A los prestanombres de la campaña CFK 2007 se les habría pagado con cuotas de efedrina para fabricar éxtasis
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Los aportes mediante cheques a la campaña Cristina 2007 de
laboratorios y droguerías como Seacamp, de Solange Bellone, viuda de
Sebastián Forza; San Javier, de Carlos Torres; Global Pharmacy, de
Gabriel Brito, más los de Abraham, Mandredi y López, entre otros, fueron
cubiertos por fondos cash originados en la corrupción del
kirchnerismo. Es decir que mediante este mecanismo y docenas de
personajes como los señalados se lavaban los fondos producidos por la
sobrefacturación de obra pública y los retornos de los subsidios en las
áreas claves de obras públicas, energía, vialidad, vivienda, etc. Desde
la instalación de Néstor Kirchner en el poder, la corrupción fue
generalizada, institucional y ordenada desde arriba, siguiendo el modelo
de la provincia de Santa Cruz. La mayor parte de los fondos iba a parar
a las manos de Néstor Kirchner, quien los hacía guardar en bóvedas en
su provincia, los enviaba al exterior o bien se invertían en compra de
bonos de la deuda externa.
Una parte importante de esos prestanombres insolventes que emitían
cheques sin respaldo que se acreditaban gracias a depósitos en efectivo,
permitían lavar y justificar que había aportes privados para la campaña
presidencial. A muchos de ellos se les prometieron cuotas de efedrina
importadas de la India por los laboratorios del Chemo Group de Hugo
Sigman, el coproductor del exitoso film Relatos Salvajes.
Aparentemente, el encargado de “disciplinar” a estos empresarios
prestanombres era un alto funcionario apodado “la morsa” según consta en
pinchaduras telefónicas que están en el juzgado del juez Ariel Lijo.
Este apodo se hizo famoso en nuestro país en la década del ‘60, cuando
se identificaba así al dictador Juan Carlos Onganía. Se supone que los
traficantes de efedrina sabían quién disciplinada las operaciones, o sea
que no sólo ordenaba las cuotas sino que también podía castigar a
quienes querían entrar en el negocio dejándolos afuera del mismo. En el
caso de los que hablaban de más, el castigo fue mayor, como les pasó a
Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en el triple crimen de
General Rodríguez. Ahora el juez Lijo se dispone a tomarles declaración
indagatoria a Héctor Capaccioli, Leandro Diez y Sebastián Gramajo, ya
que el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia comprobó que
los cheques de Solange Bellone, Carlos Torres y Gabriel Brito fueron
cubiertos por depósitos en efectivo, ya que las citadas personas eran
insolventes. A todo esto, los sobreseimientos de los nombrados dictados
por el juez Norberto Oyarbide fueron anulados por la Sala II de la
Cámara Federal por haberse pronunciado aquél en una causa que le
correspondía a Lijo. Ese fallo nulo se dispuso desprolijamente por
expreso pedido de Gramajo, quien no aguantaba un día más sin que lo
desprocesaran. En una situación límite, lo que pueda declarar Gramajo
ante Lijo es una verdadera Caja de Pandora.
El verdadero jefe de la banda
En la causa que lleva la jueza federal Servini de Cubría, la empresa
Telefónica, a pedido del gobierno, habría hecho desaparecer los
registros del alto funcionario de la Casa Rosada que hablaba con los
hermanos Zacarías, que eran los delegados de Kirchner, del 2005 al 2008,
para hacer el “trabajo sucio” de manejar las operaciones de tráfico
internacional de efedrina, éxtasis y cristal. Las cuotas de importación
las manipulaba el Registro Nacional de Precursores Químicos, que
dependía del titular de la SEDRONAR, José Granero, hoy procesado y que
por entonces resistía los embates del ministro del interior Aníbal
Fernández, que quería colocar a uno de los suyos en la conducción de la
estratégica secretaría. Fernández finalmente se quedó solamente con el
control del Registro Nacional de Armas (RENAR), ya que Kirchner protegía
personalmente a Granero. Ayer La Nación confirmó
nuestra primicia de que la Sala II de la Cámara Federal anuló por
razones circunstanciales el fallo de Oyarbide, concretamente por una
apelación del abogado de Brito originada en una cuestión de honorarios. A
todo esto, la Casa Rosada se niega a decir quién es el alto funcionario
de la presidencia que recibía la llamada de los hermanos Zacarías, por
una simple razón: cuando se sepa quién es “la morsa” de inmediato podría
establecerse el nombre del jefe de la banda, que no sería otro que el
ex presidente fallecido. Es la única explicación que cierra con que él
haya utilizado todo el poder del gobierno para encubrir el lavado de la
campaña Cristina 2007 y a sus principales responsables.
