LOS RATONES PARANOICOS
11:45 – (Por Rubén Lasagno)
– Recientemente se viralizó un documento (en audio) firmado por el
Frente Para la Victoria y leído para ser escuchado en las redes
sociales, que no tiene desperdicio. Para referirnos a su factura, su
pretensión argumentativa y la particular mirada del sector político que
ha fundado la mayor decadencia en el país de los últimos 40 años, lejos
de constituir una difusión multiplicadora de ese mensaje, lo vamos a
analizar objetivamente para ubicar al lector en el título de nuestra
nota, teniendo en cuenta que la paranoia es una enfermedad psíquica
producto de alteraciones de nuestro cerebro y hace referencia a trastornos delirantes
o psicosis paranoica caracterizada por los delirios autorreferentes
pretendiendo que todo lo que ocurre y de lo que es consciente el
paranoico se da a causa de un mismo hecho, una verdad que normalmente
intenta ser ocultada pero que uno mismo (y no los otros) es capaz de ver.
El audio es una “proclama
para la liberación de Atanasio Pérez Osuna” firmada por los diputados del
FPV Matías Mazú, Darío Mena, el PJ
Río Turbio y el PJ/FPV provincial que comienza diciendo “Con Atanasio, está preso también el pueblo de Río Turbio…”. Error:
Osuna está preso por haber
favorecido, en funciones, la
desaparición de 50 millones de pesos en una maniobra delictiva. Esto solo
para empezar, el ex intendente y ex interventor de YCRT tiene muchos otros
delitos pendientes. Si se hiciera una consulta popular, habría que ver cuántos
ciudadanos de Río Turbio se sienten
“presos” con Atanasio y cuántos opinan distinto.
Luego, el mensaje va dirigido a resaltar la figura de Claudia Paves, la intendente interina
puesta a dedo por el FPV y recala en la “persecusión”
de la que son objeto por parte del gobierno nacional “compañeros y compañeras” del FPV y agrega “desordenándole la vida a la gente”. Tal vez, los firmantes de este
discurso quisieron referirse al cambio de estatus que sufrieron los más de 20 detenidos por corrupción de
la década pasada, incluyendo Osuna. Y si, cuando uno comete delitos, es
común que si la justicia funciona, la
vida de cada uno de los delincuentes se vea desordenada, su libertad
restringida, sus bienes embargados y sus cuentas inhibidas. Eso es lo
lógico y justo. Lo injusto es que, como en el caso de la década perdida, todos estuvieran libres usufructuando
la función pública para enriquecerse.
En otro tramo piden y exigen “la libertad de los presos políticos de Macri” y particularmente le
da esa calificación a Pérez Osuna y agregan “repudiamos una vez más, a este gobierno nacional que destruye la política con la cárcel”, una frase que suena
tan rara y contradictoria como decir que
las cárceles destruyen a la sociedad
porque encierra a seres humanos. Una verdadera joya del negacionismo kirchnerista. El FPV/PJ de
Santa Cruz hace una interpretación diametralmente opuesta a la realidad
fáctica, la política se destruye asimisma cuando permite que los corruptos la
colonicen y en su nombre cometan flagrantes delitos contra el Estado.
“La renuncia (a la
intendencia de Río Turbio) que se produce por la persecusión política que el gobierno nacional somete a Atansio,
produce graves daños a la autoestima de
nuestra comunidad. Trajo aparejado caos institucional y una agobiante
incertidumbre en nuestra comunidad”.
Esta frase está plagada
de falacias, pero lo más destacado es el intento de los firmantes, de atar el destino de los habitantes de Río
Turbio con el de Atanasio Pérez Osuna, cuando en realidad, nada es más
opuesto y claro ante la opinión pública.
Todos saben que no se trata de una “persecución política” porque hay un delito que está siendo
investigado y Osuna como principal imputado, sigue preso por decisión judicial. Incluso, uno de los firmantes, Matías Mazú, lo hace en defensa propia,
pues él mismo, como Intendente de Río Turbio en ese momento, fue coautor de toda al maniobra para
entregarle a la firma Fainser, los 50 millones de pesos que desaparecieron sin que pusieran un solo ladrillo y que
OPI publicara en exclusividad y luego tomado por la justicia. Por lo tanto,
extraño sería que la comunidad sienta “graves
daños en su autoestima colectiva”;
en todo caso, quienes deben sentirse así, serán
los responsables de aquella estafa, no los ciudadanos que nada tuvieron que
ver.
Para lograr un efecto colectivo y por asociación arrastrar a
la comunidad a darle un “respaldo” que nadie sino ellos armaron para argumentar
políticamente, el comunicado ataca al gobierno nacional haciéndolo ver como un
grupo de rencorosos que llegaron para “traer
caos institucional, desazón a la cuenca carbonífera y vaciar de expectativa
“nuestros sueños”, señalan como forma de “socializar” el problema de Osuna que no es otro que el estar preso por haber “metido la mano en
la lata”, como tantos otros “compañeros”,
empezando por el coimero Jaime, el que revoleaba bolsos con 9 millones José
López, el que ordenaba la coima, Julio de Vido, el testaferro de los Kirchner,
Lázaro Báez y tantos otros que no están como presos políticos, sino como
personas comunes que han cometido delitos desde el poder. Todo ello teniendo en
cuenta que le están haciendo precio a la
ex presidenta y sus hijos, quienes deberían estar detenidos por lavado de
dinero, asociación ilícita y un rosario de delitos que no los pintan como presos políticos, sino como simples ladrones
en uso de la oportunidad que les brindaba el poder.
Concluyendo, la paranoia que sufre esta gente les hace creer
que Osuna es un preso político y la construcción de ese relato, les hace pensar
que la situación de detención del ex intendente, “afecta” a toda la comunidad que “sufre” la prisión con él. Nada más alejado de la realidad. Si se
hiciera una consulta popular, Mazú y compañía se sorprenderían el escaso respaldo que tienen para sostener una
premisa de ese tipo y fracasarían en el intento de arrastrar a una comunidad
en defensa de quienes el 4 de diciembre de 2015, mientras los mineros recordaban la tragedia de los 14 mineros del 2004,
Mazú y Osuna cerraban apurados un negocio de 50 millones con Fainser,
sabiendo que en pocos días más debían dejar sus cargos. (Agencia OPI Santa
Cruz)
