LA VISIÓN DE NUEVA UNIÓN CIUDADANA EN MAYO 2014
ENFERMA DE VIOLENCIA, DE CORRUPCIÓN Y DE MENTIRAS
En el año 1969 visitamos con
la Fragata Libertad el puerto de Freetown en la capital de Sierra Leona. Debido
a la violencia que imperaba en el país tuvimos que zarpar anticipadamente ya
que las calles eran muy peligrosas y la presencia
y la acción policial muy poco significativas. La justificación para esa
situación era que Sierra Leona había
alcanzado su independencia recién en 1961 y sus instituciones y organizaciones carecían
de madurez y estabilidad. Para nosotros, jóvenes cadetes argentinos, la
situación vivida contribuyó a nuestro
conocimiento del mundo real, en el cual muchos países recién constituidos comenzaban a vivir los traumas de discordia y
violencia que habíamos estudiado como parte de la historia del nacimiento de la
Argentina independiente.
Sorprendentemente, habiendo
transcurrido más de 200 años desde los albores revolucionarios de mayo, los
obispos argentinos nos dicen que la Argentina está enferma de violencia y nos detallan los múltiples indicios de esa
enfermedad. No existen excusas ni atenuantes para esa disfuncionalidad orgánica
de nuestra sociedad. No es una sociedad ni tan nueva, ni tan pobre, ni tan
injusta. No estamos bloqueados por flotas extranjeras ni consumidos por la hambruna o la peste. Se trata simplemente de las
consecuencias de la incompetencia
absoluta de un gobierno que durante más de 10 años ha operado desde el poder
para potenciar los conflictos internos, otorgar impunidad a la
delincuencia y abrir las puertas al
narcotráfico y el crimen internacional, bajo el influjo de confusas consignas
revolucionarias, tan falsas como las proclamas de éxito y progreso que solo
existen en el delirio de su imaginación.
La respuesta del gobierno al
documento del episcopado fue absolutamente previsible. La señora presidente respondió
a las observaciones con argumentos carentes de fundamento, pretendió marcar una
diferencia entre la posición de los obispos y la del Papa, distrajo con la mención de
otros períodos violentos de la historia argentina seleccionados según su
ideología y terminó culpando de todo a los titulares de los pocos medios que
aún no ha podido comprar ni someter. Es decir que trató de confundir, dividir y
atacar, según su conocido estilo, pero
sin dar respuesta al hecho central de la violencia que lastima y enferma a
nuestra golpeada sociedad.
Mientras la presidente provoca
irritación su Jefe de Gabinete llama a la risa y la burla. Frente a los señores
senadores mencionó decenas de miles de crímenes y delitos variados que habrían
sido comentados por los canales de
televisión, a cuya mención atribuyó la sensación de inseguridad reinante. Si
realmente hizo perder tiempo a un equipo
de funcionarios pagados con los impuestos ciudadanos, observando miles de horas
de noticieros para poder tener un argumento que explique el inexplicable
crecimiento del delito debería ser imputado por malversación de fondos
públicos. Pero lo más grave es que no lo horrorizó la cantidad de delitos que
se cometen, ni negó su existencia ya que
no desmintió caso alguno, sino que
se limitó a criticar que los medios los reflejen. Simplemente
lamentable.
El documento episcopal también
habló de la corrupción calificándola de
“cáncer social”, alertó una vez más acerca del auge del narcotráfico y
la trata de personas y formuló críticas acerca del funcionamiento de la
justicia. Nada que no hayamos mencionado reiteradamente en
nuestro carácter de partido de oposición
pero son temas que toman mayor peso al ser puestos en negro sobre blanco por un
sector independiente y apolítico, como es un cuerpo de autoridades religiosas,
muy bien informado sobre la realidad de nuestro país y que mantiene buena relación institucional
con el gobierno.
Ante la evidencia de los
trastornos sociales, al igual que frente al fracaso de la economía, el gobierno recurre a la última herramienta a
su alcance que maneja con eficacia. La
mentira.
Sostenida por los medios
afines que amplifican y por los numerosos voceros que multiplican los mensajes
cargados de falsedad y agravios, la mentira y sus sucedáneos de ocultación y
deformación de datos se hacen más frecuentes a medida que el fracaso de las
políticas oficiales se hace reiterado y evidente.
Contrariando su prédica el
gobierno ya devaluó, puso límites al crecimiento de los salarios, aumentó las
tasas, reconoció parte de la inflación,
aceptó pagar las acciones confiscadas a REPSOL
y anunció la rebaja de subsidios y la reanudación de las relaciones con
las organizaciones económicas internacionales que manejan la llave de los créditos, entre otras retractaciones.
Salvó con ello a la economía del colapso inmediato pero desencadenó una
formidable recesión cuyos efectos comienzan a manifestarse en forma de disminución
de producción, ventas y créditos y aumento de despidos y suspensiones.
La respuesta ante estos
fracasos es aumentar el nivel y la frecuencia de las mentiras y ocultamiento de
datos. El más resonante es la negativa a declarar el porcentaje de pobres
e indigentes que surgen de los nuevos
índices de inflación reconocidos por el
mismo gobierno a través del INDEC. La puerilidad de negarse con banales excusas
a presentar esos datos refleja una vez más la lógica enfermiza del oficialismo.
Si se niegan los datos de pobreza suponen que evitarán que se hable de la misma y que, en
consecuencia, la pobreza no será un problema porque no estará en la agenda
mediática. El hecho de que pobres e indigentes pueblen la geografía urbana y rural es indiferente para estos singulares
dirigentes, en tanto no sean noticia.
¿Qué factor común tienen el crimen callejero, la
corrupción cancerígena y la mentira desembozada? La respuesta es: la impunidad. Los delincuentes saben que los riegos de su accionar
son escasos y que las teorías progresistas impulsadas por el gobierno y los
sectores de centroizquierda pretenden el
extremo de que sus actos ya no sean siquiera socialmente rechazados por
considerarlos “víctimas del sistema”. Los corruptos no tienen más que leer las
estadísticas de delitos que llegan a condena para tranquilizar su espíritu ante
la certeza de que no tendrán castigo y de que podrán disfrutar de los bienes
mal habidos por varias generaciones. Los mentirosos no enfrentan el riesgo de
la condena moral ni material y solo nos queda esperar para castigarlos en las
urnas, con el voto ciudadano, si es que
no vuelven a engañarnos antes.
Para
que recobremos la
esperanza de recuperar la república, en el verdadero sentido de la
palabra, es
imprescindible romper el círculo de la impunidad. En las elecciones del
2013
proclamamos la necesidad de que un
futuro gobierno juzgara los delitos de corrupción ya que el gobierno
actual bloqueaba
todo intento de hacer justicia, anulando la acción de los mecanismos de
control
y ejerciendo una fuerte influencia sobre jueces y fiscales. Desde
entonces, la suspensión
del fiscal Campagnoli y las moras judiciales ante las nuevas evidencias
surgidas contra el vicepresidente Amado Boudou, los empresarios
protegidos por
el gobierno y los funcionarios que llegaron a detener allanamientos a
financieras con reconocidos llamados a los jueces influenciables, nos
ponen ante la certeza de que sin una mancomunada y prioritaria
acción contra la impunidad ningún futuro gobierno podrá recuperar la
credibilidad
perdida. No solo debemos llevar a los
corruptos a la cárcel sino decomisarles los bienes mal habidos para que vuelvan
al servicio ciudadano en obras y bienes. Si así no lo hiciéramos será difícil evitar un nuevo fracaso.
Así como en materia económica
el gobierno apenas aspira a durar hasta el fin de su mandato sin que se
produzca un colapso (con resultado
incierto) en materia política todo su
esfuerzo está dirigido a lograr un
blindaje ante los previsibles embates judiciales. Ya no quedan logros
económicos o legados sociales y revolucionarios que mantener, ahora solo se
trata de asegurar la impunidad ante los señalamientos personales que se
avecinan. Destaca en este sentido la designación de cientos de jueces subrogantes
afines, elegidos sin los debidos recaudos, que actuarán en lugar de los jueces
titulares a quienes el gobierno omite designar a través de los mecanismos
constitucionales.
En materia política el gobierno
ha puesto el esfuerzo en recuperar ante la justicia electoral las estructuras
del partido justicialista que estaba prácticamente caduco. De este modo,
pretende conducir el proceso de selección de candidatos oficialistas, evitando
la dispersión y el fraccionamiento y buscando mantener una masa crítica de legisladores
capaces de frenar los posibles pedidos de desafuero y de condicionar al futuro
gobierno. El ariete de este intento será presumiblemente el gobernador Daniel
Scioli, el oficialista mejor posicionado en las encuestas, que no promete
continuidad en las políticas gubernamentales
(carece de espíritu suicida) pero que garantizaría tranquilidad en el ámbito judicial.
El radicalismo, auto enrolado
en la “social democracia”, se ha unido al socialismo y a varios partidos
menores de izquierda y centroizquierda en un conglomerado político denominado
UNEN. Este sector promete posiciones firmes en lo que respecta a perseguir la
corrupción (al menos la pasada) pero ofrece pocas esperanzas de cambio en
materia económica y menos aún en lo que
respecta a posiciones definidas en materia de eficacia ante el delito, pues
comparte los ideales mal llamados “progresistas”. Sin embargo, su composición
es muy variada y su futuro depende de la
consistencia de la alianza después de que alguno de sus disímiles candidatos se
imponga en las PASO (Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias).
Finalmente tanto el PRO de Mauricio Macri como el Frente Renovador de Sergio Massa
mantienen por ahora su individualidad. Ambos espacios políticos dependen
esencialmente de sus figuras líderes y
luchan por alcanzar una dimensión nacional, corriendo contra el tiempo y las
dificultades propias de fuerzas que aún no se han consolidado más allá de
ciertos distritos específicos. Sus posiciones frente a la corrupción no son
explícitas. Massa evita definiciones y
Macri muestra inesperados signos de convivencia con el oficialismo que ponen a
la ciudadanía independiente en situación
de evaluación y expectativa.
Por nuestra parte, en Nueva
Unión Ciudadana tenemos una posición muy clara respecto de la imprescindible
necesidad de acabar con la impunidad, tanto en materia de inseguridad como la
que ampara a la corrupción y permite la mentira. Proclamamos la necesidad de
avanzar en el futuro con consensos, armonía y justicia, terminando con las
persecuciones de los hechos acaecidos 30 años atrás, más ligados hoy a la
venganza que a la justicia, para poner el empeño en juzgar a los corruptos
actuales, privarlos de los bienes mal habidos y recuperar la credibilidad que
una generación de pseudo revolucionarios incompetentes y corruptos le ha quitado a la república,
ante los ojos externos e internos y, sobre todo, ante su propia conciencia
moral.
Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión
Ciudadana
