No más venganza
La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos
La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos
La
senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas
páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con
mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.
Un
día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias
de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.
Los
trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la
izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que
asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en
nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la
conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera
configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del
gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se
ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de
una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos
cuarenta años. A
la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle
que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado
por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para
una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la
absurda calificación de "juventud maravillosa".
La
sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el
terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más
salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la
eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al
enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a
quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir
que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y
bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico
cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de
contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una
es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de
sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la
represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su
ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por
algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye
una verdadera vergüenza nacional.
Días
atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del
Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios
militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar
Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio
Vañek. Pareció una
burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos
días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19
años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a
España.
En
segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución
contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso
del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último
tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa
humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones
aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques.
También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado
contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento
oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a
la familia presidencial.
Sin
más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares
condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada
masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez
federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva
por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador
de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en
cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que
llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por
otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción
no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros
designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación,
careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80
años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo
envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que
desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.
La
cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del
Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada
confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la
senadora Morandini.
El
palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al
país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los
explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a
una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a
los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la
verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.
Siempre
será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y
no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla
la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la
ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las
heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.
Es
claro que todo o escrito ha sido posible a partir de la subordinación
del Poder Judicial al MODELO que nos gobernó durante 12 años. Sería
entonces justo analizar la actuación de los integrantes del Poder
Judicial en los llamados Juicios por la Verdad he imputar a quien
corresponda, entre otros delitos, el de PREVARICATO
Juan Carlos Alsina
"Quiero mirar al futuro.... me mantienen ATADO al pasado
