Una y
otra vez, analistas y estudiosos de los temas del tráfico de drogas y el
crimen organizado han insistido en la imposibilidad de que algún
gobierno pueda reducir, y mucho menos acabar, con la industria del
narcotráfico si no se combaten de origen las finanzas de los cárteles de
la droga, pues es el dinero sucio lo que les permite subsistir,
abastecerse de armamento y corromper a políticos, burócratas, jueces,
policías, militares y hasta productores agrícolas.
Socios
| Ciudad de México (México)
Eso que ya todos sabíamos fue ignorado
premeditadamente por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón,
quienes lejos de combatir el lavado de dinero durante sus gestiones
fueron los principales promotores del crimen organizado al negarse a
intervenir los principales centros de blanqueo de capitales. El
resultado, al final de su mandato, fue el florecimiento de la industria
de la droga, el incremento considerable de la violencia y la
proliferación de miles de millones de dólares procedentes del tráfico de
drogas.
En el sexenio pasado, donde ocurrió el mayor número de crímenes,
secuestros y desplazados, Calderón prefirió desatar la violencia en
plazas y calles en una confrontación abierta del Ejército Mexicano
contra los cárteles de la droga, sin tocar mínimamente las finanzas
producto del narcotráfico, por lo que las bandas criminales siempre
contaron con cuantiosos recursos que lavaron en bancos y casas de bolsa y
de cambio, principalmente.
Con el nuevo de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado un giro al
documentar que suman 270 instituciones financieras del país las que
están involucradas con el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Ahora sólo falta que apliquen sanciones ejemplares que inhiban esa vieja
práctica.
Una investigación de la reportera Nancy Flores revela cómo en el
gobierno panista de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, la UIF documentó
el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito, lo
que le permitió presentar 232 denuncias penales ante la Procuraduría
General de la República. Sin embargo, ese monto apenas representa el 14
por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente
que se lava en los circuitos financieros mexicanos.
De acuerdo con reportes del Congreso de Estados Unidos, en México,
durante el sexenio pasado, fueron blanqueados 3 billones 42 mil millones
de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los
cárteles de la droga introdujeron 130 mil millones de pesos en los
circuitos financieros del país.
IFE licita 75 millones de credenciales
El mes pasado, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE),
Gregorio Guerrero Pozas, hizo duros señalamientos en contra de los
consejeros del Instituto, incluido su presidente Leonardo Valdés Zurita y
su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, a quienes acusó de
ocultar la corrupción y permitir el desvío de recursos públicos en la
adquisición de bienes y servicios, una vieja práctica ilícita en ese
órgano electoral autónomo.
Ahora el contralor tiene una nueva oportunidad de investigar al muy
cuestionado Consejo General del IFE –integrado por su presidente Valdés
Zurita, su secretario ejecutivo Molina y los siete consejeros
electorales: Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello,
María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco
Javier Guerrero Aguirre, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández–,
el cual decidirá qué empresa privada será contratada para la
elaboración de 75 millones de credenciales de elector en los próximos 5
años.
Este contrato millonario bajo licitación pública internacional
LPIFE-009/2013 llamó el interés de más de 20 empresas privadas
nacionales y extranjeras (Francia, Estados Unidos, España), algunas de
ellas propiedad de los mismos accionistas; sin embargo, no todas
presentaron propuestas por la falta de transparencia, según denunciaron.
Sin embargo, algunos involucrados en el proceso de licitación
aseguran que cualquier empresa que gane el contrato millonario está en
el entendido de que deberá cubrir un 10 por ciento adicional del costo
de producción para otorgarlo como una comisión a los responsables de la
licitación, lo que de ser cierto significaría un soborno multimillonario
para algunos servidores públicos corruptos.
Por lo pronto varias empresas ya presentaron quejas ante el contralor
Guerrero Pozas, para denunciar las irregularidades en este proceso de
licitación, en donde han señalado cuatro aspectos fundamentales:
“1. Violación al artículo 35 segundo párrafo del reglamento del IFE
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La licitación
de referencia violó este artículo, toda vez que se hicieron
modificaciones y cambios, lo que constituye sustituciones de los bienes y
servicios convocados posteriores a la publicación de dicha licitación.
“2. Los equipos requeridos por las áreas técnicas de ese Instituto no
reúnen los requisitos indispensables para la protección de los datos
personales que serán entregados a una empresa privada. Dados los avances
indebidos en la licitación de referencia, existe la posibilidad que
estos datos personales de ciudadanos mexicanos deban ser entregados para
su procesamiento a empresas trasnacionales de origen extranjero, sin
que los equipos solicitados reúnan los requisitos técnicos para reservar
la información de datos personales, biométricos y de domicilio.
“3. Las modificaciones hechas a las bases de licitación publicadas
representan un decremento en las medidas de seguridad, lo cual hace
vulnerable a la que es, de facto, nuestra cédula de identidad. Si lo que
se pretende es minimizar la seguridad de este documento para dar paso a
la cédula de identidad ciudadana, consideramos que esto es un grave
error, ya que la credencial para votar es una de las bases importantes
en las que se sustenta nuestra democracia y ese Instituto tiene la
obligación de corresponder a la confianza que le hemos otorgado 51
millones de mexicanos que votamos en las pasadas elecciones.
“4. Existes tecnologías modernas probadas que pueden esconder al ojo
humano el domicilio particular de los ciudadanos, pudiendo ser éste
visto por las personas autorizadas a través de simples teléfonos
celulares de uso común.”
Es decir, hay riesgo nuevamente de que los datos de millones de
mexicanos queden en manos extranjeras y puedan ser vendidos al mejor
postor, como ya ocurrió en el pasado. Un asunto de seguridad nacional,
sin duda.
Fuente
Contralínea (Mexico)
Contralínea (Mexico)
