DECLARACION DE SUMA GRAVEDAD

DECLARACION DE SUMA GRAVEDAD
Justicia y Concordia

Iustitia delenda est
Es fácil hablar claro
cuando no va a decirse toda la verdad
R. Tagore
Socios, amigos y colaboradores han requerido de esta Asociación un pronunciamiento sobre lo que este gobierno ruin se ha propuesto hacer con el Poder Judicial.
En verdad han abundado las notas, los artículos y las declaraciones que, en su mayor parte, han criticado con justificada alarma diversos aspectos del proyecto, tales como los referidos a la integración del Consejo de la Magistratura , la creación de cámaras de casación y la esterilización de las medidas cautelares.
Al respecto, pues, no parece que haya mucho más para decir. Si basta con una palabra, ¿para qué decir otra?
No obstante, algunos hablan demasiado pero sin decirlo todo (Quintiliano), olvidando que no hay que hablar mucho, sino decir la verdad. Toda la verdad.
Casi todos los que en estos días están hablando mucho y fuerte, presentan este plan de reforma (llamado de democratización) de la administración de justicia, como si se tratase de un golpe institucional, una maniobra que tiene tanto de ilegítima cuanto de sorpresiva. Nosotros decimos, sin embargo, que nadie tiene derecho a sentirse asombrado por lo que sucede, porque nada ha venido siendo más anunciado, nada menos inaudito o inesperado que este otro ataque a la República.
Lo que sí causa estupor, es que recién ahora vengan algunos a decir que se está poniendo en jaque a los jueces o a su independencia respecto de los otros poderes del Estado. Porque esto viene ocurriendo hace ya muchos años, con la complicidad abierta por activa o por pasiva, lo mismo da - de extensas porciones de la sociedad civil, incluida buena parte de los jueces mismos, empezando por los que integran la Corte Suprema.
 

 Nuestra Asociación de Abogados se constituyó tiempo atrás precisamente porque advirtió y denunció que los principios últimos y más básicos del derecho se estaban reemplazando por la ideología liberticida y anarquizante de los derechos humanos. Y señaló que ello se hacía con la participación necesaria de jueces prevaricadores, cuando no corruptos, sometidos a los designios perversos de unos gobernantes empeñados en la siembra de odio, venganza y discordia entre los argentinos, como método para la construcción de poder político.
Dijimos entonces y continuamos diciendo hasta hoy - sabiendo que iniciábamos un fiero y desigual combate -, que, a partir de ese momento, todos los habitantes de este suelo habíamos sido puestos en libertad condicional. Lo que está sucediendo, sumado a tantas calamidades ya consumadas, no ha hecho sino confirmar aquél anuncio.
Pero guías y dirigentes ciegos (esto es, peor que tuertos) se obstinaron en no ver ellos ni dejar ver a otros. Y aún ahora, también ellos envejecidos y tercos, siguen sin advertir de dónde venimos, lo que no les permite tampoco saber hacia dónde vamos.
Así,
Aplaudieron la destitución de los ministros de la Suprema Corte , basada en las opiniones que habían emitido como jueces en algunas causas, para terminar aceptando su reemplazo por una nueva mayoría automática.
Celebraron la introducción por vía judicial de un artilugio para modificar ilícitamente la Constitución nacional y otras leyes fundamentales, asignando preeminencia a los tratados y convenios internacionales.
Consintieron el máximo absurdo jurídico que se puede concebir, como fue la anulación por el Congreso de leyes que él mismo había sancionado y los jueces habían convalidado.
Aceptaron la derogación por la Suprema Corte de los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna, inviolabilidad de los derechos adquiridos y de cosa juzgada.
Para que fuera posible lo anterior, admitieron que se violara la prohibición de la interpretación analógica de la ley penal contra el imputado y aceptaron la invocación dogmática de la costumbre internacional como sucedáneo de la ley penal escrita, sin probar esa costumbre y atribuyéndole fuerza imperativa (jus cogens).
Contribuyeron además al montaje de una justicia federal prevaricadora, enteramente consagrada a juzgar y condenar a ancianos en procesos plagados de vicios y fraudes, mientras hacían abandono de su deber de investigar, perseguir y castigar los delitos de corrupción en el Estado, tráfico de drogas y violación de las fronteras de la nación.
Consintieron que se quitasen al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo los dos instrumentos que la Constitución les otorga para hacer posible la concordia y cumplir el mandato de consolidar la paz interior, encogiéndose de hombros cuando esos jueces, siempre dóciles al poder político, revisaron e invalidaron los indultos y las dos leyes de amnistía dictadas por el Parlamento. Y sólo en perjuicio de una determinada categoría de presos.
Toleraron (algunos llegaron a la justificación y hasta la premiación) la acción de un juez de la Corte orientada al alquiler de inmuebles de su propiedad como prostíbulos.
Convalidaron la designación de jueces abolicionistas del derecho penal, gravemente responsables de la más grave expansión de la criminalidad impune en todo el país.
Avalaron a jueces expertos en absolver de culpa y cargo a gobernantes y funcionarios tan corruptos como aquellos.
Consintieron la puesta en marcha de un plan de exterminio de una determinada categoría de personas, haciendo reaparecer en la República la infame categoría de los presos políticos, en número creciente (hoy son más de 1.400), como también crece el número de los que mueren en cautiverio, sin haber sido condenados (casi 200 a la fecha).
Optaron por mirar hacia otro lado cuando se produjo el agravamiento de las condiciones carcelarias para procesados y condenados, generalmente de edad avanzada.
Aceptaron la instauración, a través de fallos dictados por la Corte , de una suerte de derecho de dos velocidades, donde las garantías básicas contenidas en la Constitución , valen para unos y resultan absolutamente ineficaces para otros.
Callaron, en fin, cuando el Presidente de la Corte dijo públicamente que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos y que el avance de estas causas no es sólo el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de los tres poderes, en especial del Poder Judicial, en lo que el mismo llamó política de estado. Desborde que, no sólo conllevaba un grosero prejuzgamiento, sino que puso en evidencia que en la Argentina se ha suprimido el equilibrio y control republicanos y que la legalidad ha sido sustituida por una difusa y amañada política de derechos humanos.
Con lo anterior no se agota la larga lista de atentados contra la justicia y el derecho en la Argentina , pero debiera alcanzar para que se empiece a reconocer cuál es la causa de que estemos a las puertas de la colonización completa del Poder Judicial. A menos que, como se ha venido haciendo, continuemos los argentinos levantando monumentos a los principios y cadalsos para sus consecuencias.
Sepan los guías y dirigentes ciegos, sepa también el pueblo que se deja conducir por ellos, que las consecuencias de esta empresa de demolición de la justicia sufrida hoy por millones de compatriotas generan desequilibrios cuyos efectos todavía no hemos padecido en toda su magnitud. Cuando una nación elige vivir mirando hacia atrás mientras se le roba el presente, fatalmente habrá de darse de bruces contra lo que viene por delante.
Por eso los Abogados por la Justicia y la Concordia , cuando decidimos hablar, no buscamos nuestra propia conveniencia, ni votos, ni la consagración de intereses mezquinos. Diremos siempre la verdad; pero toda la verdad.
Si se tiene miedo o vergüenza de decir algo, es mejor callar, que decirlo a medias.

Buenos Aires, abril de 2013.
La Comisión Directiva y la Mesa Chica
Alberto Solanet, Gerardo Palacios Hardy, Mariano Gradín, Oscar Vigliani, Eduardo Bieule, Juan Pablo Chevallier Boutell, Rafael Algorta, Carlos Bosch, Ricardo Saint Jean, Fernando Goldaracena, Emilio Hardoy, Fernando Esteva, Ernesto García González -