SE INTERNACIONALIZA EL CONFLICTO MAPUCHE CON LA COMPLICIDAD DE GARZÓN
Por:
Hugo Morales*
Hoy arribó a San Martín de los Andes el ex juez español, Baltasar Garzón para
adherir a los reclamos de la Confederación Mapuche del Neuquén sobre sus
presuntos derechos de territorialidad y con ello internacionalizar el conflicto
que esa etnia mantiene con los estados de Argentina y Chile y en el que se ha
inmiscuido Garzón. De esta manera se profundiza el conflicto que las
comunidades mapuches asentadas en la provincia mantienen con el gobierno de
Jorge Sapag especialmente por sus pretensiones de participar en la renta
petrolera como lo demuestran los cortes de rutas y tomas de yacimientos en
campos aledaños a Vaca Muerta. Acá, en San Martín de los Andes, no se han
desmentido aún -sólo se produjo una ligera declaración por radio-, las
manifestaciones del werken (vocero) de esa agrupación, Fidel Colipán acerca de
los derechos territoriales de la comunidad Curruhuinca sobre el ejido de la
ciudad.
Curiosamente este dirigente es el organizador de la
presencia del ex magistrado español que fuera expulsado de la Audiencia
Nacional por una presunta prevaricación al interceptar las conversaciones que
los imputados del caso Gürtel – una red de corrupción montada por el Partido
Popular (PP)- mantuvieron en prisión con sus abogados. A mediados de enero, con
Garzón ya fuera del proceso, aparecieron 22 millones de euros en un banco de
Ginebra, Suiza, a nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y se sospecha de
varios desvíos de dinero realizados por dirigentes que responden al presidente
del PP y premier español, Rajoy. Hoy Garzón es asesor del Tribunal Penal
Internacional de La Haya y asumió la defensa del vocero de Wikileaks, Julian
Assange. También fue contratado por el gobierno argentino de Cristina Fernández
de Kirchner.
La visita de Baltasar Garzón es promocionada por el oficialismo
municipal que encabeza el intendente kirchnerista Juan Carlos Fernández, quien
se reporta políticamente al secretario general de la Presidencia. Este hijo
político de Oscar Parrilli fue quien lanzó para el 12 de octubre pasado la idea
de izar la bandera mapuche en la plaza San Martín. La iniciativa abortó por la
fuerte oposición de los sectores medios y del concejal vecinalista, Alberto
Bruno, que se autotitula ex combatiente de Malvinas -cobra sueldos por ello- y
se financia con aportes de varios empresarios locales, entre ellos, el ex
tesorero del PJ de Santa Cruz, Raúl Copetti. Todavía resuenan en San Martín de
los Andes las duras declaraciones por TV de Eduardo Arnold, ex vicegobernador
de Néstor Kirchner, quien lo vinculó (presuntamente) con la ruta del Dinero K.
Es por ello que la visita de Garzón y su puesta en escena
del convenio que “hace hincapié en los
derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la
tierra y al territorio, a la salud y a la educación”, no es un tema fácil
para digerir, especialmente si se tiene en cuenta el apoyo que reciben los
Mapuches locales del ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner, donde
funciona la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, y en el que activan
dirigentes aborígenes como Roberto Ñancucheo y Jorge Nahuel, quienes se
referencian localmente en ONGs y agrupaciones filo kirchneristas como el
Movimiento Evita o La Cámpora. En este espacio se referencia el concejal del
Frente para la Victoria (FpV), Rodolfo “Toto” Manson, cuñado del intendente
Fernández. Curiosamente durante el juicio por el crimen de un policía
provincial en Junín de los Andes salieron a la luz supuestos e-mails de Analía
Godoy con la agrupación “Quebracho”. Esta mujer es la esposa de Juan Marcos
Fernández, hijo del jefe comunal y ambos están acusados de presuntos actos de
encubrimiento en favor de los asesinos de José Aigo: los terroristas chilenos
Alexis Cortes Torres y Jorge Zalazar Oporto, acusados en ese país de participar
en atentados y acciones violentas en favor de los Mapuches que se asientan en
su territorio.
Envalentonada por este apoyo internacional, la Confederación
Mapuche envió un documento a la sede de la ONU pidiendo la intervención ante lo
que considera “discriminación, desalojos forzados y criminalización de pueblos
indígenas” en la provincia. La solicitud al organismo internacional con sede en
Ginebra (Suiza) es “para que intervenga como mediador ante el gobierno
provincial y nacional para que se responda a situaciones de avasallamiento de
los derechos del pueblo aborigen, dentro de las que se pone particular énfasis
en la ampliación de actividades extractivas (petroleras, mineras) y forestales
en “territorios mapuches”, sin el consentimiento de las comunidades. En el
encabezado se acusa al gobierno provincial de (supuesta) “discriminación,
desalojos forzados y criminalización de pueblos indígenas en Neuquén,
Argentina”.
Precisamente el abogado Garzón va a hacer hincapié durante
su exposición en el Salón Municipal de San Martín de los Andes sobre este
controvertido convenio 169 de la OIT que fuera aceptado por la ONU porque
determina “la protección de los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas”, y define “la
importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o
territorios”. Así como la importancia de las actividades económicas
tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para
indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Y los programas
de educación “deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus
sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas”. También existen otros puntos controversiales como el
que establece “la consulta previa, de buena fe y de forma apropiada a las
circunstancias, para conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas.
El
mismo artículo afirma que “la auto identificación es el criterio fundamental
para determinar a quienes se reconoce como pueblos indígenas o tribales”.
El Convenio incluye, entre otros, derechos relacionados al
territorio y a la gobernanza. Fue adoptado por La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en 1989 y entró en vigor en 1991. Desde entonces este
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es el
acuerdo internacional de derecho indígena más conocido en mundo Y es vinculante
para la Argentina desde el año 2.000. También es de cumplimiento obligatorio
para todos los países que lo han firmado y ratificado: México (1990) Bolivia y
Colombia (1991), Costa Rica y Paraguay (1993), Perú (1994), Honduras (1995),
Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (2000), Brasil, Venezuela y
República Dominicana (2002), Chile (2008) y Nicaragua (2010). Panamá no ha
firmado este tratado. Se considera beneficiarios a “los pueblos en países
independientes que descienden de poblaciones que habitaban el país, o una
región geográfica a la que perteneció el país en la época de la conquista o
antes de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.”
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| Gentileza Red Patriótica Argentina |
“La presencia del Dr. Garzón nos da mucha fortaleza”,
sostienen los lideres Mapuches, quienes ven una oportunidad de lograr
trascendencia internacional ya que el ex juez español es presidente del Consejo
de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO. En tal carácter participó del
Parlamento del Pueblo Nación Mapuche en Río Negro realizado los días 2, 3 y 4
de Marzo del 2014, en Ing. Jacobacci. En el Parlamento, que promulgó el “estado
de alerta y movilización” de los Pueblos Originarios de Río Negro, Garzón le
pidió al Pueblo Mapuche que no baje los brazos y mantenga “el aliento en la
nuca” a las autoridades competentes que deben respetar sus derechos vigentes.
Garzón cobró notoriedad y por eso tuvo enfrentamientos en Chile con diputados y
senadores de la derecha pinochetista por haber mantenido preso en Londres al ex
presidente de facto Augusto Pinochet Ugarte. En su visita a ese país se reunió
con familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos que lo
recibieron en Villa Grimaldi, ex centro de torturas de la dictadura y ratificó
su tesis del “principio de jurisdicción universal de los derechos humanos” que
se interpreta la facultad de un juez extranjero para juzgar violaciones de esos
mismos derechos en terceros países, como podría ser el caso de la Argentina si
las denuncias de los Mapuches tienen
éxito en organismos internacionales como la ONU.
El ex juez español estuvo en
el Parlamento Mapuche que sesionó en la Región Sur de Río Negro que “en
Argentina no se asume la realidad de los pueblos originarios y que a la hora de
aplicar las leyes se mira para otro lado”. Entre los asistentes a esa reunión
estuvo la senadora nacional por esa provincia, Magdalena Odarda (ARI-Coalición
Cívica).
* Corresponsal del diario Ámbito Financiero; conductor de programas de radio en Neuquén capital y en San Martín de los Andes; colaborador de medios nacionales y extranjeros.
