jueves, 08 de noviembre de 2018
El sinónimo entre gremialismo y delincuencia debe acabar
El viernes pasado una horda sindical paró las operaciones del
aeropuerto Jorge Newbery bajo la máscara de una “asamblea gremial”, con
lo cual disimulan una huelga que podría verse interrumpida de inmediato
por la intervención del ministerio de trabajo.
Unas tres mil personas quedaron en tierra y unos 40 vuelos tuvieron que ser cancelados o reprogramados.
¿Hasta cuando la Justicia argentina va a permitir que estas conductas
continúen sin castigo? Los delincuentes sindicalistas se están riendo
de nosotros en la cara con la complicidad de los órganos del estado que
deberían poner las cosas en su lugar.
Es otro de los ejemplos que pone de manifiesto el triunfo gramsciano
en el país: se pueden hacer cosas que están mal porque las instituciones
encargadas de confirmar que esas cosas están mal aplicando sanciones,
no lo hacen; por lo tanto se ha instaurado en el país la tácita
mentalidad de que esas cosas están bien y de que quienes las hacen
tienen derecho a hacerlas.
Pues bien: no tienen ningún derecho. Están transgrediendo la ley y la
Constitución y para peor lo hacen con un ardid a todas luces burdo que
la Justicia, al quedar sin acción alguna, endosa.
No es posible que el país siga si resolver estas nimiedades obvias.
Un conjunto de malvivientes no puede paralizar la operación de un
aeropuerto, sencillamente porque no puede. No hay que buscar más
excusas, ni explicaciones, ni justificativos: lo que ocurrió el viernes
(como tantas otras veces) no puede ocurrir porque no puede ocurrir. Es
así de sencillo.
Todos los que celebraron esa “asamblea” deberían estar hoy presos a
disposición de la Justicia. Los lugares y las horas de trabajo no pueden
ser los lugares y las horas para desarrollar “asambleas” gremiales. En
todo caso, esas reuniones deben realizarse fuera de las horas de trabajo
y en las instalaciones del sindicato o en los lugares que -con sus
propios fondos- esas agrupaciones alquilen. Pero hacerlo en las horas de
trabajo y en los lugares donde deben desarrollar las tareas no es otra
cosa que un paro, sujeto como tal a la intervención de las autoridades
para preservar el derecho de miles de clientes que con mucho esfuerzo
han pagado, en este caso, un boleto de avión.
La excusa para no trabajar fue esta vez un aludido despido en la
empresa Flybondi. Patrañas: todo el mundo sabe que el empleador puede
despedir a un empleado con o sin causa de acuerdo a las modalidades de
la ley. ¿O acaso esta gente también pretende arrogarse las atribuciones
que corresponden a los dueños de las empresas?
Si la Justicia argentina no empieza a poner claridad de la manera más
dura posible todos estos claroscuros de la vida laboral argentina, será
imposible trabajar y los sindicatos terminarán siendo unas agrupaciones
de sanguijuelas que se van a quedar sin sangre para chupar, por la
sencilla razón de que ya no habrá empleadores.
Alguien tiene que asegurar y poner bien en claro, en blanco sobre
negro, la vigencia del derecho de propiedad en la Argentina. Esa debería
ser una función principalisima de los jueces: restaurar la pompa y el
señorío de la propiedad privada en la Argentina que comprende el derecho
de despedir gente, hasta defender aquellos que han comprado un servicio
o un bien y pagado por ellos.
Mientras el derecho de propiedad siga en la oscuridad en la Argentina
y mientras una banda de fascinerosos pueda, mediante la prepotencia y
la violencia de la fuerza bruta, poner en retirada a la ley y a la
fuerza del derecho, la vida civilizada será imposible en la Argentina y
seguiremos como rehenes de las ocurrencias de este conjunto de fachos
que cree que el país es de ellos, porque tienen fuerza,la van de guapos y
tienen cara de malos.
Ese país de dibujitos animados debe acabar. O para mejor decir debe
terminar como terminan los dibujos animados: con el triunfo del bien
sobre el mal y de los buenos sobre los malos.
No puede ser que el espectáculo del atropello quede impune y que los
barras bravas (que no solo se desempeñan el el fútbol sino que tienen en
los sindicatos a un ariete primordial) se salgan con la suya.
Es hora de que los jueces actúen para restaurar el orden de la ley en
contra del orden de la fuerza y del cinismo. No puede ocurrir más que
la certeza de gente que adquirió un bien o un servicio y que pagó por
ellos, se vea secuestrada por una banda de malechores que se escuda bajo
las actividades gremiales para disimular sus delitos. Salvo, claro
está, que orden jurídico argentino en lo referido a la regulación de los
gremios sea, en efecto, un orden pensado ex profeso para la procreación
de delitos y la posterior defensa de los delincuentes.
Es lamentable pero en los años que lleva desarrollándose, el
gremialismo argentino ha ido pareciéndose cada vez más a la
delincuencia. Ese sinónimo debe acabar. Si los gremialistas son
delincuentes deben ir presos, no tener un cuerpo legal y judicial que,
encima, los proteja.
Y si la ley ha sido el nido donde se incubó la delincuencia de los
sindicatos, es hora de que esa ley cambie. Después de todo, lo
importante aquí son los ciudadanos, no los sindicatos. Lo importante
aquí es la honestidad, no la delincuencia. Lo importante aquí es el
derecho de propiedad no la santidad del robo.