Entre Cristina y la dictadura sediciosa del 76.
Hemos entrado en la etapa final del ciclo cristikirchnerista y la Presidente por “redoblar la apuesta” ingresa en un campo casi totalmente antidemocrático, llevando a sus seguidores a aquella trillada y falaz frase de “que vengan que los estamos esperando”
que nos condujo a la peor derrota militar de la historia nacional. Hoy
ella y su cohorte de alcahuetes y obsecuentes nos están conduciendo a la
que puede llegar a ser la “peor derrota civil y económica” de
la historia nacional, muchísimo peor que las crisis de la organización
nacional y de las luchas intestinas del siglo XIX, o las más recientes
de la “década infame” y la Revolución “fusiladora” de mitad del siglo XX. ¡Ni que hablar de la crisis de comienzos del siglo XXI!
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Los
K han mentido: sustituyeron el desendeudamiento externo por un
endeudamiento interno, que es perverso para la actividad productiva. Es
obvio que el final de la historia será una devaluación enorme para
licuar todo el endeudamiento interno. Un poco de ayuda a este debate lo
ofreció la senadora nacional Liliana Negre de Alonso durante la sesión
en el Senado en la que se trató el proyecto enviado por el Gobierno
nacional referido al cambio de sede de pago de la deuda reestructurada.
"Queremos que se investiguen absolutamente todos los delitos y que se
considere delito de lesa humanidad a los delitos económicos, que sean
imprescriptibles”. Juan Carlos Romero (PJ - Salta) dijo que la ley de desabastecimiento "es para meter miedo, es confiscatoria y anticonstitucional". “La
Presidenta tiene miedo del desabastecimiento o ya hay
desabastecimiento. El secretario de Comercio con esta ley nos va a
cuidar del capitalismo perverso. ¿Y quién nos cuida de él? Este (por
Augusto Costa) es un Moreno ilustrado", agregó. Con 39 votos
afirmativos, 27 votos negativos y 2 abstenciones, el Senado de la Nación
aprobó la lamentable Ley de Abastecimiento propuesta por la
Administración Cristina, que ahora deberá tratarse en la Cámara de
Diputados.
El
cristikirchnerismo no está dispuesto a desmantelar el Sedronar por el
procesamiento del ex titular José Granero y dos de sus ex funcionarios,
como partícipes del tráfico de efedrina durante el gobierno de Néstor
Kirchner. La oposición fracasó hoy por segunda vez en el intento de
reunir a la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del
Narcotráfico, para tratar un proyecto que propone transferir el Registro
de Precursores Químicos del Sedronar al Ministerio de Seguridad de la
Nación. También encontramos
las irregularidades en el registro de extranjeros en el municipio de
Quilmes desencadenaron una investigación de la Justicia que devino en el
allanamiento de una serie de dependencias municipales en ese distrito.
Aparentemente, funcionarios municipales y un juez de paz falsificaban
documentos para extranjeros y los vendían. La Justicia Federal investiga
la presunta falsificación y robo de documentos públicos. En ese marco,
se desarrollaron operativos judiciales días atrás en los registros
civiles de San Francisco Solano y de Bernal, incluso con recambio de
funcionarios. Asimismo, se detalló que los investigadores también
habrían registrado una vivienda particular, y el área de Tránsito de la
Municipalidad, a cargo de Pedro Guevara.
A su vez el senador provincial del bloque “PJ Presidente Néstor Kirchner”, Mario Ishii, afirmó que no se cumple la Ley de Migraciones N°25.871 porque “se permite que delincuentes entren al país a cometer ilícitos”, y cargó contra al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, al señalar que “debería haber trabajado con Migraciones para saber quiénes entran al país” antes de opinar que hay que deportar a los extranjeros que cometen delitos. La Cámara Federal denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Norberto Oyarbide por haber sobreseído a los recaudadores de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, acusados en la causa de la "mafia de los medicamentos”. El
magistrado fue apartado de la investigación. Fuentes judiciales
informaron hoy que la Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide
no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como
había ordenado el tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a
favor de los acusados de supuesto "lavado de activos". Entre los
beneficiados por Oyarbide estuvieron ex funcionarios protegidos por el
entonces Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, Alberto Fernández,
Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de
Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo,
ex legislador cristikirchnerista; y el empresario farmacéutico Gabriel
Brito.
Pero vayamos por temas “Este
proyecto es un Caballo de Troya que en su abdomen trae algunas
cuestiones perversas como lo es todo endeudamiento externo”, dijo la senadora nacional Liliana Negre de Alonso
(PJ San Luis), durante la sesión en el Senado en la que se trató el
proyecto enviado por el Ejecutivo nacional referido al cambio de sede de
pago de la deuda reestructurada. En una de las mejores exposiciones de
la sesión, ella agregó: “El
oficialismo nos viene a decir hoy que se va a crear una Comisión que va
a investigar el origen y la conformación de la deuda. El General
(Perón) decía que un camello es un caballo realizado por una Comisión.
Confiamos en que esta Comisión no tenga ese destino”. “La
creación de esa Comisión queda trunca si no se elimina el artículo 1º
porque declara de interés público la refinanciación del año 2005 y el
2010, lo que significa que eso está más allá de cualquier tipo de
investigación o auditoria”, explicó la senadora nacional. Citando los dichos del actual Senador Adolfo Rodríguez Saá durante su Presidencia (bueno, quien declaró el default como consecuencia del desgobierno dejado por la saga De la Rúa- Álvarez- Cavallo a fines de 2001 en una acción muy irresponsable de aquel gobierno aliancista, por cierto, algo que debería recordar Sergio Massa
para no tragarse el sapo de las denuncias de Lilita Carrió) al pedir
que el Congreso investigara la deuda y reestructure la legítima, Negre
de Alonso señaló que “esto
no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos planteando, aunque sí
tendría que ver si el oficialismo aceptara eliminar artículos como el
1º, el 2 y el 12. Nosotros pedimos investigar la deuda desde el 24 de
marzo de 1976 en adelante sin poner una valla temporal ante el primer
canje de 2005. Tiene que investigar todo, absolutamente todo. De esa
manera se podrá dilucidar qué deuda fue legítima y cual es ilegítima,
qué comisiones se pagaron, cuánto cobraron los abogados, qué consultoras
se contrataron, cuáles fueron las comisiones”.
Ella también dijo: “Pretendemos
que se investigue lo que venimos sosteniendo desde diciembre de 2001
hasta ahora. Que se investiguen los negociados y los 10 mil millones de
dólares que se pagaron por los cupones del PBI entre el 2006 y el 2013.
Fue dinero que no llegó a los vulnerables, a cuestiones de pobreza”. Y agregó: “Queremos
que se investiguen absolutamente todos los delitos y que se considere
delito de lesa humanidad a los delitos económicos, que sean
imprescriptibles”. “Utilizando datos del Ministerio de
Economía de la Nación, subrayó que ha habido desendeudamiento externo
pero un claro endeudamiento interno, a costa del endeudamiento interno”,
finalizó la senadora. A su vez, y más tarde el Senado de la Nación hizo
su votación por el desabastecimiento nacional, que en verdad fue
dobles: se
votó 2 veces el proyecto de Ley de Abastecimiento porque la senadora
nacional Gabriela Michetti (Ciudad de Buenos Aires - PRO) quiso votar a
favor en particular del artículo 12 que creaba la comisión bicameral
pero como había votado en contra en la votación general, tuvo que
desistir y terminó votando negativamente La Cámara de
Senadores dio luz verde a la reforma de la ley de abastecimiento, así
como a la creación de un Observatorio de Precios y de un fuero judicial
específico para canalizar los reclamos de los usuarios. Como estaba
previsto, la sesión, presidida por Amado Boudou, culminó alrededor de
las 4 horas del jueves 7. Poco
antes, se había aprobado el cambio del lugar de pago de la deuda
reestructurada y la revocación del mandato del Bank of New York Mellon
(BONY) como agente fiduciario sumergiendo al país en el inicio
definitivo del “desacato” ante el Gobierno de EE UU, para ofrecer
una alternativa a los acreedores ante las trabas a los cobros impuestos
por los fallos del juez Thomas Griesa.
El
proyecto que crea un fuero judicial de usuarios y consumidores fue
aprobado por 53 votos a favor y 11 en contra, mientras que la
modificación a la ley de abastecimiento y el Observatorio de precios
obtuvieron 38 positivos y 27 en contra. En los tres casos no hubo
abstenciones. Pasada la medianoche, luego de las exposiciones y
votaciones sobre el proyecto referido a la deuda externa, los senadores
expusieron las posturas de cada partido sobre la ley de Abastecimiento a
través de entre uno y tres oradores por espacio político, para agilizar
la sesión. El senador por el FpV, Pablo González, inició la discusión: "Es
necesario avanzar con la sanción de la ley (de Abastecimiento) porque
no coincidimos con la mano invisible del mercado. Esa mano que no ha
hecho nada por el país", expresó. También resolvió las inquietudes
de senadores de la oposición sobre la sustitución de varios artículos
que rigen la reforma. El orador por parte de la UCR fue el senador Luis Naidenoff, quien opinó sobre la propuesta de creación de un fuero judicial específico para canalizar los reclamos de los consumidores:
"Dejar de lado el domicilio del usuario para interponer el reclamo es
un paso atrás. Introducir una modificación en cuanto a la adhesión
provincial a la resolución de conflictos en materia de relación de
consumo es necesario ya que los juzgados federales están absolutamente
saturados", dijo. Y agregó: "Acompañamos la idea en general, con algunas observaciones en particular". Por su parte, Juan Carlos Romero (PJ - Salta) dijo que la ley
"es para meter miedo, es confiscatoria y “anticonstitucional". La
Presidenta tiene miedo del desabastecimiento o ya hay desabastecimiento.
El secretario de Comercio con esta ley nos va a cuidar del capitalismo
perverso. ¿Y quién nos cuida de él? Este (por Augusto Costa) es un Moreno ilustrado", agregó. "Esto
es una verdadera vergüenza y acá estamos trabajando, pero también
tienen que estar trabajando las comisiones con responsabilidad en las
leyes que estamos tratando. Esto no es permitido que se nos presente a
votar reglones íntimos donde nos sabemos qué votamos. Esto no nos hace
bien a ninguno. Tiene que ser la última vez que ocurra una cosa de
estas. Aspiro a que estas cosas no se vuelvan a repetir ", dijo la senadora Liliana Negre de Alonso, de la UCR.
Boudou debió soportar estoicamente que durante la sesión, que el oficialismo rechazara el pedido de la oposición de suspender a Amado Boudou de la presidencia del Senado.
En una breve votación, se bloquearon las propuestas de dirigentes del
arco opositor para suspender a Boudou hasta que se resuelta su situación
judicial. "Usted forma parte del Ejecutivo, no es un senador. Lo recomendable es que lean el reglamento interno de la Cámara", planteó el titular del bloque del FpV, Miguel Ángel Pichetto haciendo gala de conocimiento de la Constitución solo cuando les sirve para sus fines espurios,
durante la sesión ordinaria para analizar proyectos sobre el pago de la
deuda y la nueva ley de abastecimiento. La presencia del vicepresidente
desató duras críticas de la oposición. El jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, pidió su suspensión como presidente de la Cámara alta, al asegurar que “su presencia en el recinto: "le hace daño" y entorpece el funcionamiento del cuerpo", dijo. "Su
presencia entorpece el funcionamiento (de las sesiones); queremos que
el cuerpo y el Frente para la Victoria consideren el proyecto de
resolución que hemos presentado para suspenderlo a usted para presidir
las sesiones del Senado", aseguró. En tanto, el socialista Rubén Giustiniani le pidió a Boudou que "dé un paso al costado hasta tanto la Justicia dictamine su culpabilidad o inocencia"
en sus procesos judiciales, postura que, puntualizó, adhieren el
radicalismo, el Frente Amplio-UNEN y la Coalición Cívica. En defensa de
Boudou el senador cristikirchnerista Salvador Cabral acusó al radicalismo y al socialismo de tener "las manos manchadas de sangre del pueblo",
al involucrar a esos partidos, entre otros hechos, en el bombardeo a la
Plaza de Mayo en 1955 y a los fusilamientos de José León Suárez en
1956, cosa que aunque cierta no deja de ser una chicana para defender a
un imputado y procesado por diversos delitos comunes.
"Tienen por herencia las manos manchadas de sangre",
advirtió Cabral, luego que la oposición planteara el apartamiento de
Boudou en la presidencia de la Cámara de Senadores. Las acusaciones del
legislador por la provincia de Misiones fueron rechazadas a los gritos
por el jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales. Por su
parte, Ernesto Sanz le contestó a Cabral y llamó a “no juzgar a los partidos políticos por la conducta de sus integrantes”. Pasando a otro tema que demuestra la “calidad ética y moral del cristikirchnerismo” y
según la investigación de la jueza Federal Servini de Cubría, con el
registro –Sedronar- a su cargo Granero registró importaciones
voluminosas de efedrina, que luego era enviada como droga sintética “cocinada”
por contrabando a México, donde estaba prohibida su importación. Justo
en esos años el mexicano Jesús Martínez Espinoza fue condenado a 14 años
de cárcel por desviar 9.800 kilos de efedrina a su país junto a Mario
Segovia, el llamado "rey de la efedrina". La comisión de
Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico de la HCDN la preside
el radical Mario Fayad, pero como el cristikirchnerismo tiene la mayor
cantidad de vocalías, su ausencia frustra cualquier reunión. El debate
llegó cuando el escándalo de la efedrina golpea de cerca a Cristina
Kirchner, a tal punto que la jueza María Servini de Cubría no descartó
allanar la Casa Rosada, donde se comunicaron empresarios y empleados de
droguerías vinculados al narcotráfico. También llamaban al Sedronar, un
organismo que Cristina quiso jerarquizar en noviembre con la llegada del
sacerdote Juan Carlos Molina.
.
“Acá
lo que está en juego es la responsabilidad del Estado, que se vio
menoscabada por acción y complicidad. Si vuelva a Seguridad dejaría de
haber una superposición de funciones, que se presta para esas cosas”,
le dijo el radical José Cano al periodismo. En el cristikirchnerismo no
lo ven así pero, en línea con Cristina Fernández –quien podría ser
involucrada, de seguir avanzando la investigación-, se desentienden de
Granero. “Está bien que la justicia investigue, pero también es
cierto que desde que existen las denuncias el Sedronar mejoró sus
controles. Por eso no creemos conveniente darle el registro de
precursores químicos a la policía”, dijo el diputado del FpV Horacio Pietragala, vicepresidente de la Comisión de Prevención. “Las
últimas dos reuniones fueron convocadas cuando sabían que no estábamos,
pero en la próxima vamos a ir. Ya invité a Fiad a una reunión con
Molina, para que vea como está trabajando”, anunció Pietragala. Es
verdad que Cristina Fernández quiso marcar un cambio de época con
Molina. Tanto fue así que a dos meses de haber asumido, ella misma
promovió por la prensa oficialista una denuncia del sacerdote sobre
manejos irregulares de su antecesor Postiglioni, que luego derivó en la
denuncia en la Sigen. Ayer miércoles 6, la presidenta mandó a secretario
general Oscar Parrilli a difundir muy confusamente el listado de
números de teléfonos de la Casa Rosada con los cuales, según Servini de
Cubría, habrían tenido comunicación personas involucradas en
narcotráfico. No podrá evitar que el debate siga en el Congreso.
¡El
tema siempre le pesó! De hecho, fue su primer ministra de Salud
Graciela Ocaña quien impidió la importación de efedrina y frenó las
operaciones a México que investiga Servini de Cubría. No sería la
primera vez que la presidente se desentiende de funcionarios que Néstor
Kirchner había colocado en áreas claves. En 2010, el titular de la
Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, castigó en el
Congreso a su antecesora Rosa Falduto, antes de someterse a los
controles por lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). Pero como el “escudero del cristikirchnerismo en la justicia”
hizo todo tipo de trapisondas ahora la Sala Dos, compuesta por Martín
Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al
entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la
investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había
atribuido el caso en 2012. Por ello, los camaristas declararon la "inexistencia" del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para "ponerla en conocimiento"
del asunto. Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007,
Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros,
irán a juicio oral acusados de “asociación ilícita, adulteración de
medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración
pública y comercialización de productos con marca registrada
falsificada”. El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral
Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y
Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.
La investigación de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó en realidad a partir del "triple crimen de General Rodríguez",
como se conoció a los asesinatos de los jóvenes empresarios del rubro
de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Las
pesquisas abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante
número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a
funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola. En ese
tramo de la causa se investiga la venta de fármacos adulterados y la
defraudación al Estado por parte de droguerías y de obras sociales para
cobrar por remedios y tratamientos médicos que nunca se realizaron.
Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica, "Global Farmacy Service S.A.",
figura como aportante de $ 310 mil –en cuatro cheques – a la campaña de
Cristina. En tanto, Capaccioli está acusado de irregularidades en el
traspaso de $ 48 millones a 52 obras sociales en concepto de reintegros
por tratamientos médicos complejos que nunca se habrían realizado. En su
fallo de abril, Oyarbide sostuvo que "en virtud de no haberse
logrado incorporar nuevos elementos que permitan adoptar un temperamento
de mayor gravedad procesal y no restando más medidas conducentes por
realizar, es que corresponde evaluar la adopción de resolución de
carácter definitivo". Ahora esa decisión fue declarada "inexistente e ineficaz" y
anulada por la Sala II. Los jueces recordaron que la intervención de
Oyarbide en ese tramo de la causa se extendió hasta abril de 2012, pero
aun así un año después se expidió sobre el mérito de los acusados y la
Cámara lo dejó sin efecto. "No obstante, el Dr. Oyarbide volvió a incurrir en la misma irregularidad que ya se había detectado antes en la causa", indicaron.
"No
habrán de presumirse aquí las razones que pudieron llevar a repetir esa
irregularidad. Pero sí habrá de observarse que, cualesquiera sean esos
motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la
doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
supuestos asimilables, según la cual la omisión de las formalidades
sustanciales del fallo determinan su inexistencia", dice el fallo. "La
entidad de la irregularidad condujo a disponer el apartamiento del Dr.
Oyarbide de la causa 1787/07 (lavado de dinero) y sus conexas
(asociación ilícita, "mafia de los medicamentos") y su remisión a sorteo
para asignar el expediente a otro juez. Además se puso la situación en
conocimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la
Magistratura de la Nación", comunicaron los jueces. La Comisión de
Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por la
senadora cristikirchnerista Ada Iturrez de Cappellini, ya citó a Oyarbide para
que dé explicaciones por su anillo de diamantes pero trabó otras
causas, como el allanamiento que frenó por pedido del número dos de
Zannini. ¿Veremos cuál es su actitud moral ahora? Por su parte el
Gobierno nacional desestimó cualquier tipo de iniciativa oficial para
modificar la política migratoria y expulsar a los extranjeros que
delinquen en el país, tal como propuso el secretario de Seguridad,
Sergio Berni. "¿El Gobierno está pensando en algún tipo de modificación en la política migratoria en Argentina?", le consultaron esta mañana a Jorge Capitanich. "No", fue la respuesta tajante del jefe de Gabinete, que buscó sacarse rápidamente de encima el incómodo tema.
La propuesta de Berni había
tenido una amplia difusión en los medios nacionales, pero hasta ahora
no había generado ninguna reacción en el seno del Gobierno. Lo curioso
de un rechazo tan contundente es que se haya dejado correr el tema
durante dos semanas. La negativa oficial llegó justo cuando desde la
oposición empezaron a llegar algunos respaldos a la iniciativa. Sergio Massa la avaló ayer y pidió "no
ser tibios". "Estoy de acuerdo con discutir una política migratoria que
nos permita expulsar a aquellos que vienen a delinquir", afirmó. Otro que se sumó fue Francisco De Narváez, quien presentó un proyecto de "tolerancia cero" para los "delincuentes extranjeros". La propuesta del diputado es "modificar
la ley de migraciones, para que cualquier delito cometido por un
extranjero sea razón suficiente para su expulsión, que hoy sólo puede
pedirse si el delito tiene penas mayores a 3 años”. En el mismo sentido, Daniel Scioli defendió a Berni y aseguró que expulsar a extranjeros delincuentes es lo que exige la ley. "En el caso de los inmigrantes, la ley es clara y lo que ha dicho es lo que dice la ley", indicó el gobernador. Se reveló que la postura contra los inmigrantes le dio resultados a Berni, que sumó diez puntos de imagen positiva.
Sus dichos son compartidos por 8 de cada 10 encuestados por la
consultora Aresco en el área metropolitana. Mario Ishii también habló y
dijo: “Las
fronteras porosas argentinas, una historia que tiene, por lo menos, 30
años. Es complicadísimo afirmarlo en los tiempos que corren pero... la
democracia ha demostrado mucha ineficiencia a respecto, pese a los
atentados de los años '90”. Durante su participación en el programa "Minuto Uno",
de C5N, conducido por Gustavo Sylvestre, el senador provincial
bonaerense Mario Ishii dijo que durante el encuentro que mantuvo en USA
con el ex director de la DEA, Leo Arreguin Jr.; y con el ex fiscal
general estadounidense, Guy A. Lewis, se le informó que “la Argentina
recibió más de 5.000 colombianos, y la mitad entró a delinquir, así
como también mexicanos que ingresaron con el mismo propósito”. Ishii advirtió que “el narcotráfico se muda de país” cuando se lo combate con éxito, y ahora “la droga y el alcohol nos están matando a los pibes, la gente está aterrorizada”, porque “hay un genocidio que no nos están diciendo”.
Y recordó, a manera de alerta, que “Colombia se vio obligada a poner al Ejército y a pedir ayuda a la DEA para combatir a los carteles de la droga”. Ishii aclaró más tarde: “Hay
muchos hermanos latinoamericanos que vienen a la Argentina a trabajar y
a estudiar y este gobierno ha impulsado como pocos esta correcta
apertura. Está perfecto que abramos los brazos pero antes debemos
también saber quiénes son y a qué vienen. No hacemos lo que se hace en
todos los países.” Según él, al momento de entrar los extranjeros, Migraciones debe realizar un completo interrogatorio. Ishii cargó contra al secretario de Seguridad, Sergio Berni, al señalar que “él debería haber trabajado con Migraciones para saber quiénes entran al país” antes
de opinar (ahora) que hay que deportar a los extranjeros que cometen
delitos. Pero también nos enteramos que según la denuncia conocida hoy
en el Registro de las Personas de la Municipalidad bonaerense de Quilmes
existían graves anomalías y se explicó; todo comenzó por una denuncia
hecha desde la Municipalidad de Quilmes, luego que se detectaran “reiterados cambios de domicilios”
en sospechosos documentos de identidad de extranjeros. De acuerdo a lo
explicado al momento se habrían detectado unos 20 casos que son
analizados por el juez federal, Luis Armella y equipo, y no se descarta
que tras el análisis de la documentación obtenida en los allanamientos
pueda verificarse varios casos más. Asimismo, trascendió que durante el
allanamiento realizado en el Registro Civil de Bernal los efectivos
policiales buscaban al ex juez de Paz Mario Luis Martínez
y a una persona de sexo femenino de nombre Sandra. Pero finalmente, los
efectivos de la DDI Quilmes se llevaron aprehendidos al actual titular
del Registro Mario Daniel Martínez, por orden del Juzgado Federal de Quilmes.
Meses
atrás se conoció el accionar de distintos personajes, incluido un Juez
de Paz, que falsificaban documentos para extranjeros y los vendían.
Hecho que quiso ocultarse bajo siete llaves. Por aquellos días se había
detectado que en el lugar se montó una organización delictiva que
prestaba “servicios” por fuera del sistema registral a cambio de importantes sumas de dinero. Según el relato de los consultados, los “servicios”
se realizaban en su mayoría a extranjeros, sobre todo a orientales. Una
vez obtenidos los documentos, los inmigrantes se apersonaban con sus
DNI’s a las oficinas de Tránsito como cualquier vecino común para
iniciar la emisión de su registro de conducir. Tiempo atrás, el Registro
Civil de Bernal estuvo cerrado semanas enteras tras el descabezamiento
de la banda que actuaba en el lugar, sin embargo intentaban mostrarle a
los vecinos bernalenses que se estaba remodelando y pintando el lugar,
hecho totalmente falso. Por hechos similares se había intervenido el
Registro Civil de Quilmes. Y semanas atrás se conocía el cierre del
Registro Civil de Wilde. Todos por la investigación que se realizan la
presunta falsificación y robo de documentos públicos. Quien no se subió a esa ola fue Elisa Carrió, quien calificó a Berni como "un
payaso que parece Rambo". "Basta de demonizar. Es un payaso que está
jugando con las personas, que vaya e intervenga Migraciones porque ahí
está la mafia", disparó la diputada. "Es mucho más complejo y no
se puede culpar a los extranjeros porque una vez culparon a los judíos y
después culparon a los armenios", completó.
¡Esta es la Argentina que nos deja y les deja a los próximos gobernantes el cristinismo puro!
¡Muy, pero muy parecido a los desastres legados por la dictadura sediciosa de 1976!
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2014.
Arq. José M. García Rozado
MPJIRucci – LIGA FEDERAL –
