnos por canales de imprevisibles consecuencias
futuras”. Por su parte, la Federación Agraria, presidida por Humberto
Volando, exhortaba al Congreso Nacional “a escribir la página de la
historia que la grandeza del país le exige: la aplicación del remedio
constitucional previsto en el art. 45 de la Carta Magna”. A su vez,
Conrado Storani, dirigente radical afín a Raúl Alfonsín, manifestaba:
“La investidura presidencial se encuentra seriamente lesionada”, y
anunciaba: “El Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, que integro,
no cree, como el doctor Ricardo Balbín, que se tenga que llegar de
cualquier forma a 1977, sino que, por el contrario, el radicalismo debe
formular una gran convocatoria”.
Se vivían tiempos de
febriles negociaciones, donde intervenían políticos, militares y
sindicalistas. El denominado “Grupo de Trabajo” había comprometido su
apoyo para lograr los dos tercios necesarios para la votación en la
Cámara de Diputados. El radicalismo, comandado por Balbín, se mostraba
vacilante, pero triunfó internamente –por un voto- la posición de
Alfonsín, proclive al juicio político. Parecía que se llegaba a una
solución institucional; pero hubo un hecho que acabó con la misma: el
senador Luder manifestó que “no haría nada en contra de su partido ni de
la C.G.T”, renunciando, de esta manera, a darle una respuesta a la
continuidad de la institucionalidad. No entendió el fondo del asunto; no
se quería cercenar al peronismo gobernante, sino que se quería salvar a
la democracia.
Las cartas estaban sobre la
mesa. El diputado Moyano, solicitó la sesión especial para tratar el
proyecto de juicio político, la que tuvo lugar la noche del 25 de
febrero de 1976. Además de la FUFEPO y de la U.C.R., apoyaron la
iniciativa las bancadas de Línea Popular, Unión Conservadora y el
bloquismo sanjuanino. El “Grupo de Trabajo” faltó a su compromiso
original y no se alcanzó los dos tercios.
Lo que siguió es historia conocida. Continuó la descomposición y el
caos, y el broche fue el conocido mensaje de Balbín, donde dijo que “no
tenía soluciones”. El golpe cívico-militar tuvo lugar el 24 de marzo
–hace cuarenta y tres años- y, contrariamente a lo que se viene
ocultando sistemáticamente, no fue sólo un golpe militar. Una amplia
mayoría silenciosa de argentinos –aunque hoy digan lo contrario- vieron,
en su momento, al golpe como una salida para el país. Prueba de ello es
que, hacia 1979, 310 intendentes provenían de las filas del radicalismo
y 192 del peronismo, mientras que 325 pertenecían a distintas fuerzas
políticas (Demócratas Progresistas, MID, partidos provinciales,
Democracia Cristiana, Intransigente, Socialistas), representando casi
la mitad de las 1697 intendencias del país. Además, durante el proceso
militar, distintos dirigentes políticos, de las más diversas
orientaciones, a título personal, ocuparon ministerios, embajadas o
gobernaciones, entre otros cargos. A todos los animaba la esperanza de
un pronto retorno a la democracia. El Dr. Moyano, a la sazón asesor
político del general Videla, encabezaba ese movimiento, que tenía el
visto bueno del presidente, pero la oposición de los integrantes de la
junta militar y, en especial, del almirante Massera. Si se hubiese
convocado a elecciones después del Mundial de futbol, las fuerzas
moderadas hubiera gravitado de otra forma; pero esa es otra historia.
En definitiva, a más de 40
años del último golpe cívico-militar, rescatemos a unos y a otros. A
aquellos que quisieron mantener la legalidad ante lo inevitable, y a
otros que no supieron estar a la altura de las circunstancias. De
haberse aprobado el juicio político, la Sra. de Perón hubiera renunciado
o habría sido destituida…., se hubiera evitado el golpe de estado….. y
otra hubiera sido la historia. Seguramente, en 1977, el peronismo
hubiera sido derrotado en las urnas. Por distintas mezquindades, muchos
políticos no permitieron la salida constitucional.
Y ya en 2019 es necesario
terminar con las divisiones que tanto daño causa a los argentinos, pero
debe conocerse la verdad, la verdad completa, no la media verdad que se
enseña en los colegios y que deforman la mayoría de los medios de
comunicación. Sólo con la verdad se podrá cerrar las heridas.
El autor es dirigente del Partido Demócrata y ha sido presidente
de la Juventud de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO).
