Angelelli. Historia de un presunto martirio (IV). Un testigo que no fue y una justicia amañada
Monseñor Bernardo Witte,
como es sabido, sucedió a Angelelli en la sede episcopal de La Rioja.
Nacido en Vardingholt, diócesis de Münster, Alemania, en 1926, fue
ordenado sacerdote en 1954 en la congregación de los Oblatos de María Inmaculada (OMI),
fundada en 1816 por san Eugenio de Mazenod y que está en la Argentina
desde 1935. De joven, durante la Segunda Guerra Mundial, monseñor Witte
fue detenido por las tropas aliadas y permaneció dos años en prisión.
Como misionero formó parte de la provincia religiosa que la congregación
tiene en el Paraguay con sede en la ciudad de Asunción. El 2 de octubre
de 1955 llegó a la Argentina y comenzó su trabajo en las provincias del
Chaco y de Formosa. Tras diversos destinos, finalmente, el Papa Paulo VI lo designó, en 1977, obispo de La Rioja.
Permaneció en esa diócesis hasta 1992, año en que fue trasladado a la
sede episcopal de Concepción (en la Provincia norteña de Tucumán) cuyo
gobierno ejerció hasta 2001. Falleció en 2012.
Desde el primer día de su llegada a La Rioja Monseñor Witte se propuso investigar la muerte de su antecesor.
Como una muestra de ello, el Coronel Eduardo de Casas, nombrado Jefe de
la Policía de La Rioja en diciembre de 1980, en conversaciones
privadas, nos manifestó que a los pocos días de entrar en funciones
recibió la visita de Monseñor Witte quien le explicó que se encontraba
abocado a investigar la muerte de Angelelli y le pidió la colaboración
policial en tan difícil tarea. De Casas ordenó reunir todos los
elementos disponibles en Jefatura (copia del sumario policial, negativos
de las fotos agregadas, cámara y cubierta del vehículo accidentado,
etc.) al tiempo que convocó al personal policial que había intervenido
en la investigación de la muerte de Angelelli, poniendo todo a
disposición del Obispo[1].
Monseñor
Witte, algunos de cuyos testimonios hemos ya mencionado, mantuvo
siempre hasta su muerte que como resultado de sus investigaciones podía afirmar con certeza que la muerte de su predecesor había sido causada por un accidente automovilístico.
Ya hemos mencionado algunos de sus testimonios en este sentido. El ya
nombrado Coronel de Casas, en las mismas conversaciones privadas a las
que hicimos referencia, nos mostró un texto de Monseñor Witte, titulado Mi vida misionera, publicado en diciembre de 1999, y que le fuera obsequiado al regreso de Alemania de su autor, en el que resume:
“El
4 de agosto falleció en un enigmático accidente Monseñor Enrique
Angelelli. El accidente dudoso parecería ser solo un accidente. Hasta el
momento no hay otro testimonio que compruebe lo contrario. La Providencia Divina permitió el accidente fatal, no cabe duda”[2].
Pero el testimonio más contundente es el que ofreció Monseñor Witte en su discurso de despedida de la Diócesis de Concepción que fue, en cierto modo, su despedida de la Argentina. Allí dijo, ya sin sombra de vacilación alguna:
“En el transcurso del tiempo logré aclarar el drama de la trágica muerte de Monseñor Enrique Angelelli,
precisando que las fuerzas del mal, que asesinaron a los sacerdotes
Carlos y Gabriel y al laico Wenceslao Pedernera, también querían matar
al Obispo. Pero su muerte fue a causa de un accidente de
tránsito. Es de esperar que el testigo, ex presbítero Arturo Pinto,
recupere la memoria de aquella tragedia”[3].
Esta
fue invariablemente la posición de Monseñor Witte. Sin embargo, nadie
la tuvo en cuenta pese a que, de acuerdo a informaciones fidedignas, sus
testimonios y declaraciones figuran en los archivos de la Curia de
Buenos Aires. ¿Llegaron a Roma estos testimonios? ¿Si llegaron, fueron debidamente evaluados?
¿No era, acaso, de enorme interés la opinión de quien habiendo sucedido
al presunto mártir en la sede episcopal, tuvo la posibilidad de
investigar los hechos en el lugar en que sucedieron y de hablar
directamente con los testigos y los protagonistas? Nada de esto estamos
en condiciones de responder.
Un
último dato, de incuestionable relevancia, aportado también por de
Casas, evidencia hasta qué punto los promotores del “martirio” de
Angelelli han presionado, y siguen haciéndolo, sin reparar en medios
para conseguir su objetivo. Un año antes de morir (marzo de 2011),
Monseñor Witte tuvo un encuentro con el Coronel de Casas, en la
localidad de Chacras de Coria, en la Provincia de Mendoza, en el
domicilio de un oficial de la Fuerza Aérea. Comodoro Jorge Julio Segal.
Conversando acerca del caso Angelelli, de Casas le preguntó a Monseñor
Witte por qué no se presentaba ante la justicia como testigo habida
cuenta de toda la información que había recogido. La respuesta de
Monseñor Witte, llena de amargura, fue que ya no tenía ni edad ni
fuerzas para sobreponerse a las terribles presiones y aún represalias de parte de miembros del Episcopado y del clero izquierdista. Witte murió en la absoluta pobreza y sus últimos años vivió de la caridad de unas religiosas que le daban albergue y comida. Hasta eso, le confesó a de Casas, perdería si se animaba a acudir a la justicia como testigo.
No
podemos cerrar estas notas sin mencionar la actuación de la justicia
argentina durante todos estos años en que el caso Angelelli se ventilara
en los tribunales. No debe olvidarse que precisamente el último fallo
de esa justicia ha sido la base de la declaración de muerte martirial
por parte de la Santa Sede.
Durante
mucho tiempo la versión del trágico accidente que costara la vida del
Prelado riojano fue aceptada sin que ninguna autoridad ni civil ni
eclesiástica la pusiera en duda. No fue, como ya dijimos, hasta el 4 de
agosto de 1983 que, en ocasión de un homenaje al Obispo Angelelli
llevado a cabo en la Ciudad de Neuquén, el fraile capuchino Antonio Puigjané lanzó públicamente la versión de que el accidente fue, en realidad, un atentado criminal perpetrado por efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas.
Las afirmaciones de Puigjané no fueron acompañadas de ninguna clase de constancias probatorias; sin embargo, los llamados organismos de derechos humanos y los sectores ideológicos ligados a la extrema izquierda,
dentro y fuera del ámbito eclesial, se hicieron eco de esta versión. A
raíz de ella la causa judicial por la muerte del Obispo Angelelli fue
reabierta en dos ocasiones. La primera, en 1983, iniciada en los
tribunales de la Provincia de Neuquén, girada posteriormente por razones
jurisdiccionales a la Provincia de La Rioja y finalizada en 1990 con el
dictamen de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Córdoba, en la
que se concluyó que, agotada la investigación, no fue posible reunir la
suficiente cantidad de evidencias que permitan afirmar que el accidente
en el que perdiera la vida el Obispo Angelelli fuese causado por una
intención criminal al tiempo que se proveyó el sobreseimiento de la
causa. La segunda fue en 2010 en que se reabre un nuevo proceso sin
haberse reunido ninguna nueva evidencia que justificara esa decisión.
Este proceso culminó en el año 2014 con una sentencia que condenó a dos
jefes militares, treinta y ocho años después del suceso, por autores
mediatos de la muerte del Obispo Angelelli.
Ahora bien, ¿cómo se explica que sin ninguna evidencia distinta de las aportadas en el proceso anterior
y sin haberse demostrado la existencia de autores inmediatos del hecho,
un tribunal haya declarado que la muerte del Obispo Angelelli fue
debida a un atentado criminal y condenado a dos ex jefes militares como
autores mediatos del presunto crimen? Para entender esta cuestión hay que tener presente el particular contexto histórico y político en el que tuvo lugar este segundo proceso judicial.
A partir de la asunción de la Presidencia de la Argentina por parte del
matrimonio de Néstor Kirchner (2003- 2007) y Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015) se puso en marcha en nuestro país un plan
sistemático de venganza contra las Fuerzas Armadas que en los años
setenta combatieron las organizaciones guerrilleras y terroristas de
extrema izquierda, una historia compleja y difícil que todavía no ha
terminado de escribirse. Pero lo que ahora nos interesa destacar es que
durante los doce años de gobierno de los Kirchner se llevaron a cabo
numerosos juicios, conocidos como “juicios por la verdad, la justicia y
la memoria”, plagados de enormes irregularidades jurídicas, contrarios
por completo a los principios fundamentales del Derecho y animados de
una más que evidente parcialidad ideológica.
Con el propósito de llevar adelante esta venganza el gobierno kirchnerista no
se detuvo ante ningún límite: se anularon dos leyes sancionadas
legalmente por el Congreso Nacional que ponían fin a la persecución
final de los militares involucrados en la guerra de los setenta, se
anularon parcialmente decretos presidenciales que indultaban a dichos
actores militares (derogación parcial porque de un mismo decreto se anulaban los artículos que indultaban a militares mientras se dejaban vigentes los artículos que beneficiaban
a los ex componentes de las organizaciones terroristas), se juzgaron
hechos con leyes posteriores a los mismos y se condenó sobre la base de
figuras penales que no existían en la época en que se cometieron los
supuestos delitos investigados, violando de esta manera el principio de
no retroactividad de la ley, se condenó a numerosas personas sin
pruebas, muchas veces sólo sobre la base de testimonios fraguados, se
sustrajo a los imputados de la competencia de los jueces naturales y se
constituyeron tribunales especiales expresamente prohibidos por la
Constitución Nacional; en suma, se desmanteló de hecho el sistema
judicial argentino con el único y manifiesto fin de obtener condenas al
servicio de intereses ideológicos espurios e inconfesables. En esta
maniobra, el Poder Judicial fue el actor principal pero tanto el Poder
Ejecutivo como el Poder Legislativo, por acción u omisión, coadyuvaron
en la implementación de este siniestro plan.
Paralelamente,
una propaganda sostenida y financiada con todo el poder del Estado y de
organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos fue
imponiendo desde el periodismo, la escuela, el cine, el arte, la
literatura una versión francamente distorsionada de la reciente historia
argentina fundada en imposturas manifiestas como la tristemente célebre cifra de “treinta mil desaparecidos” definitivamente confutada por investigaciones serias e imparciales
y que, no obstante, se sigue sosteniendo a modo de “emblema social
indiscutible” como lo ha declarado taxativamente el actual Secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj en enero del año 2017.
Es
en este contexto, sucintamente expuesto, pero que se halla ampliamente
documentado en numerosas obras que integran una extensa bibliografía, en
que se inscribe el último proceso judicial que declaró, sin fundamentos
ni pruebas, que la muerte del Obispo Angelelli fue causada en un
atentado criminal. Y fue, repetimos, sobre el fundamento del fallo de
una justicia amañada, falaz y espuria que se declaró la muerte martirial
de Enrique Angelelli[4].
Cuando el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio
presidía la Conferencia Episcopal Argentina, en el año 2006, ordenó la
constitución de una Comisión especial con el cometido de investigar la
muerte de Angelelli. Monseñor Carmelo Juan Giaquinta, Obispo Emérito de
Resistencia, fue el encargado de presidir esa Comisión integrada,
además, por el entonces Obispo de La Rioja, Monseñor Roberto Rodríguez y
el Presbítero Nelson Dellaferrera. Los trabajos de esta Comisión
duraron dos años.
Ahora
bien, en declaraciones a la Agencia Informativa Católica Argentina
(AICA) con fecha 15 de abril de 2009, a la pregunta de a qué
conclusiones había llegado la Comisión respecto del carácter de la
muerte del Obispo Angelelli, su Presidente Monseñor Giaquinta, respondió
“que la conclusión del trabajo no significa que la Comisión haya
llegado a una conclusión judicial. Si fue accidente o atentado: lo dirá
la Justicia Civil. A partir sólo de los testimonios eclesiales es
difícil probar ninguna de las dos hipótesis”.
Es decir, Monseñor Giaquinta no abrió juicio respecto de si la muerte de Angelelli fuese debida a un atentado o a un accidente remitiéndose a un futuro fallo de la “justicia civil”.
Modo un tanto evasivo de referirse a las conclusiones de una Comisión
que durante dos años recogió innumerables testimonios y pudo acceder de
modo irrestricto a toda la documentación judicial disponible hasta ese
momento, documentación que incluía como se vio pronunciamientos muy
claros respecto de la falta total de probanzas de un supuesto asesinato.
Sin embargo, la opinión de Monseñor Giaquinta, que nos fue
expresada en privado, era un tanto más explícita al sostener que, en
verdad, no existía ninguna evidencia que permitiese concluir que la
muerte de Angelelli hubiese sido intencionalmente procurada.
Pero
tomando las expresiones públicas no cabe duda de que la Comisión
especial encargada por el hoy Papa Francisco no arribó a conclusión
alguna (entonces ¿de qué valieron sus trabajos?) limitándose solamente a
remitirse a un futuro pronunciamiento de la justicia civil.
Pronunciamiento que llegó, años después, sólo que en los términos y
condiciones que acabamos de exponer.
(Conclusión)
María Lilia Genta
Fuente: Adelante la Fe
[1] Mantuvimos
varias reuniones y conversaciones con el Coronel Eduardo de Casas, sin
duda la persona que más información ha reunido sobre el caso Angelelli,
documentación que puso generosamente a nuestra disposición para la
elaboración de estas notas. Se trata de un brillante militar y de un
verdadero soldado católico cuyos testimonios, de incalculable valor, no
fueron nunca tenidos en cuenta por las autoridades eclesiásticas que han
intervenido en la promoción del “martirio” de Angelelli.
[2] La
cita nos fue leída por el Coronel de Casas directamente de uno de sus
apuntes. No tenemos mención de edición, de fecha ni de página. Empero la
consideramos fidedigna en primer lugar por la reconocida honestidad de
nuestro interlocutor y, sobre todo, porque coincide casi textualmente
con otros escritos de Monseñor Witte.
[3] Monseñor Bernardo Witte, Una despedida fraternal,
carta enviada a diversos medios católicos en ocasión de su alejamiento
de la Diócesis de Concepción por razones de edad, julio de 2001.
[4] En
nota personal que nos hiciera llegar el Coronel de Casas, este militar
sostiene: “La sentencia del Tribunal Oral Federal de La Rioja (604
fojas) que condenó a reclusión perpetua a dos Oficiales Superiores de
las Fuerzas Armadas y mantuvo en cautiverio a otros tres hasta su
muerte, sin mayores pruebas convincentes y rechazando otras sin mayor
estudio, debería ser objeto de una meticulosa revisión
jurídica, para determinar si no se ha incurrido en el delito que el
Código Penal Argentino establece como prevaricato”.
