Tribuna política.
Cuándo diremos ¡basta!
por Juan Daniel Stella (*)
mail@ellitoral.com
Un gobierno total y absolutamente legítimo en su origen, puede resultar
un gobierno total y absolutamente ilegítimo en su acción. El
desconocimiento de la división entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial y el sano equilibrio y contralor que debe existir entre ellos,
promueve un ineficiente funcionamiento de las instituciones de la
República y una inconcebible degradación de la Democracia; Democracia
que tantos sufrimientos y sacrificios nos costó a los argentinos. Es
imprescindible que como ciudadanos tomemos cabal conciencia de la
urgencia y necesidad de reclamar y hacer valer nuestros derechos y
garantías constitucionales. No podemos, ni debemos mantenernos pasivos y
ajenos a la corrupción, la inseguridad, la inflación, la pobreza, la
flagrante violación que se intenta consumar en el Poder Judicial, para
que, la Justicia, de por sí con un irregular funcionamiento, se
convierta lisa y llanamente en una ficción. Sin temor a
equivocarnos, podemos sostener que las libertades individuales se
encuentran en inminente peligro.
Es realmente asombrosa la falta de criterio y de respeto a la gente, la
subestimación a nuestra inteligencia en la forma en que fue tratada la
mentada reforma judicial, bajo el pomposo título: “Democratizar la
Justicia”, la impúdica muestra de obsecuencia y desprecio por parte de
las mayorías circunstanciales, por todos, sí, dije bien, por todos los
ciudadanos de este país, quienes en forma contundente e inconfundible,
manifestaron su rechazo y su cansancio por los abusos del poder.
Desde ningún punto de vista quienes ejercen el poder pueden
indefinidamente hacerse los distraídos, como que nada sucede. Lo que
está sucediendo en Argentina es grave y de persistir en tan lamentable
acción política, podría generar consecuencias aún mayores. Estamos a
tiempo de cambiar las actitudes, las conductas y construir un país que
contenga al conjunto de la sociedad; un país en el que se persiga el
bien común y el desarrollo integral de la persona humana, dejando de
lado los intereses mezquinos y egoístas que sólo benefician a unos
pocos. Un país en el cual los principios éticos y morales irradien e
influyan decisivamente en los que ejercen el gobierno.
Como ya lo expresé con anterioridad, el inapropiado, inoportuno,
indiscriminado e inconstitucional avance sobre el Poder Judicial, nos
obliga a continuar atentos y movilizados en defensa de uno de los
poderes del Estado que goza de cierta independencia y es el último
resguardo de los derechos y garantías que gozamos los ciudadanos.
Personalmente, confío en los jueces probos y con independencia de
criterio, como así también en una Suprema Corte de Justicia que va a
tener la sabiduría y el coraje suficiente para resguardar los derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional.
Sin lugar a dudas, el proyecto aprobado en relación con las medidas
cautelares, establece un privilegio a favor del Estado, so pretexto de
ser el “Estado”, quebrantando la igualdad que debe regir en todo proceso
judicial. Es una situación realmente inadmisible.
El Consejo de la Magistratura, institución llamada a cumplir una función
muy importante, es distorsionado de una manera inconcebible y
desproporcionada. A partir de esta reforma, la elección se torna
partidocrática y establecer mayorías simples para la selección y/o
remoción de un juez, es una insoslayable y absurda forma de presión, que
pretende quitar toda independencia de criterio y los únicos
perjudicados resultamos ser los ciudadanos de a pie, los más
vulnerables, quienes necesitamos recurrir al poder jurisdiccional del
Estado para solucionar conflictos de intereses. Es de suma importancia
poner fin a los abusos del poder, a las decisiones autoritarias que no
tienen en cuenta lo que establece la Constitución con relación a los
derechos y garantías.
La creación de Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial,
Contencioso-Administrativo y Laboral es la constitución de una tercera
instancia cuyo único y principal fin es dilatar indefinidamente un
proceso y, nuestros jubilados, los obreros, entre otros, verán como se
diluyen sus derechos al no poder hacerse efectivos.
Ante tal injustificada e inconstitucional arbitrariedad, no podemos
contemplar cómo la historia se repite incansablemente. No aprendemos de
los errores y eso, justamente, es un gran error. De promulgarse las
leyes hartamente cuestionadas, que en nada significan una aplicación
razonada de lo establecido en la Constitución Nacional y que afectan
derechos y garantías, haría que exista causa Federal suficiente para la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tiempo
histórico nos exige, nos conmina a ser valientes, a reclamar con
firmeza, decisión y absoluta convicción por nuestros derechos; no
permitir que la historia nos pase por arriba y que todos los sacrificios
vividos hayan resultados estériles. “La verdadera tragedia de los
pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el
silencio de la gente” (Martín Luther King).
El gran desafío de hoy es ubicarse en las realidades para construir la
república incluyente y una democracia participativa.
(*) Abogado, ex presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Santa Fe y ex miembro de la Mesa Directiva
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
