En el atardecer del 25 de mayo de 1973, atrincherado en su despacho de la planta baja del penal de Villa Devoto, el prefecto Romualdo Díaz recibió con decepción la respuesta de su Ayudante de Órdenes.

Le había encomendado que llamara a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, al juzgado de turno y al Ministerio de Justicia. Pero nadie atendía los teléfonos. La Policía Federal había levantado a su personal de los pabellones y un escuadrón de la Gendarmería, que estaba en los galpones, se había ido hacía unos días.

El penal hervía.

Desde el miércoles 23 a la madrugada los presos políticos, hombres y mujeres del ERP, Montoneros, FAR, FAL, militantes estudiantiles, dirigentes obreros, habían tomado los pabellones. Eran 135 hombres y 87 mujeres. Circulaban por el hall, moviéndose entre el segundo y el quinto piso. Las celdas estaban abiertas. El día 24, las visitas les habían ingresado telas, una cámara de fotos, un grabador, radios y un megáfono para que se comunicaran con la movilización, prevista para el 25 de mayo.




Ese día, al atardecer, en la oficina de Díaz, una radio informaba que una multitud caminaba con antorchas hacia Devoto para presionar por la liberación de los presos.






Desde afuera llegaba un bramido, como un grito de guerra, "Reviente quien reviente, libertad a los combatientesۛ".
Al prefecto Díaz, a cargo de la dirección del instituto penal, le preocupaba que los presos comunes, que permanecían encerrados en sus pabellones, se amotinaran y aprovecharan el descontrol para salir de la cárcel. Eran más de tres mil. Ya habían roto algunas rejas de acceso y habían incendiado colchones. Algunos guardiacárceles dejaron sus uniformes y se vistieron de civil, por prevención.






Díaz estaba acompañado por seis o siete hombres de su playa mayor y un grupo de diputados que habían jurado ese mismo día. Se habían acercado al penal con la voluntad de asegurar la vida de los detenidos políticos. Estaban Rodolfo Díaz Vittar, Héctor Sandler Julio Mera Figueroa, Roberto Vidaña, entre tantos otros. También había llegado Roberto Petinatto, jefe penitenciario del primer gobierno de Perón.
Los diputados temían que, el día que el peronismo retornaba al poder tras diecisiete años de proscripción, por una orden militar secreta, o un desborde emocional, se consumara una masacre.
Una nueva masacre.
Los dieciséis fusilados en la base naval de Trelew, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, sobrevolaban como un fantasma en la mente de los legisladores, y también de los presos.






Los tres sobrevivientes de los fusilamientos –María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, estaban en los pabellones de arriba. El día anterior se habían encerrado en una celda con Paco Urondo, periodista y militante de FAR, que también estaba detenido. Urondo grabó por primera vez sus testimonios, que publicaría en el libro "La Patria Fusilada".
En su acción pacificadora, los diputados no imaginaban que un desventurado plan de la dirección de presos del ERP planeaba utilizarlos como «escudos humanos», si se les negaba la salida. Algunos guerrilleros del ERP imaginaban, oscuramente, que Cámpora podría indultar a los montoneros, y mantenerlos presos a ellos.
Y su objetivo era salir ese mismo 25 de mayo del modo en que fuera, aún con los diputados como rehenes.
El ERP había tomado en forma literal la promesa del candidato del FREJULI, Héctor Cámpora. "Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos".
Pero esa misma mañana, ante la Asamblea Legislativa, Cámpora había entregado un proyecto de Ley de Amnistía para que lo debatiera el Congreso. Los diputados se habían comprometido a iniciar el debate a partir del día siguiente.
Se especulaba que, tomando en cuenta el debate, la sanción de la ley y el análisis de los expedientes por partes de los jueces, los detenidos podrían salir en libertad en una semana.
Pero la situación en el penal de Devoto hacía impensable una espera semejante. Los pabellones eran una caldera y miles de personas reclamaban la liberación. Incluso, Pedro Cazes Camarero, responsable de los presos del ERP, cuando bajó a la pasarela del primer piso para observar a la multitud, quedó estupefacto. Las columnas instaladas en la calle Bermúdez llegaban hasta la avenida Beiró.






Los golpes contra los portones estallaban en oficina de Díaz. "Vamos a entrar a romper todo".
Díaz reclamó a los diputados una orden para abrir las puertas. Pero no había orden ni indulto. Se sancionaría la amnistía luego del debate parlamentario.
Al único funcionario de Gobierno que fue informado sobre la situación en el penal era el ministro del Interior Esteban Righi, que había asumido hacía tres horas, y acababa de darse un baño en su departamento. Decidió llamar a la oficina de Díaz.
"Cuando estaba en la pasarela un guardia me dijo que bajara a la oficina para hablar por teléfono con Righi. Todavía no era de noche. Righi no era un tipo reaccionario, sobre los presos políticos le había dicho a Cámpora que dejara pasar el tema, que en cuatro o cinco días salíamos. Me dijo 'Escúcheme, Cazes. Ustedes le dicen a la gente que se retire y nosotros les garantizamos la amnistía y salen todos afuera' Estaban todos escuchando, veinte tipos alrededor, mientras desde afuera se escuchaban los golpes de poste de teléfono contra el portón. Le digo:'Mire Righi, están tirando la puerta abajo. Usted cree que a la gente que viene a pedir mi libertad y la de los compañeros yo le puedo decir que se vaya", afirmó Pedro Cazes Camarero al autor de este artículo,en una entrevista para el libro
"Primavera Sangrienta"
"El ERP presionaba a un gobierno que acababa de asumir. Querían aparecer arrancándole el indulto al nuevo gobierno. Había un conflicto de intereses claro entre un gobierno que quería ser protagonista de una etapa –FREJULI- y ellos –ERP-, que querían hacernos parecer un gobierno burgués, y que la libertad la conseguían ellos. Querían marcar esa diferencia. Montoneros fue arrastrado por el ERP. Era un híbrido. Mi preocupación era que no hubiera episodios de violencia. Acabábamos de llegar, y cuando estás recién llegado, no sabés qué timbres tocar", afirmó Righi, cuarenta y cinco años después de los hechos.






En un momento, cuando ya había oscurecido, un camión avanzó sobre la multitud y se colocó de culata frente al portón. La caja trasera estaba cubierta con una lona. Los guardiacárceles suponían que bajarían armas para distribuir a la multitud. Algunos agentes, que se habían negado a entregar sus armas, se parapetaron en las ventanas del penal con pistolas 9mm y ametralladoras PA3. La orden fue cubrir el frente y el playón grande, para que nadie entrara ni saliera. Un agente, desde la terraza, tiró un gas lacrimógeno hacia el camión pero golpeó contra una reja y golpeó al casco de un penitenciario. Fue insultado por sus pares.
"El camión nunca golpeó el portón. Lo habían traído los montos. No tenía armas. Los montos dicen que llevaron algunas armas en auto. Nosotros no llevamos armas. Había una decisión política de no liberar el penal con armas. La decisión era entrar, como última opción, en el marco de una movilización, que podía ser muy fuerte" –indica Cazes Camarero, responsable de los presos del PRT-ERP.
"En un momento empezaron a perforar el portón principal con una autógena. Yo sé lo que es una autógena. Vengo del Otto Krausse. ¡Los tipos tenían una autógena! Díaz no quería reprimir, pero hizo armar a su oficialidad y la puso delante de los portones para repeler un posible ataque. Los presos ya estaban por el patio. Afuera había una multitud", recuerda el ex diputado Héctor Sandler.
Los presos políticos detenidos en distintas cárceles del país-, habían sido imputados y en pocos casos condenados, por la Cámara Federal Penal Nacional –sus críticos se referían a ella como "El Camarón"-.
La Cámara del "fuero antisubversivo" había sido creada por el general Alejandro Lanusse por decreto en mayo de 1971. La Cámara tenía competencia específica para las «actividades subversivas». Juzgaba las acciones armadas, la difusión de propaganda política, las movilizaciones, las huelgas y las protestas callejeras, que se sucedían en el contexto de la dictadura militar, que prohibía la actividad política.






La Cámara tenía una jurisdicción única –todo el territorio del país-, la instrucción quedaba a cargo de las fuerzas de seguridad, sus jueces habían sido designados por el gobierno militar y las condenas no preveían instancias de apelación, en contradicción con las garantías que reserva la Constitución.
Una de las denuncias más frecuentes contra el "fuero antisubversivo" eran las torturas que padecían sus acusados en sedes policiales, antes de ser indagados por el juez de la Cámara, que desechaba las denuncias de apremios y tormentos.
En el primer año, la Cámara Federal llevó a prisión a 1452 imputados, y dictó 45 condenas. Algunos de los presos fueron alojados permanecieron en el buque "Granaderos". Una masiva huelga de hambre, en junio de1972, desactivó a la nave como establecimiento carcelario.
Los detenidos, a su vez, estaban encarcelados bajo régimen cerrado, de "máxima peligrosidad", en celdas individuales, de 1.80 por 2. Disponían una hora de recreo por día. Estaban uniformados con un mameluco, con visitas restringidas. Este régimen carcelario era sólo aplicado para los detenidos por la Cámara Federal.
Para denunciar el trato humanitario "denigranteۛۛۛ" y dar a conocer los efectos en la salud y en la psiquis de los detenidos, un grupo de las Fuerzas Armadas de Liberación –FAL- decidieron secuestrar al jefe de psiquiatría del penal de Villa Devoto, Hugo Norberto D Aquila. El 11 de enero de 1973 lo sacaron de su consultorio particular en Avellaneda y lo llevaron amordazado. Lo interrogaron durante cuatro días sobre las condiciones carcelarias. El interrogatorio fue publicado algunos meses después en el libro «Máxima seguridad«, que circuló de modo restringida en el ámbito de la militancia armada. Cuatro días después, sin que mediara pedido de rescate, el doctor DAquila fue liberado en Liniers.
Hasta ese momento, en los establecimientos penales de Villa Devoto, Caseros, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Mendoza, Chaco y Tucumán, permanecían en prisión guerrilleros del EGP, el primer foco guevarista de Salta, detenidos en 1964, algunos guerrilleros peronistas detenidos en Taco Ralo, Tucumán, en 1967, otros que habían participado del secuestro del General Aramburu, y del industrial Oberdán Sallustro, presidente de FIAT; obreros detenidos en huelgas, entre otros.
En su campaña electoral, Cámpora había prometido liberarlos a todos.
Después de la comunicación con el jefe de los presos del ERP Cazes Camarero, Righi logró interceptar a Cámpora en su departamento, antes de que saliera hacia la cena de gala que se ofrecía en el salón del Concejo Deliberante para las delegaciones extranjeras.
"Le conté lo que pasaba y le dije que las alternativas eran todas malas. Reprimir, cosa que no se podía hacer. O dejar que tomaran la cárcel, que tampoco se podía hacer. Veníamos precedidos de una larga discusión entre los partidarios del indulto y los de la amnistía. Yo estaba en este último grupo. Habíamos logrado una fórmula que permitía la liberación en un par de días. No había razones para presionar y obtener el indulto. Cámpora entendió que no había más remedio que dar el indulto y le dije que había que anunciarlo para descomprimir. Me dijo que prepara todo", refirió Righi al autor de este artículo.






Pero mientras el ministro del Interior empezaba a trabajar con su equipo en el despacho de la Casa Rosada para la elaboración del indulto, llegó al penal de Villa Devoto Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Justicialista, que no tenía funciones de Gobierno. Había sido llamado por su secretario, el diputado Julio Mera Figueroa, que estaba en la oficina del prefecto Díaz analizando qué hacer.
"Me llamó Julio y me dijo que estaban golpeando las puertas y no se sabían si las iban a tirar. Decidí ir a Devoto. No tenía ninguna instrucción. En esa época era todo de hecho. Fui en auto, con mi custodia policial, entré por el portón. Adentro era un despelote. Los guardiacárceles estaban muy asustados. Los presos comunes, los más pesados, habían logrado abrir la primera puerta y estaban sobre el pasillo. Salí a una pasarela para hablar con la multitud, dije que se estaba avanzando en los aspectos legales, conforme a la ley. Y la gente gritaba cada vez más. Había una presencia muy importante del ERP, que apretaba para la libertad inmediata. Hablé con el director y acordé un acta que decía algo así como que «bajo la responsabilidad de los diputados presentes, que manifiestan que todos los sectores van a coincidir en la amnistía, para evitar un hecho mayor, los presos salgan en libertad". Entonces subí de nuevo a la pasarela, algunos legisladores subieron conmigo y dije que se mantuviera la calma, que ya estaba el indulto, lo cual no era cierto. Había que calmar las cosas de alguna manera".
-¿El indulto lo da usted, de alguna manera?
-No puedo decir eso. No hubo coordinación. Yo no era parte del gobierno. Mi papel era como secretario del movimiento. Esa noche, Devoto estaba explosivo. Yo lo liberé… a mí no me gustaba hacerlo así, pero eso explotaba.
Cazes Camarero describe el momento en que Abal Medina, en la pasarela del primer piso del penal, frente a la multitud que estaba en las calles, anunció el indulto.
"Abal llegó a la pasarela y me pidió el megáfono. Venía con un rollo de papel blanco en la mano y empezó a hablarle a las masas de la historia argentina, el rosismo, la resistencia peronista, Frondizi… y cortó bruscamente el discurso y dijo "…por todo lo dicho, quedan en libertad…". Yo me enteré cuando él lo dijo. La movilización lo aplaudió. Y Abal seguía con el papel blanco. Yo pensaba que era el indulto. Cuando bajamos por las escalinatas, el jefe de la guardia del penal me gritó "Cazes, ¿dónde está la lista? " Y le dije a Abal: "Dame el papelito". Me da el papelito. Lo abro: en blanco. Era una hoja tamaño A 4. Además, con el énfasis del discurso estaba toda arrugada. "Nos vamos igual…", me dice. Y les dije a los compañeros: "Salen".
El acta de la libertad de los detenidos políticos fue redactada y firmada por la comisión de diputados presentes en la oficina del prefecto Díaz. A la medianoche, ordenados en filas de a veinticinco, los presos comenzaron a salir del penal y se reencontraron con sus familiares y militantes.






Algunas horas después, mientras esperaban la salida de otros presos, frente al penal se cruzaron disparos en los que resultaron muertos los militantes Oscar Lysac y Carlos Sfeir.
Durante toda la madrugada, Righi y su equipo de juristas armó la lista de presos, en base las detenciones registradas por el fuero "antisubversivo", el órgano que los había llevado a prisión, y por el régimen carcelario de "máxima seguridad".
El sábado 26 de mayo, con los presos políticos de todo el país en libertad, Cámpora firmó el indulto. Ese día, la Cámara de Diputados inició el debate del proyecto de Amnistía, lo votó y lo trasladó al Senado. La ley fue sancionada en la madrugada del domingo 27, con el voto unánime de todos los representantes de los partidos políticos.
Luego de la votación, los legisladores se pusieron de pie y cantaron el himno nacional.
*Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA) Su último libro es Primavera Sangrienta. Argentina 1970-1973. Un país a punto de explotar. Guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Ed. Sudamericana.

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