Si el domingo le va mal, CFK quedaría a tiro de la justicia
El 12 de agosto puede ser un día clave, ya que es muy probable que a
la presidente se le evapore el 54% obtenido en el 2011 y que el Frente
para la Victoria promedie a nivel nacional cerca del 30% de los votos.
Este panorama colocaría al gobierno en una situación de debilidad
comparable a la de junio del 2009, aunque el kirchnerismo se ve
favorecido porque renueva menos bancas que la oposición. Pero lo
sustancial es que el próximo domingo se plasmaría que el gobierno sufre
una enorme pérdida de apoyo. La combinación entre el cepo cambiario y la
crisis energética, junto a la mediocre perfomance electoral, pueden generar un cóctel explosivo capaz de producir una disparada del dólar blue
y, correlativamente, una catarata de denuncias judiciales. Un síntoma
de esto es que el fiscal Jorge di Lello decidió investigar a la
presidente por su incumplimiento de la veda de avisos oficiales. En este
proceso también es importante la investigación de La Nación que
descubrió que la presidente compró terrenos fiscales en El Calafate a
precio vil, y que después le cedió al cuestionado Lázaro Báez la mitad
de los mismos, al mismo tiempo que el camino que los recorre era
asfaltado con fondos públicos de Santa Cruz. Este hecho obligaría a que
la justicia adopte nuevas medidas en la causa en la que se investiga al
empresario socio de Néstor Kirchner.
Botón de pánico
Entorno al expediente del caso Báez hay un equilibrio de fuerzas
contrapuestas. El juez federal Sebastián Cassanello, próximo al
camporista Secretario de Justicia Julián Álvarez, es vigilado de cerca
por el fiscal Guillermo Marijuán, dispuesto a avanzar en la
investigación. El magistrado avanzó poco hasta ahora con la
investigación de la cueva llamada “La Rosadita”. Báez esta imputado por
lavado de dinero y se le acaban de descubrir nuevas propiedades en común
con su socia.
Hasta el momento, la presidente viene eludiendo con éxito las
denuncias por enriquecimiento ilícito que pasaron por los despachos de
Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Julián Ercolini. Lo que
suma este descubrimiento de la compra de terrenos de El Calafate no sólo
es la comprobación de la sociedad entre CFK y Báez sino que ella queda a
tiro de ser imputada por lavado de dinero. También se explica entonces
por qué ella nunca contestó las acusaciones de Jorge Lanata y Elisa
Carrió. Se está dando sí un incipiente destape de la justicia en general
y en particular del fuero federal. Pese a sus gestos públicos de
soberbia, la presidente no dejaría de tomar nota de la situación. Por
esto, el miércoles pasado el gobierno apuró en el Senado la aprobación
de los acuerdos de camaristas de casación en lo criminal y correccional
que serían ubicados en la casación penal federal con la misión de frenar
los procesamientos de funcionarios y ex funcionarios. Entre los
problemas para el oficialismo, está el hecho de que las apelaciones de
lo que resuelva Cassanello van a la Sala II de la Cámara Federal, que
suele fallar contra el gobierno
