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Córdoba: prohíben ceremonias judías en la Sinagoga y ahora quieren robar la Catedral
La Junta de Andalucía está estudiando cómo arrebatarle la Catedral de Córdoba a la Iglesia Católica, su legítima propietaria desde hace siglos. Estamos ante un intento de robo en toda regla, como apunta Luis Fernando Pérez Bustamante.
El fin que persigue el PSOE con esta nueva campaña cristianófoba
podemos imaginarlo viendo el trato despótico y contrario a los derechos
humanos que también han sufrido los judíos en la antigua Sinagoga
cordobesa.
Quieren robarnos la Catedral de Córdoba / Luis Fernando Pérez Bustamente
Diez cosas que usted debería conocer sobre las inmatriculaciones / Navarra Confidencial
La Junta niega el uso de la Sinagoga de Córdoba para ceremonias judías
Pues parece surrealista, pero es lo que está ocurriendo.
El PP pidió que este histórico templo judío pueda ser usado para lo que
se construyó, es decir, para oficiar bodas y otras ceremonias
religiosas judías. Demostrando el mismo desprecio que manifiesta hacia
la libertad religiosa de los cristianos, el PSOE negó a los judíos el derecho al culto en su propio templo alegando que “no debe usarse como reclamo turístico”, diciendo que la función social de la Sinagoga “debe ser la de su uso adecuado por la colectividad, no por los ciudadanos en particular”.
La ‘función social’: los políticos pueden suspender tus derechos a su antojo
El cínico rechazo del PSOE al libre ejercicio de un derecho humano
como es la libertad de culto en ese templo judío demuestra qué es lo que
pretende con su intención de robar la Catedral cordobesa, pero también deja
al descubierto uno de los trucos jurídicos introducidos en 1978 en la
Constitución Española: la mal llamada “función social” de la propiedad, que se desarrolla en su Artículo 33. El punto 3 de dicho Artículo afirma: “Nadie
podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.”
¿Quién decide qué es de utilidad pública y de interés social?
Pues los políticos, lo que en la práctica deja en suspenso el derecho a
la propiedad cuando se les antoje. Lo de hacer estudios
jurídicos para justificar estos robos a manos del Estado no es más que
una formalidad para hacerlos menos escandalosos a los ojos de la opinión
pública, pero al fin y al cabo, este truco de los políticos para
arrebatar sus bienes a los demás deja la seguridad jurídica de la
propiedad en España a la altura de la Venezuela de Nicolás Maduro.
Porque, no le quepa la menor duda a nadie, si la propietaria durante
siglos de una Catedral puede ser víctima de un robo a manos del Estado, ¿qué
le impide a la Junta de Andalucía hacer lo mismo con cualquier
ciudadano de a pie que sea propietario de su casa desde sólo 20 o 30
años atrás?
Un peldaño más en la ofensiva anticatólica de la izquierda en España
Por supuesto, estas consideraciones le traen sin cuidado a la izquierda cristianófoba. En sus filas hay fanáticos que no dudan en reclamar la violación de los derechos de ciertos ciudadanos apelando a que son católicos (y lo hacen los mismos que luego apelan cínicamente a la “no discriminación” para cercenar derechos fundamentales).
Esto ya no sólo se limita a la posibilidad de arrebatarle a la Iglesia
sus propiedades, sino también a negar a los padres el derecho a decidir
la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, negar a los
católicos en general el derecho a expresar públicamente sus creencias e
incluso negar que colegios, ONGs, hospitales, comedores para necesitados
y otras iniciativas sociales católicas (que son la amplia mayoría de
las que hay en España, y que ayudan a millones de personas) puedan optar
a ayudas públicas en pie de igualdad con las demás iniciativas
sociales. Y es que el intento de robo de la Catedral de Córdoba
es un peldaño más en la ofensiva de la izquierda laicista contra las
libertades y los derechos de los católicos, una ofensiva en la
que a la izquierda le importa un rábano amenazar con poner fin a esas
obras sociales católicas, igual que tampoco le importó empujar al paro a
buena parte de los cinco millones de españoles que hoy reciben la ayuda
de Cáritas y de las parroquias. De hecho, esa ofensiva laicista se
viene plasmando también en ataques a templos -a esos sitios a los que encuentran ayuda los necesitados- e incluso en incitaciones a la violencia tan descaradas como amenazas de quemar a la Conferencia Episcopal y a todos los católicos sin que el PSOE ni Izquierda Unida -que van de la mano en Andalucía- las hayan condenado.
