Esto dice el escrito que presentó Cristina ante Bonadio
Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner
ingresó minutos antes de las 9 a los tribunales federales de Comodoro
Py, donde fue convocada por el juez Claudio Bonadio por ocho hechos de
corrupción, siete de los cuales son derivados de la causa de los
cuadernos, las anotaciones que hizo Oscar Centeno, chofer del ex
funcionario del kirchnerismo Roberto Baratta.
La ex presidenta ingresó por una puerta lateral,
luego de bajar del auto que la trasladaba mientras alrededor se
desplegaba un operativo de seguridad con autos y motos que custodiaban
su llegada.
Una vez en el edificio, la ex presidenta y actual senadora subió al cuarto piso, donde está el despacho del juez.
Según fuentes vinculadas a la causa, la ex mandataria presentó un único escrito
donde menciona las ocho causas en las que se le imputan delitos y
considera que es víctima de "una persecución y ensañamiento que solo ha
sido visto durante regímenes totalitarios".
El abogado Carlos Beraldi acompañó a la expresidenta en su presentación ante el juez Bonadio.
Más temprano, Cristina cuestionó a través de varios tuits a Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, al afirmar que las causas por la que es requerida judicialmente están "armadas"
"Hoy,
25 de febrero, Néstor cumpliría años y yo debería estar en Río
Gallegos, como siempre. No voy a poder porque Bonadio, que en 2015
allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo y el año
pasado allanó mi casa durante el cumpleaños de la hija de
Florencia", comenzó sus posteos la ex mandataria. Como sea, este es el
escrito que presentó la exmandataria:
Cristina
Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en el marco de las causas
Nº 9.608/2018, 3.710/2014, 10.456/2014, 13.816/2018, 13.820/2018,
18.590/2018, 15.386/2018 y 18.704/2018, todas del registro del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, manteniendo el
domicilio constituido en autos, digo:
1.
En el día de la fecha he sido convocada a prestar declaraciones
indagatorias múltiples y simultáneas, en ocho supuestas investigaciones
judiciales. Así, y en una suerte de función de cine continuado, se
pretende hacerme responsable, una vez más, de la misma presunta
asociación ilícita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro
Juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales.
Indudablemente,
se trata de un hecho inédito en los anales de la jurisprudencia, que
puede comprenderse en el marco de una persecución y ensañamiento al que
sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de
Derecho se encontraba suspendido. Aunque debo reconocer que en términos
cinematográficos, esta película merecería recibir un Oscar por su
originalidad.
2.
Básicamente, esta nueva movida judicial tiene su origen en la a esta
altura escandalosa y bochornosa "causa de las fotocopias", cuyos
antecedentes pueden ser resumidos de la siguiente manera:
a.
El expediente se inició en base a simples fotocopias de unos supuestos
cuadernos que nunca se vieron y que finalmente dijeron que habían sido
"quemados en la parrilla de un patio". Literal. Concretamente, según la
versión oficial, un ex miembro de las fuerzas de seguridad y confeso
antikirchnerista se habría apropiado de manera ilegal de estos supuestos
cuadernos para entregárselos a un periodista que, dijo, le inspiraba
confianza.
b.
El periodista elegido fue Diego Cabot del diario La Nación -ambos,
periodista y diario, furibundos antikirchneristas simpatizantes del
gobierno de Cambiemos-, quien le llevó su supuesta investigación al
fiscal Stornelli -acusado de extorsionar empresarios e imputados en esta
misma causa-. Este cuestionado fiscal, violando todas las reglas
vigentes en materia de competencia, decidió formar actuaciones
complementarias y entregárselas al juez Bonadío, dando lugar a un caso
obsceno de fórum shopping.
c.
A partir de simples fotocopias, el juez ordenó la detención de decenas
de personas con el indisimulable propósito de presionarlas y obligarlas a
recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores
gobiernos constituían una "asociación ilícita". La suerte de quienes no
se adhirieran a semejante maniobra fue graficada por Stornelli con la ya
famosa frase "no habrá sortijas para todos", palabras que seguramente
pasarán a la historia como muestra del descaro con el que se ha
procedido en el expediente.
Eso
sí, a los familiares más cercanos del Presidente de la Nación no les
fue necesario retirar sus sortijas en la Fiscalía de Stornelli, ya que
éste se las llevó personalmente a la Quinta Presidencial de Olivos. Como
era obligatorio, mi defensa reclamó que se llevaran a cabo medidas
probatorias para acreditar este vergonzoso episodio que fuera
ampliamente difundido por los mismos medios de comunicación afines al
gobierno, pero el juez no hizo lugar a tal petición, bajo el siempre
útil latiguillo de que la misma no era pertinente.
d.
No obstante lo dispuesto de manera expresa en el art. 6 de la "Ley del
arrepentido" (Ley Nº 27.304), el fiscal deliberadamente omitió registrar
por medios audiovisuales las declaraciones de los presuntos
arrepentidos.
Hoy,
y a la luz de los testimonios, declaraciones, grabaciones y otras
pruebas que han surgido sobre la operatoria del Juzgado y la Fiscalía a
cargo de Bonadío y Stornelli, respectivamente, está más que claro que se
procedió de esta manera para que no quedaran huellas de cómo estas
personas fueron extorsionadas y sus manifestaciones tergiversadas y/o
armadas, claro está, siempre en mi contra.
Sobre
esta capital cuestión, que no es una mera elucubración de mi parte,
pues encuentra sustento en declaraciones públicas formuladas por
periodistas que jamás han tenido simpatía con mis posiciones políticas,
tanto el juez como la Cámara de Apelaciones rechazaron todas las medidas
de prueba reclamadas, pese a los reiterados pedidos que fueron
efectuados.
Es
más, en otra demostración de cómo se oculta la verdad y hasta qué
niveles han llegado los abusos de poder, el titular de este Juzgado
formuló una denuncia en contra de quienes hicieron públicas las
prácticas deleznables que se vienen cometiendo en la "causa de las
fotocopias"; ello, con el pícaro propósito de bloquear la posibilidad de
que los denunciados fueran citados como testigos. Llamativamente -o ya
no tanto-, la denuncia de Bonadío recayó en el Juzgado de Ercolini, cuya
funcionalidad para atender este tipo de emergencias se ha tornado una
práctica bastante conocida.
Pero
si alguna duda cupiere sobre la manipulación de las declaraciones de
los arrepentidos, basta con recordar que el propio Stornelli, en una de
sus habituales giras por las pantallas de la prensa oficialista más
recalcitrante, reconoció que omitía consignar fielmente en las actas
todo lo que, supuestamente, le decían estas personas sometidas al
régimen del "imputado colaborador".
e.
En el marco de procedimientos espectaculares con los que se captó la
atención pública durante varios días, mis domicilios de la ciudad de
Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate fueron allanados, con el
augurio de que serían encontradas bóvedas, compartimientos secretos y
varios millones de dólares que habrían transitado a través de los
circuitos de la corrupción. Nada de ello ocurrió.
Sin
embargo, para que la decepción fuera disimulada, Bonadío ordenó el
secuestro de un montón de elementos que nada tienen que ver con el
proceso, haciendo caso omiso a las instrucciones impartidas por el
Senado de la Nación cuando, incluso con mi voto afirmativo, autorizó la
medida.
Ni
siquiera se salvaron los atributos presidenciales que Néstor Kirchner y
la suscripta recibiéramos al haber sido elegidos democráticamente como
titulares del Poder Ejecutivo de la Nación.
f.
En este contexto, pese a que no existía prueba alguna en mi contra y
sin posibilidad de ejercer mínimamente el derecho de defensa en juicio,
fui procesada, naturalmente, por el delito de asociación ilícita, al que
se le sumaron, como dijo Bonadío "más o menos así" otros supuestos
delitos.
Tal
resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones,
integrada por jueces que también fueron colocados a dedo por el gobierno
de turno, quienes cumplieron al pie de la letra las instrucciones que,
según lo informó la prensa, les fueron impartidas desde la mesa judicial
de la alianza gobernante: ratificaron que soy la jefa de la asociación
ilícita, dejaron dentro de ella a un grupo de funcionarios y algunos
empresarios y beneficiaron al resto de los hombres de negocios, quienes
dieron a entender que fue nuestro gobierno el que les "enseñó a
cartelizarse en la obra pública" y que pagaron sobornos por haber sido
"víctimas" de coacción.
Dentro
de esta última particular especie se encuentran familiares directos del
Presidente de la Nación y varios importantes empresarios afines.
3.
Como la "causa de las fotocopias", en forma paulatina, fue perdiendo el
impacto que se esperaba ante la opinión pública, se recurrió a tres
nuevos inventos, a saber:
a.
A partir de la "causa de las fotocopias" se abrieron otras líneas de
supuestas investigaciones para formar nuevas causas que el Juzgado
retuvo para sí, violando otra vez y de manera descarada las reglas de
competencia.
b.
En otros casos, pretendiendo aparentar alguna prolijidad, extrajeron
testimonios de esa misma causa para que se investigaran otros supuestos
delitos por ante el Juzgado que resultara sorteado. ¿Y qué pasó aquí?:
que el Juzgado sorteado fue el de Bonadío.
c.
Finalmenteecharon mano de supuestas pruebas que aparecieron de manera
"espontánea" en la Fiscalía de Stornelli que luego metieron en otros
procesos, naturalmente en trámite ante el Juzgado de Bonadío, para
construir artificiosamente una imputación en mi contra.
Así
se pretendió dar contenido para que en ocho causas fuese citada a
prestar declaración indagatoria en forma simultánea y continuada. Un
verdadero mamarracho.
4.
Ahora bien, desde un punto de vista procesal (aunque la aplicación de
la ley a estos operadores judiciales, por lo visto, nada les interesa)
resulta evidente que tales citaciones devienen nulas. Ello, no sólo
porque se encuentran contaminadas por la invalidez del proceso de origen
-la "causa de las fotocopias"-, sino porque en sí mismas carecen de
todo sustento y de manera alguna justifican el estado de sospecha que
requiere la ley adjetiva para proceder de tal manera (art. 294 del
CPPN).
Concretamente,
sacaron fotocopias de la causa de las fotocopias, recibieron
declaración a curiosos personajes que se presentan "espontáneamente" en
la fiscalía de Stornelli, solicitaron algunos papeles al Poder Ejecutivo
de la Nación y con todo ello (es decir, nada) me convocaron a prestar
declaración indagatoria en ocho causas distintas, sin explicar tan
siquiera en una sola línea el motivo de estas citaciones.
Naturalmente,
ejercer el derecho de defensa en juicio en estas condiciones resulta
una utopía; mucho peor aún si, diga lo que diga, el dictado de un
procesamiento en mi contra ya está definido.
5.
De todas maneras, y a efectos de dejar debidamente asentadas las
irregularidades que se siguen cometiendo, no es ocioso efectuar una
breve referencia sobre cada uno de los procesos a los que debo
comparecer en el día de la fecha. Ello, sin perjuicio de los planteos
que mi defensa técnica habrá de efectuar oportunamente. Veamos.
a.
Causa Nº 9608/2018. En la "causa de las fotocopias" ya fui indagada en
dos oportunidades, se dispuso mi procesamiento y prisión preventiva, se
solicitó mi desafuero y se trabó un embargo millonario.
Sin
perjuicio de ello, vuelvo a ser convocada en esta causa, por tercera
vez, aparentemente para que se me impute el mismo delito imaginario de
siempre (ser jefa de la asociación ilícita) o bien para que se sume a la
acusación alguna nueva manifestación extraída a otro arrepentido.
Al
respecto, me remito a todas las defensas que fueron oportunamente
interpuestas, las cuales actualmente se encuentran a conocimiento de las
instancias judiciales superiores.
b.
Causa Nº 10.456/2014. Se trata del proceso públicamente conocido como
"gas licuado". Esta convocatoria no solo constituye un caso
paradigmático de arbitrariedad, sino además deja al descubierto la forma
en que se gestan estas causas pseudo-judiciales, a saber:
El
8 de marzo del año pasado la Cámara de Apelaciones del fuero revocó
todos los procesamientos dictados en esta causa y dispuso la falta de
mérito de todos los imputados, dado que la decisión de Bonadío,
impulsada por Stornelli, se basaba en una pericia falsa. Sí, tal cual se
lee: jueces y fiscales armando causas y metiendo gente presa con
pericias falsas.
En tal ocasión se señaló lo siguiente:
"Contradicciones,
olvidos, confusiones … Esos son los déficits del peritaje elaborado por
quien debía ser un experto en la materia. Evidentemente tales conceptos
están muy alejados de la demostración de pericia en su actuar.
Pero
las críticas no se reducen a ellos. A la par existen otros más
preocupantes que ya no revelan sólo yerros. Antes bien, hablan de
falsedades.
Por
un lado, varias defensas demostraron ante el Tribunal -luego de una
minuciosa exploración del mundo virtual- que muchos de los pasajes del
informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos
obtenidos de Internet y no me refiero con ello a sitios web de revistas
especializadas que la comunidad científica consulta y que atesora con
mezquindad. Me refiero a páginas de libre acceso y consulta, dirigidas
al público en general, con el rigor académico que ello supone.
Sin
embargo, la apelación a tal recurso no se detuvo allí. En lo que
refiere al tema más delicado, ese cuyos resultados generaron la alarma
del ministro Aranguren, el `perito` acudió a otra herramienta. Esta vez,
una presentación de estudiantes universitarios chilenos.
La
natural inferencia de todo lo señalado impone un nuevo orden en este
ámbito, y con ello, un nuevo horizonte. El peritaje de Cohen, gravitante
como era para formular el reproche dirigido a los imputados, en su
caída derrumba con igual fuerza el escenario montado. Y esto no lo digo
yo.
El
mismo juez de grado en su pronunciamiento colocó en un sitio de
privilegio dicho informe pericial, tornando al resto de las probanzas en
meros satélites indiciarios de lo que sólo Cohen pudo fusionar. Y ya
vimos en qué términos.
Es
todo lo dicho hasta aquí lo que revela claramente que la imputación
formulada contra las diversas personas procesadas en autos se edifica en
pilares que carecen de la más mínima solidez.
La
incógnita perdura y, por tanto, la necesidad de una investigación seria
que le dé una respuesta. De ahí, que corresponda iniciar genuinamente
esa tarea, que debe principiar, como es debido, mediante la confección
de un peritaje comprometido con la búsqueda de la verdad". Pero las
arbitrariedades no cesaron.
Pese
a lo dispuesto por la Cámara y al resultado favorable que arrojó una
nueva pericia que desmentía la imputación, la investigación del juez y
del fiscal continuó por el camino de la falta de seriedad absoluta.
En
efecto, el 5 de noviembre del año pasado se presentó
"espontáneamente"en la Fiscalía de Stornelli el ahora no abogado y no
experto en delitos complejos Marcelo D`Alessio. Todo desopilante.
Según
consta en la declaración obrante en la causa, D`Alessio, quien bajo
juramento declaró ser abogado, aportó documentos que supuestamente
corroborarían el pago de sobreprecios en la importación de buques con
gas licuado. Además, el falso abogado al que tanto crédito, por lo
visto, le dieron Bonadío y Stornelli, lisa y llanamente me atribuyó
haberme interesado en tal supuesto negocio, dando instrucciones para que
el ENARSA aprobara unas pólizas de seguro que no habrían resultado
convenientes en términos de costos y beneficios para dicha empresa.
El
12 de noviembre, Stornelli abrió una vez más su Fiscalía a D`Alessio,
para que éste ampliara su declaración, aportara nuevos documentos y
"ratificar todo el contenido vertido en la entrevista que tuv[o] con el
periodista Daniel Santoro a efectos de brindar la información veraz
contenida en lo que formó su libro `El Mecanismo`". ¡Bingo! Stornelli
con el falso abogado y el "periodista estrella" de Clarín, experto en
"investigaciones." A esta causa no le falta nada.
Con
estas únicas nuevas "pruebas", aportadas por un sujeto a quien ahora el
fiscal califica de "enfermo psiquiátrico", el juez volvió a convocar a
prestar declaración indagatoria a las mismas veinticinco personas cuyos
procesamientos habían sido revocados por la Cámara de Apelaciones y,
además, me incluyó en la imputación. ¿Se entiende que Bonadío me está
citando a indagatoria en base a los dichos de Marcelo D´Alessio? Sí,
Bonadío utiliza la declaración de un personaje que fue filmado, grabado,
fotografiado y "whatsappeado" con Stornelli, pidiendo coimas en la
causa de las "fotocopias de los cuadernos". Un escándalo nunca visto.
Ello
así, pese a que nunca había sido mencionada en la causa antes de la
declaración de D`Alessio y cuando claramente el hecho que se dice
investigar resulta ajeno a las esferas de competencia de la Presidencia
de la Nación.
Para
que se entienda, luego de cinco años de trámite de esta causa, en la
que se llevó a cabo una pericia falsa -valorada por el juez como si se
tratara de una joya de la ciencia- y a partir de la declaración de quien
ahora es calificado como "enfermo psiquiátrico", debo afrontar un nuevo
proceso penal, sin siquiera saber de qué se me está acusando.
En suma, como lo dije anteriormente, se trata de una convocatoria que carece de toda seriedad.
Sólo
debo reiterar que el supuesto pago de sobreprecios en la importación de
buques con GNL ya sufrió un severo traspié con la resolución adoptada
por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, cuando revocó los
procesamientos que habían sido dictados; además, se trata de
transacciones en las que no tuve ningún tipo de intervención, ya sea
directa o indirecta, y no existe un solo elemento de prueba que me
vincule tan siquiera remotamente con estos hechos.
c.
Causa Nº 3.710/2014. Se trata de un sumario iniciado en el año 2014 a
partir de una nota del periodista Diego Cabot -otra vez, ¿Otro
Santoro?-, en la cual se afirmaba que varias empresas de colectivos
habrían recibido subsidios millonarios de manera injustificada. Ello
así, pues supuestamente presentaban declaraciones juradas en las que
consignaban que recorrían una cantidad de kilómetros mayor a la real.
En
esta causa Bonadío también había ordenado procesamientos a discreción,
los cuales fueron revocados por la Cámara de Apelaciones en virtud de su
orfandad probatoria. Sin embargo, la causa no se cerró y, como de
costumbre, la seriedad de la investigación brilló por su ausencia.
Ahora
bien, la excusa para convocarme a prestar declaración indagatoria en
este proceso, en el cual tampoco había sido mencionada a lo largo de
cinco años, consistió en afirmar que las pruebas reunidas en la "causa
de las fotocopias" (nunca se dijo cuáles) serían "suficientes para
configurar el estado de sospecha requerido por el art. 294 del CPPN".
Es
decir, a diferencia del caso anterior, aquí ni siquiera encontraron un
D`Alessio que falsamente me imputara, sino que recurrieron al
procedimiento antes mencionado de sacar fotocopias de la "causa de las
fotocopias" y, sin mayores explicaciones, me vincularon con la causa.
Nuevamente, la falta de seriedad de todo este procedimiento salta a la vista.
Frente
a esta nueva imputación falsa en mi contra, que además carece de los
requisitos que exige la ley procesal, sólo corresponde señalar que no
tengo relación alguna con las supuestas irregularidades que se
investigan, cuya verificación resulta ajena, de manera manifiesta, a las
competencias propias de la Presidencia de la Nación.
Es
más, si nos atenemos a los dichos del denunciante, las supuestas
irregularidades pudieron ser advertidas a partir de una medida que fue
implementada por mi propio gobierno, esto es, la instauración del
sistema SUBE en las distintas líneas de colectivo; esto es lo que habría
permitido que se pudiera verificar que las declaraciones de las
empresas en cuanto a kilómetros efectivamente recorridos no se habrían
ajustado a la verdad. Como nota de color, cabe señalar que dicha medida,
la implementación de la tarjeta SUBE, fue combatida mediáticamente por
los grandes medios de comunicación, que habían instalado en la cabeza de
la gente que con la tarjeta los íbamos a "vigilar". ¡Increíble!
Nuevamente,
y para que se entienda: se me convoca a prestar declaración indagatoria
por supuestas irregularidades en las que obviamente no pude haber
tenido intervención alguna y que solo habría sido posible descubrir en
base a las medidas adoptadas por mi propio gobierno. Es más, soy jefa de
una asociación ilícita que recauda dinero por subsidios a colectivos y
yo misma dispongo una medida para que el supuesto delito quede en
evidencia.
En pocas palabras, se trata de un verdadero disparate.
d.
Causa Nº 13.820/2018. Este expediente se inició como un desprendimiento
de la "causa de las fotocopias"; nunca fue enviado a la Oficina de
Sorteos y se conformó a partir de copias de supuestas declaraciones de
arrepentidos.
Su
objeto sería investigar presuntos pagos ilegales efectuados por
distintos empresarios ferroviarios, con el fin de mantener sus
concesiones y obtener subsidios estatales.
Si nos atenemos a la manera en que han sido indagados varios de los imputados, el hecho es contado de la siguiente manera:
I.-
Se conformó una asociación ilícita desde principios del año 2003 hasta
noviembre del año 2015 cuya finalidad habría sido organizar un sistema
de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, para enriquecerse
y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos.
II.- La asociación ilícita, como siempre, fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández.
III.-
Concretamente, "en el área de transportes, durante el período
comprendido entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2012, los
cobros eran recaudados por Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, en
sus condiciones de Secretarios de Transporte; ambos dependientes del
Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. En esta área,
las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles
pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los
subsidios entregados por el Estado Nacional".
Así las cosas, saltan a la vista dos graves inconsecuencias, a saber:
a.
Desde lo jurídico, vuelvo a ser indagada por la misma supuesta
asociación ilícita por la que ya estoy procesada en la "causa de las
fotocopias", imputada en la denominada "causa madre" (Expte. Nº
15.734/2008) y acusada ante dos Tribunales Orales (causa Nº 3732/2016
–"Los Sauces"– y causa Nº 5048/2016 –"Obra Pública"-).
Nuevamente,
vuelvo a superar el récord que registran los anales de la
jurisprudencia en cuanto a violación de la garantía del ne bis in ídem:
me persiguen por el mismo delito de asociación ilícita en tantos
procesos que ya es imposible registrar una cuenta exacta.
b.
Desde lo fáctico, a la luz de la imputación precedente, resulta
inexplicable el recorte temporal que se invoca con relación a los pagos
que habrían efectuado los concesionarios ferroviarios, los cuales, se
afirma, habrían dejado de existir en el año 2012. ¿Está claro que fui
presidenta hasta el año 2015, no?
Para
que se entienda, si soy jefa de una asociación ilícita destinada a
recaudar dinero durante un tiempo que coincide con mis dos períodos
presidenciales, ¿cuál es la razón por la cual esta misma supuesta
práctica dejó de llevarse a cabo con los mismos empresarios que
mantuvieron sus concesiones incluso hasta la finalización de mis
mandatos?
La inconsistencia del cargo, al igual como ocurre en el caso de los subsidios a los colectivos, me exime de mayores comentarios.
En
suma, dado que la imputación, como siempre, es absolutamente difusa,
ilógica y arbitraria, forzoso es concluir que jamás ordené ni recibí
ningún pago ilegal por parte de los concesionarios ferroviarios, con
quienes además tampoco mantuve ningún tipo de relación personal o
funcional.
e.
Causa Nº 13.816/2018. Se dan aquí las mismas irregularidades antes
relatadas. Concretamente, se trata de otro desprendimiento de la "causa
de las fotocopias", no se realizó sorteo alguno para designar al juez
que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las
supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron,
para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes
irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado.
En este proceso se estarían investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra pública civil.
Aquí
se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación
ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los
cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace
referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe
de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia
alguna.
En
estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de
defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a
señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra.
f.
Causa Nº 18.590/2018. Al igual que los dos casos anteriores, se trata
de otro expediente derivado de la "causa de las fotocopias", en la cual
se estarían investigado presuntos pagos ilegales efectuados por
concesionarios viales.
Aunque
parezca increíble -o ya no tanto-, el Juzgado volvió a sacar copias de
supuestas confesiones de algunos arrepentidos para conformar una nueva
causa, imprimió decretos y resoluciones administrativas, agregó informes
insustanciales relativos a varias empresas y, sin más, ordenó mi
convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN, acusándome
nuevamente de haber liderado la misma supuesta asociación ilícita.
En
consecuencia, me remito a las consideraciones efectuadas en los casos
anteriores, en cuanto a la negativa sobre los cargos que se formulan y
sus manifiestas irregularidades e inconsistencias.
g.
Causa Nº 15.386/2018. En el marco de uno de los allanamientos
arbitrarios ordenados en la "causa de las fotocopias" se habrían
secuestrado documentos históricos que según Bonadío "no podrían estar en
manos de particulares". Ello cual dio lugar a la formación de un nuevo
expediente que fue enviado a la Oficina de Sorteos y, oh casualidad,
recayó en el Juzgado de Bonadío.
Por
medio de mi defensa recusé a Bonadío, dado que el juez no puede
investigar los mismos hechos que él mismo denunció -la extracción de
testimonios para investigar un nuevo hecho es una denuncia, en los
términos del art. 177 del CPPN-, pero el planteo fue rechazado.
Lo
insólito es que en el marco de otro de los expedientes que se vinculan
con la "causa de las fotocopias" Bonadío ordenó extraer testimonios para
investigar un presunto hecho delictivo atribuido al juez Luis Rodríguez
y, una vez que el expediente recayó en su Juzgado, previo sorteo de
ley, se excusó para entender en la causa, alegando que lo actuado
previamente implicaba "una toma de posición respecto de los sucesos que
impiden poder decidir que asuma la investigación con la objetividad que
debería tenerse".
Es
decir, frente a dos situaciones idénticas, Bonadío retuvo para sí la
investigación dirigida en mi contra -ordenando mi indagatoria- y se
excusó para entender en la causa que tiene como imputado a uno de sus
colegas de Comodoro Py.
Ahora
bien, como había que generar una noticia de impacto (Cristina fue
convocada a prestar declaración indagatoria en ocho causas), el juez ni
siquiera aguardó a la finalización de los estudios periciales relativos a
estos documentos y así, de un día para el otro, ordenó mi citación.
Esta
séptima acusación resulta absolutamente falsa, a lo que se suma que el
hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve
dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser
resguardados por alguna autoridad competente.
h.
Causa Nº 18.704/2018. Finalmente, fui convocada a prestar declaración
indagatoria en esta octava causa, en la que se afirma que se utilizó la
flota aérea presidencial de manera irregular, con el propósito de enviar
diarios y una serie de muebles a la provincia de Santa Cruz.
Esta
versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos
denunciantes y siempre los mismos medios de comunicación, vienen
repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió el
carácter de leyenda.
Al
igual que el caso anterior, Bonadío interviene ilegítimamente en esta
investigación, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la
"causa de las fotocopias" y, sin mayor trámite, dispuso mi citación en
los términos del art. 294 del CPPN.
Como
las ilegalidades nunca cesan, en este caso se impidió que mi defensa
compulsara las actuaciones, intentando entorpecer, una vez más, el
derecho que asiste a toda persona imputada en una causa penal.
Así
las cosas, con relación a esta acusación debo enfatizar que jamás, ni
Néstor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en
nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de
funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente, y
cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y pública, espero
que ante Tribunales imparciales, ello quedará debidamente desvirtuado.
6. Recapitulando, el cuadro de situación es el siguiente:
a.
Se han armado un montón de causas para poder citarme a prestar
declaración indagatoria y luego procesarme, generando noticias de alto
impacto mediático.
b.
En ningún caso existen pruebas que me vinculen con los supuestos
delitos que se dicen investigar y que, por ende, justifiquen el estado
de sospecha que exige la ley procesal para llevar a cabo tales
citaciones.
c.
En la mayoría de los procesosvuelvo a ser indagada por ser la presunta
jefa de una misma asociación ilícita que se habría dedicado a cometer
delitos entre los años 2003 y 2015.
Lo
cierto es que a lo largo de todo ese período solamente fui la titular,
junto con Néstor Kirchner, de gobiernos elegidos democráticamente por el
pueblo argentino en tres elecciones consecutivas, que tuvieron como
principal objetivo otorgar derechos a los sectores más postergados de
nuestra sociedad.
d.
No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el
fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre
que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí
delitos en el ejercicio de la función pública.
e.
Han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir
verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el
juez y por el fiscal para tratar de inventar pruebas en mi contra.
Tanta
ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores
judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como
elemento de prueba de lo declarado por D`Alessio es una muestra
irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado.
En
rigor de verdad, ello sólo es la punta del hilo que parece conectar a
abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales,
cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no sólo el
funcionamiento de la justicia, sino también la vigencia del sistema
democrático. Finalmente, y a la luz de los hechos que son de público y
notorio conocimiento, estaríamos ante verdaderas organizaciones
delictivas que utilizan el poder de un sistema judicial con rémoras
monárquicas que articulándose con lo mediático han convertido en un
verdadero lodazal la actividad judicial. Todo ello, más temprano que
tarde, deberá ser seriamente investigado por jueces y fiscales
independientes, que cumplan con los deberes que les han sido confiados.
Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, será justicia.
