La corrupción de la justicia es lo peor. Hugo Abete.
Para los argentinos el término
corrupción forma parte de su vocabulario habitual. Es más, el mismo, en
el imaginario colectivo nacional, siempre aparece asociado a la política
y en especial a quienes la ejercen: los políticos. Es tanto lo que los
ciudadanos comunes hemos visto robar de las arcas del Estado desde la
función pública que, indefectiblemente, el término corrupción en nuestro
país, ha quedado encasillado exclusivamente en lo referido a lo
económico y la riqueza.
Sin embargo, muchos compatriotas estamos
convencidos que hay una corrupción mayor a la económica, y es la que se
comete en el ejercicio de cargos públicos o de importancia para
beneficiarse o beneficiar o perjudicar a terceros mediante fallos,
decisiones o conductas antiéticas impropias de la responsabilidad que
detentan.
Por citar algunos ejemplos, podríamos mencionar a aquel
policía que descubre que a la cabeza de un delito se encuentra un
poderoso empresario o político y para preservarse no lo denuncia y lo
tolera, o el sacerdote católico que vive en pecado, o el miembro de la
Corte Suprema de Justicia que es titular de una serie de departamentos
que son usados como prostíbulos… Todos ellos son corruptos y no
necesariamente perciben beneficios económicos por sus conductas.
Lo que hace corrupto al juez Oyarbide no
es tanto el famoso anillo que recibió valuado en miles de dólares, sino
su vida inmoral y sus fallos arbitrarios y el prevaricato cometido en
la mayoría de ellos. Y al tiempo que escribo esto, me resulta imposible
no dar un paso más y preguntarme: “¿cómo es posible que en un
sistema supuestamente republicano un juez de la Nación pueda caer en
semejantes conductas favoreciendo intereses del gobierno de turno y todo
esto sea tolerado y permitido por el mismo sistema?”. O acaso no
estamos hablando entonces, como ya lo he expresado en varios escritos
anteriores, que lo que está corrupto en la Argentina es el mismo
sistema, es decir la democracia.
Seguramente, por expresar esto, muchos
dirán que estas expresiones son propias de un “facho” o “nazi” y que no
alcanzo a darme cuenta que la democracia es lo mejor que le ha pasado a
los argentinos después de tanta violencia y dictadura, y que hay que
cuidarla, y que la misma es muy joven y que lo más importante es el
poder elegir y que los gobiernos terminen su mandato y bla, bla, bla…
Ahora cuando yo les pregunto, “¿qué
hacer cuando el sistema está corrompido en los tres poderes del Estado,
cómo ocurrió durante el gobierno de los Kirchner que estuvo a punto de
ganar nuevamente las elecciones y apenas las perdió por un par de
puntos?”, las respuestas que me dan hacen agua por todos lados.
¿Cómo
explicar al resto del mundo que nuestro país estuvo gobernado,
conducido y dirigido por una asociación ilícita conformada por el
presidente de la Nación, el vice, los ministros, los miembros de la
Corte, los jueces, los diputados y senadores, gobernadores afines y
funcionarios de todos los estamentos del Estado?.
Si bien la corrupción existió siempre,
esto en otros tiempos no ocurría porque, como he dicho también en
anteriores escritos, estaban los militares que eran los comodines que
utilizaban los partidos mayoritarios para sacarse entre ellos del
gobierno mediante los golpes de estado. Aniquilado el poder militar a
partir de 1983, se acabó esa “espada de Damócles” que pendía sobre la
democracia para, de alguna manera, evitar su desviación. Y ese poder de
“policía” que bien o mal ejercían las Fuerzas Armadas quedó en el aire.
Entonces muchos supusimos que de ahí en más la garantía que tendría el
sistema democrático, iba a estar dado por el poder Judicial donde
lógicamente se encontraban los hombres y mujeres más probos de la
sociedad.
Pero ocurrió que vino Alfonsín y armó un
poder judicial alfonsinista, y luego Menem con jueces menemistas,
después De La Rúa y Duhalde que también quisieron hacer lo mismo pero no
pudieron porque se tuvieron que ir antes de tiempo. Es decir que, desde
1983 hasta el 2003 la Justicia en la Argentina no fue independiente y
se movió conforme con los intereses partidarios de quienes estaban en el
gobierno.
Si bien lo expresado es muy grave y deslegitima a todo el sistema republicano, aún hay más en la historia moderna argentina.
Con la llegada al poder de los Kirchner en el 2003 se produce lo que yo denomino “el punto de inflexión de la injusticia argentina”.
En efecto, Néstor Kirchner además de conformar también su propia Corte,
para aumentar el escaso consenso con el que había llegado a la
presidencia, instrumentó una agresiva campaña antimilitar y de derechos
humanos, dirigida fundamentalmente a lograr el apoyo de todo el espectro
político de izquierda y progresista de la Argentina. Y en tal sentido
se instaló por todos los medios habidos y por haber, un nuevo relato
sobre lo ocurrido en la década del ’70, que presentó a los agresores de
la sociedad argentina, es decir los subversivos y terroristas, como
víctimas. Y a los defensores del orden, Fuerzas Armadas, Policiales y de
Seguridad, como asesinos represores y genocidas.
Y
así anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y
arbitrariamente con la complicidad de todos los jueces de la Nación,
volvió a juzgar a quienes combatieron por mandato constitucional a los
terroristas y subversivos que asolaron al país en los ’70.
He aquí el punto de inflexión de la
“injusticia argentina” y que marca el grado más alto de la corrupción de
los jueces en nuestro país. A partir de ahí todo lo que vino de parte
de la justicia estuvo teñido de corrupción e ilegitimidad.
Los mismos jueces que no hicieron nada
en el gobierno de Néstor Kirchner y avalaron con su inacción todas las
enormes irregularidades ocurridas, y que después las volvieron a avalar
en el gobierno de Cristina, son los que ahora por presión de la sociedad
actúan poniendo presos y llamando a declarar a los mismos que ellos
antes encubrieron.
Tan corruptos como Néstor, Cristina,
Boudu, Jaime, Moreno, Delía, Lázaro Báez, Cristobal López, Hebe de
Bonafini, los Schoklender, Milagros Salas, miembros de La Cámpora y
tantos otros funcionarios del régimen kirchnerista, son los fiscales y
jueces que tuvieron que ver con sus causas judiciales y deliberadamente
las encubrieron, las dilataron y en algunos casos hasta las cerraron. Al
igual que aquellos miembros del poder judicial que aceptaron el
prevaricato de juzgar a los militares y que los terroristas queden
libres de culpa y cargo ocupando cargos en el gobierno o en las
estructuras del Estado.
Y en el medio de toda esta grosería que
se acaba de relatar muy sucintamente, no sólo está la pérdida por robo
de las arcas del Estado, sino, lo que es mucho más grave, está la
decadencia moral por la corrupción de la justicia que es el daño más
grande que puede sufrir una República porque deja de ser tal. Ya lo dijo
Santo Tomás de Aquino: “La corrupción de lo óptimo es lo pésimo…”
En una democracia hasta puede ocurrir la
anormalidad que haya un presidente corrupto, un vice corrupto,
ministros corruptos, diputados corruptos y senadores corruptos, pero si
los fiscales y jueces que deben intervenir y procesarlos también son
corruptos, por acción o por omisión, esa democracia se degeneró y dejó
de ser lo que era para convertirse en algo totalmente ilegítimo y
fraudulento.
Quiera Dios que nuestro querido país se
reencuentre con los valores y principios Cristianos y con su verdadero
deber ser Sanmartiniano y que el honor, la ética y la moral que de él se
desprenden vuelvan a primar en los corazones de todos los argentinos.
¡Por Dios y por la Patria!
