¿Por qué se encubre el hallazgo de restos humanos en contenedores de basuras?
El pasado 4 de junio se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) una denuncia
contra siete clínicas privadas de Madrid, Pamplona, Zaragoza y Gerona,
en cuyos contenedores de residuos los denunciantes se toparon con algo
escalofriante: restos humanos de bebés tirados como si fueran basura. Ya han pasado cinco meses y los denunciantes no han tenido ninguna noticia sobre la investiación de estos macabros hechos.
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Firma: exige al Ministro del Interior que investigue estos graves hechos
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¿La traición de Rajoy es el precio por un pacto entre PP y PSOE frente a Podemos?
Silencio político y mediático casi total ante estos graves hechos
Han sido escasos los medios de comunicación que se han hecho eco de
ello a pesar de la abundancia de pruebas (la denuncia consta de 33
páginas en las que se detallan los mismos). ¿Esta falta de noticias se debe a que las clínicas en cuestión son abortorios?
Los denunciantes, de la fundación La Vida Importa, decidieron indagar
qué es lo que estaba pasando cuando Rajoy anunció que aparcaba su
prometida reforma de la ley del aborto. Cuál no fue su sorpresa cuando
se encontraron con que varios coroneles y generales de la Guardia Civil confirmaron que siendo Rubalcaba Ministro del Interior “se había dado la orden no escrita de no investigar a los centros abortistas”.
En una muestra más del continuismo que ha venido practicando el
gobierno del PP respecto del gobierno del PSOE, los mismos mandos de la
Benemérita señalaron que a día de hoy no ha revocado dicha orden y, además, “se había dicho a la Guardia Civil que nuestra denuncia fuese enviada a la Fiscalía antes siquiera de investigarla”, señalan los denunciantes. Juan Sánchez Galera, de la fundación denunciante, denuncia que esa orden supone un “fraude del Estado de Derecho, porque primero hay que investigar la denuncia y luego emprender la vía jurídica”.
El gobierno pretende “ganar tiempo”, denuncia La Vida Importa
Aunque Interior ha negado tal acusación, Sánchez Galera señala que “la realidad es que hoy la denuncia sigue en el limbo, y al
enviarla a la Fiscalía, el Gobierno logró dos cosas: ganar tiempo,
porque parece que en junio ya sabían que no iban a aprobar la reforma de
la ley del aborto; y no estorbar el negocio de los centros abortistas.
Sólo con hacer cumplir la ley en lo que respecta a la facturación, los
directores de los centros que hemos investigado irían a la cárcel, pero parece que al Gobierno no le interesa hacer cumplir la ley en lo que respecta al aborto“.
Los abortorios también tiraron a la basura fichas de sus clientas
Hay que decir que a los posibles delitos contra la salud pública señalados en el primer párrafo, hay que añadir que según la denuncia dichos centros “abandonan en sus contenedores de basura fichas de las mujeres a las que atienden,
con su nombre, su dirección postal, su número de teléfono, el número de
veces que han abortado, las técnicas a las que se han sometido y las
enfermedades que han padecido a lo largo de su vida.” Y luego irán por ahí presumiendo de feministas y de defender a las mujeres. Así mismo, “los
centros denunciados facturan por encima de mercado a la Sanidad Pública
y, por este motivo, la denuncia es también por un posible delito de
estafa”. En concreto, la denuncia señala que dichos centros se dedican a “facturar
abortos de forma fraudulenta (por ejemplo, cobrando a las arcas
públicas abortos químicos, de unos 50 euros de coste, como quirúrgicos,
con un coste de 500 euros)“, y se señalan delitos de fraude y estafa fiscal, “con un valor promedio de un millón de euros al año en cada centro.” Estamos ante delitos muy graves, así que ¿a qué responde el empeño del gobierno de ocultar y no investigar estos hechos? ¿Hay algún pacto no revelado con los abortorios para tolerar este tipo de delitos? ¿O el pacto es con el PSOE, con el fin de tapar hechos como los señalados? ¿A quién obedece el Ministro del Interior al hacer estas cosas?
Firma: exige al Ministro del Interior que investigue
