El salvataje oficial de Boudou y Oyarbide
Tal cual anticipamos hace tres días,
el Fiscal Federal Jorge di Lello pidió que sea excluido como
querellante Nicolás Ciccone, a quien considera un sospechoso al cual hay
que llamar a prestar declaración indagatoria junto con toda su familia,
incluidos sus dos yernos, que habían declarado como testigos ante el
juez federal Ariel Lijo y luego se transformaron en querellantes. El
hijo de Di Lello fue designado fiscal en octubre del 2012. Por su parte,
la Procuradora General Alejandra Gils Carbó se manifestó en contra de
la estrategia del juez Lijo, quien venía acumulando pruebas contra el
vicepresidente de la Nación. Entre las más importantes estaban las
declaraciones de la familia Ciccone. Así las cosas, el juez desestimaría
el pedido del fiscal y la Sala I de la Cámara Federal sería la que
tendría que decidir en qué carácter declara la familia citada. Después
deberá resolver a su vez la sala de la Cámara de Casación, integrada por
Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Jorge Germiniani, que ya tiene el
pedido de desistimiento por falta de acción a favor del vice promovida
por su abogado Diego Pirota y que fue avalada por el fiscal de casación
Javier de Luca, perteneciente a Justicia Legítima. Así las cosas, falta
un tiempo largo para que el juez Lijo pueda llamar a indagatoria a Amado
Boudou. Di Lello también pidió la indagatoria, pero al incluir a la
familia Ciccone el juez se quedaría sin la principal prueba. Esto aunque
las negociaciones incompatibles con la función pública se podrían
probar con la carta que Boudou, como ministro de economía, le envió al
administrador de la AFIP Ricardo Echegaray, quien, a su vez, le echó el
fardo al vice y éste hizo lo propio. El juez tiene la última palabra,
pero está claro que desde la Presidencia de la Nación se le bajó la
orden a Alejandra Gils Carbó para que influya sobre Di Lello para que
haga la jugada antes citada.
Los otros casos
No sólo Boudou está protegido por la presidente sino también el jefe
de gabinete Jorge Capitanich. Éste, en la mañana de ayer defendió a los
hermanos Schoklender, en una actitud incomprensible y, ante una
acusación de la Auditoria General de la Nación que acusó a los hermanos
Pablo y Sergio y a Hebe de Bonafini en una causa que fue anulada por la
Cámara Federal. Aunque ahora aparecieron nuevas pruebas incriminantes,
lo que demuestra que en este fin de ciclo la presidente ha decido
encubrir a todo funcionario corrupto que pueda prender el ventilador y
comprometer a otro alto funcionario. De ahí la designación del
Secretario de Justicia Julián Álvarez como consejero de la Magistratura y
como representante por los diputados al dirigente de La Cámpora,
Eduardo “Wado” de Pedro, que tienen como objetivo esta tarea y además
salvar del juicio político al juez federal Norberto Oyarbide, muy
comprometido en el allanamiento judicial a la financiera de Guillermo
Greppi, que denunció penalmente a los policías, al secretario del
juzgado y al propio juez, ya que le pidieron una coima de 300.000
dólares para no allanarle sus oficinas. Pero por lo pronto ya fueron
separados y procesados los policías a cargo del allanamiento y el
secretario letrado de Oyarbide. Sin embargo, Álvarez y De Pedro llegan
en auxilio del conocido magistrado, que tantos servicios les prestó al
kirchnerismo. Al mismo tiempo, también quedaría fuera de riesgo el juez
Daniel Rafecas, quien era perseguido por el consejero Hernán Ordiales
por allanar el departamento del vicepresidente en Puerto Madero. Así,
Rafecas por un lado se beneficia con la actuación del di Lello y Lijo
que lo reivindican y por la salida de Ordiales del Consejo. Sólo queda
en este tema el consejero radical, senador Mario Cimadevilla, quien
acompañaba a Ordiales en esta persecución.
