EL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA.
CON LA MENTIRA DE LA NULIDAD.SUS PRACTICAS LAS EFECTUO CON LOS PROSTIBULOS DE RIO GALLEGOS, LOS ROBOS DE LA 1050 Y TIERRAS FISCALES DEL CALAFATE.
Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos jurídicos y
constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto por el que
el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio Ferial
vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Yo no me voy a referir a ese
aspecto porque lo han hecho voces mucho más autorizadas que la mía, con
argumentos claros y contundentes.
Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras
que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago
porque forma parte de la estrategia que en forma alevosa viene
utilizando este Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria.
Y para el el bienestar futuro de los Argentinos es imprescindible que
las nuevas generaciones no se dejen engañar por este relato.
La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991 por US$ 30
millones, fue no sólo legítimo, sino altamente beneficioso para los
intereses generales de nuestro País. La sociedad Rural había ocupado
este predio, por decisiones de sucesivos Gobiernos, comenzando por el de
Domingo Faustino Sarmiento en 1876, durante más de 100 años. Todas las
edificaciones realizadas sobre ese predio habían sido hechas por la
Sociedad Rural Argentina que desde 1880 organizó, sin interrupción
alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama mundial y que fue siempre un
símbolo del importante progreso de la Ganadería y de la Agricultura de
Argentina.
En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente Menem
(en el que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde julio
de 1989 y Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde enero
de 1991) lanzara la política de re-capitalización y modernización del
Campo Argentino, simbolizado en la eliminación completa de las
retenciones a las exportaciones agropecuarias, La Sociedad Rural
Argentina ofreció adquirir el predio ferial para posibilitar fuertes
inversiones que producirían una gran jerarquización de los servicios que
tradicionalmente había prestado y seguiría prestando esa institución.
Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a
vender el predio en forma directa dado que se trataba de una venta a
quienes lo venían ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de
hecho había tenido el destino de predio Ferial desde 1876, encuadraba
perfectamente en la política de venta de los inmuebles innecesarios del
Estado que se lanzó en 1989 precisamente para permitir que esos
inmuebles sirvieran para emprendimientos privados enderezados al
crecimiento y la modernización del País.
Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia,
incluso excediendo las precauciones demandadas por la Ley. Por ejemplo,
siendo que con una tasación del Banco Hipotecario
o del Banco de la Ciudad era suficiente para cumplir con la
normativa, se pidieron las dos tasaciones y se solicitó también una
tasación adicional a un grupo de prestigiosas empresas inmobiliarias.
Todas las tasaciones, que obviamente se hicieron teniendo en cuenta las
restricciones al dominio que afectaban a esa propiedad, ascendieron a
valores del orden de los US$ 30 millones en los que se terminó
realizando la operación de venta.
La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio,
sino que debía hacer las inversiones necesarias para cumplir con un
ambicioso plan de ampliación y jerarquización de las instalaciones y el
Estado ingresaría además una participación en el precio de las entradas
a los eventos que se llevaran a cabo en el Predio. Fue precisamente
esta operación la que posibilitó que hoy las instalaciones tengan la
magnificencia y funcionalidad que han podido admirar millones de
visitantes argentinos y del exterior en los últimos 20 años.
En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la
operación, el Juez Federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto
con los de algunos funcionarios que me acompañaron en el Ministerio,
con los directivos de la Sociedad Rural y con los peritos tasadores de
las instituciones oficiales (Banco Hipotecario y Banco de La Ciudad) que
hicieron las tasaciones en las que se basó la operación. Nos procesaron
por el supuesto delito de “peculado”, es decir de sustracción del
predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el argumento de que
un perito oficial designado por el Juez y sin que hayan participado
peritos de las partes involucradas, sostuvo que el precio correcto del
predio, en el año 1991, debió ser de US$ 132 millones.
La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó
en una supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad
Rural y sus socios inversores luego de la compra del terreno. Esa
evaluación se hizo sin tener presente que además de pagar el precio del
terreno, la Sociedad Rural y sus socios invirtieron más de US$ 100
millones adicionales.
Tampoco tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no
procedió a descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para
determinar el valor presente en 1991 y, si todos estos errores fueran
pocos, el cálculo se hizo en base a información que obviamente era
imposible que estuviera disponible en 1991. Es tan absurda la valuación,
que se desmiente por la misma realidad del negocio que manejaron la
Sociedad Rural y sus socios inversores.
Lejos de resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a
punto tal que algunos de los inversores terminaron quebrando y no
pudieron pagar, o demoraron mucho en hacerlo, los créditos que habían
obtenido para financiar las inversiones. Este magro resultado económico
no debe sorprender. En todos los países del mundo, predios feriales como
el de Palermo se sostienen con aportes y subsidios de los Estados,
mientras que en este caso, no sólo esos aportes y subsidios no
existieron, sino que los inversores tuvieron que pagar el precio del
terreno y una participación en sus ingresos al Estado.
Hay muchos indicios de la intencionalidad política de este fallo,
como de los muchos que promovió el Gobierno de Kretina a través de su
presión y condicionamiento permanente a los miembros del Poder Judicial.
Lo primero que sorprende es que me haya procesado a mí, mientras
decretó la falta de Mérito del Presidente Carlos Menem. Ambos tuvimos la
misma participación en el proceso de decisión, somos los que firmamos
el decreto aprobatorio de la venta.
¿Por qué a mí me procesaron y a Menem le decretaron la falta de mérito?
Pues la respuesta es simple: Menem había comenzado a acompañar con su
voto en el Senado algunas leyes claves que el Kirchnerismo quería
sancionar y para las que le faltaban votos en el Senado. Yo, por el
contrario, he sido y seguiré siendo, un crítico severo de todos los
desmanejos y arbitrariedades que ha venido cometiendo el Gobierno de los
Kirchner.
Otra manifestación de la intencionalidad política de la decisión del
Juez Sergio Torres, surge de los fundamentos del decreto que acaba de
firmar Cristina Kirchner. Ahí utilizan el argumento de mi procesamiento
cuando esa decisión ha sido apelada a la Cámara Federal respectiva y
ésta aún no se ha pronunciado. Es decir, el procesamiento no está firme.
Pero además, como uno de los procesados argumentó la prescripción del
supuesto delito y la Cámara de Casación le dio la razón, esta cuestión,
que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia tampoco está
firme, porque de haberlo estado, todos los procesados estaríamos ya
beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación.
Nada de esto menciona el decreto presidencial en sus fundamentos y no
cabe duda que persigue constituirse en otra fuente de presión sobre la
Corte Suprema de Justicia para impedir que convalide la sensata decisión
de la Cámara de Casación Penal. Por supuesto, el decreto presidencial
tiene también por objeto presionar a la Cámara Federal de Apelaciones,
para que cuando el expediente vuelva a sus manos, si es que la Corte
Suprema revierte la decisión de la Cámara de Casación, convalide el
procesamiento dispuesto por el juez Sergio Torres. Si el decreto no
tuviera el propósito de presionar al Poder Judicial, no deberían haberse
mencionado en su fundamento decisiones no firmes de un juez de primera
instancia, cuando están actuando las instancias de revisión que prevé
nuestro sistema republicano de gobierno.
En síntesis, el decreto de la Presidente Cristina Kirchner, con que
pretende anular al que aprobó la venta más de 20 años atrás, es una
manifestación más del carácter autoritario y corrupto de este Gobierno.
Pretende apropiarse de un emprendimiento que ha acompañado con jerarquía
el formidable proceso de re-capitalización y modernización de la
capacidad productiva agropecuaria que permitieron las políticas
productivas de la década del ’90 y de la que han sacado fuerte provecho
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para financiar los
desmanejos y arbitrariedades de la última década. Y seguramente esa
apropiación se lleva a cabo para aumentar las fuentes de ingresos
corruptos con los que se han venido enriqueciendo muchos de los miembros
de este Gobierno.
En la misma época en que el gobierno del que yo formé parte vendió el
predio de Palermo a la Sociedad Rural, se vendieron a precios que estoy
seguro no fueron muy diferentes, teniendo en cuenta los usos a los que
podían estar destinados, todos los terrenos del emprendimiento de Puerto
Madero.
Me pregunto si este Gobierno, cuyos funcionarios parecen deleitarse
de gozar de la alta jerarquía de ese desarrollo inmobiliario, decidirán
en algún momento anular por decreto esas operaciones de venta y
apropiarse de todos los inmuebles de Puerto Madero, con el argumento que
sus desarrolladores parecen haber hecho muy buenos negocios. No me
sorprendería que lo hicieran, si es que siguen saltando evidencias de
que algunos de esos inmuebles son la prueba del enriquecimiento ilícito
de varios funcionarios kirchneristas. Podrían llegar a argumentar que
lejos de haber adquirido esos inmuebles con dineros mal habidos, lo
hicieron con préstamos de sus amigos para permitir la recuperación por
parte del Estado de bienes que nunca deberían haber salido de su
patrimonio.
Después de todo, no sería un argumento distinto al que en la práctica
usaron para expropiar a la empresa Ciccone Calcográfica cuando esta
había, previamente, pasado a manos de los amigos de Boudou.
Por supuesto, son muchos los que ya le han preguntado a la Presidenta
si piensa anular por decreto las operaciones de venta de terrenos
hechas por el Municipio de Calafate.
Es asombroso que se considere “precio vil” los US$ 30 millones más
los US$ 100 millones que agregaron los inversores socios de la Sociedad
Rural y no se considere “precio vil” el que pagaron los Kirchner, a
razón de menos de US$ 2 el metro cuadrado, los terrenos que pocos meses
después le vendieron a Cencosur por más de US$ 100 el metro cuadrado.
POR QUÉ NO SAQUEAR Y ROBAR PROPIEDADES, SI SON CAPACES DE MATAR, MUTAR LA JUSTICIA A TRANSICIONAL,
NEGAR LA EXISTENCIA DE LA CONSTITUCION Y LAS VICTIMAS POR ELLOS EJECUTADAS,
SON OLVIDADAS EN LA ARGENTINA.
