ESTIMADOS, este editorial de La
Nación del día de hoy ya ha sido criticado hasta el hartazgo por basuras como
Rial, a las 13:00 hs, y Leuco luego. Se comenta que periodistas de La Nación
sacarán mañana una solicitada criticando este editorial y la línea argumental
del mismo. Les pido que por internet
llenemos a La Nación de mails adhiriendo a este editorial. la manera de
dirigirse, si es por mail, es cartas@lanacion.com.ar, si no, pueden hacerlo también en
facebook.
José Luis Milia.
José Luis Milia.
LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
NO MÁS
VENGANZA
La elección de un nuevo gobierno es momento
propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales
violaciones de los derechos humanos
La senadora por Córdoba Norma Morandini
escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no
se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas
violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el
país.
Un día después de que la ciudadanía votara un
nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para
siempre.
Los trágicos hechos de la década del setenta
han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los
grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular
de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París,
la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera
configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno
de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se ocultó así lo que ya no puede taparse por
más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido
cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años
setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado
sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas
perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el
kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud
maravillosa".
La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes
idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de
fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que
la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar
al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a
quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su
lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron
vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico
cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en
2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el
poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos
asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una
es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de
sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la
represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son
a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas
razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza
nacional.
Días atrás, tal situación se ha agravado por
una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión
domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos
Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante
Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio
domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso
de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil
kilos de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo paralelo, han
continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o
retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft,
absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos
de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por
grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques.
También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra
el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista
de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia
presidencial.
Sin más elementos que referencias mendaces
aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas
producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de
diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en
prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del
ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce,
en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a
condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la acusación en su contra
carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de
la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración
General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la
acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los
fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que
desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.
La cultura de la venganza ha sido predicada en
medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas
históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha
hablado la senadora Morandini.
El palabrerío de sujetos que han sido
responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de
que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor,
eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos
responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en
consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho
penal.
Siempre será indispensable construir a partir
de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios
necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas
las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza
y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien
aportó.
