No siempre los analistas coinciden en el trazado de los escenarios
posibles cuando hay crisis de la magnitud de la que asedia el futuro de
la Argentina. Entre nosotros no es novedad y la etapa que vivimos oscila
entre posibles acuerdos entre quienes ocupan el lugar de la dirigencia y
la posibilidad de una violencia que puede concluir en una nueva
tragedia. Ésta sería relativamente breve y en parte así lo esbozó anoche
el periodista Jorge Lanata al mencionar con imágenes probatorias a las
distintas organizaciones que dependen del gobierno, que las alimenta
financieramente y les permite ofrecer cargos que sirven para el
reclutamiento, la extensión territorial y generar aspiraciones políticas
de primer nivel. También para el entrenamiento, la formación ideológica
y en determinados casos, para el ejercicio del narcotráfico. Algo de
esto último señalamos hace muy poco cuando hablamos del caso de la
empresa aérea LAN, cuyo desenlace será importante, incluso para nuestra
casi inexistente política exterior. Por supuesto, el tema enlaza todos
los factores de la crisis, habido el grado de penetración que ha logrado
esta lacra social, cuyo poder la coloca en un nivel de prioridades
entre los temas que deberá afrontar el próximo gobierno que podría
asumir -después o antes- del plazo constitucional vigente, plazo que
coloca al año 2015 en una lejanía dentro de cuyo vacío cabe toda clase
de especulaciones.
Sin querer hacer una prognosis casi imposible hasta que no se
concreten los pases que engruesan la corriente peronista más tradicional
que encarna el intendente del Tigre, empeñado en incorporar a otros
sectores, y hasta que no cobre forma la posibilidad de que se forme un
frente de centro izquierda a partir de la sigla UNEN, es imposible hacer
vaticinios acerca de lo que hará Cristina Kirchner, atada a sus
cambiantes problemas emocionales y a la influencia de los pocos asesores
más cercanos que saben que su destino está atado al de Cristina. Como
recordarán nuestros lectores, la todavía presidente de nuestra ex
República ya tomó conciencia de la debacle que se le vendrá encima el 27
de octubre, lo que la llevó a buscar contactos con su actual enemigo
más importante -Sergio Massa- para negociar su estabilidad pero sobre
todo su propia libertad y la de sus hijos. En pocas palabras, generar un
compromiso tendiente a frenar los juicios que por múltiples motivos y
en especial los relacionados con la corrupción, surgirán apenas pierda
sus fueros presidenciales. Por renuncia o por incapacidad de gobernar.
Por cierto, también hay otras razones de similar peso, por ejemplo
qué harán las víctimas de todo orden que sufren la organizada aplicación
de leyes penales retroactivas y la aceptación de testigos falsos y
remunerados por el Estado, para que presten testimonios en procesos
escandalosos donde los perjudicados emprenderán acciones que abarcarán a
jueces y fiscales que comienzan a sentar las bases para modificar este
aspecto de la problemática y adaptarlo a la etapa posterior al
kirchnerismo. Como se recordará, el escándalo que recién comienza a
partir de la denuncia de la breve estadía en las Islas Seychelles
contribuyó a que las conversaciones privadísimas que mantuvieron los
correspondientes representantes concluyeran con una tajante negativa que
en Olivos causó una tremenda rabieta. Esta no pudo disimularse con el
maquillaje en el rostro de la viuda y abuela, sobre todo después que se
conocieron los números de encuestas que anuncian una marcada caída de
los votos en el orden nacional. La tendencia anticiparía que ya se está
por debajo del 20 por ciento, número que es conocido por los
gobernadores que durante su reciente reunión acordaron defender sus
propios territorios y aportar tranquilidad a los intendentes que manejan
a sus seguidores que constituyen las respectivas bases electorales.
La gran movilidad que anunciamos en su momento se encuentra en plena
ebullición. En la provincia de Buenos Aires, el pase de los intendentes
emblemáticos del kirchnerismo marca una constante cotidiana junto con
mensajes de apoyo y solidaridad de otros que por razones económicas
permanecen en un silencio tenso y muchas veces incómodo. En estos casos,
el gobernador Daniel Scioli ha dado pasos relativamente enigmáticos.
Por un lado, no quiere quedar atado al derrumbe cristinista que
vislumbra y, por el otro y concurrentemente, no abandonó aún su proyecto
de ser el sucesor para ocupar constitucionalmente la Casa Rosada. Más
aún, no ignora que aun y cuando llegue antes de finalizar este período
gracias a una aceleración y agravamiento de la crisis que derive hacia
un estado de excepción manejado por los gobernadores, una vez instalado
en el sillón de Rivadavia y amparado por la norma constitucional que
permite la reelección, podría aspirar a cuatro años más y romper el
anatema que sufrieron todos los gobernadores de Buenos Aires, en el
sentido de que históricamente jamás pudieron alcanzar ese objetivo. Como
marchan las cosas, la historia en este caso se mostraría inexorable.
Sus asesores le aconsejaron un cambio completo en su estilo componedor y
sumiso y adoptar una postura de firmeza acorde con al rango
institucional que ejerce. Daniel Scioli parece que cumple esos consejos
pero en los hechos deberá romper las consecuencias de un comportamiento
que, bien evaluado, contribuyó a que el país llegue al actual estado de
decadencia y peligro social.
Precisamente, este componente del panorama que se abre serviría para
que los diputados que cumplían las órdenes del kirchnerismo amolden su
conducta a la realidad donde se mueven vertiginosa y confusamente,
factores que incorporan al habitual juego político en torno de personas y
negociaciones, la posibilidad de que la promesa de Cristina de provocar
“una tierra arrasada” cuando ocurra su derrota, las organizaciones que
le serían fieles salgan a la calle con su carga de violencia y de odio.
Muchos pensarán en el Vatayón Militante y los fugados de Ezeiza. Es
posible que acierten aún cuando el “gran escape” haya sido financiado
por el narcotráfico exclusivamente para sacar del penal de Ezeiza a los
dos presos brasileños pertenecientes a importantes carteles de la droga.
Aquellos que los siguieron vieron la oportunidad y la aprovecharon y,
de paso, complicaron la situación para facilitar la huída de quienes
posiblemente ya se encuentren fuera de nuestro territorio a la espera de
mejores condiciones para regresar.
Lo relajado profundiza más aún el escándalo y demuestra lo que
decimos en torno de este problema generalizado y agrandado desde que se
retiró parcialmente a la Gendarmería Nacional de las fronteras. Pero
volvamos a las negociaciones políticas, cuyo razonamiento sostiene que,
si los votos cristinistas giran alrededor del 20 por ciento, quien hoy
ejerce el Poder Ejecutivo se encontrará con las manos atadas para
imponer sus deseos y lograr el apoyo legislativo. Surgirá el fenómeno de
la ingobernabilidad y, sobre todo, del complejo y extremadamente
complejo manejo de una economía obligada a efectuar un ajuste de tales
proporciones, que muchos entendidos lo definen superior al “rodrigazo”.
La imperiosa necesidad de lograr una mejor situación cambiaria para
poder exportar mostraría como único camino la devaluación, temas todos
éstos que deberían estar acompañados de otras innumerables iniciativas
que hoy sería demasiado extenso explicar pero que son obvias y están en
la cabeza de los observadores y en la de responsables directos que, con
excepciones, no supieron evitar lo que sucede, incluso el grado
monumental de la corrupción que ya se ejecuta públicamente.
Frente a este escenario, todavía en voz baja se menciona como algo
muy factible la salida de Cristina. Como el sucesor constitucional es
inviable por razones morales e incapacidad manifiesta -será procesado-
Boudou será dejado de lado a la espera del juzgamiento y la prisión y
tampoco es vista positivamente la presidente provisional del Senado,
señora de Alperovich -la acompaña la pésima imagen de su marido,
gobernador de Tucumán- por lo que se designaría para completar el
período a Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación quien, con la Constitución Nacional en la mano, recordaría a
todos los legisladores que representan a las provincias, desde donde los
gobernadores respaldarían lo actuado en concordancia con la Corte
Suprema de Justicia. Por ahora, la disidencia más notable frente a este
eventual curso de acción, está el argumento de que habría que dejarla a
Cristina para que, envuelta en las consecuencias del derrumbe, busque
soluciones para lo que no está capacitada, con lo que se intentaría que
nunca jamás pueda esgrimir el remanido argumento de la conspiración
destituyente. Por cierto, habrá que volver sobre este asunto substancial
después del 27 de octubre, excepto que los acontecimientos se
precipiten. Ya veremos.
Carlos Manuel Acuña
