Sólo el Hotel Los Sauces vale cerca de los 55 millones de pesos declarados por CFK
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La declaración de 55 millones de pesos que dio la presidente como
correspondiente a su patrimonio del año 2013 es francamente poco seria,
ya que sólo el lujoso hotel Los Sauces, cercano a su casa en El
Calafate, tiene un valor que supera los 4 millones de dólares, sin
hablar de los dos pisos en el Madero Center y sus 8 cocheras. Y tampoco
se entiende cómo un departamento de 220 metros cuadrados en Juncal y
Uruguay, cercano al de la presidente, tiene una valuación de $ 460.000
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de calcular
el impuesto de barrido y limpieza, en tanto el de la sucesión de Néstor
Kirchner, en la misma ubicación, tiene 160 m2 y no estaría valuado por
la ciudad por menos de $ 300.000. Por lo cual, la mitad de la
presidente, ya que la otra es de sus dos hijos, valdría por lo menos $
150.000 y de ninguna manera los 35.000 pesos que dice la presidente.
Bastaría cruzar los datos de la Ciudad, que nunca coincidirán con esa
suma irrisoria. Además, el hotel Alto Calafate, en el cual Lázaro Báez
alquila casi todas las habitaciones, está tasado en alrededor de 2
millones de dólares, que a un valor de $ 14,30 da 30 millones de pesos.
En el caso del departamento de la plaza Vicente López, ni siquiera se
detalla la valuación que fija la Ciudad, pero sería ingenuo pedir una
investigación sobre esa declaración, porque el cristinismo todavía
mantiene control sobre bastantes jueces y puede obtener un
sobreseimiento.
Cambio de tendencia
Aunque las inconsistencias son notables y no pueden ser avaladas por
ningún perito más o menos serio, como pasó con el sobreseimiento del
matrimonio Kirchner por el actual descalificado juez federal Norberto
Oyarbide, o el caso del aporte de fondos del lavado de dinero del
tráfico de éxtasis que terminaron en la campaña presidencial del 2007.
En el sobreseimiento apurado a los Kirchner, el todavía fiscal Jorge
Taiano, en una actitud incomprensible, no apeló ese fallo cuestionado
porque alegó ante sus íntimos que Aníbal Fernández, entonces ministro
del interior, secuestró a su hijo. Así es que en el futuro, el fallo de
Oyarbide podrá ser considerado cosa juzgada írrita, es decir,
susceptible de ser revisada. Se podría, por ejemplo, citar a declarar a
Taiano, para que diga ante un juez federal lo que les dijo a sus íntimos
en ese momento, porque su obligación legal era apelar y no lo hizo. Y
si el motivo fue el secuestro de su hijo, estarían dadas las condiciones
para plantear la anulación de la cosa juzgada.
Así es que esta última declaración jurada que se conoció ayer no
cierra de ninguna manera, a simple vista. En un país que tiene cepo
cambiario y por tanto casi nadie compra ni vende hoteles, esto no quita
que los dos lujosos hoteles en El Calafate y los dos pisos en Puerto
Madero tengan un alto valor en dólares y entre todos estos bienes
inmuebles pasan largamente los 55 millones de pesos que declaró la
presidente, que sólo en una republiqueta podría ser tomada jurídicamente
como válida.
Con esta perspectiva, hay que analizar que el juez federal Norberto
Oyarbide haya sido apartado de la causa de la “mafia de los
medicamentos” y su caso enviado al Consejo de la Magistratura, por haber
sobreseído a los ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados
al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en
2007.
La Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado
ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el
tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a favor de los
acusados de supuesto “lavado de activos”.
Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex
jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex
director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador porteño
kirchnerista, y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.
Ahora la Sala II, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y
Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no
debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su
par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.
Por ello, los camaristas declararon la “inexistencia” del fallo y
remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la
Magistratura para “ponerla en conocimiento” del asunto.
Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y
el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a
juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de
medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración
pública y comercialización de productos con marca registrada
falsificada.
El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5,
integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar
Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.
