OPINIÓN
Hay dos problemas
independientes, el de los libelos de cuya existencia la prensa ha dado cuenta
en innumerables oportunidades, y la forma de
evitarlos, que sería alguna forma de legislar la lucha contra la corrupción.
Así a varios periodistas les han llegado libelos anónimos con amenazas de muerte e infundios calumniosos y en otros casos pancartas públicas con fotografías que muestran tenores o mensajes ladinos que en nada se ajustan a la verdad.
Los
destinatarios y su familia han sido intimidados, amedrentados, se han
preocupado, que además de atentar contra su seguridad e intimidad, hayan
sufrido el escarnio y la infamia injusta.
Es
sabido que la amenaza incluida en el delito de coacción es particular pues no
se dirige a alarmar o amedrentar, sino a obligar al sujeto pasivo a que actúe o
no actúe, o que soporte o sufra algo, pretendiendo gobernar su conducta
vulnerando su facultad de libre determinación
La norma penal que garantiza a quienes han sido amenazado protege
la integridad corporal y la vida en definitiva, desde el más remoto límite en
cuanto a la inmediatez de su posible afectación, por lo que la amenaza es un delito contra el sentimiento
de seguridad en el que se protege la libertad psíquica que encuentra su
expresión en la intangibilidad de sus determinaciones.
Pero existe un difundido malestar público, pues la policía, los fiscales
y jueces que debieran actuar de oficio y el estado que dice ser inocente, se muestran
incapaz de prevenir los delitos señalados y cometidos, y de descubrir a
sus autores.
Es peligroso para la sociedad que sus organismos de seguridad se mutilen, se
obliguen a prescindir de herramientas indispensables, y que los ilícitos
cometidos contra los periodistas no se investiguen, porque al quedar en
la clandestinidad esas herramientas no desaparecen sino que se orientan
indebidamente.
Todos estamos contra la corrupción. La corrupción es el proceso de descomposición, de muerte, de infección, de putrefacción, que ataca a los seres vivos.
Todos estamos contra la corrupción. La corrupción es el proceso de descomposición, de muerte, de infección, de putrefacción, que ataca a los seres vivos.
Nadie
debiera defenderla, aunque algunos a veces la justifican diciendo que siempre
es compañera de los procesos vitales, de desarrollo, de inversiones: se dice,
prefiero un gobierno corrupto que haga obras y no un gobierno honesto que no
haga nada. Bueno: contra eso hay que luchar.
Hay
que demostrar que sí es posible actuar con eficacia y con honestidad al mismo
tiempo, y que la corrupción, a pesar de presentarse acompañando a los procesos
de desarrollo, lleva en sí la estafa, la falsía, la muerte, el despojo a la
generalidad, a los contribuyentes.
La corrupción quizás sería mejor combatida si se la describiera perfectamente
en un código penal. Puede ser. Pero hay un concepto general, bien visto y
aceptado, de que todos somos iguales ante la ley.
A eso
posiblemente haya que analizarlo: hay cosas que un individuo cualquiera puede
hacer, y un funcionario no, simplemente por razón de su cargo.
La
gauchada a un amigo está socialmente muy bien vista; cuando a la gauchada la
hace un funcionario hasta puede constituir un delito.
El concepto de corrupción, qué es honesto y qué es corrupto, está muy ligado a
la moralidad.
Y la
moralidad depende de un sistema de valores, de principios aceptados por el
cuerpo social.
Cuando
la sociedad reconocía a una religión como verdadera, se simplificaba el
análisis; no digo que no se delinquiera, pero sí que había conceptos aceptados
por todos.
Ahora
resulta más difícil definir a la moral porque al prescindir de la religión se
pierden parámetros del bien y del mal.
Pero,
de todas maneras, es necesario que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las
conductas aceptables, qué es lo que puede y lo que no puede hacer un individuo
en el desempeño de una función pública.
Componer
un cuerpo de normas, un código que rija las conductas, no es una tarea fácil ni
sencilla; es engorrosa y con resultados que seguramente serán discutibles. Pero
es una tarea a la que debemos abocarnos cuanto antes, porque la sociedad lo
necesita, lo reclama y está ávida de normas que permitan vislumbrar una
esperanza.
En política, en administración pública, esperamos emplear el término en este
mismo sentido, bien preciso.
Una
conducta corrupta es la que, con mala fe, no procura el bien general sino el
propio o el de allegados o benefactores.
Y
alarma al pueblo argentino ver la enorme corrupción generalizada, y que queda
impune debido a falta de pruebas fehacientes o de investigaciones desacertadas.
A lo
que se apunta, lo que está en la mira de la ciudadanía honesta y preocupada, es
la corrupción de ciertos funcionarios y del propio gobierno.
Se presume que el gobierno debe dar una solución con resultados concretos y hablar de gobierno supone los tres poderes de estado.
Se presume que el gobierno debe dar una solución con resultados concretos y hablar de gobierno supone los tres poderes de estado.
¡Periodistas,
Ciudadanos… “No olvidemos que para los hombre se han hecho las empresas.” Lo
decía el general San Martín!
DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN
