Nepotismo: la necesidad de un registro de empleados y funcionarios públicos
Va de suyo que cuando asume un nuevo gobierno se rodea de gente de su confianza. Es
indudable que para algunos sectores del oficialismo de turno eso muchas
veces excede la pura necesidad de contar con colaboradores confiables.
Obviamente
el límite lo ha de poner la estricta necesidad de la designación del
allegado o pariente, satisfaciendo la manda constitucional contenida en
el art. 16 que exige como único requisito la idoneidad para ejercer
cargos públicos, base del principio fundamental de la igualdad ante la
ley.
Pero
en la práctica, y muy especialmente en este gobierno cleptómano
ingresado al poder el nefasto 25 de mayo de 2003, el nepotismo se
convirtió en moneda corriente, llegando al extremo de la desfachatez el
diputado Carlos Kunkel que tiene registrados 19 familiares en distintas
áreas del estado y entes ligados, de los 26 integrantes del clan
familiar.
Menos
mal que no continuó con otras parejas procreando hijos porque de lo
contrario no les dejaría lugar a sus compañeros de ruta.
La
información propalada por el diario Perfil, criticada pero nunca
desmentida por el diputado K, puso de manifiesto la cantidad inusitada
de familiares de Carlos Kunkel conchabados a expensas del Estado
Nacional, directa o indirectamente en distintos entes y empresas del
Estado o con participación estatal.
Por
mi parte, dada mi experiencia personal y profesional, habiendo sido
Secretario de la Comisión de Seguimiento de la Actividad Legislativa del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de candidato a
legislador, diputado y senador, ya en el año 2004 presenté —como
iniciativa particular— distintos proyectos de leyes ante el H. Congreso
Nacional y en la Legislatura porteña. Entre ello promoví la creación del
Registro Único de empleados y funcionarios públicos, tanto como para
saber quién es quién en el ámbito funcional dependiente y soportado por
el erario.
Cabe señalar que ningún legislador o asesor tomó en cuenta dicha iniciativa, por mera conveniencia.
Si
bien todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial y
comunal, designa en sus respectivas plantillas de personal a sus
colaboradores, amigos y familiares, asegurándoles un futuro promisorio a
expensas de los dineros públicos, el kirchnerismo ha hecho tal abuso
que llama la atención de propios y ajenos, siendo el paradigma del
caradurismo extremo el diputado Kunkel que sin negar la información de
Perfil se limito a criticar a su director Jorge Fontevecchia, quien sí
fue perseguido durante el Proceso militar.
Mi
propuesta sobre la creación de este instrumento de interés para
cualquier gobernante que desee consultar sobre la idoneidad de las
personas que pasaron o permanecen en el ámbito estatal, estriba en el
derecho a la información por parte de la ciudadanía que con sus
impuestos los mantiene. Con dicho Registro podría verificarse la
evolución del empleado o funcionario, que seguramente de acuerdo a sus
méritos habría de avanzar en su carrera, o bien conocer a todos aquellos
que debieron abandonar sus cargos por muestras de falta de idoneidad o
hechos de corrupción, evitando así el involuntario error de elegir para
un cargo público a quien no lo merece por orden de méritos.
El
RUEYFP también evitaría el constante reciclado de funcionarios ineptos
y/o corruptos eyectados de sus cargos, como fuera el caso de la hoy
condenada ex Ministro de Economía Felisa Miceli, por el affaire de la
bolsa con dinero hallada en su baño, que fuera “premiada” con un empleo
en la Fundación Madres de Plaza de Mayo S.A., dirigida por la
incalificable HP de Bonfini, después de su indecorosa “renuncia” a su
cargo oficial.
Asimismo
el RUEYFP, debida y constantemente actualizado, impediría que se
designase por decreto presidencial a un muerto, como aconteciera con un
hombre que falleció en febrero de 2012 y fue designado entre los
integrantes del Consejo Federal de Comunicación. Se trata de Adalberto
Felipe Bóccoli, ex directivo de de la Federación de Cooperativas de
Telecomunicaciones y de la Confederación Cooperativa de la República
Argentina. Bóccoli falleció en febrero del año pasado. Sin embargo a
través del decreto nro.1559/2012, publicado el 5 de setiembre de 2012 en
el Boletín Oficial , que lleva la firma de la presidente Cristina
Fernández de Kirchner y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
fue designado para ocupar ese cargo público.
La
semana pasada fue Diego Bossio, titular de ANSES, quien designó a su
esposa en otro cargo a expensas del estado, y sería interminable el
listado de “asesores” con que cuentan demás funcionarios y legisladores
oficialistas y opositores que, por aquello de “entre bueyes no hay
cornadas” guardan obligado silencio cómplice.
Si de verdad queremos transparentar y dotar de eficiencia al estado, deberíamos contar con este nuevo dossier.
Enrique Piragini
