LA ARREBATADORA
En plena batalla judicial, el Gobierno designó 2 jueces y 9 fiscales
En plena batalla K en el ámbito judicial, el Gobierno designó a 2 jueces
y 9 fiscales, luego de promulgar el nuevo Código Procesal Penal. Los
nombramientos se produjeron en Corrientes, Jujuy, Capital Federal,
provincia de Buenos Aires, Rosario, Posadas, Neuquén y Tierra del Fuego.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El ámbito judicial, un terreno que
desde hace tiempo se convirtió en escenario de una encarnizada batalla
que provoca permanentes cruces entre el Gobierno, jueces, fiscales y
políticos de la oposición, recibe hoy novedades desde el 'Boletín
Oficial'.
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La noticia es que, además de promulgar el Código Procesal penal, el
Poder Ejecutivo informó la designación dos jueces provinciales y nueve
fiscales en diversos puntos del paìs.
En el caso de los magistrados, los nombramientos fueron los siguientes:
Cristina Elizabeth Pozzer será jueza del juzgado federal de primera
instancia de Goya, provincia de Corrientes; en tanto que Mario Héctor
Juárez Almaraz será juez de Cámara en el tribunal oral en lo criminal
federal de Jujuy, provincia de Jujuy.
El doctor Sergio Leonardo Rodríguez fue designado fiscal nacional de
investigaciones administrativas, en tanto que en la ciudad de Buenos
Aires fueron designados fiscales Gabriela Fernanda Boquín (ante la
cámara nacional de apelaciones en lo comercial); Miguel Angel Palazzani
(en los tribunales orales en lo criminal federal, Fiscalía N° 2); y Juan
Manuel Domínguez en los juzgados nacionales de primera instancia del
trabajo de la Ciudad.
A través del Boletín Oficial también se informó que Federico Guillermo
Reynares Solari será fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal federal de Rosario (provincia de Santa Fe, fiscalía N° 3); en
el mismo puesto quedaron Carlos Martín Amad (en Posadas, provincia de
Misiones); Pablo Fernando Parenti (en San Martín, provincia de Buenos
Aires, fiscalía N° 4); Abel Darío Córdoba (en la ciudad de Neuquén,
provincia de Neuquén); y Adrián Jorge García Lois en Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Nuevo Código
El Gobierno promulgó el nuevo Código Procesal Penal. La norma 27.063 fue
sancionada el jueves pasado por la Cámara de Diputados por 130 votos a
favor, 99 en contra y dos abstenciones; y hoy quedó promulgada con la
publicación en el Boletín Oficial del decreto 2321, que lleva las firmas
de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye profundas modificaciones
respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del
proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que
hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
Entre otras cuestiones, el proyecto sancionado por el Congreso también
establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar
hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo
el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
A partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos
cargos en las fiscalías y defensorías del país.
El decreto que promulga la normativa establece que el nuevo Código
Procesal Penal “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la
ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las
previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos
jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.
Asimismo, dispone que el nuevo Código “será aplicable a la investigación
de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en
vigencia”.
Por otra parte, crea “en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación
la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer
durante el período que demande la implementación prevista en el
artículo 3°, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la
legislación vigente a los términos del Código aprobado por el artículo
1° de la presente ley, así como toda otra modificación y adecuación
legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código
Procesal Penal de la Nación”.
