En defensa de los jueces del caso “Marita Verón”
Por Nicolás Márquez (*)
El delito es una conducta “típica, antijurídica y culpable”. Esta
definición básica y de libro elemental, es la que estudia cualquier
alumno universitario al cursar derecho penal. Para condenar a un
imputado, es necesario entonces que su conducta comprobadamente se
encuadre en todos y cada uno de los requisitos y elementos que requiere
cada delito en su artículo respectivo.
En un país donde el Estado de derecho es una entelequia, abocarse a
analizar sentencias es una tarea fatídica. Los entuertos judiciales, las
burocracias administrativas, las inacabables impugnaciones, los
recursos de los recursos, las presiones políticas, las agitaciones
mediáticas, las “chicanas” de los abogados de las partes, y además,
todas las inacabables reglamentaciones contempladas en los códigos de
procedimientos hacen del derecho y de la justicia una actividad
imprescindible pero kafkiana (máxime en aldeas de quinto orden como lo
es la destartalada Argentina kirchnerista).
Esta breve introducción viene a comento, con motivo del insólito
escándalo sucedido en el multimediático caso “Marita Verón”, en el cual
los jueces, en una sentencia compuesta por 600 fojas, decidieron
absolver a los 13 imputados.
De inmediato, el propietario de la Provincia de Tucumán, José
Alperovich y luego su jefa Cristina Kirchner, se reunieron sucesivamente
con la polémica Susana Trimarco (madre de la víctima), ofreciéndoles su
“apoyo” para impulsar juicio político a los jueces del Tribunal. ¿Con
qué argumentos se decidió tal cosa?, absolutamente con ninguno, porque
recién los fundamentos del fallo se dieron con posterioridad (hace
exactamente dos horas al momento de escribir esta nota se le entregaron a
las partes un CD con 600 fojas) y aún así, habría que estudiar
detenidamente todo el expediente (al que se le suman las mencionadas 600
fojas resolutivas) en el cual hay que tomar nota en todos y cada uno de
los 13 casos absueltos y a la vez, dar un fundamento jurídico y técnico
para sostener cuáles serían “las impurezas” del fallo que ameritaría
enjuiciar a los Magistrados.
Los abogados tucumanos saben y les consta que los jueces de ese
tribunal son incorruptibles y que el fallo es jurídicamente impecable,
aunque políticamente incorrecto. Pero hete aquí que un fallo sólo puede
ser políticamente incorrecto o inconveniente cuando la política invade
al poder judicial, caso contrario, lo único que debería importar en una
sentencia es si la misma se ajusta o no a derecho, y no si desde el
punto de vista del “marketing” es o no vendible a la opinión pública.
Todo indica que el grueso de los imputados eran personajes de turbia o
pésima reputación. Este dato ha contribuido para alimentar la
agitación política y mediática, pero es un argumento absolutamente
antijurídico: ¿acaso es un fundamento atendible pretender condenar a un
imputado no por su vínculo con el delito investigado sino por su mala
fama?.
Pero el asunto vino como anillo al dedo para que Cristina Kirchner
pidiera un juicio político en función de una sentencia judicial que no
conoce y a la que encima intenta entremezclar con el inacabable
melodrama de la “cautelar de Clarín”, pretendiendo así transpolar,
confundir y enlodar a todo el Poder Judicial (como si un asunto tuviese
relación con el otro) y bramar a los cuatro vientos una “democratización
de la justicia”. ¿Pretenderá con esto institucionalizar la praxis
kirchnerista consistente en “escrachar” jueces insumisos en los
intervalos proselitistas del costoso “Fútbol Para Todos”?.
Como si estas sórdidas piruetas no bastasen para advertir los oscuros
propósitos del oficialismo, la viuda Kirchner en diligente gesto de
oportunismo político le ordenó a “su” Congreso ipso facto
debatir y aprobar la “Ley de Tratas”, cajoneada y aletargada por el
mismísimo bloque kirchnerista desde hacía ya varios meses tras haber
obtenido media sanción en el Senado.
Al igual que Cristina y los alcahuetes que le hacen coro, quien
suscribe no ha leído las 600 fojas de la resolución dadas a conocer
hace minutos. Por ende, no existe argumento alguno para aplaudir o
maldecir la sentencia o a quienes la firmaron. El único dato
comprobadamente verdadero, es que esos jueces obraron despojándose del
servilismo, el arribismo y la dependencia para con el poder central. En
efecto, desde el punto de vista humano: ¿qué siente un Juez ante la
falta de pruebas al decidir absolver a una persona cuando a la vez sabe
que los medios, el Gobernador y la Presidente luego le van a saltar a la
yugular?; ¿puede sentenciar con tranquilidad?; ¿no le resultaría más
fácil a los jueces ahora atacados condenar a un puñado de “perejiles” y
así no sólo salvar su pellejo sino negociar un ascenso?
En una escala de 1 a 10 (donde uno es dependencia absoluta y 10
independencia absoluta) en el ranking mundial de “Independencia
Judicial” la desacreditada Argentina kirchnerista apenas araña dos
puntos y ocupa hoy el vergonzoso lugar número 116[1]
de la tabla junto a Camerún, Nicaragua y Bolivia. ¿Más dependencia
judicial quiere el oficialismo todavía para seguir bajando en la escala?
Luego cabe preguntarse: ¿qué autoridad moral y jurídica tienen los
“democratizadores de justicia” cuándo ya la han puesto de rodillas y
desprestigiado a nivel mundial? De sobra se sabe que Néstor Kirchner
como abogado fue un prepotente cobrador de morosos y Cristina Kirchner, a
pesar de su auto-elogiada condición de “abogada exitosa”, jamás pudo
demostrar la autenticidad de su título universitario. Esta falta de
exigencia y pretensiones académicas quizás nos explique por qué ella
misma puso tanto empeño en imponer al falsificador de currículum Daniel
Reposo como Procurador General de la Nación, cargo que había quedado
vacante tras el atropello kirchnerista a numerosos funcionarios
judiciales para salvar al VicePresidente Amado Boudou por la bochornosa
causa Ciccone.
¿Este es el perfil de los pregoneros y encargados de “renovar” y
remover al aparato judicial urbi et orbe?, ¿para reemplazarlo con qué
juristas? Ya conocemos cuál es el perfil de los actuales jueces
kirchneristas, que no son jurisconsultos calificados sino escandalosos
arrendatarios de burdeles, obedientes archivadores de causas y
filmográficos accionistas de prostíbulos sodomíticos.
En síntesis, al igual que los opugnadores, no conocemos el fallo ni
la historia de los jueces tucumanos hoy perseguidos, pero si Alperovich y
Cristina los quieren remover, entonces existe la duda razonable de que
los mencionados jueces se ajustaron a derecho y obraron como
funcionarios probos.
