Un post del 15 del mes pasado nos revela datos muy interesantes a la
luz del actual escándalo de corrupción en torno a la red de lavado del
kirchnerismo. El mismo señala que, en enero pasado, el viaje que
Cristina Kirchner hizo por La Habana (para visitar infructuosamente a
Hugo Chávez), Abu Dhabi (en los Emiratos Árabes Unidos), Yakarta
(Indonesia) y Vietnam (pasó por Ho Chi Minh y por Hanoi) no terminó
allí.
Según la documentación oficial, también pasó por Victoria, capital de
las lujosísimas islas Seychelles, ubicadas en el océano Índico. Fue
durante el regreso, entre el 21 y el 23 de enero. Recordemos que el
viaje se realizó en un moderno jet privado que nos costó más de un
millón de dólares. La información está disponible en el Decreto 23/2013,
publicado el 14 de abril en el Boletín Oficial. La comitiva
oficial que viajó junto con la Sra. de Kirchner estuvo integrada, entre
otros, por Pablo Barreiro, secretario adjunto de la Presidente, Dr. Luis
Buonomo, el médico presidencial, y Analía Olivera y Mónica Llamedo, dos
funcionarias de la Secretaría General. La gira en cuestión fue
organizada por Guillermo Moreno con el fin de “vender la Argentina” como
suele decir, o sea, para promover exportaciones. La escala en las
Seychelles fue de dos días -exactamente el 21, 22 y 23 de enero-, por lo
que obviamente fue mucho más que una simple escala técnica. Esas islas,
ex colonias británicas, son un paraíso turístico muy visitado por
grandes potentados. Pero también son un paraíso fiscal de primera línea
en la nómina que integran Andorra, Islas Cook, Malta, San Marino,
Anguila, Chipre, Islas Marshall, San Marino, Antigua y Barbuda,
Dominica, Mauricio, Aruba, Gibraltar, Mónaco, St. Kitts y Nevis, St.
Lucia, Bahamas, Granada, Montserrat, St. Vincent and the Grenadines,
Bahrein, Guernsey, Nauru, Turks y Caicos, Bermudas, Isla de Man,
Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Belice, Jersey, Niue, Panamá,
Vanuatu, Liberia, Islas Cayman, Liechtenstein y Samoa.
Una trama en dos etapas
Trascendió días atrás que el fiscal José María Campagnoli pidió que
Lázaro Báez sea indagado por presuntas extorsiones y amenazas al
financista Federico Elaskar con el objetivo de quedarse con su
financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Campagnoli solicitó,
también, que todos los bienes de sociedades presuntamente vinculadas al
empresario en Suiza sean inhibidos. Por su parte, los abogados de Báez
presentaron un escrito ante el juez Sebastián Casanello para que
determine si existe una pesquisa paralela a la que este magistrado lleva
adelante por presunto lavado de activos. Hasta ahora no se conocía la
existencia de esta causa judicial, que fue iniciada el año pasado y
apunta a lo que Campagnoli describió, en un dictamen, una “trama
societaria supuestamente usada por Báez para lavar dinero negro obtenido
a través de un complejo esquema de firmas vinculadas entre sí”. La
hipótesis del fiscal es que por esta cadena de empresas con más de 200
eslabones circuló dinero obtenido por Báez a través de negocios
realizados al amparo del poder. Esta investigación marcaría que habría
dos etapas en el lavado de dinero que tiene como eje a Báez y Néstor
Kirchner. La primera empezó en el 2003 y finalizó en octubre del 2010
con el fallecimiento del ex presidente. La segunda etapa se inicia con
SGI de Federico Elaskar, financiera que luego queda bajo el control del
contador Daniel Pérez Gadín, hombre Báez. En ambas etapas interviene una
empresa madre, Helvetic Service Group, financiera suiza creada en 2005,
que habría adquirido SGI de Madero Center. Esta trama incluyó que,
durante los primeros ocho años de la era K, los operadores del lavado
oficial fundaran 148 sociedades en el estado de Nevada en los Estados
Unidos a partir de una sociedad madre, Aldine Ltd., con sede en las
Seychelles. Una de las firmas que se instalaron en ese archipiélago fue
justamente SGI, ya sin Elaskar y con Néstor Alejandro Ramos como
presidente, pero manejada desde las sombras por Daniel Pérez Gadín.
Ramos le compró una parte de las acciones de la firma al inefable
banquero Jorge Brito.
En cuanto a la primera etapa, donde se destacó Aldine Ltd., ésta fue
manejada por Ernesto Clarens, dueño de Credisol, una financiera ligada
al gobierno de Santa Cruz y también de Inverness, otra financiera que
comparte su sede con Austral Construcciones, que preside Báez. En
Inverness se inventó la operatoria de canalizar los retornos de la
sobrefacturación y los subsidios en billetes de 500 euros, que se
mandaban en bolsos a Río Gallegos y El Calafate a las casas del
matrimonio presidencial y a cuatro casas de Báez con sus respectivas
bóvedas, que fueron desmanteladas recientemente, como lo probó Lanata.
En la segunda etapa del lavado K; que empieza en el primer semestre
del 2011, se habrían creado 55 empresas en diversos paraísos fiscales,
por ejemplo, SGI en las Seychelles. La investigación avanza sobre este
tramo, pero muy poco se sabe sobre la operaciones que se realizaron
entre el 2002 y octubre del 2010 y que se centralizaron en Aldine Ltd.,
también registrada en las Seychelles. Allí donde la presidente estuvo,
sin agenda, entre el 21 y el 23 de enero pasado.
Por: Guillermo Cherashny
