Hay 25 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno involucrados; la condena a Miceli, una excepción
En la Argentina hay por lo menos 35 causas por corrupción que involucran a 25 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta Cristina Kirchner.
Pero no
se vislumbra que en breve se realice otro juicio oral como en el que se
condenó el jueves último a la ex ministra de Economía Felisa Miceli.
Así lo
estableció LA NACION tras un relevamiento realizado en la mayoría de los
juzgados y fiscalías federales de primera instancia.
Algunas de las causas tienen casi tantos años como el kirchnerismo en el poder. Otras menos, pero andan lentas. Los cinco años que tardó el caso de la bolsa de dinero de Miceli desde su denuncia en 2007 hasta la sentencia son una excepción. De todos modos, para que la condena de cuatro años que recibió se haga efectiva, debe ser confirmada por la Cámara de Casación y luego queda aún el camino de la Corte.
Los ex funcionarios que están más cerca de llegar a juicio oral son el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya tiene dos procesamientos confirmados por el delito de recibir dádivas; el ex superintendente de Salud y ex recaudador electoral del kirchnerismo Héctor Capacciolli, por un caso derivado de la mafia de los medicamentos, y el ex secretario de Tierras Luis D'Elía, por la toma de la comisaría 24a. de La Boca, ocurrida en 2004.
Los tiempos se extendieron en todas estas causas, lo que no es extraño si se considera que, según un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), un caso de corrupción en la Argentina demora en tener sentencia unos 14 años en promedio.
De hecho, ahora mismo se está juzgado al ex presidente Fernando de la Rúa por el supuesto pago de sobornos a senadores por la ley de reforma laboral. Habría veredicto en 2013.
La presidenta Cristina Kirchner está entre los más de 25 funcionarios y ex funcionarios imputados. Fue denunciada por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en un expediente que mantiene abierto la jueza federal María Servini de Cubría. Se la acusó junto a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, por la instrumentación del cepo cambiario. El caso es impulsado por el fiscal Carlos Stornelli.
Inmediatamente por debajo del escalafón del poder le sigue Amado Boudou, que tenía a septiembre de este año 14 causas en trámite. En las principales, el juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y porque supuestamente se interesó en la quiebra de la ex Ciccone; en otra el juez federal Sebastián Casanello averigua si intervino en la percepción de más de 7 millones de honorarios que recibió Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone por reestructurar la deuda de Formosa, a instancias del Ministerio de Economía, cuando era ocupado por Boudou, y también lo investiga el juez Claudio Bonadio por presuntas irregulares en su declaración jurada de bienes de 2010.
Jaime es el ex funcionario que tiene el frente judicial más complicado. Pues ya fue elevado el caso para que sea juzgado por recibir dádivas, en calidad de viajes gratis que le pagaban empresas de transporte a las que debía controlar. Además está investigado por sus bienes -la fiscalía le reclamó que justifique 6 millones de pesos-, por la compra de vagones a España y ahora está procesado por la tragedia de la estación Once.
En esta última causa, su sucesor Juan Pablo Schiavi también fue procesado junto con Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero. Todas esas resoluciones serán revisadas en enero por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.
También se investiga al ministro de Planificación Julio De Vido: fue denunciado por Carrió en una causa que involucraba al ex presidente Néstor Kirchner como jefe de una asociación ilícita que incluyó a Jaime, Rudy Ulloa, Carlos Zannini y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa se dividió en diversos expedientes, algunos de los cuales siguen abiertos y otros fueron cerrados.
El mismo juzgado imputó a Claudio Uberti, ex titular del Occovi, entre otros ex funcionarios, acusados de gerenciar una embajada paralela que cobraba comisiones para que empresarios argentinos hicieran negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Echegaray sigue investigado por los subsidios que entregó a feedlots y el caso Schoklender en el que se investiga el desvío de parte de los $ 760 millones que recibieron las Madres de Plaza de Mayo aún no tiene procesamientos..
Algunas de las causas tienen casi tantos años como el kirchnerismo en el poder. Otras menos, pero andan lentas. Los cinco años que tardó el caso de la bolsa de dinero de Miceli desde su denuncia en 2007 hasta la sentencia son una excepción. De todos modos, para que la condena de cuatro años que recibió se haga efectiva, debe ser confirmada por la Cámara de Casación y luego queda aún el camino de la Corte.
Los ex funcionarios que están más cerca de llegar a juicio oral son el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya tiene dos procesamientos confirmados por el delito de recibir dádivas; el ex superintendente de Salud y ex recaudador electoral del kirchnerismo Héctor Capacciolli, por un caso derivado de la mafia de los medicamentos, y el ex secretario de Tierras Luis D'Elía, por la toma de la comisaría 24a. de La Boca, ocurrida en 2004.
Los tiempos se extendieron en todas estas causas, lo que no es extraño si se considera que, según un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), un caso de corrupción en la Argentina demora en tener sentencia unos 14 años en promedio.
De hecho, ahora mismo se está juzgado al ex presidente Fernando de la Rúa por el supuesto pago de sobornos a senadores por la ley de reforma laboral. Habría veredicto en 2013.
La presidenta Cristina Kirchner está entre los más de 25 funcionarios y ex funcionarios imputados. Fue denunciada por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió en un expediente que mantiene abierto la jueza federal María Servini de Cubría. Se la acusó junto a Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, por la instrumentación del cepo cambiario. El caso es impulsado por el fiscal Carlos Stornelli.
Inmediatamente por debajo del escalafón del poder le sigue Amado Boudou, que tenía a septiembre de este año 14 causas en trámite. En las principales, el juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y porque supuestamente se interesó en la quiebra de la ex Ciccone; en otra el juez federal Sebastián Casanello averigua si intervino en la percepción de más de 7 millones de honorarios que recibió Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone por reestructurar la deuda de Formosa, a instancias del Ministerio de Economía, cuando era ocupado por Boudou, y también lo investiga el juez Claudio Bonadio por presuntas irregulares en su declaración jurada de bienes de 2010.
Jaime es el ex funcionario que tiene el frente judicial más complicado. Pues ya fue elevado el caso para que sea juzgado por recibir dádivas, en calidad de viajes gratis que le pagaban empresas de transporte a las que debía controlar. Además está investigado por sus bienes -la fiscalía le reclamó que justifique 6 millones de pesos-, por la compra de vagones a España y ahora está procesado por la tragedia de la estación Once.
En esta última causa, su sucesor Juan Pablo Schiavi también fue procesado junto con Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero. Todas esas resoluciones serán revisadas en enero por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.
También se investiga al ministro de Planificación Julio De Vido: fue denunciado por Carrió en una causa que involucraba al ex presidente Néstor Kirchner como jefe de una asociación ilícita que incluyó a Jaime, Rudy Ulloa, Carlos Zannini y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa se dividió en diversos expedientes, algunos de los cuales siguen abiertos y otros fueron cerrados.
El mismo juzgado imputó a Claudio Uberti, ex titular del Occovi, entre otros ex funcionarios, acusados de gerenciar una embajada paralela que cobraba comisiones para que empresarios argentinos hicieran negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Echegaray sigue investigado por los subsidios que entregó a feedlots y el caso Schoklender en el que se investiga el desvío de parte de los $ 760 millones que recibieron las Madres de Plaza de Mayo aún no tiene procesamientos..
