agosto 24, 2013
Quien circuló ayer por la Capital Federal, vio un caos de tránsito
generado por un pacto entre el cristinismo y el trotskismo. Aunque
parezca contradictorio, funciona un acuerdo entre el gobierno nacional y
diferentes sectores trotskistas para desestabilizar en forma
sistemática al gobierno de Mauricio Macri. El comunismo también trabaja
con el gobierno, pero en forma oficial y a través de Carlos Heller, que
encabeza la lista para diputados porteños del sabbatellista Nuevo
Encuentro. Pero el caos de tránsito de ayer, que convirtió en inútil el
Metrobus 9 de Julio, no es mayor que el grave desequilibrio mental de la
presidente y sus colaboradores más cercanos, como Axel Kicillof y
Débora Giorgi, que le llenan la cabeza, al punto de sostener que estamos
mejor que Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Canadá. No se
advierte por qué, entonces, el Frente para la Victoria recibió una
paliza electoral con una economía tan vigorosa como cree la presidente.
El atraso tarifario es uno de los problemas más graves junto con la
pérdida de reservas del Banco Central. Las mismas disminuyen en forma
acelerada, lo que puede provocar una corrida cambiaria y bancaria entre
diciembre próximo y mayo del año que viene. Pero como es cierto que los
mercados generalmente se adelantan, nadie puede saber a ciencia cierta
cuándo explota la bomba, pero que está a punto de explotar nadie lo
duda. La presidente se aferra a un modelo económico completamente
agotado por el grave atraso cambiario, que es el punto de partida de la
fuga de capitales. A esto se le suma la desconfianza generalizada hacia
un gobierno confiscatorio que el próximo lunes probablemente se enfrente
a una medida cautelar impidiendo el desalojo de LAN de Aeroparque. La
gravedad del caso pasa también por el hecho de que la aerolínea chilena
está asociada a la brasileña TAM. En su torpeza, La Cámpora nos genera
así nuevos problemas con nuestro principal socio comercial, Brasil, con
el cual ya tenemos problemas de sobra. Un claro indicador de hasta qué
punto el gobierno está acorralado es la sucesión de medidas judiciales
en su contra. Ayer, la Sala A de la Cámara Nacional de apelaciones en lo
Comercial suspendió la aplicación del artículo 20 de la Ley de Mercado
de Capitales, que permite la intervención de la Comisión Nacional de
Valores (CNV) a pedido de un accionista minoritario. Se trata del
artículo por el que el Clarín acusa al Gobierno de querer intervenir la empresa.
Simultáneamente, ayer el Estado argentino sufrió un nuevo revés
judicial en su disputa con los acreedores internacionales (conocidos
como holdouts) que no ingresaron a los procesos de canje de deuda
que realizó el gobierno nacional en 2005 y 2010. La cámara de
apelaciones de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del
juez Thomas Griesa, quien había ordenado pagar el 100% de lo que
reclaman los demandantes, una suma que asciende a US$ 1.330 millones. El
país quedó calificado como “deudor recalcitrante” y fracasó totalmente
la tesis oficial que sostenía que una sentencia contra la Argentina
desencadenaría una crisis financiera internacional. Así es que la
estrategia financiero-jurídica de la “abogada exitosa”, Amado Boudou y
Hernán Lorenzino se acerca a un final nefasto. Ahora falta saber si la
Suprema Corte aceptará el recurso de apelación argentino. Y aun en caso
de que lo admitiera, es probable que confirme luego los dos fallos
anteriores que condenan al gobierno a pagar a los holdouts 1330 millones de dólares cash que se sumarían a los otros juicios que se vienen, totalizando unos 20.000 millones de dólares.
El control de la agenda, perdido
Justamente, la última vez que el gobierno pasó a la ofensiva fue en
marzo pasado, cuando CFK anunció el paquete de proyectos de ley de la
reforma judicial. Desde que la justicia federal descalificó la reforma,
el oficialismo perdió la iniciativa y da la impresión de que no
encuentra el modo de reasumir el control de la agenda pública. Y tal vez
ya no lo tenga desde la política. Por ejemplo, cualquier ataque directo
o indirecto contra su principal problema electoral, es decir, la
candidatura de Sergio Massa, parecer destinado a que éste pueda
victimizarse y sacar aún más rédito de esta situación. El confuso
episodio del robo en la casa del intendente puso en claro que la mayor
parte de la gente es proclive a victimizar a Massa y hacer responsable a
la Casa Rosada. Con semejante barrera social, el gobierno estaría
pensando muy seriamente acerca de hacer campaña sucia para octubre. En
el plano económico, la presidente estaría trabada por su miedo a
innovar. En este tema, el gobierno tampoco retomó la iniciativa y sus
armas destinadas a incrementar el consumo, por ejemplo la Super Card,
llegarían tarde como influir en las urnas. Y algo parecido podría
ocurrir si finalmente se produce la elevación del mínimo al impuesto a
las ganancias. A 70 días de las elecciones, cambiar la actual tendencia
del electorado al voto castigo es poco menos que imposible. Da la
impresión de que la presidente está perdiendo día a día la capacidad de
generar hechos políticos trascendentes. En parte también porque la mayor
parte de los gobernadores e intendentes ya abandonaron la hipótesis de
un resurgimiento del gobierno. En las conversaciones sólo se habla de
las posibles opciones de poscristinismo.
