OPINIÓN
Malversar es, simplemente, emplear dineros públicos para algo que no esté previsto por la ley. Puede ser muy útil y necesario. Por ejemplo: un presupuesto prevé una partida para pan y otra para manteca; se acaba la partida de pan y queda sobrando la de manteca; entonces el administrador, con plata que se previó emplear en manteca compra pan. Ha malversado, pues ha dado al dinero un destino que no es el previsto por la ley, y seguramente ha procedido muy bien, pues el pan aunque no tuviera manteca sirve, en cambio la manteca sin pan puede resultar inútil.
Esas conveniencias que resultan evidentes en la práctica son el origen de que la gente que ha actuado en la administración pública vea con simpatía a la malversación; la malversación es una necesidad concreta para solucionar errores inevitables de los que prevén los gastos con harta anticipación y muchas veces sin conocer las necesidades cotidianas. Se ha dicho que funcionarios que no malversan son los inútiles, los medrosos y -sobre todo- los indiferentes al buen resultado de la gestión pública; aquellos funcionarios que compran manteca aunque se haya terminado el pan, porque así cumplen con la previsión legal y no asumen, no toman para sí, la obligación de interpretar la finalidad de esa previsión.
En tiempos de la monarquía se procedía así, se gastaba en lo que resultaba necesario, conveniente, imprescindible, según el buen arbitrio del administrador. Pero uno de los fundamentos de la república consiste en que los representantes del pueblo fijen límites a los administradores, a los ejecutivos. De ahí nace que sean los legislativos los que voten el presupuesto y controlen su cumplimiento. Es propio de la virtud cívica respetar, acatar, cumplir, lo que el pueblo ha dispuesto por medio de sus representantes. Entonces la malversación aparece como un gravísimo delito: es un desacato al poder legislador, y por lo tanto un desacato al pueblo y al orden institucional que ha confiado en ciertos procedimientos poner un control, un límite, un cartabón al poder administrador.
La Iglesia a ciertos pecados graves los considera pecados contra el Espíritu Santo; la república tiene un equivalente en el delito contra el poder legislativo que representa la majestad popular. De ahí viene que la malversación, una necesidad para corregir inevitables errores, pase a ser un crimen horrendo, el crimen de los crímenes, un crimen contra el pueblo soberano representado por el legislativo.
Un exceso de prolijidad en los economistas ha llevado a la confección de presupuestos demasiado meticulosos: se ha de gastar tanto en alcohol y tanto en vendas, pues el alcohol corresponde al rubro “líquidos desinfectantes” y la venda al rubro de “telas y tejidos”. Estos excesos han sido causa de muchas complicaciones, de modo que los presupuestos quedaban en manos de técnicos especialistas en su interpretación y en la debida imputación de los gastos. Me parece que sería un adelanto aplicar una nueva técnica presupuestaria con rubros más generosos y abarcativos. Por ejemplo, poner el alcohol y la venda en la partida “curación de heridas”, de modo que, si el médico lo considerase conveniente, hasta podría emplear algún dinero en yodo y en curitas imputándolo a la misma partida. Los presupuestos actuales han ganado muchísimo en elasticidad, por lo que la horrenda malversación ha dejado de ser un cuco espantoso.
Pero siempre hay la posibilidad de gastar mal, de gastar los dineros públicos dispuestos para un fin empleándolos en destinos diversos. Era buena y conveniente cuando corregía errores del presupuesto sin modificar la voluntad de gastar en ciertas cosas y no en otras. Sigue siendo mala, o por lo menos seriamente cuestionable, la malversación que contraríe la voluntad general. Si ustedes los representantes del pueblo considerasen que debe hacerse un esfuerzo especial construyendo obras de regadío y dispusieran contribuciones con ese propósito, cometería un serio delito el ejecutivo que decidiera emplearlo en reparar caminos. ¿Que los caminos también son necesarios? Pues es claro que sí, pero entonces el administrador destruye el objetivo que expresamente se propuso. Es claro que todo es necesario, y por eso mismo alguien tiene que decidir qué es lo preferible, qué es lo más urgente o necesario. En la distribución de funciones al legislativo le toca esta tarea no por simple casualidad sino por serle propia, porque es de su naturaleza, porque está en su razón de ser. Con el argumento de que esto también es necesario podría arruinarse, o por lo menos impedirse, una obra de gobierno. No puede entonces el legislativo renunciar al control del presupuesto ni hacer la vista gorda a las malversaciones. Puede hacer partidas más amplias, más genéricas, menos detallistas, pero siempre tendrá que velar por que no se gaste distinto a lo autorizado.
Venimos hablando de la malversación que consiste en sacar plata de un bolsillo para ponerlo en otro, pero del mismo pantalón. Lo que en Tucumán se está tratando parece ser un poco distinto: el ejecutivo provincial maneja dineros que no son de la provincia sino de la nación. En este punto quizás habría que hilar un poco más fino. No se trataría de una malversación sino de incumplimiento de mandato; la nación le ha dado a la provincia para que pague comedores escolares y la provincia, a una plata que no es suya -es suya porque ha de gastarse aquí, pero es ajena porque ha sido recaudada por otros con fines perfectamente especificados- la gasta en sus propias necesidades, en pagar a los empleados de su administración. Ya no es sacar de un bolsillo para ponerla en otro, sino que se la ha llevado a pantalón distinto.
Evidentemente a la Legislatura le corresponde intervenir, pues es la natural controladora de los gastos del Ejecutivo. Pero, además, en este caso tendría derecho a intervenir la nación, pues es plata de ella, que ella ha recaudado, de la que ella debe rendir cuentas, la que ha sido desviada de su objeto natural y lícito.
En todo caso lo imprescindible sería no malversar y si existiese una malversación verificada Jueces y Fiscales deberían intervenir de oficio y no hacer la vista gorda.
DR. JORGE B. LOBO ARAGON
jorgeloboaragon@hotmail.com
jorgeloboaragon@gmail.com
Esas conveniencias que resultan evidentes en la práctica son el origen de que la gente que ha actuado en la administración pública vea con simpatía a la malversación; la malversación es una necesidad concreta para solucionar errores inevitables de los que prevén los gastos con harta anticipación y muchas veces sin conocer las necesidades cotidianas. Se ha dicho que funcionarios que no malversan son los inútiles, los medrosos y -sobre todo- los indiferentes al buen resultado de la gestión pública; aquellos funcionarios que compran manteca aunque se haya terminado el pan, porque así cumplen con la previsión legal y no asumen, no toman para sí, la obligación de interpretar la finalidad de esa previsión.
En tiempos de la monarquía se procedía así, se gastaba en lo que resultaba necesario, conveniente, imprescindible, según el buen arbitrio del administrador. Pero uno de los fundamentos de la república consiste en que los representantes del pueblo fijen límites a los administradores, a los ejecutivos. De ahí nace que sean los legislativos los que voten el presupuesto y controlen su cumplimiento. Es propio de la virtud cívica respetar, acatar, cumplir, lo que el pueblo ha dispuesto por medio de sus representantes. Entonces la malversación aparece como un gravísimo delito: es un desacato al poder legislador, y por lo tanto un desacato al pueblo y al orden institucional que ha confiado en ciertos procedimientos poner un control, un límite, un cartabón al poder administrador.
La Iglesia a ciertos pecados graves los considera pecados contra el Espíritu Santo; la república tiene un equivalente en el delito contra el poder legislativo que representa la majestad popular. De ahí viene que la malversación, una necesidad para corregir inevitables errores, pase a ser un crimen horrendo, el crimen de los crímenes, un crimen contra el pueblo soberano representado por el legislativo.
Un exceso de prolijidad en los economistas ha llevado a la confección de presupuestos demasiado meticulosos: se ha de gastar tanto en alcohol y tanto en vendas, pues el alcohol corresponde al rubro “líquidos desinfectantes” y la venda al rubro de “telas y tejidos”. Estos excesos han sido causa de muchas complicaciones, de modo que los presupuestos quedaban en manos de técnicos especialistas en su interpretación y en la debida imputación de los gastos. Me parece que sería un adelanto aplicar una nueva técnica presupuestaria con rubros más generosos y abarcativos. Por ejemplo, poner el alcohol y la venda en la partida “curación de heridas”, de modo que, si el médico lo considerase conveniente, hasta podría emplear algún dinero en yodo y en curitas imputándolo a la misma partida. Los presupuestos actuales han ganado muchísimo en elasticidad, por lo que la horrenda malversación ha dejado de ser un cuco espantoso.
Pero siempre hay la posibilidad de gastar mal, de gastar los dineros públicos dispuestos para un fin empleándolos en destinos diversos. Era buena y conveniente cuando corregía errores del presupuesto sin modificar la voluntad de gastar en ciertas cosas y no en otras. Sigue siendo mala, o por lo menos seriamente cuestionable, la malversación que contraríe la voluntad general. Si ustedes los representantes del pueblo considerasen que debe hacerse un esfuerzo especial construyendo obras de regadío y dispusieran contribuciones con ese propósito, cometería un serio delito el ejecutivo que decidiera emplearlo en reparar caminos. ¿Que los caminos también son necesarios? Pues es claro que sí, pero entonces el administrador destruye el objetivo que expresamente se propuso. Es claro que todo es necesario, y por eso mismo alguien tiene que decidir qué es lo preferible, qué es lo más urgente o necesario. En la distribución de funciones al legislativo le toca esta tarea no por simple casualidad sino por serle propia, porque es de su naturaleza, porque está en su razón de ser. Con el argumento de que esto también es necesario podría arruinarse, o por lo menos impedirse, una obra de gobierno. No puede entonces el legislativo renunciar al control del presupuesto ni hacer la vista gorda a las malversaciones. Puede hacer partidas más amplias, más genéricas, menos detallistas, pero siempre tendrá que velar por que no se gaste distinto a lo autorizado.
Venimos hablando de la malversación que consiste en sacar plata de un bolsillo para ponerlo en otro, pero del mismo pantalón. Lo que en Tucumán se está tratando parece ser un poco distinto: el ejecutivo provincial maneja dineros que no son de la provincia sino de la nación. En este punto quizás habría que hilar un poco más fino. No se trataría de una malversación sino de incumplimiento de mandato; la nación le ha dado a la provincia para que pague comedores escolares y la provincia, a una plata que no es suya -es suya porque ha de gastarse aquí, pero es ajena porque ha sido recaudada por otros con fines perfectamente especificados- la gasta en sus propias necesidades, en pagar a los empleados de su administración. Ya no es sacar de un bolsillo para ponerla en otro, sino que se la ha llevado a pantalón distinto.
Evidentemente a la Legislatura le corresponde intervenir, pues es la natural controladora de los gastos del Ejecutivo. Pero, además, en este caso tendría derecho a intervenir la nación, pues es plata de ella, que ella ha recaudado, de la que ella debe rendir cuentas, la que ha sido desviada de su objeto natural y lícito.
En todo caso lo imprescindible sería no malversar y si existiese una malversación verificada Jueces y Fiscales deberían intervenir de oficio y no hacer la vista gorda.
DR. JORGE B. LOBO ARAGON
jorgeloboaragon@hotmail.com
jorgeloboaragon@gmail.com
