Queridos amigos:
El contador Leandro Fariña desmintió las denuncias de lavado de dinero filmadas
con lo que se suponía era una cámara oculta, presentada por el periodista Jorge Lanata en su programa
de televisión, con la frase “Todo lo que dije fue ficción”. Poco después lo
siguió el segundo denunciante, el financista Federico Elaskar, diciendo que todo lo que
había dicho era mentira. Por ahora no sabemos si mintieron al hablar por
primera vez o al desmentir sus propias palabras pero, lo que es evidente, es
que forman parte de la legión de mentirosos nativos capaces de engañar mirando
a los ojos e inventando relatos para
confundir al prójimo y perpetuar su impunidad.
Somos muchos los argentinos que
esperamos ansiosos el día en que los
funcionarios nacionales encabezados por la propia señora presidente nos reconozcan que ellos también inventaron ficciones
para decirnos lo que creían que queríamos escuchar. Que nos mintieron
conscientemente al hablar de democratización de la justicia mientras presentaban
un paquete de leyes destinadas a controlar a los jueces y sus fallos. Que
hablan de democratizar los medios cuando solo pretenden eliminar aquellos que
no responden a sus consignas o no repiten sus descuidados relatos. Que inventan
el eslogan de “la década ganada” en un país que ve destruida su infraestructura,
su sistema de transportes, su capacidad de autoabastecimiento energético, su moneda y su
credibilidad. Que debilita a sus propias Fuerzas Armadas y acosa al sector
agropecuario, principal fuente de bienes y divisas. Que inventa la ficción de la lucha
contra las corporaciones mientras va creando una red de empresarios amigos y
fomentando la mayor corporación visible, que se denomina La Cámpora, y que está invadiendo todos los espacios de
la función pública para su uso político
y personal. Pero no será fácil escuchar que reconozcan todas estas cuestiones y
menos aún que se hagan cargo de los graves casos de corrupción que cada
vez es más difícil ocultar, hasta que
sea la justicia quien comience a develar la trama de ficciones, mentiras y lo que
es peor, delitos, hoy protegidos por la impunidad que brinda el poder.
Las
denuncias de Lanata de
coimas y lavado de dinero se vieron el
domingo por la noche e involucraron al empresario Lázaro Baez y al ex
presidente Néstor Kirchner, a quien presentaron como su socio. La gran
repercusión que alcanzaron, devino de la credibilidad del periodista que
lo diferencia
de otras figuras políticas que habían formulado denuncias similares y
del hecho de presentar hombres de
carne y hueso que reconocían haber
formado parte de la trama delictual. Las desmentidas posteriores no
lograron
quitarle seriedad al tema, sobre todo después de ver como algunos
señores
jueces disputaban por no tomar el caso, los fiscales se abstenían de
formular
acusaciones y los allanamientos se demoraban lo suficiente como para
quitar
posibilidades de encontrar pruebas. Es obvio que estas cosas no hubieran
sucedido si no existieran factores de poder involucrados en los casos
que
expliquen esa insólita morosidad de la justicia.
El tema encontró un suelo
psicosocial favorable porque la sociedad
ha percibido que el dinero que se lleva la corrupción, es el mismo que no se
invierte en obras hídricas que evitarían las inundaciones que mataron a decenas
de personas o que no se aplica al mantenimiento de los trenes que se llevaron la
vida de otros muchos. Lejos de haberse cerrado los casos con la desidia
judicial, la promesa del periodista Jorge Lanata de ampliar sus denuncias ha
despertado una expectativa que demuestra la preocupación social por el tema que
fue también una de las principales
consignas de la marcha cívica del 18 de Abril.
Dado que mencionamos las
inundaciones que tuvieron sus más graves consecuencias en la ciudad de La Plata,
cabe recordar que el Juez Luis Arias que había documentado diversos casos de
fallecidos que no habían sido incluidos en las listas oficiales de víctimas fue
apartado de la causa por la Suprema Corte de Justicia bonaerense por haber desbordado
el “…objeto normal del proceso para incursionar en torno de la comisión de
presuntos delitos, aspectos, exclusivamente reservados a la esfera penal”. De
modo que muy probablemente nunca sepamos cuantas fueron en realidad las
víctimas y menos aún si hubo un
deliberado intento de ocultar su número. Lo que nadie podrá ocultar es que la
falta de obras hídricas en La Plata agravó el efecto de las extraordinarias precipitaciones
pluviales produciendo cuantiosas pérdidas materiales y más (no sabemos exactamente cuántas) de
cincuenta víctimas fatales. Ahora es la hora de resarcir las pérdidas
materiales e investigar y sancionar a los funcionarios responsables para que respondan
con sus cargos, su patrimonio o su libertad, según el grado de culpa de cada
uno.
Por morosidad o desborde, la
justicia ha sido sin duda una de las estrellas
de la semana. En el Senado y la Cámara de Diputados se ha dado media sanción a
cada una de las leyes enviadas por el gobierno sin que nada pudiera hacer para
evitarlo una oposición que, aun unida, ha sido condenada por los votos del 2011
a una minoría numéricamente inoperante.
Los fuertes pronunciamientos de los jueces agrupados en la Asociación de
Magistrados, la huelga iniciada por los empleados judiciales, la advertencia
del episcopado de que la reforma puede debilitar la democracia y los gestos
simbólicos ensayados por los opositores, tales como una protesta efectuada en Tribunales,
no lograron conmover en lo más mínimo al oficialismo que no acepta otra verdad
que la que le ordenan abrazar. Apenas si atendió ciertas objeciones del CELS,
respecto a las medidas cautelares, que reforzaron el mensaje de que solo se
escucharían a sí mismos y a sus
grupos afines. La opinión del resto
de la sociedad es simplemente despreciada.
Esa actitud fue, ciertamente,
uno de los motores que impulsó a esa sociedad no registrada, ignorada y ausente
de las preocupaciones oficiales a salir a la calle, el 18 de Abril, en la más
numerosa manifestación de protesta que ha enfrentado el gobierno de Cristina
Fernández. Estuvimos allí, como en todas las ocasiones anteriores, solo que
esta vez con la particularidad de que, en un rasgo que consideramos valioso, se
invitó a los referentes políticos a asistir en forma visible lo que indicaría
que comienza a percibirse que los movimientos sociales necesitan tener su
correlato en las estructuras jurídico partidarias para poder influir en forma
real y concreta en las decisiones políticas. Bienvenida esta visión que debería
materializarse en la participación en agrupaciones políticas, afiliaciones,
adhesiones y multitudes de fiscales que aseguren que la voluntad popular
expresada en las urnas no corra riesgo
de ser deformada o escamoteada por la
defraudación y la trampa, usuales en un país de ficciones y mentirosos.
Otro rasgo reconfortante en
las manifestaciones del 18 de Abril fue la confluencia de las consignas, muy
dispersas en las dos marchas anteriores, en dos ideas centrales y fuertes: el
rechazo a la corrupción y la defensa de la justicia. Es una señal muy clara de
que buena parte de la sociedad percibe que ahora no solo están en riesgo su
bienestar material y su seguridad sino incluso su libertad y su modo de vida
tutelado por una Constitución que sufre agravio tras agravio a manos de un
oficialismo que aspira al poder absoluto y a la impunidad total. Para los que
preguntan qué valor tienen las manifestaciones si el gobierno no las atiende y
las ignora, la respuesta es el valor que infunden a los que tienen que jugarse
para defender los valores republicanos en juego. Una prueba de esto lo dio la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial que pese a todas las presiones
falló declarando la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios
que pretendían, entre otras cosas, regular indebidamente la televisión por
cable. De este modo, se salvó momentáneamente
del desguace a uno de los pocos medios independientes que aún sobreviven a
pesar de los aprietes económicos, las denuncias, la supresión de la publicidad
de los supermercados y todos los artilugios organizados desde el gobierno para terminar
con las voces discordantes. Esperemos que el efecto de la protesta ciudadana
influya sobre los diputados oficialistas y sus aliados que deberían detener el avance sobre
la justicia que implican las nuevas leyes en trámite, antes que los mismos
jueces tengan que denunciar su inconstitucionalidad.
Mientras la Argentina ardía en
medio de manifestaciones de protesta, denuncias de corrupción y
turbulentas sesiones en el Congreso, la señora presidente mandaba decenas de
mensajes a las redes sociales desde el avión que la llevaba a la asunción del
presidente Maduro en Venezuela. Es inaceptable que luego de una elección que se definió por menos de un
punto, con miles de denuncias específicas y un recuento pendiente de una parte
sustancial de los votos, el cuestionado candidato ganador asuma antes de que se
agoten las instancias legales de revisión.
Así lo han entendido muchos de los países del mundo pero no los que coinciden con la línea ideológica de
izquierda de Nicolás Maduro que se han apresurado a convalidar lo que aún no
fue jurídicamente cerrado. Lamentablemente, entre esos demócratas de
conveniencia ideológica se encuentra nuestro gobierno y nuestra presidente que,
de paso, puso distancia entre ella y la protesta ciudadana que se extendió por
todo el territorio nacional y llegó a muchos países extranjeros llevada por manos
de argentinos que no se olvidan de las vicisitudes de su patria, estén donde
estén.
Aquí, en nuestro territorio,
imbuidos del espíritu de unidad opositora que proclama nuestra ciudadanía, el
viernes de la semana que pasó hemos constituido
una Unión de Partidos de Centro en la Provincia de Buenos Aires que por ahora
agrupa a Nueva Unión Ciudadana, al
Partido Demócrata Conservador, a la Unión del Centro Democrático y al Partido
Renovador Federal, pero que ya tiene
otros postulantes que consideran atractiva la propuesta. A la clásica
pregunta de ¿con quién están? la respuesta
es que por ahora estamos
fundamentalmente con un proyecto superador
al modelo oprobioso del actual gobierno y a sus variantes socialistas y estatistas.
Nuestra propuesta rescata el valor de la libertad para comerciar, producir y disponer de los
bienes propios. Apela al valor de la
ética en el manejo de los asuntos públicos y de la idoneidad para la asignación
de los cargos. Nos oponemos a toda manipulación de la Constitución para perpetuarse
en el poder y a la promulgación de leyes
que otorguen al poder ejecutivo facultades ajenas al espíritu republicano.
Es un modesto primer paso para
comenzar a cambiar la Argentina de las ficciones, la mentira y la corrupción
por la Argentina de la verdad, la honestidad y la responsabilidad. Si Dios nos
ayuda y la ciudadanía nos acompaña, avanzaremos. Nosotros estamos dispuestos a
hacer nuestra parte.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente
de Nueva Unión Ciudadana.
Twitter @NevesJuanCarlos
