Con el nuevo tratado de Dubai, el gobierno explora cómo avanzar sobre Internet
Sin demasiado ruido y sutilmente, el gobierno nacional va avanzando
en su objetivo de acrecentar su capacidad de regulación sobre Internet.
El creciente interés de la Casa Rosada sobre este tema poco tiene que
ver con el mejoramiento de la Web. Por el contrario, en la Casa Rosada
crece la convicción de que no sólo el periodismo independiente en
Internet constituye una amenaza para el proyecto hegemónico kirchnerista
sino también que el protagonismo político de las redes sociales puede
llegar aún más lejos que con las movilizaciones de protesta del 13S y el
8N. Si bien estas convocatorias no pueden compararse en sus efectos con
la primavera árabe, el gobierno temería que, tarde o temprano, las
redes sociales desaten una situación inmanejable. El cristinismo es
consciente de que cualquier intento frontal de controlar contenidos
desataría una enorme reacción, así que elude cuidadosamente plantear
proyectos de ley como el presentado tres años atrás por el entonces
senador nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Jenefes (hoy
vicegobernador de Jujuy) que establecía la obligación de retirar
cualquier publicación ante el solo reclamo del supuesto agraviado. Ahora
el avance se da en el campo de los organismos internacionales, donde
CFK encuentra numerosos estados aliados para el objetivo de profundizar
los controles gubernamentales sobre la Web. Al término de dos semanas de
conversaciones en la Conferencia de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones celebrada el pasado 13 de diciembre en Dubai,
Argentina sumó su voto a favor de que a partir de ahora los gobiernos
puedan controlar los contenidos que circulan por Internet.
El artículo más polémico del acuerdo dice: “Los Estados Miembros
deben tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de
comunicaciones masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los
servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los Estados
Miembros a cooperar en ese sentido”.
Esta posición, encabezada por China y Rusia, fue acompañada por el
voto de 89 países, entre los que están Irán, Sudáfrica, Colombia,
Uruguay, Chile, Cuba, Venezuela, México, Paraguay, Alemania, Italia,
Holanda, España Suecia, República Checa, y varios países de África,
entre otros.
Estados Unidos y sus aliados europeos, la rechazaron. Así, Argentina
firmó, aunque con reservas, una regulación de la red de redes. Otros 88
países también lo hicieron. Y 55, finalmente, decidieron no votarlo.
El balance de que sólo 89 países, de los 193 miembros de la UIT,
firmaron el nuevo tratado sobre la reglamentación de las
telecomunicaciones, estaría señalando el fracaso parcial del nuevo
instrumento, auque esto no quita que los países firmantes no intenten
hacerlo valer internamente para adoptar medidas de control hasta ahora
impracticables.
El paso decisivo
Jim Langevin y Michael McCaul, que copresiden un comité de la Cámara
de Representantes estadounidense sobre la Ciberseguridad, advirtieron
que la puesta en marcha de un tratado como el firmado en Dubai
“implicaría un revés importante para los que piensan que la libertad de
expresión es un derecho universal”.
“Lo que quedó claro en la conferencia de la UIT en Dubai es que
varios gobiernos quieren reforzar la regulación y la censura en
internet”, indicó igualmente el portavoz del grupo estadounidense
Google, que apoya a los países contrarios al texto.
Milton Mueller, un especialista de la gobernabilidad de internet de
la universidad de Syracusa, se cuestiona, sin embargo, sobre el alcance
real del texto aprobado en el tratado para la libertad de internet.
“No me gustaba la resolución, no más que a la mayoría de los
defensores de los derechos en internet, pero dudo que ese pasaje pudiera
hacer tanto daño en sí mismo”, subrayó. Mueller reveló también que los
esfuerzos diplomáticos fueron complicados por las quejas de ciertos
países, frecuentemente los de peor reputación en las cuestiones
relacionadas con los derechos humanos, que se oponen a las sanciones de
Estados Unidos, lo que conlleva los cortes de algunos servicios de
internet, como los de Google.
Las empresas estadounidenses no tienen tampoco el derecho de realizar
negocios con Irán o Corea del Norte, sometidos a estrictas sanciones de
Estados Unidos. “Extraña e irónicamente, son las naciones que defienden
los derechos humanos las que utilizan el rechazo del acceso a los
servicios de internet como una manera de presión política”, indicó.
En Dubai, la Argentina se sumó a la postura encabezada por China y
Rusia, que encabezaron un bloque con Irán, Sudáfrica, Colombia, Uruguay,
Chile, Cuba, Venezuela, México, Paraguay, Alemania, Italia, Holanda,
España Suecia, República Checa, y varios países de África, entre otros.
Ahora, yendo a las consecuencias concretas, habrá que ver si el
gobierno da el paso decisivo e instrumenta nuevas medidas de regulación
sobre Internet, invocando la letra del nuevo tratado. De acuerdo a una
versión salida de nuestra cancillería, estarían en estudio algunos
proyectos de regulación técnica que podrían marcar el comienzo de la
invasión de la libertad de expresión.
