Estudiarían acusar al grupo Boudou por asociación ilícita
También Fariña y el empresario Erusalimsky podrían ser imputados por lo mismo.
Mientras la expectativa política está concentrada en la pulseada que
en el despacho del juez Thomas Griesa libran el gobierno argentino y
varios holdouts encabezados por Paul Singer, en los tribunales
de Comodoro Py, las causas que preocupan al poder también tienen sus
movimientos. Por ejemplo, ayer extrañó que la Procuradora General
Alejandra Gils Carbó permaneció varias horas en el edificio de Comodoro
Py. El pretexto fue una reunión oficial sobre cuestiones de derechos
humanos. Pero la realidad sería que Gils Carbó se habría reunido con
varios funcionarios de confianza de la Casa Rosada, preocupada por
ciertas versiones sobre que se podrían dictar medidas en su contra en la
denuncia que le realizara el año pasado el fiscal Guillermo Marijuán.
Éste imputó a Gils Carbó -una de las cabezas de la organización
oficialista “Justicia Legítima”- por haber nombrado supuestamente “a
dedo” a varios fiscales en varias procuradurías ad hoc, entre los cuales figura Carlos Gonella.
Claro está que las principales preocupaciones de la Casa Rosada se
centran en otros temas. Por ejemplo, en el kirchnerismo habría cierto
alivio ante la casi seguridad de que el juez federal Ariel Lijo no se
pronunciará sobre el casi seguro procesamiento de Amado Boudou en el
caso Ciccone en tanto no se resuelva la conflictiva situación judicial
entre el Estado nacional y los holdouts que ganaron el juicio
por US$ 1330 millones en Nueva York. En cambio, otra versión empieza a
inquietar seriamente. Es la que indica que Lijo no descartaría apuntarle
a un cambio de carátula a la causa Ciccone planteando la existencia de
una asociación ilícita, un delito tipificado por los artículos 210 y 210
bis del Código Penal y que tiene entre 3 y 10 años de pena, o sea más
que las negociaciones incompatibles con la función pública (Artículo
265) que son sancionadas con prisión de 1 a 6 años. La idea es que
Boudou, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, Juan Carlos
López y algunos allegados más habrían integrado, como dice el Código
Penal, una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer
delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Una de las
grandes dificultades de avanzar en este tipo de imputaciones radica en
probar el carácter permanente de la asociación ilícita. En este caso, se
habla de distintos ilícitos cometidos a través del conjunto empresario
ligado a Boudou, integrado por WSM, Rock Argentina e Inmobiliaria Aspen,
entre otras. Por vías paralelas, también importaría la investigación
sobre un megaemprendimiento inmobiliario en la costanera de Olivos, más
las causas relacionadas con la adquisición fraudulenta de automotores
que ya se le siguen al vicepresidente. Por último, la investigación
sobre la existencia de una asociación ilícita podría extenderse a
ciertas operaciones sospechosas de Boudou como director de la ANSES. A
este probable cambio de carátula hasta se le podría sumar el cargo de
extorsión, referido a las presiones ejercidas sobre la familia Ciccone
para cederle al grupo Boudou el control de la Compañía de Valores
Sudamericana (ex Ciccone). En este punto pesaría especialmente el rol de
Núñez Carmona, sobre quien se determinó recientemente que participó en
las reuniones oficiales con los Ciccone en el Ministerio de Economía,
sin ser funcionario público y ocupándose de extorsionar a los dueños de
la imprenta de billetes.
La otra causa
En la causa por evasión de 28 millones de pesos por la cual está
preso Leonardo Fariña y que lleva el juez federal de La Plata Manuel
Blanco también se habla de que podría haber una recaratulación del
expediente para pasar a la asociación ilícita.
Fariña está preso y procesado, acusado de evadir unos 28 millones de
pesos en impuestos por la compra de un campo en la provincia de Mendoza.
En declaraciones ante la justicia, la modelo Karina Jelinek sostuvo que
su marido tenía relación con Roberto Erusalimsky y Carlos Molinari, dos
empresarios citados a indagatoria en la causa en la que Fariña está
procesado por lavado de dinero. “Él decía que era su socio pero nunca me
lo quiso presentar”, dijo Jelinek sobre Erusalimsky. Éste es el
presidente y accionista de ‘Welmare Trading S.A.’, empresa donde Fariña
figura como director no accionista, y la Justicia sospecha que le compró
un campo en Mendoza por 1.800.000 de dólares cuando el ex marido de
Jelinek lo adquirió por cinco, en lo que se cree que pudo ser una
operación simulada. Jelinek también dijo que Fariña tenía negocios con
Carlos Molinari, titular de Rei Fiduciaria, empresa que pagó los dos
millones de pesos que costó la boda de la pareja. El médico Luis Malek
Fara, amigo de Fariña y de Erusalimsky, fue quien los conectó. Malek
Fara declaró ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga al
empresario Báez, que su amigo Fariña “es un mitómano”.
“Cuesta analizar sus conductas. Por ahí te ofrece algo, lo llamás y
desaparece. Ni siquiera pide nada por adelantado. No tiene ningún
beneficio más que captar la atención del otro un momento”, dijo en la
declaración judicial. A Malek y a Fariña los unieron los autos. Fariña
le pidió que le encontrara compradores para un Audi TT plateado de 2010 y
dos lujosos BMW. Malek Fara contó que él le presentó a Fariña al
empresario Erusalimsky.
Luis Malek Fara dijo que el médico Erusalimsky siempre lo llamaba
para preguntarle por algún auto. Por ejemplo, una vez le pidió una
camioneta Ford Ranger, porque no quería meter en la arena de Pinamar su
costosísima BMW X 6. En esas charlas le dijo que Fariña vendía el campo
en Mendoza.
Esta causa por evasión agrava la situación del financista Fariña, que
enfrenta otro proceso por conducir una lujosa camioneta BMW X 6, de un
amigo suyo que tenía papeles falsos. El supuesto dueño del vehículo era
Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro y preso por
narcotráfico. El caso es que Erusalimsky estaría hoy en el centro de la
lupa de Blanco. La Justicia estaría investigando en especial el diálogo
telefónico entre Fariña y Erusalimsky en el cual el primero dijo: “Tengo
90 millones físicos en Portugal”. Evidentemente lo estaba consultando
al médico acerca de cómo blanquear esa suma, a lo cual éste, seguramente
desconfiando del teléfono, habría contestado evasivamente.
Cálculos realizados en Tribunales indican que esos 90 millones de
dólares en Portugal coincidirían con aproximadamente el 6% de comisión
que habría cobrado Ricardo Jaime, cuando era Secretario de Transporte,
por la compra de vagones portugueses que, por su obsolescencia, fueron
un rotundo fracaso.
Curiosamente, en algunos medios se ironiza con Erusalimsky, al que
apodan el “Dr. Muerte” por las denuncias que acumularía el Sanatorio
Virreyes, que es de su propiedad. Ahora, la posibilidad de que este
médico, Fariña y Fara terminen siendo acusados por asociación ilícita
parece ir creciendo a medida que surgen más negocios turbios vinculados a
las mismas personas.
