¡EN CONTRA DEL MANDANTE!
La sanción de la ley antiterrorista del gobierno SIONISTA KK, la
octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas,
comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera
bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de
medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.
Esta nueva reforma al kódigo penal, igual que las de 2003, 2005, 2007
y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir
servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados”
internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de
dominación.
A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el
Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos
formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en
las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región.
Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el
subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio
internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros
mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su
nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina
“terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y
basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar
directa, sino en la defensa de la “gobernabilidad democrática”
sustentada por la “cooperación continental”.
Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece
si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción
de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”,
publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional
el 4 de agosto de 2003.
Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países
sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las
dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que
existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes.
La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su
kontenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre,
el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la
sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no
alcanzaban.
En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak,
convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo
había enviado al congreso un nuevo pakete de leyes “para seguir
adecuando la legislación nacional a los mejores estándares
internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la
Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención
Interamericana Contra el Terrorismo”.
Al día siguiente de la konferencia de prensa ministerial, las
principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial ,
la Sociedad Rural , las cámaras de la Konstrucción y Komercio, la Bolsa
porteña, la ABA y la Adeba , aplaudieron la medida y ratificaron su
apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina,
mostrando con klaridad qué intereses se defienden con ese tipo de
leyes.
El proyecto, que duplika las penas de kualquier delito kuando la
intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las
autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de
una organización internacional, a realizar un akto o abstenerse de
hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del
PJ no kirchnerista, y renombrados “progres como Martín Sabatella y sus
compañeros de bancada de Nuevo Enkuentro, el ex radical Karlos Raimundi y
el banquero del PKomunista, Karlos Heller.
La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder
imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003,
que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en
1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso,
como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta;
las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e
incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el
Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la
represión de la financiación del terrorismo de la ONU ; la ley 26.087,
de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de
origen delictivo y dio más facultades para la UIF ; la ley 26.268, de
julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”,
de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y,
finalmente, en noviembre de 2009, la ley 26.538, que amplió más el Fondo
permanente de recompensas.
De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio
frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva
reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los
políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y
“personalidades” íntimamente vinculadas –cuando no orgánicas- del
partido de gobierno.
La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la
ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF
(Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito
no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las
corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias
falsas.
Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la
gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió,
seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata
reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de
medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos
llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín,
24/12/2011).
“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización
de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo
partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en
diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General
Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo
el país, en diciembre de 2001.
Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó
“paradójico” que “en la Argentina , un país que se precia de estar a la
cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa
un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que
el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre
los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en
cárceles y comisarías desde hace más de cinco años.
Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte
Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y
llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a
sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los
hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en
democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que
delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o
vejaciones.
También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las
formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS.
El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que
la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo
votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno
sostiene una política de no represión, los jueces, como poder
independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley.
Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en
muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la
interprete en un sentido negativo (…) y los gobiernos provinciales con
un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían
encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la
protesta”.
O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces
y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos
nada que temer…
Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería
represiva de la norma –a ellos les gustan las cosas más sutiles-,
depositan sus esperanzas en que la presidente, cabeza del poder
ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que
lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la
iniciativa.
Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los
distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su
posicionamiento antipopular.
Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de
ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de
informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores,
legitimados por el “legal ejercicio de la superior función de protección
del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan
informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus
fallos.
Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por
propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la
burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie.
Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”,
lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una
medida de gobierno o la repudie.
En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas
que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares.
Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de
sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades;
por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del
normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un
piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas
para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular
terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con
ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación
pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública
y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”.
La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente
diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces
herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los
luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya
tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate
judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más
temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para
defender sus privilegios.
Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son
herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los
sectores y organizaciones que combaten al sistema.
Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo
del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus
organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las
luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia.
La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma
de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más
lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo
trabajador.
