El régimen ya ha probado la ineptitud de sus "equipos"...
Pero insiste en destruir todo lo que toca...
Para hacer "eficiente" a YPF, le sube las tarifas, como jamás permitió que lo hiciera REPSOL.
Sostiene Aerolíneas Argentinas, como una agencia de empleo política, porque como línea aérea, pierde mas de 2 millones de dólares diarios...
Demostrando la ineficiencia de sus gestores, con la tranquilidad de que lo hacen con dinero que no les duele, ni deben rendir cuentas.
El chavismo ya demostrado su inoperancia, fundiendo hasta a SIDOR, del grupo TECHINT...
Sólo son refugios para holgazanes, bien asalariados...
El Gobierno ya tiene más poder para disciplinar al sector privado
El Gobierno logró cumplir con el objetivo de contar con una nueva Ley de Mercado de Capitales (26.831) antes de 2013 y con la nueva legislación tendrá la posibilidad de incidir en las decisiones que tomen los directorios de las empresas que cotizan en Bolsa.
La polémica facultad impulsada por el oficialismo está comprendida en el artículo 20 de la norma promulgada ayer, que establece que la Comisión Nacional de Valores (CNV), presidida por Alejandro Vanoli, podrá designar “veedores” que tendrán poder de veto en las resoluciones de cada una de las compañías. Además, el organismo regulador podrá separar los órganos de administración de las entidades por un plazo de hasta 180 días.
A partir de ahora, la CNV también podrá solicitar todo tipo de información a organismos públicos “y a cualquier persona física o jurídica que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, quienes estarán obligados a proporcionalos dentro del término que se les fije bajo apercibimiento de ley”.
Todos esos cambios son evaluados desde el sector privado con escepticimo. “Sin dudas, se trata de un fuerte avance del Gobierno sobre las decisiones de las empresas y una prueba del gran interés en este sentido es que en los últimos años creció con fuerza la cantidad de directores desigandos a través de la Anses”, señaló un empresario.
Pero ¿qué sucederá en la práctica con este artículo? Si bien resta la reglamentación de la norma, que resultará tan importante como la ley, los actores del mercado se mostraron pesimistas en cuando a su aplicación.
“La norma dice que intervendrán cuando detecten operaciones que puedan perjudicar a inversores minoristas, pero aun así creemos que el texto es muy ambiguo y que si al Gobierno no le gustan las decisiones de una compañía, rápidamente podrá presionar a sus directores, con un antecedente tan cercano y extremo como la sorpresiva estatización de YPF”, advirtió un directivo de una empresa cotizante.
En el mercado especulan con que en 2013 se va a generar mucho ruido sobre las políticas del sector privado porque “no sorprendería que si una firma toma una determinación comercial que está fuera de los intereses del Gobierno, a través del artículo 20 veten dicha medida. Es por eso que todos los sectores van a jugar sus mejores fichas al momento de la reglamentación”.
El interés del Gobierno de formar parte de los directorios tiene larga data. De acuerdo con los datos disponibles de Anses, el Estado nacional incrementó su presencia en el sector privado en los últimos dos años.
De contar con tan sólo 26 directivos de empresas durante 2010, se pasó a unos 33 ejecutivos que representan los intereses públicos en 2011 y a un total de cincuenta en 2012. Tal como detalla el informe del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Estado sumó este año cuatro representantes en la mesa de desiciones de Edenor, incorporó tres de sus ejecutivos al directorio de Transener, siete a Emdersa, uno a Pampa Energía, al igual que Gas Natural Ban y Banco Macro.
La Anses tiene participación en el capital social de más de cuarenta empresas pertenecientes a diversos sectores de la economía local.
El organismo tiene más de 30% en la entidad bancaria dirigida por Jorge Brito, y más de 20% en Molinos Río de la Plata, Mirgor, Telecom Argentina, Siderar, Consultatio y San Miguel. En estas compañías, el Estado es el “accionista minoritario” del que habla el artículo 20, incluido a último momento durante el tratamiento de la ley en el Congreso, y que algunos vincularon a la guerra con el Grupo Clarín.
Otros puntos de la llamada reforma del mercado de capitales, en tanto, fueron bien recibidos en el mercado. “La ley anterior tenía décadas de vigencia y hablaba de un mundo muy distinto al actual. La necesidad de ser socio de mercado (mutualización) era algo negativo y esta norma representa un claro avance”, apuntó un agente del mercado.
Por otra parte, desde una firma de asesores financieros destacaron la necesidad de modernizar los sistemas e integrar a las Bolsas del interior, hoy relegadas respecto de la Capital Federal.
Ganadores y perdedores de la nueva City
El mercado de capitales cuenta con una nueva legislación que no sólo cambia sustancialmente las reglas de juego en la plaza local, sino que dividió las aguas en la City enfrentando a sus principales actores.
Con ditintas visiones sobre un escenario financiero ideal, dos grupos agrupados en la “nueva” y la “vieja guardia”, se disputan el rol de animadores del mercado. Federico Tomasevich (foto derecha), presidente de Puente, el principal colocador de deudas provinciales, fue uno de los mayores impulsores de un cambio en la legislación que encolumnó a los operadores más jóvenes. Con más visibilidad que sus pares, defendió el proyecto de Alejandro Vanoli, presidente de la CNV, junto con los directivos de Capital Markets, Allaria Ledesma y Raymond James, actores de mucho peso en el mercado. Puente fue, además, la primera entidad local que se presentó ante la justicia neoyorquina para defender los intereses nacionales en la causa contra los fondos buitre y se espera que otras firmas sigan su camino.
Fuera de este grupo y como máximo exponente de la vieja guardia, Adelmo Gabbi (foto izquierda), presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) no logró su objetivo en medio del avance del texto impulsado por el Gobierno. Perdió poder frente a la desmutualización que establece la ley ya que significa que los agentes ya no estarán obligados a ser socios del mercado para poder operar. Tampoco logró que la BCBA fuera convertida de sociedad civil a sociedad anónima por ley, situación que compromete aún más el futuro de la entidad centenaria.
Mario Bagnardi, presidente del Mercado de Valores de Buenos Aires, integró el reducido grupo que lideró Gabbi, a quien en el ámbito bursátil le auguran una actitud estoica al frente de la Bolsa hasta el fin de su mandato dentro de varios meses.
“De alguna forma, la promulgación de ayer de la nueva ley puede entenderse como un punto de inflexión en una historia de desacuerdos que lleva muchos años y en donde los posicionamientos eran irreconciliables. Finalmente sabemos hacia dónde se inclinó la balanza”, sentenció un operador.
Pero insiste en destruir todo lo que toca...
Para hacer "eficiente" a YPF, le sube las tarifas, como jamás permitió que lo hiciera REPSOL.
Sostiene Aerolíneas Argentinas, como una agencia de empleo política, porque como línea aérea, pierde mas de 2 millones de dólares diarios...
Demostrando la ineficiencia de sus gestores, con la tranquilidad de que lo hacen con dinero que no les duele, ni deben rendir cuentas.
El chavismo ya demostrado su inoperancia, fundiendo hasta a SIDOR, del grupo TECHINT...
Sólo son refugios para holgazanes, bien asalariados...
El Gobierno ya tiene más poder para disciplinar al sector privado
El Gobierno logró cumplir con el objetivo de contar con una nueva Ley de Mercado de Capitales (26.831) antes de 2013 y con la nueva legislación tendrá la posibilidad de incidir en las decisiones que tomen los directorios de las empresas que cotizan en Bolsa.
La polémica facultad impulsada por el oficialismo está comprendida en el artículo 20 de la norma promulgada ayer, que establece que la Comisión Nacional de Valores (CNV), presidida por Alejandro Vanoli, podrá designar “veedores” que tendrán poder de veto en las resoluciones de cada una de las compañías. Además, el organismo regulador podrá separar los órganos de administración de las entidades por un plazo de hasta 180 días.
A partir de ahora, la CNV también podrá solicitar todo tipo de información a organismos públicos “y a cualquier persona física o jurídica que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, quienes estarán obligados a proporcionalos dentro del término que se les fije bajo apercibimiento de ley”.
Todos esos cambios son evaluados desde el sector privado con escepticimo. “Sin dudas, se trata de un fuerte avance del Gobierno sobre las decisiones de las empresas y una prueba del gran interés en este sentido es que en los últimos años creció con fuerza la cantidad de directores desigandos a través de la Anses”, señaló un empresario.
Pero ¿qué sucederá en la práctica con este artículo? Si bien resta la reglamentación de la norma, que resultará tan importante como la ley, los actores del mercado se mostraron pesimistas en cuando a su aplicación.
“La norma dice que intervendrán cuando detecten operaciones que puedan perjudicar a inversores minoristas, pero aun así creemos que el texto es muy ambiguo y que si al Gobierno no le gustan las decisiones de una compañía, rápidamente podrá presionar a sus directores, con un antecedente tan cercano y extremo como la sorpresiva estatización de YPF”, advirtió un directivo de una empresa cotizante.
En el mercado especulan con que en 2013 se va a generar mucho ruido sobre las políticas del sector privado porque “no sorprendería que si una firma toma una determinación comercial que está fuera de los intereses del Gobierno, a través del artículo 20 veten dicha medida. Es por eso que todos los sectores van a jugar sus mejores fichas al momento de la reglamentación”.
El interés del Gobierno de formar parte de los directorios tiene larga data. De acuerdo con los datos disponibles de Anses, el Estado nacional incrementó su presencia en el sector privado en los últimos dos años.
De contar con tan sólo 26 directivos de empresas durante 2010, se pasó a unos 33 ejecutivos que representan los intereses públicos en 2011 y a un total de cincuenta en 2012. Tal como detalla el informe del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Estado sumó este año cuatro representantes en la mesa de desiciones de Edenor, incorporó tres de sus ejecutivos al directorio de Transener, siete a Emdersa, uno a Pampa Energía, al igual que Gas Natural Ban y Banco Macro.
La Anses tiene participación en el capital social de más de cuarenta empresas pertenecientes a diversos sectores de la economía local.
El organismo tiene más de 30% en la entidad bancaria dirigida por Jorge Brito, y más de 20% en Molinos Río de la Plata, Mirgor, Telecom Argentina, Siderar, Consultatio y San Miguel. En estas compañías, el Estado es el “accionista minoritario” del que habla el artículo 20, incluido a último momento durante el tratamiento de la ley en el Congreso, y que algunos vincularon a la guerra con el Grupo Clarín.
Otros puntos de la llamada reforma del mercado de capitales, en tanto, fueron bien recibidos en el mercado. “La ley anterior tenía décadas de vigencia y hablaba de un mundo muy distinto al actual. La necesidad de ser socio de mercado (mutualización) era algo negativo y esta norma representa un claro avance”, apuntó un agente del mercado.
Por otra parte, desde una firma de asesores financieros destacaron la necesidad de modernizar los sistemas e integrar a las Bolsas del interior, hoy relegadas respecto de la Capital Federal.
Ganadores y perdedores de la nueva City
El mercado de capitales cuenta con una nueva legislación que no sólo cambia sustancialmente las reglas de juego en la plaza local, sino que dividió las aguas en la City enfrentando a sus principales actores.
Con ditintas visiones sobre un escenario financiero ideal, dos grupos agrupados en la “nueva” y la “vieja guardia”, se disputan el rol de animadores del mercado. Federico Tomasevich (foto derecha), presidente de Puente, el principal colocador de deudas provinciales, fue uno de los mayores impulsores de un cambio en la legislación que encolumnó a los operadores más jóvenes. Con más visibilidad que sus pares, defendió el proyecto de Alejandro Vanoli, presidente de la CNV, junto con los directivos de Capital Markets, Allaria Ledesma y Raymond James, actores de mucho peso en el mercado. Puente fue, además, la primera entidad local que se presentó ante la justicia neoyorquina para defender los intereses nacionales en la causa contra los fondos buitre y se espera que otras firmas sigan su camino.
Fuera de este grupo y como máximo exponente de la vieja guardia, Adelmo Gabbi (foto izquierda), presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) no logró su objetivo en medio del avance del texto impulsado por el Gobierno. Perdió poder frente a la desmutualización que establece la ley ya que significa que los agentes ya no estarán obligados a ser socios del mercado para poder operar. Tampoco logró que la BCBA fuera convertida de sociedad civil a sociedad anónima por ley, situación que compromete aún más el futuro de la entidad centenaria.
Mario Bagnardi, presidente del Mercado de Valores de Buenos Aires, integró el reducido grupo que lideró Gabbi, a quien en el ámbito bursátil le auguran una actitud estoica al frente de la Bolsa hasta el fin de su mandato dentro de varios meses.
“De alguna forma, la promulgación de ayer de la nueva ley puede entenderse como un punto de inflexión en una historia de desacuerdos que lleva muchos años y en donde los posicionamientos eran irreconciliables. Finalmente sabemos hacia dónde se inclinó la balanza”, sentenció un operador.
